Recurso de protección

C.A. Rancagua Rancagua, veintiuno de agosto de dos mil veintiséis.

Vistos:

Con fecha 29 de mayo de 2026 comparece el abogado Abelardo Meza Olguín, en representación de nombre reservado, quien deduce recurso de protección en contra de nombre reservado, en su calidad de directora del Liceo nombre reservado, y del referido establecimiento educacional, impugnando la medida disciplinaria de expulsión aplicada a la estudiante, cuyo último acto del procedimiento sancionatorio le habría sido notificado el 14 de mayo de 2026. Solicita dejar sin efecto dicha sanción, permitir la continuidad de la alumna en el establecimiento durante el presente año escolar y adoptar las medidas necesarias para resguardar su integridad emocional y psicológica y reparar las consecuencias académicas y curriculares derivadas de la medida.

Expone que nombre reservado, estudiante de cuarto año medio, fue expulsada a raíz de una riña con una compañera de curso, originada por una disputa relacionada con un sticker. Sostiene que fue la otra estudiante quien inició la agresión física y que nombre reservado actuó en legítima defensa. Agrega que, al intervenir dos funcionarias del establecimiento para separar a las alumnas, éstas sufrieron lesiones leves, circunstancia que habría servido de fundamento principal para disponer la expulsión, pese a que tales lesiones no habrían sido causadas con la intención de agredirlas, sino en el contexto de la reacción de las estudiantes durante el altercado.

Señala que la recurrente no registra sanciones disciplinarias anteriores y que los hechos constituyen su primera infracción, sin que su conducta haya comprometido la seguridad general de la comunidad educativa. Añade que, durante el procedimiento se acompañaron videos y otros antecedentes destinados a demostrar que la otra estudiante involucrada había protagonizado episodios de violencia con anterioridad. En este contexto, sostiene que la expulsión resulta excesiva y desproporcionada, particularmente por encontrarse nombre reservado cursando su último año de enseñanza media y por las consecuencias emocionales, psicológicas y académicas que la medida habría provocado, existiendo, a su juicio, otras sanciones de carácter formativo que permitían compatibilizar la responsabilidad disciplinaria con la adecuada convivencia escolar.

En cuanto al procedimiento seguido por el establecimiento, afirma que éste presenta vicios sustanciales, pues no se habrían observado las reglas previstas en la Ley N°21.128 y en la normativa aplicable a los procedimientos de expulsión escolar. Reprocha que no se consideraran los descargos ni la prueba aportada por la estudiante, que no exista o, al menos, no se le haya notificado una resolución que decidiera fundadamente la expulsión y que posteriormente se le comunicara una resolución que rechazaba una supuesta apelación que la parte afirma nunca haber deducido. Sostiene que ello la privó de la posibilidad de ejercer adecuadamente los mecanismos de impugnación establecidos por la ley.

Agrega que presentó una solicitud de nulidad respecto del procedimiento, la que no habría sido resuelta por el establecimiento.

Alega que el procedimiento disciplinario vulneró el debido proceso, al no respetarse la bilateralidad, no valorarse los antecedentes de descargo ni explicitarse las razones para desestimarlos. Asimismo, sostiene que las decisiones adoptadas carecen de motivación suficiente respecto de la acreditación de los hechos, la participación concreta de la estudiante y la necesidad de imponer la sanción más gravosa, transformando, a su juicio, las oportunidades de defensa en actuaciones meramente formales sin incidencia efectiva en la decisión final. Añade que tampoco se habrían ponderado circunstancias atenuantes ni aplicado los principios de proporcionalidad y carácter formativo de las medidas disciplinarias contemplados en el Reglamento Interno o Manual de Convivencia Escolar.

Denuncia, en consecuencia, la vulneración de las garantías previstas en el artículo 19 N°s 1, 2 y 3 de la Constitución Política de la República, relativas a la integridad física y psíquica, igualdad ante la ley y debido proceso. En cuanto a la igualdad, sostiene que la estudiante habría recibido un trato diferente respecto de otros alumnos sometidos a situaciones semejantes, sin una justificación objetiva y razonable. Respecto de su integridad psíquica, afirma que la expulsión y sus consecuencias han afectado gravemente su estado emocional, sin que el establecimiento haya adoptado medidas destinadas a evaluar o contener sus efectos psicológicos, pese a tratarse de una adolescente próxima a concluir su enseñanza media.

