nombre reservado con MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL

C.A de Rancagua Rancagua, dos de marzo de dos mil veintidós.

VISTOS:

Con fecha 30 de noviembre del año 2021, comparecen nombre reservado y Héctor Ravello Brante, abogados, domiciliados en domicilio reservado, en favor de doña nombre reservado, cédula nacional de identidad Nº RUT reservado, deduciendo recurso de protección en contra de la I. MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL, representada legalmente por su alcalde Santiago Gárate Espinoza, ambos domiciliados en domicilio reservado, en razón de la actuación ilegal y arbitraria consistente en la dictación del Decreto Alcaldicio N°1436 de fecha 30 de septiembre de 2021 que dispuso la no renovación del nombramiento a contrata y el término del contrato de prestación de servicios personales a honorarios de la recurrente.

Señalan que con fecha 22 de abril de 2014, doña nombre reservado fue contratada bajo modalidad de prestación de servicios a honorarios y con fecha 2 de mayo de 2014, le otorgaron contrata grado 12°, rigiéndose por estatuto administrativo Municipal, ambas contrataciones para ejercer el cargo de asesora Jurídica de la Municipalidad de Mostazal, dependiente de Administración Municipal.

Agregan que desde mayo de 2014 hasta el mes de octubre de 2021, es decir, 7 años y 5 meses, la recurrente trabajó en dicha Municipalidad, tiempo en el cual se prorrogaron y modificaron tanto sus nombramientos a contrata como a honorarios, elevándose el grado de su nombramiento y sus remuneraciones en ambos contratos, ejerciendo funciones habituales en el departamento jurídico de la municipalidad recurrida.

Con fecha 6 de junio de 2020, se modifica su grado y cargo, aumentándose a grado 10° y asumiendo el cargo de Encargada de la Unidad Jurídica, mediante decreto alcaldicio N° 1325 de fecha 6 de junio de 2020.

Todos estos años ha marcado reloj control en la Municipalidad de Mostazal, cuya entrada era a las 8:30 horas y salida a las 18:00 hrs, con una hora de colación de 14:00 a 15:00 horas.

Precisan que en estos años que ha ejercido sus funciones en la Municipalidad, la actora ha tenido 2 embarazos, de los cuales en ambos contratos a honorarios se le han reconocido la protección a la maternidad y se le han respetado el derecho a amamantamiento, ingresando en ambos casos a las 09:30 hrs.

De esta manera, desde el año 2014 hasta septiembre de 2019 se le asignaron 11 horas a contrata y desde 2020 a octubre 2021 se aumentó la contrata a 22 horas, razón por lo que se debía complementar la jornada con un contrato a honorarios para dar cumplimiento a la jornada laboral, es decir, de 8:30 a 18: 00 horas, detallando cronológicamente cada uno de los decretos alcaldicios de nombramiento.

Señalan que, en todos los años que estuvo ejerciendo su profesión de abogada en la Unidad Jurídica de la Municipalidad de Mostazal, se ejercían las funciones del artículo 28 de la Ley 18.883, es decir, se realizaban la revisión y versación de decretos alcaldicios, redactar los informes requeridos por la Contraloría General de la República, asesorar directamente al Alcalde y a las diversas Unidades Municipales, revisión y análisis de bases administrativas, defensa en juicios Municipales, entre otras funciones.

Indican además que en el año 2014, nació el proyecto clínica jurídica, en el cual se atendía a las personas de la comunidad y se asumían patrocinios y poder para aquellos usuarios con bajo porcentaje en el Registro Social de Hogares, siempre autorizados por el alcalde, así tal como se indica en el inciso segundo del artículo 28 antes indicado.

Hacen presente que la Unidad jurídica no existe dentro de la planta Municipal, es decir, ni antes ni después de la modificación de la planta municipal. En este sentido, no se encuentra en el DFL 4 de fecha 5 de marzo de 2019, lo que significa que no existe el cargo de Director Jurídico y mucho menos una Dirección jurídica, sino solo una unidad que dependía de la administración municipal antes de la nueva ley de encasillamiento de la planta municipal y con la nueva modificación de las plantas Municipales, depende directamente del alcalde, esto, solo de acuerdo al organigrama municipal, para efecto de establecer solo un orden de las Unidades Municipales.

Detallan luego que las funciones como asesora jurídica, siempre fueron las mismas, y se mantuvieron en el tiempo, es decir casi 8 años. Dentro de estos años en que ejerció sus labores, la actora siempre mantuvo una hoja de vida intachable, sin anotaciones de demerito, es más, una anotación de mérito en el año 2017 en el subfactor de la calidad de la labor realizada.

En el transcurso del tiempo, perfeccionó sus conocimientos con capacitaciones que el mismo Municipio autorizaba y pagaba para realizarlos a través de los “cometidos funcionarios” y los actos administrativos correspondientes a los tratos directos. Asimismo, la actora invirtió precisamente para entregar una mejor labor al municipio, efectuando 3 diplomados en Derecho Administrativo y un Magíster en Derecho Público, mediando entre los años 2017 a 2020.

