Protección contra Hospital Regional de Rancagua y de Administradora de Fondos de Pensiones Capital

Rancagua, diez de mayo de dos mil veintitrés.

VISTOS:

Con fecha 21 de octubre de 2022 comparece don nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, deduciendo recurso de protección en contra del Hospital Regional de Rancagua y de Administradora de Fondos de Pensiones Capital.

Relata que en mayo del año 2021 lo internaron en el Hospital Regional de Rancagua debido a una Neumopatía Viral por Covid-19, donde se mantuvo hasta julio de 2021, cuando se dispuso su hospitalización domiciliaria, que se prolongó hasta agosto del mismo año, con diagnóstico final de polineuropatía severa. Señala que en ese proceso se le intervino la arteria femoral derecha para instalación de catéter y que un error en este procedimiento le provocó una lesión permanente del nervio femoral.

Luego del alta, se realizó exámenes neurológicos que evidenciaron una lesión en el nervio femoral derecho provocado por un corte, lesión que imposibilita el trabajo normal de la pierna afectada y lo condiciona a usar un bastón de apoyo, por lo que el neurólogo tratante le extendió un certificado en el mes de abril de 2022 para presentar a la AFP Capital para comenzar su trámite de jubilación por invalidez, pensando que el seguro de invalidez de la AFP le permitiría dar sustento a su familia y comenzar su rehabilitación.

Señala que recibida la comisión médica, dictaminó su invalidez en un 77% y luego de ese dictamen la AFP le informó que el primer pago sería en julio de 2022, pero posterior a dicho pago recibió sólo la suma de $320.000, comunicándole la AFP que ello se debía a que el seguro aportó cero pesos por haber realizado el trámite para jubilar fuera de plazo, en circunstancias que no se encontraba en condiciones mentales y físicas para resolver estos temas, ya que no contemplaba una prematura jubilación y menos quedar discapacitado. Acompaña carta de AFP Capital de fecha 18 de octubre de 2022, en la que se le comunica que no está cubierto por el SIS ya que registra su última cotización el 12-2020, siendo presentada la solicitud de invalidez el 18-04-2022, incumpliendo con el requisito que el siniestro se produzca dentro del plazo de 12 meses desde la última cotización y, además, no registra al menos seis meses de cotizaciones en el año anterior.

Agrega que acudió a la Superintendencia de Pensiones y a la Superintendencia Salud, ésta última quien comprendió que era una víctima de negligencia médica, orientándolo a iniciar acciones mediante el Consejo de Defensa del Estado contra el Hospital Regional de Rancagua por daños y perjuicios y una vez que dicho Consejo aceptó su denuncia, tuvo una primera audiencia de mediación en la que solicitó una reparación económica por invalidez total y en la segunda no prosperó.

Señala que se siente en desamparo y atropellado en sus derechos por estas instituciones médicas como previsional por lo que solicita ayuda para resolver su delicada situación.

Declarado admisible, se requirió informe al Hospital Regional de Rancagua, a la Administradora de Fondos Previsionales Capital y a la Superintendencia de Pensiones.

A folio 7, informa AFP Capital, quien primero alegó la improcedencia de la acción de protección para discutir una materia administrativa como la presente, la que debe ventilarse ante la Superintendencia de Pensiones, por ser el ente regulador de la materia. Agrega que el actor estima que fue vulnerado con el actuar de AFP Capital, sin señalar cómo el presunto acto ilegal o arbitrario influyen en la supuesta vulneración, limitando su relato al derecho a la seguridad social del artículo 19 número 18 de la Constitución Política de la Republica y no a las materias resguardadas por la acción de protección de su artículo 20.

Luego, señala que el recurso es extemporáneo, toda vez que el mismo recurrente señala que el pago de su pensión ocurre en el mes de julio de 2022, incluso teniendo tiempo de realizar trámites ante la Superintendencia de Pensiones y de Salud e incluso construirse un nuevo plazo a través del reclamo que concluyó el 22 de octubre de 2022, sin perjuicio de lo cual, consta de la documentación que acompaña que tomó conocimiento de los hechos relatados en el recurso, con fecha 7 de julio de 2022.

Finalmente, señala que no existe acto ilegal o arbitrario por parte de AFP Capital, por cuanto según los documentos presentados por el propio recurrente, el recurrente solicitó pensión de invalidez en abril de 2022 en circunstancias que presentó cotizaciones hasta el período de diciembre 2020. En julio de 2022 se recibió Dictamen N° 3400 emitido por la Comisión Médica Regional, mediante el cual se aprobó la Invalidez Total Definitiva y se puso a disposición del recurrente, el pago de pensión bajo la modalidad de retiro programado preliminar, por un monto $ 1.204.080, devengando desde la fecha de la solicitud de pensión. En agosto, seleccionó modalidad de pensión, realizando cambio de modalidad de retiro programado preliminar a retiro programado. De este modo, dado que no registra cotizaciones a partir de abril del 2021 y hasta abril del 2022, no cumple con el requisito para estar cubierto por el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia de conformidad al artículo 54, letra b) del D.L. 3500.