En mérito de lo anterior, sostiene que la expulsión constituye un acto ilegal y arbitrario, tanto por los defectos del procedimiento como por la falta de fundamentación y proporcionalidad de la sanción, solicitando que se deje sin efecto la medida disciplinaria, se permita a nombre reservado continuar sus estudios en el establecimiento y se adopten las medidas necesarias para resguardar su integridad emocional y psicológica y subsanar el eventual perjuicio académico y curricular ocasionado.

Con fecha 26 de junio del presente año, informa la Superintendencia de Educación, Dirección Regional del Libertador General Bernardo O’Higgins, al evacuar el informe solicitado por esta Corte, precisando que su intervención se circunscribe a informar acerca de sus facultades legales, la normativa educacional aplicable y los antecedentes que obran en su poder respecto del procedimiento disciplinario cuestionado.

Expone que, conforme a la Ley N° 20.529, corresponde a la Superintendencia fiscalizar que los sostenedores de establecimientos educacionales reconocidos oficialmente se ajusten a las leyes, reglamentos e instrucciones que les resulten aplicables, así como atender denuncias y reclamos de la comunidad educativa. Señala que, tratándose de establecimientos particulares pagados, su competencia se limita a materias específicas, mientras que respecto de establecimientos subvencionados puede fiscalizar el cumplimiento de la normativa educacional y, de advertirse eventuales infracciones, instruir el correspondiente procedimiento administrativo sancionatorio.

En cuanto a la normativa aplicable, informa que los establecimientos educacionales deben contar con un Reglamento Interno que regule las relaciones entre el establecimiento y los distintos actores de la comunidad escolar, incorporando políticas de prevención, medidas pedagógicas y protocolos de actuación, además de describir las conductas constitutivas de faltas y las sanciones correspondientes. Añade que las medidas disciplinarias sólo pueden aplicarse por las causales y mediante el procedimiento previamente establecido en dicho reglamento, el que debe respetar los principios de legalidad, justo y racional procedimiento, proporcionalidad y no discriminación arbitraria. Asimismo, las sanciones deben aplicarse de manera gradual y progresiva, procurando agotar previamente medidas de menor intensidad, salvo que la conducta afecte gravemente la convivencia escolar.

Respecto específicamente de la expulsión y cancelación de matrícula, señala que constituyen medidas excepcionales y que su aplicación se encuentra sometida a un procedimiento racional y justo. Explica que, tratándose de conductas que afecten gravemente la convivencia escolar, el director se encuentra facultado para iniciar el procedimiento sancionatorio y disponer la suspensión cautelar del estudiante mientras éste se tramita, debiendo notificar por escrito la decisión y sus fundamentos al alumno y a su apoderado, respetar los descargos y la presentación de pruebas, resolver dentro del plazo legal y garantizar la posibilidad de solicitar la reconsideración de la medida. Añade que, una vez aplicada la expulsión o cancelación de matrícula, el establecimiento debe informar a la Superintendencia de Educación dentro del plazo legal para que ésta revise el cumplimiento del procedimiento establecido por la normativa vigente.

En relación con el caso concreto, informa que el Liceo nombre reservado comunicó a la Superintendencia la aplicación de la medida de expulsión respecto de nombre reservado, remitiendo el correspondiente expediente disciplinario para su revisión. De los antecedentes acompañados consta que la medida se fundó en hechos ocurridos el 13 de mayo de 2026, calificados por el establecimiento como una afectación grave a la convivencia escolar, vinculados a una agresión física a una compañera y a funcionarios que intervinieron en el incidente. Asimismo, la documentación remitida da cuenta de la notificación de la aplicación de la medida, de la decisión adoptada por la directora y de una solicitud de reconsideración presentada por la apoderada, entre otros antecedentes del procedimiento.

Hace presente, sin embargo, que la revisión de tales antecedentes no se encontraba concluida al momento de evacuar el informe. En efecto, señala que mediante Ordinario N°NUM000, de 24 de junio de 2026, la Unidad Regional de Protección de Derechos Educacionales solicitó al establecimiento antecedentes adicionales necesarios para completar el expediente y efectuar la revisión del procedimiento, encontrándose a la espera de dicha documentación. Por ello, indica que aún no existe un pronunciamiento definitivo de la Superintendencia acerca de si la expulsión se ajustó o no a la normativa educacional aplicable.