Agregan que al culminar el periodo alcaldicio del ex alcalde don Sergio Hernán Medel Acosta, esto es el 28 de junio de 2021, asume como nuevo alcalde don Santiago Garate Espinoza, a quien con fecha 25 de junio de 2021, es decir, 3 días antes de asumir la alcaldía, la actora le informa que debía conversar personalmente sobre una situación legal, quien le responde: “lo vemos el martes en la mañana”, es decir el día 29 de junio de 2021. Aquel día conversaron personalmente en presencia además de su abogada, Nicole Contreras y su ex secretaria Angelica Yáñez, informándole que en el periodo del alcalde Sergio Hernán Medel Acosta, se interpuso demanda de tutela laboral, por discriminación arbitraria en derechos de protección a la maternidad, tramitándose actualmente en causa RIT T-71-2021, ante el Tribunal del Trabajo de Rancagua, recibiendo su apoyo al comienzo de su mandato.

Señalan que con el paso del tiempo, el alcalde ya no solicitaba pronunciamientos a la Unidad jurídica, sino que todo se veía entre su “nuevo equipo de trabajo”, efectuando decretos alcaldicios y nombramientos, sin previo pronunciamiento jurídico. En ese contexto, en dos oportunidades y en su calidad funcionaria, la actora hizo ver mediante correos electrónicos, que los pronunciamientos jurídicos deben solicitarse con anterioridad a realizar el acto administrativo y no con posterioridad, provocando un desequilibrio en los actos administrativos, pudiendo evitarse errores que finalmente pueden desencadenar afectación a terceros o a los mismos funcionarios.

Expresan que, el trabajo y honestidad de la recurrente no le agradaron al alcalde, ya que su labor más que, una colaboración a su gestión lo veía como un impedimento a su gestión, y en ese sentido estaría absolutamente equivocado, puesto que lo único que siempre se buscaba era “cubrir sus espaldas”, así textualmente como él se lo pidió una semana antes de asumir la alcaldía, a lo que la actora respondió “por supuesto, aunque mis respuestas no le gusten, ya que cuando algo legalmente no se puede hacer, es porque no se puede hacer”, a lo cual le manifestó “eso es lo que quiero” y le dio un abrazo.

Que, en la causa de tutela laboral antes mencionada, la abogada defensora de la Municipalidad es precisamente doña Nicole Contreras, la cual ejerce funciones como abogada del alcalde, cuyo nombramiento no fue consultado a la Unidad jurídica, sin embargo se les mencionó verbalmente que de conformidad la artículo 28 de la ley 18.883, la unidad jurídica es la encargada de prestar apoyo en materias legales al alcalde y al concejo, por lo tanto se puede presumir que la colega Nicole Contreras pertenecía a la unidad jurídica, y en ese sentido, debió abstenerse de defender la causa de tutela laboral por ser colega de labores, sin embargo no lo hizo y prosiguió en defensa de la Municipalidad. Lamentablemente a partir de ello, la situación entre la alcaldía y el nuevo equipo municipal se fue tornando muy hostil hacia la recurrente, y al equipo de abogados que estaban en ese entonces, ya que se redujo notablemente la cantidad de trabajo, es decir, ya no ingresaban la misma cantidad de decretos alcaldicios, solicitud de pronunciamientos jurídicos desde la alcaldía, reuniones, entre otros, sino que solo se atendían usuarios.

Mencionan que el día 30 de septiembre de 2021, el alcalde Santiago Garate Espinoza, a través del secretario Municipal, don nombre reservado, notifica carta en la cual se dispuso la no renovación del contrato de prestación de servicios a honorarios y contrata profesional de 22 horas, grado 10, de la recurrente de conformidad a los antecedentes de hecho y derecho que se exponen en el decreto alcaldicio N° 1264/SIAPER de fecha 3 de septiembre de 2021.

Que, posterior a la notificación, con fecha 6 de octubre de 2021, el alcalde Santiago Garate remite correo electrónico en el cual se solicita el “Traspaso y derivación trabajos oficina de asesoría jurídica”, impartiendo las órdenes para hacer entrega, esto solo por correo, sin tener reunión o lineamientos previos a la entrega. Es decir, el alcalde jamás converso personalmente con los abogados de la unidad y menos con la actora para hacer más expedita la entrega de traspaso, sino solo dirigiéndose por correo electrónico, cuya primera entrega se efectuó el día 18 de octubre de 2021, por el mismo medio electrónico, adjuntando las planillas solicitadas, las cuales no fueron observadas y mucho menos se aludió a incumplimiento por parte del alcalde.

Agregan que, dos días después de haber cumplido con la primera entrega, el día 8 de octubre de 2021, el alcalde Santiago Gárate, remite correo electrónico, señalando: “atendido a los reiterados reclamos de acongojados usuarios de la clínica jurídica por negativa de los abogados a brindarles atención, se les reitera respetuosamente solicitud de dar continuidad al servicio de la clínica según lo informado”.

Al respecto, cabe señalar que el correo enviado por el alcalde, claramente nota una animosidad en contra de los abogados de la unidad jurídica y especialmente hacia la recurrente, puesto que como consta en los documentos que se adjunta, es decir, cartas de felicitaciones de usuarios por la atención brindada y la certificación del Secretario Municipal que indica que no han existido reclamos tanto por oficina de partes como la oficina de informaciones y reclamos (OIRS) que son de su dependencia, CERTIFICANDO QUE SOLO EXISTEN FELICITACIONES, haciéndole ver al alcalde a través de nuestra respuesta a su correo electrónico que lo único que demuestra su correo con presuntos reclamos es su hostigamiento y animosidad en contra de la recurrente y de los colegas.

