Protección contra referido establecimiento educacional

C.A. Rancagua Rancagua, trece de agosto de dos mil veintiséis.

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Con fecha 2 de junio de 2026 comparece don nombre reservado, en representación legal de su hijo nombre reservado, de 17 años, estudiante de cuarto año de enseñanza media del Instituto nombre reservado, quien deduce recurso de protección en contra del referido establecimiento educacional, de su sostenedora, Corporación Educacional nombre reservado, ambos representados por su director y rector nombre reservado; de las apoderadas nombre reservado y nombre reservado; de nombre reservado, también apoderado del establecimiento; de dos personas cuya identidad no habría sido determinada durante la investigación interna; y de los alumnos que habrían participado en la difusión de un registro audiovisual relativo al recurrente. La acción se dirige contra una serie de actos y omisiones que califica de ilegales y arbitrarios, consistentes, esencialmente, en la difusión de dicho registro y la consecuente estigmatización del estudiante, así como en la falta de protección, investigación suficiente, sanción y reparación por parte del establecimiento educacional.

Expone que nombre reservado ha cursado toda su trayectoria escolar en el Instituto nombre reservado desde kínder, sin registrar antecedentes disciplinarios, y que en octubre de 2025 fue designado portaestandarte del establecimiento, distinción que posteriormente renunció, el 20 de mayo de 2026, por estimar que la actuación del colegio frente a los hechos denunciados contradecía los valores institucionales que aquella representación simbolizaba.

Relata que el origen de la controversia se remonta al 20 de enero de 2026, durante una reunión privada entre jóvenes realizada en el domicilio de nombre reservado, ocasión en que nombre reservado, a modo de broma, ocultó temporalmente las zapatillas de nombre reservado en una camioneta, retirándose posteriormente del lugar con ellas inadvertidamente en su poder. Señala que esa misma noche nombre reservado difundió en un grupo cerrado de Instagram un fragmento de un video en que aparecía nombre reservado con las zapatillas y posteriormente publicó una captura en su perfil personal acompañada de una expresión que lo sindicaba como autor de su sustracción. Agrega que el 21 de enero nombre reservado devolvió las especies y explicó lo sucedido y que, al día siguiente, conversó con los demás jóvenes involucrados, quienes habrían comprendido la situación, quedando el episodio resuelto entre sus protagonistas.

Sostiene, sin embargo, que al comenzar el año escolar, el 4 de marzo de 2026, el registro audiovisual habría sido trasladado y difundido dentro de la comunidad educativa de manera descontextualizada, omitiéndose la devolución de las especies y la explicación posterior, instalándose la idea de que nombre reservado habría cometido un robo. Atribuye la difusión a una cadena en la que habrían intervenido nombre reservado, nombre reservado, otra apoderada cuya identidad esta última no habría revelado y una persona que habría exhibido el video a nombre reservado durante una actividad escolar. Afirma que, desde entonces, el estudiante sufrió exclusión y estigmatización por sus compañeros, presentando insomnio, pérdida de apetito, vómitos, llanto durante los recreos y rechazo a concurrir al establecimiento, sin que éste detectara la situación ni activara oportunamente sus protocolos de convivencia escolar.

Añade que, durante el mismo período, nombre reservado, inspectora del establecimiento, habría intervenido en una conversación sostenida con nombre reservado, padre de la polola del recurrente, calificando a nombre reservado de “tóxico”, “obsesivo” y “controlador”, además de proporcionar información relativa al propio estudiante, a su hermano y a su padre. Sostiene que tales expresiones fueron formuladas sin haber escuchado previamente a nombre reservado y contribuyeron a deteriorar el principal vínculo de apoyo que éste mantenía dentro del establecimiento. Reprocha, además, que pese a que la investigación interna habría constatado que la funcionaria entregó información del alumno a un tercero, no se adoptó sanción alguna ni fue separada de las funciones que implicaban contacto con él.

