nombre reservado con AFP PROVIDA S.A.

C.A. de Rancagua Rancagua, treinta y uno de marzo de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio 1 comparece el abogado Pablo Daniel Peñaloza Parra en favor de doña nombre reservado, de nacionalidad venezolana, quien interpuso acción de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones PROVIDA S.A., por el acto ilegal y arbitrario notificado en fecha 25 de julio de 2025, que rechaza solicitud de retiro de fondos para extranjero, a fin de que se adopten las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Expone que la recurrente pidió a la recurrida, mediante el portal web correspondiente, la devolución de fondos previsionales de acuerdo con la Ley 18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten, bajo las condiciones que se indican, solicitud identificada con el N°1285007.

Agrega que, mediante correo electrónico de 25 de julio de 2025, se notificó a la actora el rechazo de su solicitud de retiro de fondos de pensión, por estimar que la Constancia de Afiliación presentada se encuentra vencida al momento de realizar la solicitud de devolución de fondos superando la vigencia indicada en dicho documento, agregando que por ello no es posible acreditar que se encuentra cubierta durante toda su estadía en Chile, por un sistema de seguridad social extranjero. Además, se reprochó por la recurrida que la apostilla estampada en el reverso de su título no cuenta con código de validación, y se le sugiere aportar la apostilla del certificado de firma de autoridad de su título profesional.

Hace presente que la actora cumple con todos los requisitos para acceder a su solicitud, pero que la recurrida realiza una interpretación formalista de la norma, desatendiendo a la finalidad del legislador, esto es, disponer de sus ahorros previsionales; entendiendo que los documentos presentados cuentan con la validez necesaria de procedencia, tanto el contrato, sus anexos y el certificado de afiliación al seguro social del país de origen.

Afirma que el certificado de afiliación de la recurrente puede ser verificado y validado en el link que indica y, en su defecto, de una simple búsqueda que se realice en el motor de Google, por lo que la conducta omisiva de verificar la mentada afiliación deviene en un actuar arbitrario e ilegal de la recurrida, por lo que es forzoso concluir que la actora efectivamente se encuentra afiliada a la seguridad social de su país de origen y, que el actuar de la recurrida es arbitrario e ilegal, vulnerando el derecho de propiedad de la recurrente.

Sostiene que la conducta ilegal y arbitraria por parte de la recurrida vulnera el derecho a la igualdad ante la ley y el derecho a la propiedad privada consagrados en el artículo 19 N°2 y 24 de la Constitución Política, por pedir requisitos no establecidos, realizando una interpretación restrictiva de la norma en perjuicio de la administrada, en el entendido que la solicitud cumple con los extremos exigidos en el artículo 1 de la Ley 18.156, actuando de forma caprichosa al rechazar el retiro de fondos de pensión, dejándola en completa vulnerabilidad e incertidumbre, ante un hecho completamente ilegal y arbitrario.

Concluye que el sentido de la ley es claro al señalar que el técnico sólo tiene que estar afiliado a la seguridad social de su país de origen, por lo que la recurrida desatiende su sentido literal, aunado al hecho de incorporar requisitos que no están expresamente señalados, lo que se traduce en un actuar arbitrario e ilegal.

Añade que, además, la recurrente no se encuentra en nuestro país, por lo que además es absolutamente plausible solicitar el retiro de fondos de pensiones, puesto que, es la seguridad social de su país de origen quien efectuará las prestaciones señaladas en la ley, y no la recurrida.

Finalizó solicitando a esta Corte que, acogiendo el presente recurso, se reconozca como válida la documentación acompañada por la actora a la recurrida, debiendo proceder a un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho y, dentro de un plazo razonable, efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados por la recurrente, o se adopten las providencias que sean necesarias para restablecer el imperio del derecho.

A folio 8, evacua el informe respectivo la AFP recurrida, solicitando el rechazo de la acción constitucional con expresa condena en costas, por el recurso de protección no es la vía idónea para resolver materias de lato conocimiento con carácter contradictorio y por cuanto no existe acto ilegal y arbitrario alguno, ni derechos preexistentes que no se encuentran discutidos ni afectación de derechos fundamentales.