Finalmente, precisa que la función de la Superintendencia en esta materia consiste en revisar el cumplimiento del procedimiento disciplinario, sin que pueda dejar sin efecto directamente la medida de expulsión o cancelación de matrícula por esa vía. Si determina que el establecimiento infringió la normativa educacional, puede iniciar el correspondiente procedimiento sancionatorio y, eventualmente, imponer las sanciones previstas en la Ley N° 20.529. Agrega que, si se declarase ilegal la medida, corresponde al sostenedor adoptar las medidas necesarias para la reincorporación del estudiante, sin perjuicio de las demás acciones que procedan.

Con fecha 3 de julio pasado informa la Municipalidad de DIRECCION000, en su calidad de sostenedora del Liceo nombre reservado, solicitando el rechazo íntegro del recurso.

En primer término, cuestiona la coherencia de la acción, señalando que en diversos pasajes se incorporan antecedentes correspondientes a otro estudiante y a un establecimiento educacional distinto. Asimismo, controvierte la afirmación de que se habría resuelto una apelación jamás deducida, pues sostiene que la apoderada de nombre reservado, nombre reservado, efectivamente interpuso el 8 de mayo de 2026 una apelación contra la medida disciplinaria, la que posteriormente fue conocida por el Consejo de Profesores y resuelta por la directora del establecimiento.

En cuanto a los hechos, expone que el 16 de abril de 2026, durante el primer recreo, se produjo un altercado entre nombre reservado, alumna de cuarto medio, y nombre reservado, estudiante de segundo medio, originado por un sticker relativo a la hermana de esta última. Señala que nombre reservado enfrentó y empujó inicialmente a nombre reservado, quien le lanzó un pastel, tras lo cual ambas comenzaron a golpearse y tirarse del cabello mientras se encontraban en el suelo. Agrega que otra estudiante intentó separarlas, pero debió retirarse luego de recibir golpes y sufrir una crisis respiratoria.

Refiere que posteriormente intervinieron las funcionarias nombre reservado, inspectora de patio, y nombre reservado, encargada del Centro de Recursos del Aprendizaje, quienes intentaron separar a las estudiantes y resultaron lesionadas durante el forcejeo. Particularmente, señala que nombre reservado recibió golpes en la cabeza y tirones de cabello, debiendo recibir atención médica, mientras que nombre reservado también presentó malestares físicos derivados de la intervención. Afirma que las cámaras de seguridad permitieron establecer que, aun cuando nombre reservado inició el enfrentamiento, ambas estudiantes continuaron golpeándose sin atender a quienes intentaban separarlas, generándose lesiones, alteración de la convivencia escolar, interrupción de las actividades pedagógicas y una percepción de inseguridad entre los integrantes de la comunidad educativa.

Señala que, inmediatamente después de los hechos, se convocó a Carabineros y a los apoderados, se recabó la versión de las estudiantes y se activó el procedimiento previsto en la Ley Aula Segura, aplicándose a nombre reservado una suspensión cautelar inicial de 5 días hábiles, posteriormente prorrogada por igual período. Añade que durante ese lapso se le remitió material pedagógico a través de la plataforma Lirmi y por correo electrónico, y que tanto la estudiante como sus apoderados tuvieron oportunidad de entregar su versión y formular observaciones.

Expone que, concluida la investigación, se estimó que los hechos constituían actos que afectaban gravemente la convivencia escolar, al haber provocado daños a la integridad física de estudiantes y funcionarias, por lo que se resolvió aplicar la expulsión inmediata. La resolución informó expresamente a la apoderada que podía apelar dentro de 5 días hábiles, derecho que ejerció el 8 de mayo de 2026.

Agrega que el 12 de mayo siguiente se reunió el Consejo de Profesores, tomó conocimiento tanto de la medida como de los argumentos contenidos en la apelación y se pronunció por mantener la expulsión, opinión que fue posteriormente comunicada a la directora.

En cuanto a la proporcionalidad, sostiene que la ausencia de sanciones anteriores de la estudiante no impedía aplicar directamente la expulsión, pues la gradualidad de las medidas disciplinarias cede frente a conductas de especial gravedad.

Afirma que no se trató simplemente de una “reacción emocional”, como plantea el recurso, sino de una agresión física que produjo lesiones a integrantes de la comunidad educativa y que justificaba la aplicación excepcional de la Ley N°21.128. Agrega que la medida tuvo por finalidad no sólo sancionar la conducta, sino también proteger la integridad y seguridad del resto de los estudiantes y funcionarios del establecimiento.