Refiere que el 15 de abril de 2026 presentó ante la dirección del Instituto una denuncia formal por maltrato escolar, inobservancia del Reglamento Interno de Convivencia Escolar y omisión del deber de cuidado, siendo los antecedentes derivados al día siguiente a la Policía de Investigaciones. El 21 de abril nombre reservado prestó declaración y, posteriormente, el Equipo de Convivencia Escolar emitió dos informes, de 27 y 29 de abril de 2026, relativos, respectivamente, a la difusión del video y a la actuación de nombre reservado. Sostiene que dichos informes permitieron acreditar diversos eslabones de la cadena de difusión y la entrega de información del estudiante a terceros, pero que, pese a ello, el establecimiento resolvió no aplicar sanciones.

Cuestiona, además, la forma en que se desarrolló el procedimiento interno. Señala que en una reunión celebrada el 4 de mayo de 2026 se habría comunicado al apoderado que no había sido posible identificar a los responsables de la difusión y que se aplicarían severas sanciones, pese a que los informes ya se encontraban elaborados y no contemplaban sanciones. Afirma también que se le solicitó suscribir un acta manuscrita incompleta.

Agrega que el 10 de mayo requirió formalmente la individualización de los responsables, el detalle de las medidas disciplinarias y la verificación del cumplimiento de los plazos reglamentarios, recibiendo al día siguiente únicamente copia de los informes, sin respuesta concreta a tales solicitudes.

Alega que lo anterior importa el incumplimiento de diversas disposiciones del Reglamento Interno de Convivencia Escolar 2025, pues las conductas relativas a la exposición mediática de estudiantes y difusión de videos destinados a afectar su imagen estarían calificadas como faltas gravísimas, con especial agravación cuando son ejecutadas por adultos respecto de menores de edad. Reprocha específicamente la falta de notificación formal del inicio del procedimiento, la entrega tardía de los informes, la ausencia de una resolución fundada acerca de la decisión de no sancionar, la inexistencia de medidas de reparación concretas y verificables, la falta de una instancia efectiva de impugnación y la omisión de separar a nombre reservado de las funciones que implicaban relación con el estudiante. Asimismo, sostiene que la circunstancia de haberse remitido los antecedentes a la PDI no eximía al colegio de desarrollar paralelamente el procedimiento disciplinario contemplado en su propia normativa interna.

Expone que, ante el resultado del procedimiento, nombre reservado presentó el 20 de mayo de 2026 su renuncia formal a la calidad de portaestandarte. Indica que el rector respondió mediante carta remitida por correo electrónico de su secretaria el 26 de mayo siguiente, lamentando la decisión y señalando que las expectativas del alumno respecto del resultado del proceso de convivencia educativa no habían sido satisfechas. El recurrente estima que dicha respuesta minimizó los hechos denunciados y avaló institucionalmente la decisión de no adoptar sanciones ni medidas reparatorias, persistiendo la afectación, particularmente porque nombre reservado continuaría desempeñando funciones de supervisión respecto del estudiante.

Sostiene que tales actuaciones y omisiones vulneran las garantías contempladas en el artículo 19 N°1, N°3 y N°4 de la Constitución Política de la República, relativas a la integridad física y psíquica, la igual protección de la ley y las garantías de un procedimiento racional y justo, y el respeto y protección de la vida privada y honra. En particular, atribuye la afectación de la integridad psíquica al proceso de estigmatización y exclusión sufrido por el adolescente y a la falta de respuesta institucional; la lesión a la honra y vida privada, a la circulación de un registro audiovisual privado y descontextualizado que lo habría presentado como autor de un robo; y la infracción de las garantías procedimentales, a las deficiencias que atribuye a la investigación y a la falta de una decisión fundada y susceptible de impugnación.

Invoca, además, la normativa sobre violencia y convivencia escolar, la Ley General de Educación y la Convención sobre los Derechos del Niño.