Agrega que el recurrente no ha sufrido privación, perturbación o amenaza alguna de carácter arbitrario o ilegal de un derecho que le impida, moleste o amague su ejercicio. Por el contrario, el recurrente pretende ejercer por esta vía un derecho, cuyo ejercicio y características está claramente definido en nuestro ordenamiento jurídico de manera distinta a lo que se pretende, por lo que es improcedente reclamar por esta vía el derecho pretendido, toda vez que en el evento que existiera alguna duda o controversia respecto a si corresponde o no acceder a su solicitud, requeriría de un juicio de lato conocimiento o de una acción legislativa que modificara el Sistema de Pensiones vigente en nuestro país.

Tal como lo ha dicho la Excelentísima Corte Suprema, para interponer legítimamente la acción de protección es necesario que quien la ejerza acredite ser titular de un derecho indubitado.

En cuanto al fondo, sostuvo que la petición de devolución de fondos previsionales fue rechazada por cuanto la constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales se encuentra vencida de acuerdo a las instrucciones que imparte la Superintendencia de Pensiones.

Precisa que, conforme a la sistemática jurisprudencia administrativa de la Superintendencia referida al valor probatorio en Chile de los documentos expedidos en el extranjero, resulta evidente que las certificaciones electrónicas (Constancias Electrónica de Cotizaciones) emitidas por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales que no hayan sido legalizadas o apostilladas por la autoridad previsional competente venezolana y sin que señalen las coberturas con que cuenta el afiliado y respecto de las cuales no se pueda inferir un determinado período de cobertura, cuando se limitan a mencionar de forma genérica las coberturas que otorga el sistema previsional venezolano, no sirven para acreditar debidamente el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero exigido en la letra a) de la Ley 18.156.

Agrega que, respecto de la apostilla, a contar del 30 de agosto de 2016, entró en vigor el Convenio de la Apostilla en Chile, y considerando que Venezuela también es un Estado Parte de dicha convención, se exigió que dicha certificación debía venir apostillada por la autoridad competente venezolana.

Finalmente, señala que, por instrucciones de la Superintendencia de Pensiones, debe observar todas y cada una de las formalidades legales antes de aprobar una solicitud de devolución de fondos en calidad de técnico extranjero.

Agrega que la Ley 18.156 permite a los técnicos extranjeros que trabajen en Chile retirar sus cotizaciones previsionales siempre y cuando cumplan con todos los requisitos establecidos en la misma, de acuerdo a ello, se exige aportar un certificado en original que acredite que cuenta, a todo evento y con anterioridad a la prestación de servicios en Chile, con la protección respecto de las coberturas exigidas por la ley.

En definitiva, señala que el recurso de autos carece de total fundamento fáctico y legal y, en consecuencia, debe rechazarse en todas sus partes, con costas.

A folio 18 informó la Superintendencia de Pensiones que la señora nombre reservado no registra presentaciones ante este Organismo respecto de solicitudes de devolución de fondos, invocando la ley 18.156.

Señala en cuanto a la normativa aplicable a la materia que motiva la presente acción constitucional, que ella establece que la exención de cotizar y la devolución de fondos previsionales es un régimen de excepción sólo aplicable a trabajadores dependientes extranjeros que tengan la calidad de técnicos o profesionales y que, además, den cumplimiento a los requisitos copulativos indicados en el artículo 1° y 7° de la Ley 18.156, el que transcribe. De este modo, siendo la mencionada ley una norma de excepción, debe ser interpretada en forma restrictiva y aplicada sólo en el supuesto que se cumplan las exigencias copulativas que establece.