Señalan que con el paso de los días, dos abogados de la Unidad jurídica no asistieron a trabajar por encontrarse con licencia médica a raíz precisamente de los hostigamientos por parte de la administración, quedándose la recurrente y otra abogada y una procuradora, debiendo asumir la conducción de todo lo pendiente que quedaba para realizar la última entrega el día 28 de octubre de 2021, cuyo maratónico trabajo fue bien ejercido por ambas funcionarias.

Que, el día 28 de octubre fue realizada la última entrega del traspaso de la unidad jurídica, al que fue remitida de forma actualizada al alcalde con copia a la abogada Nicol Contreras, no haciendo observación alguna respecto de lo entregado, solo se conversó personalmente con la abogada antes indicada para efectos comentar que los renuncia a los patrocinios y poder y revoca al patrocinio y poder estaban efectuados y que se encontraban en su carpeta respectiva, sin efectuar reclamo alguno.

Expresan que la recurrente realizó sus trabajos hasta el último día, haciendo entrega de forma correcta y como corresponde al Alcalde.

Mencionan que, con fecha 30 de septiembre de 2021, la actora fue notificada del término de la contrata y del contrato a honorarios complementario, mediante la entrega del Decreto Alcaldicio N°1436, de la misma fecha, mediante el cual fue decretado:

“1.-DISPONGASE LA NO RENOVACION de la contrata de doña nombre reservado rut RUT reservado en el grado 10º del Escalafón profesional, por 22 horas semanales, como encargada de la Oficina de Asesoría jurídica, cargo de exclusiva confianza del Alcalde, debiendo la funcionaria ejercer su cargo hasta el 31 de octubre de 2021.

2.-DISPONGASE, el término del contrato de prestación de servicios personales a honorarios de 27 de septiembre de 2021 de doña nombre reservado rut RUT reservado, aprobado por el decreto alcaldicio Nº1406/SIAPER de 28 de septiembre de 2021, por vencimiento del plazo convenido en el contrato, de acuerdo a lo expresado en el cuerpo del presente acto administrativo, a contar del 01 de noviembre de 2021.

3.-NOTIFÍQUESE del presente acto administrativo personalmente, o en el domicilio en el domicilio registrado por doña nombre reservado, por el secretario municipal.

Añaden que la Ilustre Municipalidad de Mostazal, dispuso la no renovación de la contrata y el respectivo contrato a honorarios, por considerar que su cargo es de exclusiva confianza del Alcalde, a su juicio. Lo que no concurre en la especie, tal como se verá más adelante.

Señalan que sin embargo, lo señalado en dicho acto corresponde a fundamentos genéricos, constituyendo además un acto discriminatorio, arbitrario e ilegal, desde que la Municipalidad no ha dispuesto el término anticipado de las contratas de otros funcionarios que se desempeñan bajo la dicha modalidad y, aún más, ha dispuesto la contratación de nuevos funcionarios a contrata.

Agregan que el acto ilegal y arbitrario corresponde al Decreto Alcaldicio N°1436 de fecha 30 de septiembre de 2021, cuyos efectos comenzaron a producirse a partir del 01 de noviembre de 2021, mediante el cual fue decretado la no renovación de la contrata y respectivo contrato a honorarios de doña nombre reservado.

Mencionan que, en cuanto a la ilegalidad del acto, en materia de contratación y término de la relación estatutaria que mantienen los funcionarios municipales, éstas deben sujetar su actuar a la ley, en forma estricta, tal cual fluye claramente del dispuesto en la Constitución Política de la República y la Ley N°18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración de acuerdo a los principios de legalidad y competencia.

Por otro lado, señalan que la Municipalidad ha actuado sin sujeción a la ley, al haber ordenado la no renovación de la contrata y del respectivo contrato a honorarios sin que existiera norma alguna que así lo autorizara o dispusiera, transcurridos más de 8 años de vigencia de los mismos.

En efecto, según dispone el inciso 3° del artículo 2° de le ley N°18.883, “los empleos a contrata durarán, como máximo, hasta el 31 de diciembre de cada año y los empleados que los sirvan cesarán en sus funciones en esa fecha, por el solo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido dispuesta la prórroga con treinta días de anticipación, a lo menos”. En otras palabras, la ley otorga al alcalde la facultad de determinar el plazo máximo de vigencia de la designación, y de decidir la prórroga de la misma. Sin embargo, ni la referida norma u otra otorgan la prerrogativa de disponer la no renovación de la contrata, menos con 30 días de anticipación a su vencimiento.

Expresan que, en el mencionado Decreto Alcaldicio N°1436, la recurrida fundamenta en forma vaga e imprecisa la no renovación de la contrata y del respectivo contrato a honorarios, toda vez que erróneamente establece que el cargo de la actora es de exclusiva confianza del Alcalde.

Detallan asimismo que la Dirección de Asesoría Jurídica no existe dentro de la Planta Municipal, lo que significa que no existe el cargo de Director Jurídico y mucho menos de una Dirección Jurídica sino solo una unidad que dependía de la administración municipal antes de la nueva ley de encasillamiento de la planta municipal y con la nueva modificación delas plantas Municipales, depende directamente del Alcalde, esto, solo de acuerdo al organigrama municipal, para efectos de establecer solo un orden de las Unidades Municipales.