En definitiva, solicita que se acoja el recurso y se ordene al establecimiento separar a nombre reservado de toda función que implique contacto, supervisión o autoridad directa sobre nombre reservado; instruir los procedimientos disciplinarios correspondientes respecto de las personas que individualiza como involucradas; disponer medidas reparatorias, entre ellas disculpas formales, cese y eliminación de la difusión del registro audiovisual y un plan de restablecimiento de la convivencia escolar; exigir una respuesta fundada a las solicitudes formuladas por el apoderado; y oficiar a la Superintendencia de Educación, al Ministerio de Educación y a la Defensoría de la Niñez para los fines que correspondan. Pide, asimismo, que se declare la ilegalidad y arbitrariedad de los actos y omisiones denunciados.

Con fecha 19 de junio pasado informa la Corporación Educacional nombre reservado, sostenedora del Instituto nombre reservado, solicitando el rechazo íntegro, con costas, del recurso de protección deducido, sosteniendo que el establecimiento no ha incurrido en acto u omisión ilegal o arbitrario y que, desde que tomó conocimiento de los hechos denunciados, activó los protocolos previstos en su Reglamento Interno y adoptó medidas destinadas a investigar la situación, resguardar al estudiante y restablecer la convivencia escolar.

Expone que la acción atribuye a la Corporación y al establecimiento diversas omisiones, entre ellas, no haber separado inmediatamente de sus funciones a la inspectora nombre reservado, no aplicar el procedimiento sancionatorio contemplado en el Reglamento Interno, haber suscrito un acta incompleta en la reunión de 4 de mayo de 2026, existir contradicciones entre lo comunicado en esa oportunidad y los informes posteriores, no haber respondido adecuadamente el correo electrónico del apoderado de 10 de mayo, haber entendido que la denuncia penal eximía de continuar el procedimiento interno y haber tolerado un supuesto incumplimiento sistemático del Reglamento Interno y del Proyecto Educativo Institucional. Controvierte tales imputaciones y sostiene que el recurrente no explicaría suficientemente de qué manera cada una de ellas habría privado, perturbado o amenazado alguna de las garantías constitucionales protegidas por el artículo 20 de la Constitución.

En cuanto a los hechos, refiere que el establecimiento tomó conocimiento formal de la denuncia del apoderado el 15 de abril de 2026 y que al día siguiente activó el protocolo de vulneración de derechos contemplado en el Reglamento Interno correspondiente al año 2026, que estima aplicable por tratarse de hechos y denuncias producidos durante dicho año escolar. En la misma fecha efectuó una denuncia ante el Ministerio Público para que se investigara la eventual existencia de hechos constitutivos de delito y el Equipo de Convivencia Escolar elaboró un plan de acción para abordar la situación.

Detalla que, en ejecución de dicho protocolo, nombre reservado fue entrevistado el 21 de abril de 2026, oportunidad en que acompañó por escrito su declaración; que se realizaron reuniones con su apoderado los días 16 de abril y 4 de mayo; y que se recabaron antecedentes mediante entrevistas a los distintos integrantes de la comunidad educativa vinculados con los hechos. Así, se entrevistó el 17 de abril al estudiante en cuyo domicilio habría ocurrido el episodio que dio origen a la controversia; el 23 de abril al apoderado nombre reservado; el 24 de abril a nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado; el mismo día a la funcionaria nombre reservado; y el 8 de mayo a los demás estudiantes mencionados en la denuncia.

Añade que el Equipo de Convivencia Escolar desarrolló actividades reflexivas con los estudiantes involucrados, planificó acciones formativas para el curso y los apoderados y efectuó, el 16 de junio de 2026, un taller dirigido a los estudiantes de cuarto medio sobre uso seguro y respetuoso de redes sociales y plataformas digitales, además de otro destinado a los apoderados sobre prevención del ciberacoso y utilización responsable de redes sociales y entornos digitales. Asimismo, señala que se contemplaron orientaciones para los funcionarios del establecimiento acerca de la forma de guiar a los estudiantes en estas materias.