Descarta, asimismo, la vulneración de la igualdad ante la ley y del debido proceso, señalando que se aplicó a la estudiante el mismo régimen disciplinario previsto para cualquier alumno que incurra en conductas de violencia física de la entidad descrita; que se respetó su derecho a ser oída, formular descargos y recurrir de la decisión; y que la expulsión se adoptó mediante un procedimiento previamente establecido. Añade que la estudiante se encuentra actualmente matriculada en otro establecimiento de similares características, donde continúa cursando la especialidad de Administración, por lo que sostiene que su derecho a la educación se encuentra resguardado.

Finalmente, hace presente que el procedimiento disciplinario fue sometido a revisión de la Superintendencia de Educación, en el expediente NUM001, y que mediante Ordinario N°NUM000, de 24 de junio de 2026, dicho organismo habría concluido que el procedimiento de aplicación de la medida disciplinaria se ajustó a la normativa educacional, disponiendo el cierre del expediente. En consecuencia, sostiene que la expulsión no constituye un acto ilegal, arbitrario, infundado ni desproporcionado, por lo que solicita el rechazo del recurso de protección, con costas.

Con fecha 11 de julio pasado, la parte recurrente informa que nombre reservado se encuentra actualmente matriculada en el Liceo nombre reservado, en atención a la medida de expulsión que se impugna en los presentes autos.

Acompañaron las partes los documentos que constan agregados en la causa.

En su oportunidad, se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando: 1º Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye una acción cautelar de carácter extraordinario destinada a amparar el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que dicha disposición asegura, frente a actos u omisiones arbitrarios o ilegales que importen privación, perturbación o amenaza en su ejercicio. 2º Que, mediante la presente acción, la recurrente solicita que se deje sin efecto la medida disciplinaria de expulsión aplicada a nombre reservado por el Liceo nombre reservado, permitiéndole continuar sus estudios en dicho establecimiento durante el presente año escolar y adoptándose, además, las medidas necesarias para resguardar su integridad emocional y psicológica y reparar las consecuencias académicas y curriculares que atribuye a la sanción.

Sustenta su pretensión, en lo esencial, en que la estudiante habría actuado en legítima defensa frente a la agresión iniciada por otra alumna; que carecía de antecedentes disciplinarios previos; que las lesiones sufridas por las funcionarias que intervinieron para separarlas no fueron intencionales; y que la expulsión resultaría desproporcionada, especialmente por encontrarse cursando cuarto año medio. Asimismo, reprocha la regularidad del procedimiento seguido, alegando que no se habrían considerado adecuadamente sus descargos y antecedentes de defensa, que la decisión carecería de fundamentación suficiente y que no se habrían respetado las garantías propias de un procedimiento racional y justo, denunciando con ello la vulneración de las garantías contempladas en el artículo 19 N°1, 2 y 3 de la Constitución Política de la República. 3º Que, al informar, la Superintendencia de Educación expuso el marco normativo que rige la aplicación de medidas disciplinarias en establecimientos educacionales, señalando que la expulsión constituye una medida excepcional, cuya imposición debe sujetarse al procedimiento establecido en la legislación educacional y en el respectivo Reglamento Interno, con respeto a los principios de legalidad, proporcionalidad y justo y racional procedimiento.

Por su parte, la Municipalidad de DIRECCION000, en su calidad de sostenedora del establecimiento recurrido, solicitó el rechazo de la acción, sosteniendo que los hechos ocurridos el 16 de abril de 2026 revestían la gravedad necesaria para activar el procedimiento previsto en la Ley N°21.128, por cuanto la riña protagonizada por la recurrente y otra estudiante produjo lesiones tanto a las involucradas como a funcionarias que acudieron a separarlas. Agregó que se respetaron las distintas etapas del procedimiento, que nombre reservado pudo entregar su versión de los hechos, que sus apoderados fueron informados, que se practicó una investigación, que la medida fue notificada y que la apoderada ejerció efectivamente, el 8 de mayo de 2026, el mecanismo de impugnación puesto a su disposición, cuyos fundamentos fueron posteriormente conocidos por el Consejo de Profesores, el que el 12 de mayo se pronunció por mantener la expulsión, quedando ésta firme y siendo notificada el 14 de mayo siguiente. 4º Que, para resolver el asunto sometido al conocimiento de esta Corte, cabe tener presente que el artículo 6 letra d) del Decreto con Fuerza de Ley N°2, de 1998, del Ministerio de Educación, modificado por la Ley N°21.128, autoriza la aplicación de las medidas de expulsión o cancelación de matrícula cuando los actos cometidos por un estudiante afecten gravemente la convivencia escolar, entendiéndose por tal aquellos que causen daño a la integridad física o psíquica de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa o de terceros que se encuentren en dependencias del establecimiento, particularmente las agresiones físicas que produzcan lesiones.