Refiere que dicho organismo ha emitido la jurisprudencia administrativa para la correcta aplicación de las disposiciones de la Ley 18.156 y, por ende, de la concesión de los beneficios excepcionales que otorga dicho cuerpo legal. Así, ha exigido para acreditar el requisito de cobertura previsional de la letra a) del artículo 1° de la Ley 18.156, que el trabajador extranjero demuestre que ha contado con un seguro por todos los riesgos exigidos en ese mismo precepto y durante toda la extensión del tiempo en que prestó servicios en Chile. En cuanto a la cobertura de salud, se ha exigido que aquella sea integral, es decir, que comprenda el otorgamiento de prestaciones médicas y pecuniarias, en caso de enfermedad de origen común.

Señala que, acorde con la invariable jurisprudencia del Servicio, contenida en los Oficios N° 21.480 de 2017, 23.208, de 2023 y 3141, de 2024, entre otros, para acreditar la cobertura en el país de origen exigida en la letra a) del artículo 1° de la Ley 18.156, no sirve un documento que señale en forma genérica las coberturas de seguridad social que otorga un sistema previsional determinado, ni tampoco una cartola que dé cuenta de las cotizaciones previsionales enteradas en tal sistema, sino que se ha requerido para acreditar dicha exigencia, que se consigne en forma específica por la autoridad previsional competente el hecho que el trabajador extranjero contó efectivamente con la protección por todos los riesgos a que se refiere la letra a) del artículo 1° de la Ley 18.156, durante todo el tiempo en que prestó servicios en Chile, esto es, la entidad de previsión ha de otorgar los beneficios indicados, sea que el imponente se encuentre o no cotizando en ella. Asimismo, el documento debe ser emitido por la entidad competente en materia de seguridad social del país respectivo, y debe acompañarse debidamente legalizado o apostillado, según corresponda.

Sostiene que, en el caso de autos, según indicó la propia recurrente, acompañó a su solicitud de retiro de fondos ante AFP Provida una Constancia de Afiliación al IVSS debidamente legalizada. No obstante, el documento acompañado a su solicitud se encontraba vencido a la fecha en que se presentó a la AFP: según da cuenta el documento adjunto en autos, la constancia fue emitida el 21 de diciembre de 2023 y, si bien la fotocopia acompañada a su recurso no está completa, la Superintendencia, atendido el elevado número de casos de solicitudes de retiro de fondos presentadas por ciudadanos venezolanos, ha tomado conocimiento de que tales certificados contienen a pie de página una nota que advierte que su vigencia es de 120 días.

Hace presente que la referida constancia no puede ser admitida para acreditar el requisito de contar con cobertura para los riesgos mencionados precedentemente si su vigencia había expirado, atendido el plazo que le dio la autoridad emisora, es decir, el Consulado de Venezuela en Chile en representación del IVSS. En consecuencia, no es posible para la AFP o para la Superintendencia tener por vigente un documento emanado de una autoridad extranjera que, de acuerdo con lo dispuesto por esa misma entidad emisora, se encontraba vencido a la fecha de su presentación.

Agrega que la Constancia Electrónica de Cotizaciones aportada por la recurrente, emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, no es útil para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero previsto en la letra a) del artículo 1° de la Ley 18.156, pues no da cuenta de que la trabajadora haya contado con cobertura efectiva y a todo evento, de los riesgos a que hace referencia la ley y la norma administrativa, durante todo el tiempo que prestó servicio en Chile, por cuanto el certificado no señala las coberturas con que cuenta la recurrente, ni de este se puede inferir un determinado período de cobertura, sino que se limita a mencionar de forma genérica las coberturas que otorga el sistema previsional venezolano. Por otra parte, tampoco se encuentra firmado por quien emite el documento y no se encuentra apostillado o legalizado, según lo dispuesto en los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, en relación con el artículo 1° del Convenio de la Apostilla, o Convención de la Haya que Suprime la Exigencia de Legalización de Documentos Públicos Extranjeros, por tanto no sirve para acreditar el cumplimiento de la cobertura previsional en el extranjero prevista en la letra a) del artículo 1° de la Ley 18.156 y el Compendio de Normas del Sistema.

Comenta que, tanto las Cortes de Apelaciones, así como la Excma. Corte Suprema, han resuelto que, efectivamente, tal como han informado las AFP y la Superintendencia, las decisiones impugnadas se ajustan a la normativa aplicable contenida en Ley 18.156, el Título XI del Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y, además, al cumplimiento de las normas generales para el valor probatorio de los documentos otorgados en el extranjero.