Agregan que el argumento esgrimido fundado en el artículo 47 de la Ley Orgánica Constitucional 18.695 cae por sí solo pues se refiere exclusivamente a las personas que sean designadas como titulares en los cargos, dentro de los cuales se considera a la Dirección de Asesoría Jurídica. En otras palabras, para que cobre validez dicho artículo, la actora necesariamente debiera estar nombrada como Directora de Asesoría Jurídica, en planta municipal de confianza; jamás en modalidad a contrata y menos a honorarios.

Argumenta que la contrata fue prorrogada en reiteradas oportunidades bajo la frase “y mientras sean necesarios sus servicios”, lo cual no se condice con los fundamentos que el acto vulneratorio pretende esgrimir a efectos de fundamentar la decisión ilegal y arbitraria.

Reitera que la actora ejerció sus funciones por más de 8 años, mediante las constantes prórrogas de sus contratas y contratos de honorarios y se le expulsa de sus funciones sin mediar un proceso administrativo que determine su responsabilidad, tampoco medió un proceso de calificación deficiente que habilitara su salida del servicio municipal.

Denuncia que con el actuar de la Municipalidad de San Francisco de Mostazal se han vulnerado la garantía constitucional establecida en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, esto es, igualdad ante la ley.

Reiteran que la recurrida no ha dispuesto la no renovación a las contratas y contratos a honorarios de todos los demás funcionarios que bajo dicha modalidad se desempeñan para la Municipalidad.

Que, junto con lo anterior, igualmente resulta evidente la vulneración a la garantía de la igualdad ante la ley sufrida por doña nombre reservado, en cuanto la recurrida ha realizado la contratación de nuevos funcionarios a contrata.

Que, tal comportamiento, sin duda alguna corresponde a un actuar ilegal y arbitrario, que vulnera la garantía de igualdad ante la ley y que no se encuentra justificado de ninguna manera en el decreto alcaldicio que determina el término anticipado de la contrata de la actora, acto que, por lo demás, no justifica de ninguna manera su actuar arbitrariamente discriminatorio.

Señalan que, igualmente, según su argumento central deviene en vago e impreciso pues no se logra determinar porqué de forma repentina e intempestiva, los servicios de una funcionaria bien evaluada e idónea para el cumplimiento de las funciones requeridas, dejan de ser requeridos por una presunta falta de confianza, sin quedar clara la justificación o motivación de la decisión conforme a los estándares que exige el principio de igualdad y de motivación que debe reunir todo acto administrativo, en especial, aquel que conculca garantías fundamentales de los funcionarios públicos. De este modo, la resolución impugnada carece de motivación, por lo que el término intempestivo de la contrata decretado por la Municipalidad deviene en arbitrario e ilegalmente discriminatorio.

Agregan que la actora se encontraba haciendo uso del Derecho de amamantamiento y derecho a sala cuna al momento en que dispuso el término de sus servicios. Del mismo modo, al momento en que se dispuso el término de los servicios, se encontraba vigente y en estado de citación a audiencia de juicio la causa por Tutela de derechos fundamentales ante el Juzgado del Trabajo respectivo, causa que se tramita bajo el RIT T-71-2021, lo que ahonda más aún en la discriminación alegada por la actora.

Mencionan que cabe recordar que el artículo 11 de la ley N°19.880, cuya aplicación es supletoria a la Ley N°18.883, trata sobre el principio de imparcialidad de los actos de la administración, disponiendo en su inciso 2° que los “los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio”. El Decreto Alcaldicio N°1436, objeto del presente recurso, transgrede la citada norma, al carecer de los fundamentos de hecho y de derecho que permiten comprobar la imparcialidad de la medida adoptada.

Que, por otra parte, el actuar ilegal y arbitrario de la recurrida, lesiona la garantía constitucional establecida en el N°24 del artículo 19 de la Constitución, en concreto, el derecho de propiedad sobre el derecho a la estabilidad en el empleo, así como a la continuidad de los servicios y sobre las remuneraciones propias del cargo, cosa incorporal sobre la cual igualmente existe propiedad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 583 del Código Civil.

Que, justamente, en virtud de lo establecido en el artículo 87 de la ley N°18.883, así como en el artículo 48 de la ley N°18.575, los funcionarios municipales gozan de la estabilidad en el empleo.

La afectación se produjo por la cesación ilegal y arbitraria de las funciones, dispuesta por la recurrida en virtud del acto impugnado, que ordenó la no renovación de la contrata y el respectivo contrato a honoraros de la actora, en circunstancias que tal decisión no se encuentra entregada a la discrecionalidad de la Municipalidad, sino que a la determinación de la ley, en virtud de lo dispuesto en los artículos ya señalados.

Señalan que cabe tener presente igualmente lo señalado por la Contraloría General de la República que ha determinado en un sinnúmero de dictámenes -entre ellos el Dictamen N°85.700, de fecha 28 de noviembre de 2016- que asiste al funcionario municipal la confianza legítima de que la práctica de la renovación o prórroga de su contrata será reiterada a futuro, cuando la extensión de dicha práctica alcanza más de dos años.

Que, en los hechos, asiste a doña nombre reservado la legitima confianza de que el actuar de la Municipalidad se reiterará y mantendrá en el tiempo, tanto respecto de la renovación o prórroga de la contrata para un nuevo periodo, así como respecto de la mantención de la misma durante el actual periodo. Ello, desde que su contratación ha sido prorrogada en sucesivas oportunidades, mediante los decretos alcaldicios de prórroga ya mencionados en este escrito, sosteniéndose de manera ininterrumpida la contratación de la funcionaria por más de 8 años.