Sostiene que también se adoptaron medidas de resguardo y acompañamiento, mediante el seguimiento permanente de la situación por el equipo directivo y de convivencia escolar durante el semestre, monitoreando tanto las relaciones al interior del curso como el estado anímico de los estudiantes. Afirma que, producto de las medidas implementadas, se habría observado una disminución de los conflictos asociados a los hechos, ausencia de nuevas difusiones del video, un progresivo restablecimiento de las relaciones entre los involucrados y una mayor seguridad del estudiante nombre reservado. Respecto de nombre reservado, informa que se adoptaron las medidas administrativas correspondientes conforme a la normativa interna y laboral aplicable, cuyo contenido señala que no puede revelar en esta instancia.

En relación con la alegada falta de sanciones, sostiene que la normativa educacional concibe la convivencia escolar desde una perspectiva esencialmente formativa, de manera que la respuesta de un establecimiento frente a las infracciones no debe agotarse necesariamente en la imposición de sanciones, sino orientarse también a la educación, acompañamiento, prevención y resolución constructiva de los conflictos. Añade que los establecimientos disponen de un margen de autonomía para determinar las medidas disciplinarias adecuadas, siempre que se encuentren previstas en su Reglamento Interno, respeten el debido proceso y sean proporcionales a la naturaleza y gravedad de los hechos. En ese contexto, afirma que las medidas adoptadas en este caso respondieron precisamente a una finalidad pedagógica y restaurativa.

Descarta, por consiguiente, las omisiones que se le atribuyen, afirmando que existían protocolos vigentes, éstos fueron oportunamente activados, se desarrollaron diligencias de investigación y seguimiento, se implementaron medidas concretas de protección y convivencia y las decisiones adoptadas se ajustaron al Reglamento Interno y a la normativa educacional.

Agrega que la existencia de conflictos entre estudiantes no supone, por sí misma, una vulneración constitucional imputable al establecimiento cuando éste ha desplegado las actuaciones razonablemente exigibles para abordarlos, afirmando haber actuado en todo momento conforme al interés superior de los adolescentes involucrados.

Finalmente, alega la improcedencia del recurso de protección, sosteniendo que el recurrente no habría agotado las instancias internas de reconsideración de las medidas adoptadas y que esta acción cautelar, por su naturaleza breve y sumaria, no constituye la vía idónea para revisar decisiones adoptadas conforme a los procedimientos previstos en el Reglamento Interno. Añade que corresponde a la Superintendencia de Educación, conforme a la Ley N°20.529, fiscalizar el cumplimiento de la normativa educacional, por lo que las objeciones formuladas también pueden ser conocidas en sede administrativa. En consecuencia, afirma que no existe acto u omisión ilegal o arbitrario ni privación, perturbación o amenaza de las garantías constitucionales invocadas y solicita el rechazo del recurso en todas sus partes, con costas.

Acompañaron las partes los documentos que constan agregados en la causa.

En su oportunidad, se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando: 1.- Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye una acción cautelar de carácter extraordinario destinada a amparar el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que dicha disposición asegura, frente a actos u omisiones arbitrarios o ilegales que importen privación, perturbación o amenaza en su ejercicio. 2.- Que, mediante la presente acción, don nombre reservado, en representación de su hijo menor de edad nombre reservado, solicita, en lo sustancial, que esta Corte adopte medidas destinadas a hacer cesar las consecuencias que atribuye a la difusión de un registro audiovisual relativo al estudiante y a la actuación posterior del Instituto nombre reservado y de su sostenedora, Corporación Educacional nombre reservado.

