Protección contra Dirección del Trabajo

Rancagua, siete de marzo de dos mil dieciséis.

Vistos:

A fs. 11 compareció Eduardo López nombre reservado, abogado, con domicilio en domicilio reservado, en favor de la Sociedad Constructora Santo Domingo Ltda., representada por don nombre reservado, de su mismo domicilio, deduciendo recurso de protección en contra de la Dirección del Trabajo, Inspección Provincial del Trabajo de Colchagua, representada por su Jefe de Inspección Provincial, don nombre reservado, y en contra de nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado.

La presente acción es interpuesta en contra de la resolución N° 3813/15/69 de fecha 10 de diciembre pasado, notificada a su parte el día 29 del mismo mes, que impuso una multa por no pagar íntegramente las remuneraciones consistentes en tratos respecto del trabajador Sr. nombre reservado.

Agregó que el contrato suscrito con dicho dependiente establece una remuneración ascendente a $241.000, más gratificación y una asignación por desgaste de herramientas. Adicionalmente se estipuló que podría pactarse un sistema de tratos de pago diario. De este modo, en las liquidaciones de octubre y noviembre de 2015 se contienen rubros por sueldo base, gratificación y un ítem denominado “bono de producción”. Respecto del estipendio pagado bajo la última denominación no existe cláusula alguna en el contrato de trabajo, estimando que resultaba claro que dicho item corresponde a lo pactado en relación a los tratos.

Precisó que en tal sentido, la recurrida extralimitó sus facultades al realizar un juicio respecto a los hechos constatados, atribuciones que sólo corresponden a la judicatura laboral. En razón de lo anteriormente expuesto, se ven afectadas sus garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 n°3 inciso 5° y n° 24, por lo que en definitiva solicita que el acto recurrido sea dejado sin efecto y se ordene a la Inspección abstenerse de calificar jurídicamente las cláusulas del contrato de trabajo, con costas.

A fs. 37 Luis Peña Plaza, Inspector Provincial (S) de Colchagua y nombre reservado, evacuaron informe requerido, alegando en primer lugar la inadmisibilidad del recurso de protección, por cuanto en la especie no existen derechos indubitados, debiendo estos ser declarados por la vía ordinaria, a través de las herramientas especialmente establecidas para ello.

Agregaron, en cuanto al fondo de lo reclamado, que de acuerdo a la fiscalización efectuada, se constató que en la planilla entregada por la empresa, los tratos del mes de octubre ascendieron a $1.552.500, lo que implica que no se pagó íntegramente las remuneraciones, con lo que no hubo ninguna calificación por parte de la administración, sino únicamente la verificación de un hecho en contravención a la legislación laboral, señalando que es el recurrente el que pretende que su repartición efectúe una interpretación en el sentido de entender que con la denominación “bono de producción” se está refiriendo a “trato”, sin considerar que la diferencia de montos entre uno y otro concepto son bastante disímiles, por lo que es a la empresa a quien corresponde acreditar, en un juicio de lato conocimiento, que ambos emolumentos son coincidentes y que nada se adeuda por ellos.

A fs. 41 se trajeron los autos en relación.

Considerando:

1.- Que tal como reiteradamente lo ha sostenido la Excma. Corte Suprema, el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste este ejercicio.

2.- Que primeramente, se debe dejar sentado que no existe inconveniente en determinar que el recurrente es titular de la acción de protección interpuesta y de los derechos que dice haber sufrido amague en su ejercicio, por cuanto se trata de un particular determinado, que acciona contra un acto de la administración del estado, y su interés – requisito necesario para accionar de protección -, resulta de la aplicación de una multa por una supuesta infracción a la legislación laboral, que por esta vía pide se deje sin efecto.

3.- Que suma, el núcleo de la discusión estriba en el hecho de si la recurrida interpretó algunos instrumentos para establecer una obligación por parte de la recurrente para con uno de sus trabajadores, específicamente si se pagó o no parte de las remuneraciones, por concepto de tratos, teniendo para ello presente la liquidación de remuneraciones correspondiente al mes de octubre del año 2015, su contrato de trabajo y dos documentos que se refieren al salario de cuadrillas, para luego establecer un incumplimiento de la normativa laboral por parte del recurrente y consecuencialmente aplicarle una multa por ello.