Señala que la Contraloría General de la República se ha pronunciado al respecto en los dictámenes N°85.700 y N°31076.

Es así, que el referido Dictamen explicíta que en cuanto a la motivación del acto administrativo que dispone la no renovación de un funcionario a contrata, debe señalar para prescindir de las labores de un funcionario, en la medida que se encuentre suficientemente acreditado mediante la cita de los antecedentes que respaldan esa decisión, como por ejemplo estudios o informes, entre otros, una deficiente evaluación del servidor, ya sea por la calificación regular y periódica u otra evaluación particular sobre hechos o periodos no comprendidos en la calificación, cuestión que no se ha cumplido en la especie, por cuanto siempre ha sido calificado de manera sobresaliente.

Solicitan que, en definitiva, se declare ilegal y/o arbitrario el Decreto Alcaldicio N°1436, de fecha 30 de septiembre de 2021, de la Ilustre Municipalidad de Mostazal, dejando sin efecto el mismo, ordenando el reintegro de doña nombre reservado a sus funciones u otro departamento o repartición que reconozca el grado y el pago de aquellas remuneraciones que se devenguen en el tiempo intermedio, con expresa condena en costas.

Adjuntó como documentos copia del Decreto Alcaldicio N°1436 de fecha 30 de septiembre de 2021, antecedentes relativos a los nombramientos, hoja de vida funcionaria, capacitaciones, certificación de felicitaciones, cadenas de correos electrónicos, copia de acta de audiencia en causa rit T-71-2021, certificados de diplomados.

Que informando la recurrida con fecha 03 de enero de 2022, alegó primeramente la incompetencia, señalando que lo solicitado por la recurrente sería propio de un recurso especial, como lo es el reclamo de ilegalidad regulado en el artículo 151 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades o de una acción de nulidad de derecho público en sede civil o, de una tutela laboral.

Que, en cuanto al fondo de la acción deducida, solicita su total rechazo. Señala que la recurrente fue nombrada en calidad de contrata grado 10 profesional, por 22 horas semanales a fin de desempeñarse como encargada de la unidad jurídica, mediante Decreto Alcaldicio N°1939/SIAPER de fecha 01 de octubre de 2019, el que fue posteriormente prorrogado en iguales términos, por última vez, el día 03 de septiembre de 2021, mediante Decreto Alcaldicio N°1264/SIAPER, siendo el mismo modificado posteriormente, precisamente en virtud de un punto que afecta a la recurrente, toda vez que por instrucción de ella, sin mediar aprobación de la administradora municipal ni del alcalde, la recurrente modificó las funciones contenidas en el decreto que dispuso su contrata, señalándose ahora que ella sería “Abogada Asesoría Jurídica dependiente de Alcaldía”, en circunstancias que su función era la de “Encargada de la Oficina de Asesoría Jurídica, dependiente de Alcaldía”, situación que se generó sin mediar decisión alguna de la autoridad en ese sentido, actuar de la recurrida que sin duda reviste la gravedad suficiente para vulnerar el ejercicio leal de la función pública, lo que constituye por sí solo razón suficiente para la pérdida de confianza de la autoridad, todo lo que –ex post- es posible interpretarlo como un intento, por parte de doña nombre reservado, de preparar la acción interpuesta en el caso de autos. A modo de ejemplo, luego de realizar el mencionado cambio de funciones, comenzó a negarse a firmar conformes de pago de los otros abogados de la unidad jurídica, en su calidad de encargada, tal cual había realizado siempre, dándose además a la tarea de divulgar por todo medio y acción posible, al interior de la municipalidad, el hecho de no ser ella encargada de unidad alguna.

Que, en paralelo, la recurrente también prestó servicios a honorarios en esta municipalidad.

Señala en su informe, que, en lo que se refiere a la no renovación de un contrato a honorarios, la Contraloría General de la República, ha señalado que la entidad edilicia no está obligada a disponer la prórroga de los servicios con posterioridad a la data estipulada de vigencia del contrato, incluso en el caso del Dictamen Nº 56.350 de 2016 en que señaló que ni siquiera es procedente argumentar en contrario en base a un posible fuero maternal (aplicó dictámenes N°s. 30.758, de 2014 y 23.332, de 2015), por lo que esta parte no es capaz siquiera de vislumbrar como pudo una decisión de la municipalidad de Mostazal, dictada dentro de sus facultades legales, en lo que se refiere a la no renovación de un contrato de prestación de servicios a honorarios, afectar las garantías constitucionales de la recurrida en cuanto a la igualdad ante la ley, el debido proceso ni la de ser admitido en funciones públicas sin requisitos arbitrarios.

Que, por último, se debe tener presente que es facultad de la Administración activa determinar, respecto de cada contratación, el nivel, lapso de desempeño y la dependencia de trabajo, por lo que, en virtud de dicha atribución, puede alterar las condiciones de un contrato anterior, clasificando al servidor de que se trate en un nivel superior o inferior, teniendo en cuenta para tales efectos, entre otros aspectos, los antecedentes de experiencia y capacitación, sin que ello, por cierto, constituya una obligación para dicha autoridad o pueda entenderse que obedece a la existencia de una carrera funcionaria para dichos empleados (aplica criterio contenido en los dictámenes N°s. 60.706, de 2012, y 60.353. de 2013).