Adicionalmente, indica respecto del requisito contemplado en la letra b) del artículo 1 de la Ley 18.156, esto es, que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación al sistema previsional de su país de origen, se debe hacer presente que la jurisprudencia del Servicio ha establecido que, cuando la voluntad del trabajador manifestada en el contrato de trabajo, o en éste y sus anexos, es contradictoria, no procederá la devolución de los fondos previsionales, y en este caso, se aprecia dicha disparidad, atendida la declaración en el contrato de trabajo de la actora de su intención de mantener su afiliación al régimen previsional extranjero, y por otra, que continuará enterando cotizaciones en el Sistema de Pensiones del D.L. N° 3.500. Así, habida cuenta de lo expuesto, la trabajadora expresó su voluntad de manera contradictoria, por lo que no procede la devolución de los fondos previsionales.

Acompañaron las partes los documentos que se encuentran agregados a la causa.

En su oportunidad, se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

1.- Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Surge de lo transcrito, que es requisito sine qua non, para que pueda prosperar la mentada acción cautelar, que exista un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o bien arbitrario, entendiéndose por tal aquél que es fruto del mero capricho de quien lo ejecuta o incurre en él, acto u omisión que debe provocar, además, alguna de las situaciones ya indicadas y que afecte una o más de las garantías constitucionales protegidas.

2.- Que la pretensión de la actora es la devolución de los fondos existentes en su cuenta de capitalización individual y se sustenta en el cumplimiento, que a su juicio se verifica, de los requisitos del artículo 1° y 7° de la Ley 18.156, imputando de esta forma arbitrariedad e ilegalidad en la decisión de la recurrida al negar dicha devolución.

3.- Que, informando la recurrida, solicitó el rechazo del recurso, por estimar que la recurrente no cumple con los requisitos para acceder a su solicitud, porque no habría acompañado la documentación necesaria, apostillada y vigente, para acreditar el cumplimiento de todos los requisitos legales para ello, dejándose así en evidencia que el asunto reviste el carácter de controvertido respecto de la interpretación de los documentos presentados con el recurso.

4.- Que, siendo la materia respecto a la procedencia de la Ley 18.156, corresponde traer a colación las normas atinentes a la materia. Así, el artículo 1° señala que: “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.

La exención que establece el inciso anterior no comprenderá los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previstos en la ley 16.744”.

A su turno, el artículo 7°de la ley en análisis señala: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”.

5.- Que, se advierte de los antecedentes que la recurrente no ha acreditado por medio de documentos originales, legalizados y vigentes los requisitos que establece el legislador para acceder a la devolución solicitada, por lo que, por ahora, carece de un derecho indubitado, requisito indispensable para la procedencia del recurso y que pueda ser protegido por la presente vía; pues lo que se detecta, en forma clara y expresa, es la existencia de un conflicto jurídico que excede el ámbito de esta acción cautelar.

6.- Que, en efecto, lo que ha sido materia de la controversia es el cumplimiento y/o incumplimiento de la parte recurrente de los requisitos legales para ser beneficiaria de la devolución de los fondos cotizados en la AFP recurrida; circunstancia esencial y necesaria, conforme a la ley, de modo que no puede esta Corte tener por acreditada la existencia de un acto ilegal, pues lo que se está exigiendo, está conforme a la ley y tampoco es arbitrario, porque justamente, su fundamento, está en lo preceptuado en la Ley 18.156.

7.- Que, por lo que se viene razonando, el arbitrio en análisis deberá desestimarse, resultando innecesario analizar si se quebrantó la garantía denunciada, como asimismo las demás alegaciones realizadas por la recurrida.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso deducido a favor de doña nombre reservado en contra de AFP Provida S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol I. Corte 1319-2025-Protección.

Se deja constancia que esta sentencia no reúne los presupuestos del Acta 44-2022 de la Excma. Corte Suprema para ser anonimizada.