A folio 11 compareció la Superintendencia de Pensiones. Señala que contrario a lo señalado en el recurso, el actor no interpuso reclamo ante esa entidad. Agrega que no cuenta con información respecto del proceso de evaluación del recurrente, ya que no ha tenido ni tiene intervención en los procesos de calificación de invalidez de los trabajadores afiliados al sistema de pensiones del D.L. N°3.500 de 1980, como en la especie, pues carece de facultades y atribuciones para aquello. No obstante y, en virtud de lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley 19.880, en lo que respecta al principio de celeridad y economía administrativa, dicho Servicio requirió el expediente de evaluación y calificación de invalidez del actor a la respectiva Comisión Médica Regional, entidad que determinó que la enfermedad alegada como invalidante, esto es, Polimioneuropatía secuela de Covid 19, provoca al recurrente un 77% de pérdida de su capacidad de trabajo de origen común.

A folio 13, compareció el Hospital Regional de Rancagua solicitando el rechazo de la acción ya que el recurrente reclama en estos autos es la existencia de responsabilidad en materia sanitaria, por lo que el actor deberá acreditar que el daño se produjo por la acción u omisión del órgano, por lo que no existiría por parte de ese establecimiento una omisión arbitraria o ilegal que ocasione privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales del requirente, existiendo de esta manera una discusión la cual versa sobre la existencia o no de responsabilidad en materia sanitaria por parte de ese nosocomio, lo cual es de competencia al estudio y análisis de un procedimiento de lato conocimiento, no siendo el recurso de protección la vía idónea para acreditar la existencia o no de dichos hechos, no dándose los presupuestos establecidos por el legislador para recurrir por esa vía y a mayor abundamiento tampoco se da cumplimiento al plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión, habiendo transcurrido un plazo mayor al señalado.

A folio 18 se dio traslado al recurrente de la alegación de extemporaneidad formulada por AFP Capital, el que no fue evacuado y se pidió a la Superintendencia de Pensiones complementar su informe inicial, en atención a lo informado por la AFP Capital.

A folio 24 cumpliendo con la complementación solicitada, la Superintendencia de Pensiones señaló que en mérito de artículo 54 del D.L. N° 3.500, de acuerdo a lo señalado por el propio recurrente y los antecedentes aportados por AFP Capital, el recurrente registra su última cotización en diciembre de 2020 y se pensionó por invalidez el 25 de mayo de 2022, habiendo transcurrido más de 12 meses entre la fecha de su última cotización y la declaración de invalidez, motivo por el cual no está cubierto por el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, por lo que la pensión de invalidez del actor es financiada solo con el saldo ahorrado en la cuenta de capitalización individual.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que conforme es unánimemente aceptado tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo libre ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

De lo anterior, surge como requisito indispensable para la procedencia de esta acción cautelar, la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, de manera tal de encontrarse la Corte en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión.

SEGUNDO: Que, el acto que se denuncia como ilegal y arbitrario mediante el presente recurso consiste en la negativa de AFP Capital de cumplir con el seguro de invalidez a favor del recurrente, cuya invalidez total fue declarada por Dictamen de la Comisión Médica Rancagua de fecha 25 de mayo de 2022.

TERCERO: Que, conforme a lo anterior, si bien en el recurso presentado mediante formulario ante la Secretaría de esta Corte, también se señala como recurrido el Hospital Regional Rancagua, el reproche anterior sólo dice relación con el actuar que puede ser imputado a AFP Capital.

CUARTO: Que, previo a analizar el fondo del recurso y en cuanto a la alegación de extemporaneidad formulada por la recurrida, corresponde desestimarla por cuanto la carta donde consta la negativa de AFP Capital a hacer efectivo el seguro de invalidez del actor, es de fecha 18 de octubre de 2022, en tanto el recurso se presentó con fecha 21 de dicho mes y año, es decir, a solo tres días de tal acto, cumpliendo así sobradamente el plazo de 30 días establecido para deducir esta acción constitucional.

QUINTO: Que, ahora bien, en cuanto a la pretendida ilegalidad planteada por el recurrente, cabe tener presente que la cuestión debatida dice relación con el cumplimiento o incumplimiento por parte del actor de los requisitos establecidos en el artículo 54 b) del DL 3.500, asunto que puede ser dilucidado en el marco de esta acción cautelar que permite otorgar tutela cuando se verifique una vulneración, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de un derecho especialmente protegido, siendo del caso recordar, además, que este recurso es sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.

SEXTO: Que, al efecto, el artículo 54 b) del DL 3500, dispone: “La Administradora será responsable del pago de las pensiones parciales originadas por el primer dictamen de invalidez, y a enterar el aporte adicional en la cuenta de capitalización individual de los afiliados declarados inválidos totales y de los afiliados no pensionados que fallezcan, sin perjuicio del derecho a repetir en contra de quien corresponda conforme a lo establecido en el artículo 82, en los siguientes casos: b) Afiliados trabajadores dependientes que hubieren dejado de prestar servicios por término o suspensión de éstos, cuyo fallecimiento o declaración de invalidez se produce dentro del plazo de doce meses contado desde el último día del mes en que hayan dejado de prestar servicios o éstos se hayan suspendido. Además, estos trabajadores deberán registrar, como mínimo, seis meses de cotizaciones en el año anterior al último día del mes en que hayan dejado de prestar servicios o éstos hayan sido suspendidos”.

