INGENIERIA Y CONSTRUCCION FENIX LTDA con TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

C.A. de Rancagua Rancagua, veintiocho de marzo de dos mil veintidós.

VISTOS:

1. Comparece don nombre reservado, chileno, cédula nacional de identidad número RUT reservado, en representación de la sociedad “Ingeniería y Construcción Fénix Limitada”, representado a su vez por su abogado don Mario Barrientos Ossa, quien viene en presentar recurso de protección de conformidad a lo establecido en el artículo 20 de la Constitución política de la República, en contra de la Tesorería General de la República, representada por su Directora Regional Tesorera Sexta Región, doña nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado.

Expone que su representada es una sociedad del giro de ingeniería y de la construcción que presta servicios a empresas especialmente del área de la minería, tales como Codelco y otros. Señala, que debido a los disturbios sociales que se produjeron a fines del año 2019, tuvo una baja de ventas e ingresos, lo que generó que se viera forzada a adeudar obligaciones tributarias. Explica, que ante la estrechez de caja, priorizó el pago a sus trabajadores frente a otros acreedores de la empresa, concluye señalando que lo expuesto es de pública notoriedad, por lo que no se requiere mayor prueba en este punto.

Arguye, que ante la situación, el Gobierno y los poderes colegisladores dictaron normas especiales de emergencia para ir en apoyo de micro, pequeña y mediana empresa (MIPYME). En este contexto, explica que su representada celebró con la Tesorería Regional un convenio especial para el pago de las obligaciones tributarias adeudadas, acogiéndose al D.S. Nº 611, de Hacienda, de 24 de abril del año 2021 que “Otorga facultades en materias de índole tributaria a los organismos que indica, para apoyar a las familias y a las micro, pequeña y mediana empresa”. El convenio fue aprobado por resolución N° 240, del 20 de mayo de 2021, de la Tesorería Regional de Rancagua.

Recalca que el convenio especial de pago se celebró sin objeciones y su representada fue reconocida por la Tesorería Regional como empresa mediana, lo que hizo posible que pudiera acogerse al decreto mencionado, que preveía una condonación del 70% de los reajustes e intereses, así como otorgamiento de plazos especiales para enterar el pago.

Explica, que con posterioridad, el SII emitió nuevos giros a su representada, por obligaciones tributarias que no fueron consideradas en el convenio antes precisado, obligaciones que no se encontraban en condiciones de pagar, decidiendo, en definitiva, acogerse nuevamente a un convenio especial de pago.

El 21 de junio del año 2021, se publicó la ley Nº 21.353, que “Establece nuevas medidas tributarias para apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas, por la crisis generada por la enfermedad COVID-19”, respecto de la cual, el recurrente explica que es idéntica al Decreto Supremo 611, antes citado y que incluso, en el precepto legal es más favorable aún al contribuyente, puesto que condona la totalidad de los reajustes y multas aplicables.

Señala el articulista, que al tenor de la normativa y tomando en cuenta el éxito del primer convenio, la Tesorería debía dar lugar a ese nuevo convenio; sin embargo, al solicitar el segundo convenio de pago, no fue acogido de inmediato, sino que por el contrario, se le comunicó que faltaba el visto bueno del SII, requerimiento que el actor denuncia como una actitud vulneradora de la normativa legal, al exigirse requisitos que no fueron contemplados por el legislador.

Explica el actor, que ante la negativa de la Tesorería puso a disposición de esa entidad fiscal un documento otorgado por el SII, que en lo pertinente señala que las empresas se clasifican en función de sus ingresos anuales por ventas y servicios y otras actividades del giro en el último año calendario, en micro empresas (hasta 2,400 UF); pequeñas empresas (desde 2.401 y 25.000 UF); y medianas empresas (desde 25.001 y 100.000 UF).

Indica que el documento del SII conlleva el principio de la confianza legítima, que su contenido es correcto y que su representada, es, en base a esta definición, una empresa de Menor Tamaño, puesto que tuvo ventas el último año calendario por un monto inferior a 75.000 UF.

Realizada la consulta al SII, se manifestó de una manera que el actor califica como infundada y contradictoria, al decir a su respecto que: “si bien la empresa cumple con los requisitos para ser clasificada como Empresa de Menor Tamaño y en consecuencia le haría aplicable el beneficio tributario establecido en el art. 4 de la Ley 21.353, ello no la faculta por sí sola para tal fin, pues la empresa se encuentra clasificada como una Gran Empresa según lo dispuesto en la Resolución Exenta SII Nº 76 del año 2017.”

Alega que el SII en su respuesta, desconoce arbitrariamente lo que manda la Ley Nº 20.416, que se remite al año calendario anterior, por lo cual una resolución del año 2017 no puede tener aplicación.

Indica, que de los hechos relatados queda establecido que el SII y la Tesorería han incurrido en actos y omisiones abiertamente arbitrarios e ilegales en perjuicio de su representada, al negar el beneficio tributario otorgado por ley especial.