Agrega, que el acto administrativo ha sido dictado conforme a las normas de derecho que rigen en nuestro país, la validez del mismo se presume, no obstante, se encuentra justificado según lo expuesto y la contraparte deberá acreditar lo contrario si lo controvierte.

Que, la recurrente no señala con claridad cómo sería ilegal y arbitrario el acto impugnado, ni mucho menos indica cuáles serían los fundamentos de dicha ilegalidad y arbitrariedad.

Asimismo, señala que en relación a la Ilegalidad, cabe mencionar que todas las normas legales citadas y los antecedentes fácticos y probatorios, especialmente el Dictamen N° 1929, de 26 de marzo de 2020, dan cuenta que, en la dictación del acto administrativo impugnado, la municipalidad ha actuado dentro de la esfera de sus atribuciones, aplicando facultades y potestades que la propia ley le confiere, respetando los parámetros establecidos de un debido proceso, racional y justo en el sumario administrativo seguido contra el recurrente.

Por otra parte, y sin perjuicio de que la recurrente no señala como se manifestaría la arbitrariedad en el acto administrativo impugnado, el sustento fáctico y normativo de este, da cuenta que bajo ningún supuesto la municipalidad ha actuado con arbitrariedad. El municipio no ha procedido en el caso de marras por simple voluntad o por capricho, sino que lo ha hecho en cumplimiento de una potestad legal.

Que, según Dictamen Nº 6867 de Contraloría General de la República, de 25 de Marzo de 2020, tanto el artículo 11 del decreto ley N° 3.529, de 1980, como el artículo 7°, letra a), de la ley N° 18.834, disponen que serán cargos de la exclusiva confianza del Presidente de la República o de la autoridad facultada para efectuar el nombramiento, entre otros, los cargos de la planta de la Presidencia de la República y, en ese contexto, cumple con agregar que, si bien la preceptiva recién reseñada no califica a los empleos a contrata de la Presidencia de la República como de exclusiva confianza, ello resulta innecesario pues, tal como la regula el Estatuto Administrativo, la exclusiva confianza es el medio jurídico dispuesto por el legislador para hacer excepción a la carrera funcionaria, derecho este último del cual también carecen quienes se desempeñan a contrata y, así, no resulta lógico que quienes se desempeñan a contrata en un servicio en que todos quienes ocupan un cargo de la planta poseen la condición de exclusiva confianza, tengan mayor estabilidad laboral que estos últimos o, por lo menos, que para poner término anticipado a la vinculación con los primeros la autoridad deba elevar el estándar de fundamentación que se exige para pedirles la renuncia no voluntaria a los titulares, conforme ha sido sostenido en los dictámenes Nos 13.734 y 16.585, de 2019, del mismo origen. De esta manera, en la especie, la misma fundamentación basada en la pérdida de confianza que puede invocarse para solicitarle la renuncia a un empleado titular, debe servir para justificar el término anticipado de una contrata asimilada a ese cargo.

Agrega que según lo señalado precedentemente por la Contraloría General de la República y, en aplicación del artículo 47 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, el que preceptúa “Tendrán la calidad de funcionarios de exclusiva confianza del alcalde, las personas que sean designadas como titulares en los cargos de secretario comunal de planificación, y en aquellos que impliquen dirigir las unidades de asesoría jurídica, de salud y educación y demás incorporados a su gestión, y de desarrollo comunitario.”, en el caso sublite, a pesar de encontrarse nombrada en calidad de contrata, es sin duda el cargo de encargada de unidad jurídica uno de aquellos que la ley expresamente califica como de exclusiva confianza del alcalde. Que, además, y en subsidio de lo anterior, en la especie, fueron todos los abogados y abogadas de la unidad jurídica a quienes no se les renovaron sus respectivas contratas, por lo que esta parte no vislumbra como puede existir una vulneración de la garantía de igualdad ante la ley, toda vez que no es lógico que la recurrente se compare con otros funcionarios de distintas profesiones y estamentos, entre los cuales, por supuesto, hay casos en que se renovó sus respectivas contratas, siendo lo adecuado cotejarse con los abogados de la unidad jurídica, los cuales fueron todos y sin excepción cesados en sus funciones, no existiendo así vulneración al principio de igualdad ante la ley.

Señala que respecto a una supuesta vulneración de la garantía constitucional de propiedad sobre un bien inmaterial que la recurrente señala se trataría del “derecho a la estabilidad en el empleo, así como a la continuidad de los servicios y sobre las remuneraciones propias del cargo”, de acuerdo al Dictamen Nº 74457 de Contraloría General de la República, de 5 de febrero de 2021, los funcionarios que integran la planta de personal deben poseer la mayor estabilidad en sus cargos -sin perjuicio de la situación excepcional de quienes son de exclusiva confianza-, condición que solo le proporciona el carácter indefinido de la pertinente contratación. Lo anterior, puesto que las contrataciones de plazo fijo, por su naturaleza temporal, no otorgan la estabilidad que es propia de los cargos de planta, no siendo así efectivo que la recurrente cuente con la propiedad de un derecho inmaterial a la estabilidad en el empleo, toda vez que, y sin perjuicio de otros argumentos, la ex funcionaria municipal no poseía cargo de planta alguno, requisito sine qua non para que opere la situación que ella argumenta.