A su turno, el Reglamento Interno del Liceo nombre reservado contempla en sus artículos 176 y 177 el procedimiento denominado “Aula Segura”, precisamente para aquellos casos en que los actos cometidos afecten gravemente la convivencia escolar y causen daño a la integridad física o psíquica de miembros de la comunidad educativa, incluyendo expresamente las agresiones físicas que produzcan lesiones. Dicho procedimiento contempla la apertura de una investigación, el derecho del estudiante y de su apoderado a ser oídos y formular descargos, la posibilidad de disponer una suspensión cautelar, la notificación del resultado de la investigación, la facultad de solicitar la reconsideración de la medida y la consulta al Consejo de Profesores antes de la decisión definitiva. 5º Que, asentado lo anterior, los antecedentes incorporados permiten establecer que el día 16 de abril de 2026 se produjo, en dependencias del establecimiento educacional, una riña entre nombre reservado, estudiante de cuarto año medio, y otra alumna, luego de que esta última la increpara por un sticker relacionado con su hermana. Si bien los antecedentes recabados por el propio establecimiento reconocen que fue la otra estudiante quien inicialmente enfrentó y empujó a nombre reservado, también dan cuenta de que, a continuación, ambas comenzaron a golpearse y tirarse del cabello mientras se encontraban en el suelo, sin cesar en su conducta pese a la intervención de terceros.

En ese contexto, una estudiante que intentó separarlas debió alejarse luego de recibir golpes y presentar una crisis, mientras que las funcionarias nombre reservado y nombre reservado intervinieron para detener la pelea, resultando también afectadas físicamente. En particular, consta que esta última recibió golpes en la cabeza y tirones de cabello y debió recibir atención médica, mientras que la primera presentó igualmente malestares físicos como consecuencia del forcejeo.

De este modo, aun cuando la otra alumna haya iniciado el enfrentamiento, aquello no permite reducir la conducta posterior de la recurrente a un mero acto defensivo, desde que los antecedentes reunidos durante la investigación dan cuenta de una confrontación física sostenida entre ambas estudiantes, que persistió incluso mientras terceras personas intentaban separarlas, provocando lesiones a integrantes de la comunidad educativa. 6º Que, en cuanto al procedimiento seguido, tampoco se advierten las irregularidades sustanciales denunciadas en el recurso, desde que consta que el mismo 16 de abril de 2026 se activó el protocolo de Aula Segura y se notificó a la apoderada el inicio del procedimiento y la suspensión cautelar de la estudiante; que nombre reservado fue entrevistada y entregó su propia versión de los acontecimientos; que sus apoderados fueron recibidos durante la investigación; y que la suspensión cautelar inicialmente dispuesta entre los días 17 y 23 de abril fue posteriormente extendida hasta el 30 de ese mes, remitiéndose durante dicho período material pedagógico a la alumna.

Asimismo, el 4 de mayo de 2026 se notificó el resultado de la investigación y la decisión de aplicar la medida de expulsión, comunicándose expresamente a la apoderada su derecho a impugnarla dentro del plazo de 5 días hábiles. Tal derecho fue efectivamente ejercido por nombre reservado el 8 de mayo de 2026, mediante una presentación en la que alegó, entre otras circunstancias, que nombre reservado no había iniciado la agresión, que carecía de anotaciones previas, que cursaba su último año escolar y que la sanción resultaba desproporcionada.

Luego, el 12 de mayo de 2026 se reunió el Consejo de Profesores, que tomó conocimiento tanto de la medida aplicada como de los argumentos contenidos en la referida presentación y se pronunció por mantenerla, tras lo cual la directora puso a firme la expulsión, decisión que fue comunicada el 14 de mayo siguiente.