Respecto de las garantías constitucionales que la actora entiende vulneradas, refiere:

a) La del artículo 19 N° 2, puesto que el SII y la Tesorería establecieron diferencias arbitrarias en perjuicio de su representada. Indica que se vio infringido este principio de igualdad ante la ley, puesto que la Tesorería la aceptó en su momento como empresa mediana sin objeción alguna y posteriormente, sin justificación alguna le niega la calidad, en razón de la irracionalidad del SII por haberla reconocido, en un principio como mediana empresa para posteriormente negarle dicha calidad por existir una resolución anterior del SII que lo califica como gran empresa. Precisa que el obrar irracional privó a su parte de un legítimo beneficio tributario.

b) La del artículo 19 Nº 21, a propósito de la discriminación en materia económica, en la especie, conforme los hechos descritos, arguye el recurrente que tanto el SII como la Tesorería, a su juicio, incurrieron en flagrante infracción de esta garantía constitucional, en cuanto discriminaron a su representada y le asignaron arbitraria e ilegalmente una calidad empresarial distinta de la que el ordenamiento jurídico considera.

c) La del artículo 19 Nº 24, respecto al derecho de propiedad, arguye que no requiere mayor detalle respecto al derecho infringido, puesto que la negativa le implica desembolsar una suma de dinero que no debería pagar.

d) La del artículo 19 Nº 26, la protección de los derechos constitucionales en su esencia. Al respecto, alega que la conducta de los recurridos vulnera esta garantía constitucional, en cuanto desconoce en su esencia otras garantías.

2. Que, por su parte, Francisco Moreno Ávila, Juez Sustanciador, Tesorero Regional de la Región de O’Higgins, quien encontrándose dentro del plazo viene en evacuar informe, solicita el rechazo del recurso de protección.

Explica, que no se logra advertir alguna acción u omisión que perturbe o amenace los derechos de la recurrente por parte de su representada. Señala, que no se ha negado la suscripción de un convenio de pago a la recurrente, sin perjuicio de que las condiciones son diferentes a las que otorga la Ley N° 21.353.

Indica, que la ley citada establece nuevas medidas tributarias para apoyar a las micro, pequeña y mediana empresa, para que enfrente las dificultades económicas derivadas de la pandemia generada por el COVID-19; sin embargo, la empresa recurrente se encuentra clasificada por el Servicio de Impuestos Internos como una “gran empresa” y que, por ello ha quedado privada de los beneficios de la citada ley, más no de la posibilidad de suscribir un convenio de pago con las condiciones normales y que se encuentran actualmente vigentes.

Precisa, que el SII en virtud de diversos factores técnicos, ha clasificado a la recurrente en la categoría de gran empresa, no existiendo por parte de la Tesorería la posibilidad de modificar ni alterar dicha clasificación, siendo dicha facultad privativa del Servicio. Además, indica que de los antecedentes acompañados por la propia recurrente, se reafirma lo que señala la Tesorería y por ello, no se encuentra facultada para acceder a los beneficios de la Ley N° 21.353.

Señala, que a la fecha del presente informe no existe presentación alguna solicitando convenio, por lo que, es imposible que se le haya negado ese beneficio, precisando que ese punto es de tal relevancia que se basta a sí mismo para que la Corte niegue la acción, pues le resta el carácter indubitable a la negación que reclama, tanto así, que ni siquiera se ha señalado por el recurrente el día en que este derecho habría sido negado por la TGR.

Alega, que en razón de lo señalado, no se advierte en la presente acción cautelar de emergencia que la TGR haya incurrido en algún acto u omisión arbitrario o ilegal que provoque privación, perturbación o amenaza a los derechos y garantías constitucionales que desarrolla la recurrente.

Precisa, que resulta relevante para determinar el resultado de la acción, que la recurrente mantiene un vasto historial de convenios suscritos con la TGR. Al respecto cita informe de análisis técnico de la analista patrimonial de la Unidad de Grandes Deudores “Constructora Fénix tiene una larga data en la cartera de Grandes Deudores. Con la documentación presentada ha demostrado ser una empresa solvente y suficiente a pesar de los vaivenes de la economía. Independiente de las razones de negocio, en relación a la priorización de su flujo financiero, llama la atención la reiteración en el modo de operar respecto a los convenios de pago suscritos, toda vez que, del historial de convenios se evidencia reiteradamente la figura de pago de píe y de una o más cuotas, lo que les permite mantener suspendidas las acciones de cobro, esto último se aprecia del análisis del historial de convenios, presentando 11 convenios reprogramados y 3 convenios caducados. En el mismo orden de ideas, se desprende que producto de los aportes efectuados en las negociaciones, se ha amortizado algunos folios, lo que no implica necesariamente un buen comportamiento, dado que las condiciones entregadas en cada uno de los convenios tienen como objetivo final el cumplimiento íntegro de la obligación, por tanto, no es recomendable para el interés Fiscal otorgar nuevamente las condiciones que se contemplan en un convenio de este tipo.”

Indica que trae a colación el informe señalado para que la Corte se forme una convicción que nunca se ha privado a la recurrida de la posibilidad de suscripción de convenios de pago, situación que es acreditada y corroborada por su historial de 11 convenios reprogramados, 3 convenios caducados por no pago} y un convenio vigente.

Concluye, indicando que en base a los antecedentes de hecho y de derecho expuestos, se desprende que la actuación de la Tesorería no puede ser considerada ilegal o arbitraria, sino por el contrario, la Tesorería ha actuado por expreso mandato legal, sin que se advierta una conculcación de las garantías constitucionales denunciadas como vulneradas o amenazadas por el recurrente, razón por la cual dicha acción no puede prosperar.

3. Que, por su parte, informa doña nombre reservado, Directora Regional, de la VI Dirección Regional Rancagua, del Servicio de Impuestos Internos (SII), solicitando el rechazo de la acción de protección interpuesta.