SÉPTIMO: Que, conforme a dicho precepto legal, en el caso de trabajadores que hayan dejado de prestar servicios, se requiere que la invalidez se produzca dentro del plazo de 12 meses desde el último día del mes en que dejaron de prestar servicios.

Pues bien, cabe precisar que en el presente caso el último día del mes en que el recurrente dejó de prestar servicios corresponde al 31 de diciembre de 2020.

A su vez, según consta en el expediente remitido por la Comisión Médica Rancagua, la declaración de invalidez del recurrente tiene se basa en una polimioneuropatia secuela de Covid 19-G62, derivada de su hospitalización en el Hospital Regional Rancagua, entre mayo de 2021 y julio 2021, donde recibe terapia de ventilación mecánica invasiva y sufre múltiples infecciones intrahospitalarias, egresando a domicilio donde se mantiene con hospitalización domiciliaria, hasta agosto de 2021, resultando con polimioneuropatia y neuoropatia de nervio femoral derecho.

OCTAVO: Que, de este modo, si bien la declaración de invalidez del recurrente se efectuó mediante Dictamen de fecha 25 de mayo de 2022, no cabe duda que para efectos de lo dispuesto en el artículo 54 letra b) del D.L. 3500, la invalidez debe retrotraerse a la fecha en que se constató el impedimento, una vez finalizado el proceso de hospitalización durante el 2021, dado que las terapias ofertadas por su previsión y que se completaron en abril de 2022, no lograron revertir la polimioneuropatia severa, consignada como diagnostico secundario en el egreso del mes de julio de 2021.

Por lo anterior, considerando que el “siniestro” se produjo dentro del plazo de doce meses desde el último día del mes en que el recurrente dejó de prestar servicios, lo que por lo demás es un hecho objetivamente demostrado y que el actor registra más de seis meses de cotizaciones en el año anterior al último día del mes en que dejó de prestar servicios, pues en el certificado de cotizaciones agregado a los autos, figuran nueve meses de cotizaciones durante el año 2020, resulta forzoso concluir que AFP Capital debe cumplir con el pago de las obligaciones establecidas en el artículo 54 del DL 3500, activando el seguro de invalidez correspondiente, regulado en los artículos 59 y 59 bis del referido decreto ley.

NOVENO: Que, asimismo, cabe precisar que la interpretación anterior guarda relación con el conjunto de la normativa contenida en el DL 3500, en la que existen diversas disposiciones legales que hacen referencia al concepto de “siniestro”, el que de acuerdo a ellas debe equipararse al accidente o enfermedad y no a la declaración de invalidez, como los artículos 57, 59 bis, 92 E, 92 L, lo que a su vez es coherente con la definición de siniestro, como la ocurrencia del riesgo o evento dañoso contemplado en el contrato, dada en el artículo 513 letra x) del Código de Comercio.

DECIMO: Que, a mayor abundamiento, cabe tener presente que si bien durante el estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública a causa de la pandemia por Covid-19, que rigió en nuestro país entre el 18 de marzo de 2020 y hasta el 30 de septiembre de 2021, no se dictó una ley que estableciera la suspensión de los plazos en los procedimientos administrativos, la jurisprudencia ha reconocido las dificultades generadas a consecuencia de la misma a través del concepto caso fortuito o fuerza mayor, que define el artículo 45 del Código Civil, hipótesis que sin duda afectó al recurrente, no sólo por haberse contagiado de Covid, sino porque luego de disponerse su alta en el mes de agosto de 2021, se mantenían las medidas restrictivas de desplazamiento impuestas por la autoridad administrativa, las que, sumadas a las dificultades propias sufridas por el actor a causa de la polimioneuropatia, lógicamente provocaron un retraso en la presentación de la solicitud de invalidez.

UNDECIMO: Que, por consiguiente, habiéndose constatado que la recurrida AFP Capital incurrió en un acto ilegal que sin duda produjo una afectación de los derechos constitucionales del recurrente, en particular, el de propiedad, por cuanto se le niega el pago de un porcentaje adicional que conforma su pensión de invalidez, resulto forzoso acoger la presente acción constitucional, para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que rige la materia, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado, sólo en cuanto se ordena a Administradora de Fondos de Pensiones AFP Capital, cumplir a favor del recurrente con el pago de las obligaciones establecidas en el artículo 54 del DL 3500, activando el seguro de invalidez y sobrevivencia (SIS), regulado en los artículos 59 y 59 bis del referido decreto ley.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad archívese.

Redacción del Ministro Pedro Caro Romero.

Rol Corte 12.795-2022 Protección.