Por consiguiente, la alegación contenida en el recurso en orden a que se habría resuelto una impugnación que jamás fue deducida aparece desvirtuada por los propios antecedentes documentales allegados, de los que consta el ejercicio de ese derecho por la apoderada de la estudiante. 7º Que, asimismo, el procedimiento descrito se corresponde, en sus aspectos sustanciales, con las etapas contempladas tanto por la normativa educacional como por los artículos 176 y 177 del Reglamento Interno del establecimiento ya mencionados, constatándose que la estudiante conoció los hechos que se le atribuían, pudo entregar su versión, que su apoderada intervino durante el procedimiento, que fue informada de la decisión adoptada y de la posibilidad de impugnarla, facultad que efectivamente ejerció, y que dicha presentación fue conocida por el Consejo de Profesores antes de quedar firme la medida.

A lo anterior se añade que el procedimiento disciplinario fue remitido a la Superintendencia de Educación para la revisión que legalmente le corresponde y que el Ordinario N°NUM000, de 24 de junio de 2026, recaído en el expediente NUM001, consigna que, revisado el cumplimiento del procedimiento de aplicación de la medida disciplinaria, éste se ajustó a la normativa educacional.

En estas condiciones, no es posible concluir que la recurrente haya sido privada de una oportunidad real de defensa ni que la sanción haya sido adoptada al margen del procedimiento previamente establecido. 8º Que, en lo concerniente a la proporcionalidad de la medida, esta Corte tiene presente que la expulsión constituye una sanción de carácter excepcional y particularmente intensa, por lo que su aplicación exige hechos de suficiente entidad que permitan justificarla. Sin embargo, la normativa aplicable autoriza expresamente esa medida frente a conductas que afecten gravemente la convivencia escolar, especialmente cuando se producen agresiones físicas con resultado de lesiones respecto de integrantes de la comunidad educativa.

En el caso concreto, la sanción no se sustentó únicamente en la participación de nombre reservado en una disputa con otra estudiante, sino en la gravedad y consecuencias que alcanzó dicha confrontación, durante la cual ambas continuaron agrediéndose aun cuando otras personas procuraban separarlas, resultando afectadas físicamente una tercera estudiante y dos funcionarias del establecimiento, una de las cuales debió recibir atención médica.

Así, aun considerando que la recurrente no registra sanciones disciplinarias anteriores, que se encontraba cursando su último año de enseñanza media y que el enfrentamiento fue inicialmente provocado por la otra estudiante, tales circunstancias no privan de fundamento a la decisión adoptada, desde que la gradualidad de las medidas disciplinarias no impide la aplicación de la expulsión cuando se configura una conducta de la gravedad expresamente prevista en la normativa educacional y en el Reglamento Interno. 9º Que, por lo demás, de los antecedentes no aparece que la recurrente haya sido objeto de un trato desigual respecto de otros estudiantes que se encontraren en una situación equivalente, ni se ha individualizado un supuesto concreto y comparable que permita establecer la diferencia arbitraria denunciada. Antes bien, consta que respecto de la otra alumna involucrada en los mismos hechos también se activó el procedimiento de Aula Segura y se dispuso igualmente su expulsión.

Del mismo modo, si bien es comprensible que una medida disciplinaria de esta naturaleza pueda producir consecuencias emocionales en una estudiante, especialmente encontrándose próxima a finalizar su enseñanza media, tal circunstancia no basta, por sí sola, para transformar en ilegal o arbitraria una decisión adoptada dentro de las atribuciones del establecimiento, conforme a un procedimiento previamente regulado y fundada en hechos de la entidad antes descrita. 10º Que, en consecuencia, los antecedentes reunidos no permiten establecer que la decisión de expulsar a nombre reservado haya obedecido al mero capricho de la recurrida o carezca de sustento fáctico y normativo. Por el contrario, la medida fue adoptada como consecuencia de hechos determinados, investigados dentro del establecimiento y subsumidos en una hipótesis expresamente prevista en la normativa educacional y en su Reglamento Interno, habiéndose otorgado a la estudiante y a su apoderada las oportunidades de intervención e impugnación contempladas en dicho procedimiento.

De esta manera, no configurándose respecto del acto recurrido los presupuestos de ilegalidad o arbitrariedad indispensables para la procedencia de esta acción cautelar, ni acreditándose la privación, perturbación o amenaza ilegítima de alguna de las garantías constitucionales invocadas, el recurso no podrá prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por el abogado Abelardo Antonio Meza Olguín, en representación de nombre reservado, en contra de nombre reservado, en su calidad de directora del Liceo nombre reservado, y del referido establecimiento educacional.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol Corte 1286-2026 Protección