Arguye, que el recurso de protección es extemporáneo, puesto que el recurrente alega que el Servicio incurrió “en actos y omisiones abiertamente arbitrarios e ilegales en perjuicio de mi representada, al negarse a concederle un beneficio tributario”, contando el plazo para interponer esta acción desde la fecha de notificación del Oficio Ordinario N° 3165, de 9 de noviembre de 2021, que rechazó su solicitud de reconsideración del Oficio Ordinario N°2408/2021, sobre su clasificación para el beneficio dispuesto en el artículo 4°, de la Ley N° 21.353.

Indica, que el recurrente pretende que esta Corte se pronuncie sobre supuestas vulneraciones a propósito del no otorgamiento de un beneficio dispuesto por ley, en este caso, la Ley N° 21.253 y que se encontraría dentro de los destinatarios de la misma; sin embargo, el conocimiento que habría tenido de esta ley ha ocurrido con mucha anterioridad a la presentación de la acción constitucional.

Además, alega que el Oficio Ordinario N° 3165, citado, que el contribuyente impugna en autos, se ha emitido de conformidad con la legislación vigente. Precisa, que la recurrente ha elevado una serie de solicitudes para los efectos de que se le informe si cumple o no con los requisitos para acceder a los beneficios de la Ley N° 21.353, siendo rechazadas sus solicitudes. Arguye, que en el Oficio Ordinario N° 2408, se le indicó al recurrente que “si bien el artículo 4° de la Ley N° 21.353, confiere a la Tesorería General de la República facultades para otorgar facilidades para el pago en cuotas de impuestos adeudados, por incidir en materias de índole tributaria, el Servicio puede interpretar administrativamente sus disposiciones”.

Agrega que, el título de la Ley N° 21.353 fija el ámbito de su aplicación, al establecer “nuevas medidas tributarias para apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas, por la crisis generada por la enfermedad COVID-19”, idea que se reitera profusamente en diversos pasajes del Mensaje y la discusión parlamentaria. Además, precisa que a partir de la historia fidedigna de su establecimiento (inciso segundo del artículo 19 del Código Civil), así como del contexto de la ley (artículo 22 del Código Civil), se desprende inequívocamente que el propósito del legislador ha sido beneficiar, de “entre las empresas afectadas”, aquellas que “la contingencia ha golpeado particularmente”, esto es, “a las de menor tamaño de nuestro país, las que se han visto afectadas en el normal desarrollo de sus negocios y sus niveles de venta, liquidez y capital de trabajo.”

Argumenta, que la recurrente no cumple con esas características y tampoco lo hace con los requisitos para acceder a los beneficios. Indica que, de acuerdo a la Resolución Exenta SII N° 76 del 2017, que establece los criterios de segmentación de contribuyentes; pertenece al segmento de Gran Empresa, al tratarse de una contribuyente que tributa en Primera Categoría con ingresos anuales totales mayores o iguales a 60.000 UTM o capital propio tributario mayor o igual a 300.000 UTM o compras mayores o iguales a 60.000 UTM, en alguno de los dos últimos años comerciales, lo que consta de las propias declaraciones de los impuestos anuales a la renta presentadas ante este organismo, de los años Tributarios 2020 y 2021 (años comerciales 2019 y 2020).

Indica que durante el año comercial 2019, la actora registra ingresos por $4.762.297.712, monto equivalente a 95.969,5 Unidades Tributarias Mensuales (en adelante, “UTM”), en base a valor de la UTM del mes de diciembre de 2019, ascendente a $49.623; a su vez, durante el año comercial 2020, registra ingresos por un monto de $2.072.380.032, equivalente a 40.611,8 UTM, en base al valor de la UTM del mes de diciembre de 2020 de $51.029; encontrándose sujeta al régimen general de tributación, establecido en el artículo 14, letra A, de la Ley sobre Impuesto a la Renta; y no al régimen de la letra D) (ProPyme), del artículo 14, del mismo cuerpo legal.

Indica, que para entender lo expuesto se debe tener presente que la Resolución Exenta SII N° 76, determina cinco segmentos diferentes: Persona, Micro, Pequeña, Mediana y Gran Empresa. Lo anterior, en base a la naturaleza jurídica del contribuyente (persona natural o jurídica), vigencia, categoría tributaria, patrimonio, capital, montos de compras, ingresos, resultado anual y actividades económicas. De esa forma, cada contribuyente pertenecerá a un solo segmento, que se determinará anualmente en el mes de marzo de cada año, en base a la información de los dos años comerciales inmediatamente anteriores, bastando que cumpla con una de las condiciones para ser clasificado en un segmento en particular.

Explica que el recurrente hace una errada interpretación respecto de la calificación como empresa de menor tamaño, en base a lo dispuesto en la Ley N° 20.416, que aparece en la “Consulta Situación Tributaria de Terceros” en la página web de este Servicio. Precisa que, ​​de acuerdo a esa ley, se considera como empresas de menor tamaño aquellas cuyos ingresos anuales por ventas y servicios y otras actividades del giro no excedan de 100.000 unidades de fomento en el último año calendario; clasificación que se otorga y fija de acuerdo a criterios establecidos por el Ministerio de Economía, en base a parámetros económicos, sin embargo, esa clasificación, es solo para los efectos de ese cuerpo legal, por lo que no es aplicable a la situación denunciada.

Señala que lo anterior es de suma importancia, porque si bien la empresa puede encontrarse clasificada entre las de menor tamaño de acuerdo a este cuerpo normativo, ello no implica que deba ser considerada como una pequeña o mediana empresa para la legislación tributaria. Alega que, para la clasificación realizada por la Resolución Exenta N°76 del 2017, se utiliza como criterio un concepto más amplio de ingresos, el de “ingresos anuales”, que el que emplea dicha ley, toda vez que comprende otros ingresos además de los del giro.