Acompaña Decreto Alcaldicio N°1406/SIAPER de fecha 28 de septiembre de 2021; Decreto Alcaldicio N°1264/SIAPER de fecha 03 de septiembre de 2021 y Decreto Alcaldicio N°1436/SIAPER de fecha 30 de septiembre de 2021.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección establecido en el artículo 20 de nuestra Carta Fundamental, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben estimar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, dificulte o amague ese ejercicio.

SEGUNDO: Que tocante a la incompetencia alegada por la recurrida, fundada en que lo solicitado por la actora seria propio de un recurso especial, como lo es el reclamo de ilegalidad regulado en el artículo 151 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, o una nulidad de derecho público o una tutela laboral, cabe tener presente que la petición de la recurrente se sustenta en su calidad de funcionaria a contrata de la I. Municipalidad de San Francisco de Mostazal, vínculo que se inicia el año 2014 y que ha sido renovado en diversas oportunidades, estimando beneficiarle, por lo mismo, el principio de la confianza legítima, circunstancia fáctica que resulta suficiente para acudir a esta judicatura a fin de obtener un pronunciamiento relativo a la procedencia de la protección que se solicita, en particular, considerando el propio tenor de lo preceptuado en el artículo 20 inciso 1° de la Constitución Política de la República que faculta a cualquier persona para interponer el presente recurso ante la Corte de Apelaciones respectiva, sin perjuicio “de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.”

De lo anterior se advierte que el recurso de protección resulta totalmente compatible con el ejercicio de cualquier otra acción jurisdiccional y administrativa dirigida a enervar los efectos nocivos de un acto ilegal o arbitrario, compatibilidad que, por su carácter constitucional, prevalece respecto de cualquier intento de limitar el ejercicio de la presente acción cautelar, destinada a obtener tutela judicial efectiva, rápida y eficaz, ante actos u omisiones que afecten el ejercicio legítimo de precisos y determinados derechos constitucionales.

Conforme lo anterior, la alegación de incompetencia efectuada por la recurrida, será desestimada.

TERCERO: Que, el acto impugnado por la recurrente, es el Decreto Alcaldicio N° 1436, de fecha 30 de septiembre de 2021, de la Municipalidad de San Francisco de Mostazal, en la parte que dispone la no renovación de su vinculación laboral, por tratarse de una desvinculación ilegal y arbitraria, sin expresión de motivos específicos y que contraviene el principio de la confianza legítima.

CUARTO: Que, como consta de los antecedentes aportados a la presente causa, la recurrente se encontraba vinculada a la recurrida Municipalidad de San Francisco de Mostazal, en virtud de dos estatutos jurídicos diversos, esto es una contratación a título de honorarios y otra a contrata.

QUINTO: Que, en lo que dice relación a la vinculación a honorarios entre la actora y la recurrida, es necesario tener en consideración que el artículo 4 inciso 3° de la Ley 18.883 sobre Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales dispone: "Las personas contratadas a honorarios se regirán por las reglas que establezca el respectivo contrato y no les serán aplicables las disposiciones de este Estatuto”.

En razón de lo indicado, y teniendo presente que la circunstancia de existir contrataciones a honorarios paralelas al vínculo a contrata previamente referido, no tiene influencia alguna en lo antes señalado, por cuanto, de acuerdo al desarrollo de la doctrina de la confianza legítima, ésta sólo aplica para las vinculaciones a contrata -o contrataciones similares, aun cuando no tengan la misma denominación- y no para los contratos a honorarios.

De acuerdo a lo anterior, sólo procede el análisis relativo al término de la vinculación a contrata que mantenía el actor.

SEXTO: Que tocante a la contrata, es necesario recordar que el empleo a contrata, en efecto, es esencialmente transitorio, es decir, de duración limitada en el tiempo. En efecto, la Ley 18.834 sobre Estatuto Administrativo, en su artículo 3°, luego de definir la planta del personal de un servicio público como el conjunto de cargos permanentes asignados por la ley a cada institución, al tratar los empleos a contrata señala que son aquellos de carácter transitorio que se consultan en la dotación de una institución.

Enseguida, el mismo texto legal determina en su artículo 10, en relación con la permanencia de esta última clase de cargos, que los empleos a contrata durarán, como máximo, hasta el 31 de diciembre de cada año y quienes los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha por el solo ministerio de la ley. Figura que lleva implícita la facultad de la autoridad para poner término a las funciones del empleado a contrata incluso antes de la fecha recién indicada. Luego, ante tal prerrogativa que ostenta la autoridad administrativa, la misma debe realizarse a través de un acto fundado, que exprese los motivos fácticos que se tuvieron en cuenta para la adopción de la decisión, indicando los antecedentes de hecho y derecho en que se sustenta.

SEPTIMO: Que por su parte el principio de “confianza legítima”, que ha ido desarrollándose tanto en la jurisprudencia administrativa a partir del Dictamen N° 85.700, de 28 de noviembre de 2016 de la Contraloría General de la República, como de los Tribunales Superiores de Justicia, constituye en la actualidad un verdadero axioma, con raíces que se remontan al tratamiento legislativo general de los vínculos del mundo laboral. El cual supone que, si una relación de trabajo a contrata se renueva reiteradamente, genera en el funcionario la legítima expectativa de continuidad, transformando, por decisión de los órganos de la administración, en indefinida una relación que en abstracto debía ser tenida como transitoria.