En particular, pretende que se ordene separar a la inspectora nombre reservado de toda función que implique contacto, supervisión o autoridad respecto del estudiante; instruir procedimientos disciplinarios en contra de los alumnos, apoderados y funcionarios que individualiza como responsables; disponer el cese y eliminación de toda difusión del registro audiovisual; adoptar medidas reparatorias, incluidas disculpas formales y públicas; implementar un plan de restablecimiento de la convivencia escolar; responder fundadamente las solicitudes formuladas por el apoderado y oficiar a la Superintendencia de Educación, al Ministerio de Educación y a la Defensoría de la Niñez, fundado todo ello en la vulneración de las garantías previstas en los numerales 1°, 3° y 4° del artículo 19 de la Constitución Política de la República. 3.- Que, al evacuar su informe, la Corporación Educacional nombre reservado, sostenedora del Instituto nombre reservado, solicita el rechazo del recurso, con costas, negando haber incurrido en una conducta ilegal o arbitraria.

Explica que tomó conocimiento formal de la denuncia del apoderado el 15 de abril de 2026 y que, al día siguiente, activó el protocolo de vulneración de derechos contemplado en el Reglamento Interno vigente para el año escolar 2026, formuló denuncia ante el Ministerio Público y dispuso la elaboración de un plan de acción. Agrega que se entrevistó al estudiante nombre reservado el 21 de abril; a su apoderado, los días 16 de abril y 4 de mayo; al estudiante en cuyo domicilio ocurrió el hecho original, el 17 de abril; a nombre reservado, el 23 de abril; a nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, el 24 de abril; y a los demás estudiantes mencionados, el 8 de mayo de 2026.

Añade que se realizaron actividades reflexivas y formativas con los estudiantes, un taller dirigido al cuarto año medio el 16 de junio de 2026 y actividades destinadas a apoderados acerca del ciberacoso y uso responsable de redes sociales, además del seguimiento de la situación durante el semestre por el equipo directivo y de convivencia escolar. Afirma que tales intervenciones produjeron una disminución de los conflictos, que no se constataron nuevas difusiones del video y que progresivamente se restablecieron las relaciones entre los estudiantes, percibiéndose a nombre reservado más seguro. En cuanto a nombre reservado, señala que la Dirección y el equipo directivo determinaron y comunicaron una medida administrativa respecto de la funcionaria. Finalmente, sostiene que las medidas disciplinarias no poseen exclusivamente una finalidad sancionatoria, sino también formativa y restaurativa, y que las cuestiones relativas a la fiscalización del cumplimiento de la normativa educacional pueden ser conocidas por la Superintendencia de Educación. 4.- Que, para resolver la controversia, resulta necesario distinguir, en primer término, entre el hecho que originó el conflicto y la conducta posteriormente desplegada por el establecimiento educacional. En efecto, el registro audiovisual cuya difusión motiva el recurso tuvo su origen en un episodio ocurrido el 20 de enero de 2026, durante las vacaciones escolares y en un domicilio particular, cuando nombre reservado ocultó las zapatillas de otro joven y posteriormente se retiró inadvertidamente con ellas, restituyéndolas al día siguiente. La publicación inicial del registro en una red social y parte de su circulación tuvieron, por tanto, origen en actuaciones de particulares desarrolladas fuera del establecimiento educacional y sin intervención de éste.

Lo anterior no significa que el colegio pudiera desentenderse de las consecuencias que dichos hechos eventualmente produjeran en la convivencia escolar una vez iniciadas las clases, pero sí determina que la conducta constitucionalmente reprochable que pudiera atribuírsele debe examinarse a partir de aquello que hizo u omitió desde que adquirió conocimiento suficiente de la situación. 5.- Que, sobre este punto, el propio recurrente señaló en su denuncia presentada al establecimiento que ésta constituía la primera comunicación formal e íntegra de los hechos y que, a partir de su recepción, surgían para éste las obligaciones de actuación que invocaba. Dicha denuncia fue recibida el 15 de abril de 2026 y los antecedentes dan cuenta de que, al día siguiente, el establecimiento activó el protocolo respectivo y efectuó la correspondiente denuncia ante el Ministerio Público.