Alega que en respuesta dada a la recurrente mediante Oficio Ord. N° 3165 de 2021, se le informó que “…si bien la empresa cumple con los requisitos para ser clasificado como Empresa de Menor Tamaño y en consecuencia le haría aplicable el beneficio tributario establecido en el art. 4 de la Ley 21.353, ello no la faculta por sí sola para tal fin, pues la empresa se encuentra clasificada como una Gran Empresa según lo dispuesto en la Resolución Exenta SII N° 76 del 2017.”

Continúa precisando que en lo que dice relación con la supuesta negativa de la Tesorería de acceder a su solicitud de convenio de pago, en el marco de lo dispuesto en la Ley N°21.353, se hace presente, que la facultad de celebrar este tipo de convenios pertenece exclusivamente dicho organismo público, por lo que el SII no tiene injerencia alguna.

Señala que de lo alegado por el contribuyente, no se advierte cómo el SII habría vulnerado normas fundamentales, de manera que no afectó ni pudo afectar la igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19, N° 2, de la Carta Fundamental.

Agrega que la pretendida vulneración del derecho consagrado en el N° 21, del artículo 19, de la Constitución Política de la República, no es más que una denuncia acomodaticia y sin fundamentos, destinada a obtener la clasificación como un tipo de contribuyente, que de acuerdo con los ingresos de sus últimos dos años comerciales no le corresponde.

Respecto a lo que dice relación con la violación al derecho consagrado en el n° 24, del artículo 19, indica que el Servicio de Impuestos Internos no ha impedido, ni impedirá el pago de las deudas que mantiene el contribuyente con el Fisco de Chile, encontrándose éste siempre habilitado para proceder al mismo, incluso a la fecha de esta actuación.

Concluye, señalando que en relación con el derecho consagrado en el n° 26, del artículo 19, la acción de protección allí instituida lo está a favor de quien, “por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales” sufra privación, perturbación o amenaza “en el legítimo ejercicio” de los derechos y garantías allí determinadamente mencionados, sin que la presente garantía forma parte de las mencionadas en tal artículo 20, de lo que no cabe sino concluir que tal denuncia de vulneración no es procedente de conocer a través de la presente acción cautelar.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO 1. Que, el recurso de protección establecido en el artículo 20 de nuestra Carta Fundamental, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben estimar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, dificulte o amague ese ejercicio.

2. Que, partiendo de la base que uno de los argumentos centrales del recurrente, es el diferente trato material que ha recibido respecto de dos convenios de pago presentados ante Tesorería por deudas en impuesto, respecto de los cuales en un caso el convenio se aceptó y, en el otro, a su juicio bajo los mismos supuestos que el anterior, el convenio se rechazó, será la primera cuestión sobre la que corresponda emitir un pronunciamiento.

A este respecto, la primera apreciación que cabe hacer es que respecto del primer convenio, según explica el recurrente, la TGR se pronunció con fecha 20 de mayo de 2021, aprobando el mismo, normativamente fundada en el Decreto Supremo N° 611, que “Otorga facultades en materias de índole tributaria a los organismos que indica, para apoyar a las familias y a las micro, pequeñas y medianas empresas”, cuya vigencia se extendía por un plazo de 90 días contado desde la publicación del decreto, es decir, el referido decreto supremo (DS), en lo que interesa, tenía una vigencia limitada hasta el 24 de julio de 2021. Este DS, normativamente fundado: en el artículo 32 Nº 6 de la Constitución Política de la República; en el decreto con fuerza de ley Nº 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; en el artículo 36 del Código Tributario, contenido en el Decreto Ley Nº 830, de 1974; en la Ley Nº 20.416, que “Fija normas especiales para las empresas de menor tamaño”; y, en la normativa constitucional, legal y reglamentaria que permitió las medidas extraordinarias tomadas a propósito de la pandemia de Covid-19, es, obviamente, una norma de origen extraordinario, para atender a situaciones graves y también extraordinarias, fundada en la competencia normativa del Presidente de la República y por tanto, dentro de los límites que la ley establece, por lo que, no llama la atención su aplicación temporal limitada y la definición específica que hace de los supuestos de sujeción a la misma, resultando una serie intrincada de supuestos y alternativas, respecto de los tributos afectados y de los beneficios concedidos, todos fundados en atribuciones preexistentes y que dicen relación con la regulación de multas e intereses y los plazos de pagos de diferentes tributos. De manera que, si bien la motivación de la disposición en la pandemia de Covid-19, no puede ser más clara y es expresa en sus considerandos, se trata del ejercicio de la potestad reglamentaria dentro de los límites que la ley establece, por lo que, su etiología y motivación no tiene por qué tener ninguna coincidencia con la Ley N° 21.353, que si bien tuvo el mismo origen, contiene la expresión del poder legislativo, dada precisamente en aquellos ámbitos que la competencia reglamentaria es incapaz de atender. En este sentido, la pretensión del recurrente de ampararse en el principio de confianza legítima, por habérsele clasificado como Empresa de Menor Tamaño y aceptado un primer convenio fundado en el DS. N° 611 y no habérsele aceptado al invocar la Ley N° 21.353, así, por si sola, no tiene sustento, ya que, se trata de disposiciones que por más que tengan una misma motivación material, son diferentes, dictadas por poderes del estado distintos y para lograr objetivos diversos, tanto es así, que habría carecido sentido dictar la Ley N° 21.353 si sus objetivos normativos se hubiesen podido lograr vía decreto supremo, como por ejemplo, la condonación total de intereses y multas.