4.- Que lo descrito en el considerando anterior, resulta ser un acto de la Administración del Estado que puede ser objeto del presente recurso, atento a que precisamente se trata de un cuestionamiento a la “competencia” de dicho organismo para adoptar la decisión impugnada.

5.- Que si bien el artículo 2° del Código del Trabajo le entrega al Estado la misión de proteger al trabajador, velando por el cumplimiento de la normativa laboral por parte de los empleadores, ejercicio que se realiza preferentemente a través de la Dirección del Trabajo, las competencias de dicho organismo, en tanto órgano fiscalizador, sólo pueden ser ejercidas cuando las infracciones a las normas laborales resultan claras, patentes u objetivamente constatables.

6.- Que como puede advertirse de lo expuesto, la recurrida procedió –en las circunstancias apuntadas – a interpretar o establecer obligaciones laborales por parte del empleador y además, estimarlas incumplidas, con el mérito del estudio de los documentos reseñados en el considerando tercero. Sin embargo, al contrario de lo expresado por el ente fiscalizador, de los documentos que obran en el expediente puede establecerse una conclusión diversa, pues en ellos, en especial del que rola a fs, 31 y que sirvió de base para la aplicación de la multa, es posible leer que el total de $1.552.500 corresponde a los emolumentos pagados a 3 trabajadores, entre ellos al Sr. nombre reservado, entregándose un detalle que indica que el total salario es de $627.480, suma casi equivalente a la que se indica en la liquidación de sueldo de fs. 33, por un monto de $627.470, el que además contempla un ítem de bono de producción que no se detalla en el contrato de trabajo de fs. 1 y que perfectamente podría corresponder a lo que en el mismo contrato se indica como modalidades de sistema de tratos, por lo que, sin perjuicio de que esta aseveración pueda variar con el análisis de otros antecedentes en un juicio de lato conocimiento, la Inspección del Trabajo, a través de su fiscalizador, ha excedido en sus atribuciones desde que ha procedido a calificar una situación contractual como incumplida, cuando en realidad se encuentra discutida, de lo cual deriva la necesidad que aquélla sea conocida a través de la vía ordinaria regulada al efecto, por los Tribunales de justicia, como lo establece para este caso el artículo 420 del Código del ramo, que precisa “será de competencia de los juzgados de letras del trabajo: a) las cuestiones suscitadas entre empleadores y trabajadores por aplicación de las normas laborales o derivadas de la interpretación y aplicación de los contratos individuales o colectivos del trabajo o de las conversaciones y fallos arbitrales en materia laboral;”

6.- Que de lo reflexionado aparece de manifiesto que la recurrida incurrió en una acción ilegal que perturba la garantía constitucional contemplada en el artículo 19 N° 3 inciso 5° de la Constitución Política de la República, ya que nadie puede ser juzgado por comisiones especiales sino por el tribunal que señale la ley y que se halle establecido con anterioridad.

Por estas consideraciones y de conformidad, asimismo con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el auto acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del recurso de protección, se declara que se acoge el recurso de protección deducido en lo principal de presentación de fojas 11, sólo en cuanto se deja sin efecto la resolución N° 3813/15/69 de fecha 10 de diciembre de 2015 que impuso una multa de 60 UTM a Constructora Santo Domingo Ltda., sin costas.

Acordada con el voto en contra de la Abogado Integrante María Latife Anich, quien fue del parecer de rechazar el presente recurso de protección teniendo presente para ellos que la Inspección del Trabajo no realizó ninguna interpretación de carácter contractual o de aquellas que le están reservadas de forma excluyente a los Tribunales de Justicia, y que de existir algún error de apreciación en relación a los antecedentes concretos tenidos a la vista, ellos deberían reclamarse a través del procedimiento que contempla la ley, más no a través de este procedimiento cautelar de urgencia, que sólo se hace procedente cuando la Inspección del Trabajo se constituye en una comisión especial.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Ministro Interino señor Álvaro Martínez Alarcón y del voto en contra su autora.

Rol Corte 130-2016-Protección.

Pronunciado por la Primera Sala de esta Corte de Apelaciones, integrada por los Ministros Interinos señor nombre reservado, señor Álvaro Martínez Alarcón y la Abogado Integrante señora María Latife Anich.