OCTAVO: Que, de esta manera, la desvinculación de un funcionario que se encuentre en estas circunstancias requiere, entre otras exigencias, que hubiere ejercido el cargo público en las condiciones alegadas, por un período continuo de a lo menos 2 renovaciones y que el acto que dispone tal medida esté dotado de la motivación y fundamento suficiente que permita vencer la expectativa de continuidad antes mencionada.

NOVENO: Que, al respecto, de las resoluciones que conforman la decisión impugnada de no renovar la contrata, aparecen esgrimidos como motivos: “Que durante la vigencia de su último nombramiento y contrato a honorarios, la funcionaria ha demostrado desinterés y falta de compromiso para con sus labores como encargada de la Oficina de Asesoría Jurídica, cargo de exclusiva confianza del Alcalde, lo que ha llevado a la máxima autoridad comunal a la pérdida de ésta.

En efecto, luego de un exhaustivo estudio de la situación actual de todas las unidades municipales incluida la Oficina de Asesoría Jurídica, se ha determinado que es necesaria una total reestructuración de dicha Unidad, toda vez que ésta presenta considerables retrasos en la redacción y visado de los actos administrativos municipales, lo que da cuenta de una deficiente dirección de la funcionaria encargada de la Oficina de Asesoría Jurídica, motivo suficiente por el cual ya no cuenta con la confianza necesaria para estar a cargo de dicha unidad.

Que, a mayor ahondamiento y solamente a modo de ejemplo, se puede señalar que la funcionaria aludida ha tardado más de seis semanas en coordinarse con la unidad que tiene a su cargo para la revisión de las bases técnicas y administrativas de la licitación "Servicio De Mantención De Áreas Verdes y Centros Deportivos De La Comuna", habiéndosele enviado éstas con fecha 06 de agosto de 2021 para su revisión, advirtiéndosele por el Jefe de Aseo y Ornato de la Municipalidad que al momento de licitar aquellas bases en el mes de mayo de 2021 se había presentado un reclamo de ilegalidad, por no haberse ajustado dichas bases a la normativa legal y reglamentaria que rigen los procedimientos de contratación, solicitando una urgente revisión para dar corrección a la problemática presentada y su visación”.

DECIMO: Que, como se puede advertir entonces, amén del largo tiempo en las mismas funciones a que ya se hizo referencia, la decisión impugnada se sustenta únicamente en una apreciación parcial de su desempeño, que no contempla razonamientos objetivos, esto es, simplemente en la observación subjetiva de cierto desgano, el retraso en la visación de resoluciones, sin especificar cuales, o los defectos en una licitación sin dar cuenta nunca acerca de un procedimiento debidamente sustanciado con el objeto de aplicar algún tipo de sanción a la protegida, teniendo presente el extenso tiempo en el que la actora prestó servicios para la Administración, sin que se haya demostrado la objetividad y efectividad de las afirmaciones contenidas en la resolución recurrida; elemento que desde ya hace que la decisión impugnada carezca de un fundamento objetivo que permita justificar adecuadamente la determinación de no renovar el vínculo funcionario, lo que la torna entonces, en arbitraria.

UNDECIMO: Que en tal sentido entonces, si el acto recurrido carece de la fundamentación necesaria exigida por la normativa que rige las actuaciones de los órganos de la administración del Estado, ello implica necesariamente que tampoco se ha generado el acto administrativo debidamente fundado que disponga la no renovación de la contrata del funcionario afectado y que, conforme a los criterios establecidos por la Contraloría General de la República, haya sido emitido y notificado con la debida antelación al funcionario afectado por la decisión, por lo que le asiste la legítima expectativa de ver prorrogado su vínculo contractual con el ente administrativo en el cual se desempeña continuamente.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

I.- Que se rechaza la alegación de incompetencia deducida por la recurrida al momento de evacuar su informe.

II.- Que se acoge, sin costas, el recurso interpuesto por nombre reservado, en contra de la Municipalidad de San Francisco de Mostazal, sólo en cuanto, se ordena dejar sin efecto la Resolución exenta N° 1436, de 30 de septiembre de 2021, en su parte que disponía el término del empleo a contrata de la recurrente debiéndose dictar los actos administrativos que correspondan para renovar ésta última a la funcionaria con expresa continuidad de sus remuneraciones computadas desde el momento en que se produjo la separación hasta su efectiva reincorporación, en las mismas condiciones en las aquella se desempeñaba al momento de ser desvinculada, por constituir estas últimas las medidas necesarias de resguardo que restablecen el imperio del derecho y aseguran la protección del afectado.

Acordado lo anterior con el voto en contra de la abogado integrante Sra. Maria Lutfie Latife quien estuvo por rechazar el presente recurso, por estimar que la resolución que se pretende impugnar por esta vía, se encuentra justificada y fundada. En efecto, aquella describe con detalle las situaciones puntuales que motivaron la decisión respecto de la recurrente, haciendo referencia a su desinterés y falta de compromiso en el ejercicio de su oficio, dándose con ello cumplimiento por parte de la administración a los requisitos que se le imponen para proceder a la desvinculación de un funcionario cuando haya existido confianza legítima, hechos que en su generalidad no han sido controvertidos por la recurrente.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N° Protección- 12.754-2021