A todo evento y refrendado lo expuesto, no puede pasarse por alto, que el propio articulista deja claro y los recurridos no lo desmienten, que en su primera presentación se aplicó el mentado DS. 611 y en su segunda presentación éste ya estaba extinguido, correspondiendo aplicar la referida Ley N° 21.353.

3. Que, descartada entonces la argumentación del recurrente de vincular la aplicación del DS. N° 611 con la Ley N° 21.353, queda claro que desde el punto de vista normativo, no hay arbitrariedad ni abuso en la diferenciación que se está haciendo al aceptar un convenio y no aceptar el otro, sino que únicamente aplicación de normas diferentes.

Así las cosas, lo que cabe revisar es si existe ilegalidad, arbitrariedad o abuso en la negativa que ha sufrido el recurrente, al pretender que se le aplique la Ley N° 21.353 que “Establece nuevas medidas tributarias para apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas, por la crisis generada por la enfermedad COVID-19”.

Ahora bien, el problema radica en que la norma compuesta de cuatro artículos, en los dos primeros deja claro que el sujeto del beneficio está dado para las empresas que cumplan con los requisitos para pertenecer al Régimen Pro Pyme, del artículo 14 D), de la Ley de la Renta (LIR) y el tercero y cuarto parecen no tener sujeto, lo que genera el incordio, en cuanto los recurridos estiman que el sujeto del beneficio son quienes se clasifiquen como pequeña y mediana empresa según la categorización que ha hecho previamente el SII en la Resolución N° 76, de 2017 que “Establece criterios de Segmentación de Contribuyentes” y el recurrente, quien estima que se le debe aplicar el estatuto de la Ley N° 21.353 o en su defecto la clasificación que hace el propio SII en su página web, que corresponde a pequeña empresa.

Pues bien, le Ley N° 21.353, en sus diferentes artículos se refiere a:

- Artículo 1.- Disminución transitoria de la tasa de interés penal para Pymes para las empresas que cumplan con los requisitos para acogerse al Régimen Pro Pyme que contempla la letra D) del artículo 14 de Ley sobre Impuesto a la Renta;

- Artículo 2.- Devolución de remanente de crédito fiscal del Impuesto al Valor Agregado a Pymes. Establécese para las empresas que cumplan con los requisitos para acogerse al Régimen Pro Pyme que contempla la letra D) del artículo 14 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, contenida en el artículo 1° del decreto ley N° 824, de 1974;

- Artículo 3.- Extensión de vigencia de patentes provisorias; y, - Artículo 4.- Flexibilidad Convenios de Pago. Desde la fecha de publicación de esta ley en el Diario Oficial y hasta el 31 de diciembre de 2021, excepcionalmente el Servicio de Tesorerías deberá otorgar facilidades de hasta cuatro años, para el pago en cuota periódicas de los impuestos adeudados, conforme a lo establecido en el artículo 192 del Código Tributario.

4. Que, tal como se viene perfilando el problema sub lite, es un asunto interpretativo, por lo que no puede dejarse de recordar los derroteros que ha tenido el conocimiento científico sobre la interpretación de la ley tributaria, directamente vinculados a la justificación y razón de existir de la norma impositiva.

Desde que Bobbio liberó al tributo de la necesidad del poder del príncipe como fundamento de la imposición (con ello se superó la Escuela Histórica, que concebía a la norma tributaria como una manifestación pura de poder. Orlando, Lolini y Di Paolo), pasamos por la Doctrina Italiana, en que la norma tributaria tutela un interés necesario para la existencia misma del Estado y por lo mismo, las leyes tributarias tienen la misma estructura formal que el resto de leyes y por lo tanto gozan de la misma naturaleza (Ezio Vanoni y Achile nombre reservado), hasta llegar a la moderna concepción del tributo concebido como la “obligación tributaria”, la norma tributaria no tiene aval para pretenderse amparada por ninguna virtud o capacidad especial, siendo pura y verdaderamente normas jurídicas, concurriendo en ellas la misma naturaleza de cualquier otra norma.

Así pues, si la norma jurídica tributaria es una norma común, concurren en ella los caracteres propias de toda norma jurídica: existencia de una voluntad; nacimiento de una obligación vinculada a una situación de hecho; y, la definición de una determina sanción en caso de incumplimiento (Peris), de manera que no cabe pensar en una norma impositiva en que no conste de sujeto, hecho gravado, base imponible, tipo o tasa, cuota o pago, conformando así la obligación tributaria, a cuyo interior pueden operar deducciones, exenciones, hechos no gravados, supuestos de no sujeción, reducciones, compensaciones, correcciones estructurales y en fin, un largo elenco de “Minoraciones Tributarias” según la denominación dada por la profesora nombre reservado.

Demostrada la existencia de la obligación tributaria, instituto reconocido en nuestro sistema impositivo desde la Constitución Política de la República, al prohibir la imposición desproporcionada o injusta (Art. 19 N° 20 CPR), es claro que no puede existir un beneficio tributario que opere al interior de una obligación tributaria que no tenga sujeto, lo que pone de manifiesto que el problema no es determinar a quienes se aplica la norma como si esta operase de una manera autónoma, sino que respecto de qué obligación tributaria está operando, al interior de cuál tributo u obligación está actuando. Así las cosas y mirado el sistema tributario desde esta perspectiva, la autonomía del derecho tributario se desvanece y comienza a obedecer al resto del sistema jurídico, en consonancia con la modera teoría del tributo y de la interpretación de la ley tributaria, quedando obligado a respetar la conformación tradicional de obligación jurídica desde nuestro Código Civil e integridad del sistema normativo.