A partir de entonces se desarrollaron diversas diligencias de indagación. nombre reservado prestó declaración el 21 de abril; se entrevistó a estudiantes, apoderados y funcionarios durante los días 17, 23 y 24 del mismo mes y, posteriormente, el 8 de mayo; y el Equipo de Convivencia Escolar elaboró informes relativos tanto a la difusión del registro audiovisual como a la actuación de la funcionaria nombre reservado. De este modo, los antecedentes no permiten sostener que, una vez puesto formalmente en conocimiento de los hechos, el establecimiento se haya mantenido inactivo o haya prescindido de toda investigación. 6.- Que, en efecto, el Informe de Resultados de Indagación de 27 de abril de 2026 consignó las distintas versiones obtenidas durante la investigación acerca del origen y circulación del video y concluyó que, atendida la información reunida, no era posible establecer el alcance que éste habría tenido al momento de ocurrir los hechos ni determinar una circulación actual del mismo, proponiendo como medidas de intervención conversar con los estudiantes involucrados para reforzar el uso prudente de redes sociales y acompañar a nombre reservado durante los meses restantes de clases para resguardar su bienestar en el espacio educativo.

A su turno, respecto de la actuación de nombre reservado, el informe respectivo concluyó que, aun cuando las versiones recabadas no coincidían íntegramente, era posible establecer que la funcionaria había entregado información del estudiante a un tercero, proponiendo conversar con ella acerca de lo inadecuado de su actuar, reforzar el resguardo de la información de los estudiantes, comunicar la situación al equipo directivo para determinar las medidas correspondientes y mantener el acompañamiento de nombre reservado.

Por consiguiente, tampoco resulta efectivo que el procedimiento hubiese terminado simplemente con la negativa a reconocer la existencia de los hechos denunciados, puesto que la propia investigación interna efectuó constataciones respecto de determinados sucesos y propuso medidas específicas para abordarlos. 7.- Que, asimismo, la actuación institucional no concluyó con dichos informes. En efecto, los antecedentes acompañados por la recurrida dan cuenta de que se elaboró un plan de acción, se realizaron actividades reflexivas con los estudiantes involucrados, se efectuaron intervenciones formativas y, el 16 de junio de 2026, un taller para alumnos de cuarto medio sobre utilización segura y respetuosa de redes sociales y plataformas digitales, además de actividades dirigidas a los apoderados en materia de prevención del ciberacoso y uso responsable de los entornos digitales.

Paralelamente, el equipo directivo y de convivencia escolar efectuó seguimiento durante el semestre del estado de las relaciones entre los estudiantes y de su situación anímica.

Además, el informe del Director del establecimiento, de 30 de junio de 2026, consigna que la Dirección y el equipo directivo definieron una medida respecto de la funcionaria involucrada y que ésta fue comunicada por el Director y el jefe administrativo.

Estas actuaciones, valoradas en su conjunto y cualquiera sea la discrepancia que el recurrente mantenga acerca de su suficiencia o intensidad, impiden calificar la conducta del establecimiento como una omisión absoluta de su deber de abordar la situación denunciada. 8.- Que, en este contexto, el núcleo de la controversia se desplaza, en realidad, desde una supuesta ausencia de actuación del establecimiento hacia la discrepancia del recurrente con el contenido y resultado de las medidas adoptadas, particularmente porque estima que los antecedentes reunidos imponían necesariamente la aplicación de sanciones disciplinarias a los alumnos, apoderados y funcionarios que individualiza.

Sin embargo, la sola circunstancia de que el procedimiento interno no haya concluido con las sanciones pretendidas por el denunciante no permite, por sí misma, calificar de ilegal o arbitrario el actuar del establecimiento. La investigación desarrollada tuvo especialmente en consideración la diversa participación atribuida a cada interviniente, la circunstancia de haberse originado el episodio fuera del recinto y durante el período de vacaciones, las distintas versiones recabadas acerca de la extensión de la circulación del video y la ausencia de antecedentes que permitieran establecer una nueva difusión del mismo, optándose por medidas de carácter formativo, preventivo y de acompañamiento.