Actuando desde la obligación tributaria, se manifiesta la necesidad del sujeto, cuya definición no es ni puede ser propiedad de la administración, puesto que siendo el elemento central de la obligación tributaria se encuentra limitado por el principio de reserva legal (Art. 19 N° 20 de la CPR), quedando entonces vedado para la administración tributaria el perfilamiento de los elementos que conforman el tributo, como es hecho gravado, sujeto, base, tasa y cuota, ya sea por la vía de señalarlo directamente o bajo la pretensión del uso de facultades interpretativas de la ley.

5. Que, como puede apreciarse, la noción de obligación tributaria, que nos ha aportado el moderno derecho tributario en el mundo entero, permite demostrar que una norma que establezca una obligación sin sujeto sería el equivalente a una ley penal en blanco y por lo tanto, infractora de la ley; sin embargo, al mismo tiempo, pone de manifiesto la existencia de los "sujetos implícitos” que al final del día, no son más que una técnica legislativa, en donde el sujeto se perfila desde otros extremos del tributo, pero es tan claro, que no puede dudarse de su existencia e individualidad, cuyo es el caso de los artículos tercero y cuarto de la Ley N° 21.353.

En efecto, la atenta lectura de estos artículos, si bien susurran quién es el sujeto, lo dicen con claridad, como sucede con el artículo 3°, cuyo sujeto son los titulares de patentes provisorias y el artículo 4°, cuyo sujeto son los deudores de impuestos, conforme a lo establecido en el artículo 192 del Código Tributario.

6. Que, partiendo desde la obligación tributaria establecida por la ley común, queda superada la necesidad de atender a una teoría particular para la interpretación de la norma tributaria, con lo cual, perdieron vigencia las teorías clásicas de la interpretación tributaria, de la interpretación estricta o literal; del carácter especial y odioso de las normas tributarias; de criterios automáticos de indubio profisco o indubio contrafisco. Asimismo, teorías más avanzadas han sido incapaces de sustentarse, discutiéndose: la teoría de la interpretación económica (nombre reservado), según la cual las leyes tributarias deben interpretarse conforme a un criterio fundamentalmente económico, puesto que es la administración la que interpreta; la teoría de la interpretación funcional (Benvenuto Griziotti), que exige la existencia de una causa, que es la ventaja que al ciudadano le comporta estar incluido en una organización como el Estado, por cuanto cuando no hay ventajas para el ciudadano, no existen motivos para satisfacer el tributo, etc. Evolución que se ha visto reflejada también en la jurisprudencia más avanzada sobre la materia, como es el caso español, en que ha decantado para terminar destacando tres notas características en la actualidad: la superación de la concepción de ley odiosa; aplicación plena de los mecanismos interpretativos comunes del Código Civil; y, aplicación de los principios constitucionales, como principios jurídicos con eficacia propia a toda norma.

En este sentido, si partimos de lo dispuesto por el artículo 19 N° 2 de la CPR, igualdad ante la ley, artículos 19 y siguientes del Código Civil, para rematar en el artículo 2° del Código Tributario, que señala: “En lo no previsto por este Código y demás leyes tributarias, se aplicarán las normas de derecho común contenidas en leyes generales o especiales.”, no se ve razón para que no debamos interpretar la Ley N° 21.353, bajo los mismo criterios y principios que la ley común.

7. Que, llamados a definir el alcance del artículo 4° de la Ley 21.353, a fin de establecer si es procedente su aplicación a la deuda tributaria que el recurrente mantenía en junio del año 2021, que es, al final del día, la cuestión científica que resuelve la presente litis, debemos partir de su contenido gramatical conforme manda el artículo 19 del Código Civil, advirtiendo que la Ley N° 21.353, se titula: “Establece nuevas medidas tributarias para apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas, por la crisis generada por la enfermedad covid-19” y su artículo 4°, indica: “Flexibilidad Convenios de Pago. Desde la fecha de publicación de esta ley en el Diario Oficial y hasta el 31 de diciembre de 2021, excepcionalmente el Servicio de Tesorerías deberá otorgar facilidades de hasta cuatro años, para el pago en cuotas periódicas de los impuestos adeudados, conforme a lo establecido en el artículo 192 del Código Tributario. A la fecha de suscripción del respectivo convenio, el Servicio de Tesorerías condonará la totalidad de los intereses y sanciones por la mora en el pago de los impuestos respectivos, que se encuentren vencidos al 30 de junio de 2021. Asimismo, dichos convenios no generarán intereses y multas mientras el deudor se encuentre cumpliendo y mantenga vigente su convenio de pago…”

Ahora bien, advirtiendo, como lo analizamos previamente, que los artículos 1° y 2°, tienen sujetos específicos señalados, consistentes en las empresas que tributan conforme al artículo 14 letra D) de la LIR, salta la duda sobre si una limitación similar, vinculada a la envergadura del contribuyente es también aplicable para los artículos 3° y 4°. Desde luego, y tal como venimos insistiendo, la norma nada dice al respecto, lo que permite definir su sujeto, en su dimensión literal, en quienes adeuden tributos conforme a lo establecido en el artículo 192 del Código Tributario, disposición que señala en lo pertinente que: “El Servicio de Tesorerías podrá otorgar facilidades hasta de dos años, en cuotas periódicas, para el pago de los impuestos adeudados, facultad que ejercerá mediante normas o criterios de general aplicación que el Tesorero General determinará mediante resolución…”; de manera que, es una disposición que entrega facultades a la Tesorería sin distinguir la calidad del contribuyente.

Hasta aquí, la interpretación literal del artículo 4°, no pone límites en función de la calidad del contribuyente, sin embargo, el título de La ley N° 21.353, dice “Establece nuevas medidas tributarias para apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas, por la crisis generada por la enfermedad covid-19”, por lo que, siembra la duda, ya que se refiere únicamente a las micro, pequeñas y medianas empresas, sin definir quiénes son éstos.

Sin duda la técnica es mala, porque bastaría con ser persona natural para quedar fuera del beneficio, lo que no parece razonable; sin embargo, lo que es más complejo, es que nos lleva al problema de conocer si el título o nombre de una ley, puede llegar a determinar el contenido sustantivo de la misma y de ser así, nos impondrá la necesidad de saber qué entendió el legislador por micro, pequeñas y medianas empresas. Desde ya, entendemos que al hablar de “nuevas medidas tributarias”, se está refiriendo a medidas que nacen en esta ley y que tienen origen en circunstancias especiales que la motivan, obviamente vinculadas al Covid-19, pero se trata de medidas que no existían antes, con lo cual queda clara la autonomía de esta norma respecto del DS. 611, ratificándose con ello, lo resuelto supra en este sentido.

8. Que, agotado el elemento gramatical, sin llegar a una respuesta que resuelva el problema interpretativo que enfrentamos, es necesario entrar al elemento histórico. Revisando la Historia de la Ley, generada el 17 de junio de 2021 y disponible en la biblioteca del Congreso Nacional, podemos observar que el mentado artículo 4°, que nos ocupa, no era parte del texto original del proyecto, de manera que la flexibilidades y facilidades para el pago de los impuestos adeudados no eran una preocupación original, sino que se levanta durante su tramitación.

El proyecto original no lleva el artículo 4°, es recién en la discusión en Sala de la Cámara de Diputados, donde se plantea el problema de las deudas de carácter tributario y de la necesidad de una “condonación o blanqueo tributario generalizado”; así pues es la indicación número 3, de S.E. el Presidente de la República, producida en el Senado, la que agrega un artículo 4°, nuevo, del siguiente tenor: “Artículo 4.-Flexibilidad Convenios de Pago. Desde la fecha de publicación de la presente ley en el Diario Oficial y hasta el 31 de diciembre del año 2021, el Servicio de Tesorerías podrá, excepcionalmente, otorgar facilidades hasta de cuatro años, para el pago en cuotas periódicas de los impuestos adeudados, conforme a lo establecido en el artículo 192 del Código Tributario, contenido en el decreto ley N° 830, de 1974.”

No obstante lo anterior, la discusión sobre la norma, entre otras cosas, se centra en lo que los Srs. Senadores denominan desconfianza en Tesorería, por lo que, termina el asunto, asentándose la necesidad de hacer la disposición imperativa, lo que define una indicación del Ejecutivo, que termina estableciendo la obligación de Tesorerías al reemplazar la redacción facultativa de “podrá” por la imperativa de “deberá”, resultando está formula aprobada y el texto definitivo aprobado como: “Artículo 4.- Flexibilidad Convenios de Pago. Desde la fecha de publicación de esta ley en el Diario Oficial y hasta el 31 de diciembre de 2021, excepcionalmente el Servicio de Tesorerías deberá otorgar facilidades de hasta cuatro años, para el pago en cuotas periódicas de los impuestos adeudados, conforme a lo establecido en el artículo 192 del Código Tributario”.

Hasta el momento, poco aporta el análisis a nuestro objetivo central de determinar el sujeto tributario al que está dirigido la norma, salvo demostrar el origen formal del problema y por qué los artículos 1° y 2° si lo definen expresamente al hacerse cargo de los contribuyentes del Régimen Pro Pyme que contempla la letra D) del artículo 14 de Ley sobre Impuesto a la Renta, en efecto estos eran los contribuyentes a los que originalmente estaba dirigida la ley, cuyo texto no contaba con el artículo 4°.

Ahora bien, la Historia de la Ley, consistentemente deja claro que sus beneficios tienen un origen en las premuras económicas que se están viviendo producto de la pandemia de Covid-19 y que está destinada a llevar alivio a las “Pymes”, pero jamás define que se entiende por tal, cuestión que por lo demás era innecesaria atendida la redacción original de la normal que de alguna manera definía Pymes como aquellas que tributan conforme al artículo 14-D de la LIR.

En consecuencia, el análisis del elemento histórico, tampoco es concluyente respecto de definir la solución que buscamos; de momento, sólo sirve para deslindar a la norma de otras disposiciones, puesto que queda claro que el problema de la condonación de las deudas tributarias, no estaba tratado en la legislación previa y se originó producto de la discusión en Sala de la propia ley, por lo que tampoco resulta establecido que los sujetos que se haya querido beneficiar con el artículo 4° sean los mismos que originalmente se tuvieron en consideración. Así, lo que queda demostrado es que de nada sirve recurrir al DS. N° 611 u otras normas que obedecen a la necesidad de enfrentar los estragos de la pandemia de Covid-19, en búsqueda del sentido y fin del artículo 4°.