En tales condiciones, la apreciación efectuada por el establecimiento acerca de las medidas adecuadas para abordar el conflicto se encuentra sustentada en antecedentes obtenidos a través de la indagación realizada y no aparece como una decisión adoptada por mero capricho o desprovista de fundamento. 9.- Que, la circunstancia de que el recurrente invoque disposiciones del Reglamento Interno correspondiente al año 2025 para sostener que determinadas conductas debieron ser calificadas necesariamente como faltas gravísimas y sancionadas en una forma específica tampoco permite, en esta sede cautelar, arribar a una conclusión distinta.

Ello, por cuanto la recurrida ha sostenido que, tratándose de hechos denunciados y abordados durante el año escolar 2026, activó el protocolo contenido en el Reglamento Interno vigente para dicho período, instrumento que fue acompañado a estos antecedentes y más allá de la controversia que pudiera suscitarse acerca de cuál disposición reglamentaria debía recibir aplicación o de la estricta regularidad de cada una de las actuaciones practicadas, lo cierto es que tales cuestiones suponen determinar el alcance de la normativa interna del establecimiento y revisar detalladamente el mérito y corrección de un procedimiento de convivencia escolar, materias que, en las circunstancias del caso, no evidencian por sí mismas un acto u omisión indubitado de ilegalidad o arbitrariedad que justifique el ejercicio de las potestades cautelares de esta Corte. 10.- Que, tampoco altera lo razonado la denuncia efectuada por el establecimiento ante el Ministerio Público, puesto que de los antecedentes no aparece que aquella remisión haya significado la paralización del procedimiento interno, ya que, con posterioridad al 16 de abril de 2026, se continuaron practicando entrevistas, se emitieron los informes de convivencia, se adoptaron medidas respecto de la funcionaria involucrada y se implementaron las restantes acciones de acompañamiento y carácter formativo ya descritas. Por ello, carece de sustento fáctico la afirmación de que el colegio hubiera considerado que la intervención de la autoridad persecutora lo relevaba de toda actuación en materia de convivencia escolar. 11.- Que, en cuanto a la subsistencia de una amenaza o perturbación actual a la integridad psíquica y honra del adolescente, debe tenerse especialmente presente que los antecedentes aportados por el establecimiento dan cuenta de un seguimiento mantenido durante el semestre, producto del cual se observó una disminución de los conflictos relacionados con el episodio, ausencia de nuevas difusiones del registro audiovisual, restablecimiento progresivo de las relaciones de convivencia y una percepción de mayor seguridad del estudiante.

Por su parte, más allá de las afirmaciones contenidas en el recurso y en la declaración del propio adolescente acerca del grave impacto emocional que la situación produjo en él -circunstancias cuya entidad esta Corte en modo alguno desconoce-, no se acompañaron antecedentes objetivos que permitan establecer que, a la época de interposición y conocimiento de esta acción, los recurridos continuaran difundiendo el registro, efectuando publicaciones acerca de nombre reservado o desarrollando actos concretos de hostigamiento. 12.- Que, además, una parte sustancial de las medidas solicitadas excede el ámbito propio de esta acción constitucional, ya que se pide a esta Corte dirigir y supervisar procedimientos disciplinarios; ordenar la aplicación de sanciones respecto de alumnos, apoderados y una funcionaria; obligar a determinadas personas a formular disculpas públicas o privadas; disponer la eliminación verificada de registros en dispositivos de terceros; y requerir la intervención sancionatoria de distintos organismos administrativos.

Tales pretensiones importan determinar previamente responsabilidades individuales, establecer la efectiva participación de cada persona en la difusión del registro, decidir la configuración de infracciones reglamentarias y definir la sanción que correspondería aplicar, cuestiones todas que requieren procedimientos destinados precisamente a establecer tales circunstancias, con respeto de la bilateralidad y del derecho de defensa de quienes pudieren resultar afectados, y que no pueden ser sustituidos por este procedimiento cautelar, breve y sumario. 13.- Que, en lo que concierne a la garantía prevista en el artículo 19 N°4 de la Constitución Política de la República, si bien la difusión de registros audiovisuales acompañados de expresiones capaces de afectar la reputación de una persona puede, en determinados supuestos, constituir una afectación de su vida privada u honra, en el caso de autos no se encuentra suficientemente determinada, respecto de cada uno de los recurridos particulares, la existencia de una conducta actual y subsistente que permita adoptar las medidas solicitadas.

En este sentido, la propia investigación da cuenta de versiones diversas respecto del número de personas que tuvieron acceso al registro, de la identidad de algunas de ellas y del alcance efectivo de su circulación, sin que consten antecedentes suficientes que acrediten una difusión posterior o contemporánea a la interposición del recurso. Así, las cosas, resolver en esta sede quién difundió el archivo, en qué oportunidad, a quiénes lo remitió y con qué finalidad, exigiría precisamente establecer hechos controvertidos que desbordan la naturaleza cautelar de esta acción. 14.- Que, en cuanto a la garantía de integridad psíquica consagrada en el artículo 19 N°1 de la Carta Fundamental, los antecedentes permiten tener por establecido que la situación vivida generó una afectación emocional relevante para nombre reservado, reflejada en la declaración que prestó el 21 de abril de 2026 y, posteriormente, en su decisión de renunciar a la condición de portaestandarte del establecimiento. Sin embargo, para que resulte procedente esta acción no basta constatar la existencia de una situación aflictiva, sino que es necesario establecer que ella deriva de un acto u omisión ilegal o arbitrario actualmente imputable a los recurridos y susceptible de ser remediado mediante una providencia cautelar.

Tal presupuesto no concurre en la especie respecto del establecimiento educacional y su sostenedora, desde que, una vez formalmente puestos en conocimiento de los hechos, activaron mecanismos de indagación, escucharon a los involucrados, formularon la denuncia correspondiente, dispusieron medidas respecto de la funcionaria cuestionada, realizaron acciones formativas y mantuvieron seguimiento y acompañamiento del estudiante durante el semestre. 15.- Que, finalmente, las objeciones formuladas respecto de la regularidad del procedimiento interno -entre ellas, el contenido del acta de 4 de mayo, la oportunidad de entrega de los informes, la suficiencia de la respuesta al correo de 10 de mayo, ambos del año 2026, y la eventual inobservancia de determinadas disposiciones del Reglamento Interno- pueden ser sometidas a los mecanismos de fiscalización que contempla el ordenamiento educacional, sin que corresponda transformar el recurso de protección en una instancia general de revisión de la legalidad de los procedimientos de convivencia escolar ni, menos aún, en un procedimiento destinado a imponer las sanciones que el denunciante estima procedentes. 16.- Que, por las razones precedentemente expuestas, aun reconociendo la entidad del conflicto que afectó al adolescente y la necesidad de que el establecimiento continúe observando sus deberes de cuidado y resguardo durante el tiempo que reste de su permanencia en él, los antecedentes reunidos no permiten tener por configurado un acto u omisión ilegal o arbitrario, actual y atribuible a los recurridos, que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de alguna de las garantías susceptibles de tutela por esta vía constitucional, razón por la cual el recurso deberá ser desestimado.

Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado, en representación de su hijo nombre reservado, en contra del Instituto nombre reservado, de la Corporación Educacional nombre reservado y de los demás recurridos individualizados en la acción.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol Corte 1308-2026 Protección.

Se deja constancia que esta sentencia si reúne los presupuestos del Acta 44-2022 de la Excma. Corte Suprema para ser anonimizada.