9. Que, abordando el asunto desde el elemento Lógico, entendido como la coherencia que debe tener la norma en sí misma, sin duda que la disposición es consistente en cuanto cada uno de sus artículos vienen a producir una reducción o minoración de la carga tributaria, buscando el aumento de la líquides en las Pymes; sin embargo, este elemento interpretativo, por sí solo, tampoco es capaz de revelar a qué Pymes se refiere y si, efectivamente, los artículos 3° y 4°, buscan un tratamiento de beneficio o favor, únicamente, en provecho de los contribuyentes del artículo 14 D) de la LIR, de manera que, hasta el momento nada contradice el sentido literal de la norma, en cuanto se lee que la disposición del artículo 4° es una norma aplicable a todas las deudas tributarias conforme al artículo 192 del Código Tributario.

10. Que, abordando el elemento sistemático, que da cuenta del enlace y armonía de la norma con el total de la legislación, podemos ver una serie de normas promocionales que buscan establecer un sistema de tributación preferente para las Pymes; sin embargo, en la legislación puramente tributaria, no existe una definición única de qué se entiende por Pyme, de hecho, en el DL 824, Ley de la Renta, destaca el artículo 14 D), tantas veces citado, que usa la nomenclatura claramente promocional al denominarse “Pro Pyme”, no obstante no lo es, sino que solamente es un régimen tributario de renta simplificado, al que se puede acceder cuando se cumplen determinados requisitos, dentro de los que destacan la limitación en el monto de los ingresos brutos del giro, limitado en general a 75.000 unidades de fomento. Así pues, no hay allí una definición de Pyme y esta norma, por otra parte, la disposición no tiene un objetivo puramente promocional, sino que se únicamente para definir uno de los regímenes de renta.

Detenidos entonces en la propia Ley N° 21.353, en su Mensaje encontramos una descripción de la articulación que la ley busca realizar con el resto de la legislación tributaria, al decir: “Asimismo, desde la perspectiva tributaria, se han adoptado diversas medidas para alivianar la carga impositiva de las personas y las pequeñas y medianas empresas ("Pymes") y, en consecuencia, otorgarles liquidez. Así, por ejemplo, durante el año 2020, se estableció la suspensión de los pagos provisionales mensuales (PPM) del impuesto a la renta, la prórroga del pago de cuotas de contribuciones de bienes raíces, la devolución anticipada de impuesto a la renta para trabajadores independientes y Pymes, la ampliación del plazo de pago del impuesto a la renta para Pymes, la devolución de las retenciones por boletas de honorarios de enero y febrero de 2020 para trabajadores independientes, la rebaja a 0% del impuesto de timbres y estampillas por 6 meses, la rebaja transitoria del impuesto de primera categoría para Pymes a una tasa de 10%, entre otras, que se implementaron mediante la Ley N° 21.225, la Ley N° 21.256 y el Decreto Supremo N° 420, de 30 de marzo de 2020, del Ministerio de Hacienda, y sus modificaciones. Asimismo, se otorgó una prórroga para el pago del IVA para las Pymes por los meses de abril a septiembre de 2020.

Durante el año 2021, han debido adoptarse nuevas medidas de esta índole. Mediante el Decreto Supremo N° 611, de 9 de abril de 2021, del Ministerio de Hacienda, se autorizó a los municipios a entregar facilidades de pago para las cuotas de patente municipal…”, de manera que, si bien es claro que el artículo 4° originalmente no estaba en el proyecto y que, tal como dijimos la Historia de la Ley no aporta específicamente una definición de qué entiende por Pyme, si es útil para estos fines. En efecto, la cita expresa, particularmente, de la Ley N° 21.256, que se refiere expresamente a los contribuyentes del artículo 14 D) de la Ley la Renta y al propio DS. 611, antes analizado (dirigido a empresas que venden menos de 100.000 unidades de fomento), aporta un referente claro en el sentido que el camino no guarda relación específicamente con una definición específica de Pyme, sino que con la necesidad de atender a empresas que están siendo impactadas por la pandemia de Covid-19 y que no son grandes empresas.

11. Que, finalmente, y ante la ausencia de una definición específica en la legislación tributaria, debemos atender al resto del ordenamiento jurídico, encontrando la Ley N° 20.416, que “Fija normas especiales para las empresas de menor tamaño”, que si bien, da cuenta de un concepto que no es idéntico, porque se refiere a las “empresas de menor tamaño” y no específicamente a las “Pymes”, no puede desatenderse el hecho que Pyme, significa pequeña y mediana empresa y que el artículo segundo de esta ley, señala: “Sujeto. Para los efectos de esta ley, se entenderá por empresas de menor tamaño las microempresas, pequeñas empresas y medianas empresas.

Son microempresas aquellas empresas cuyos ingresos anuales por ventas y servicios y otras actividades del giro no hayan superado las 2.400 unidades de fomento en el último año calendario; pequeñas empresas, aquellas cuyos ingresos anuales por ventas, servicios y otras actividades del giro sean superiores a 2.400 unidades de fomento y no exceden de 25.000 unidades de fomento en el último año calendario, y medianas empresas, aquellas cuyos ingresos anuales por ventas, servicios y otras actividades del giro sean superiores a 25.000 unidades de fomento y no exceden las 100.000 unidades de fomento en el último año calendario.”

En consecuencia, la hermenéutica legal no aporta antecedentes capaces de permitir desatender el tenor literal de la disposición cuya extensión buscamos develar, en el sentido que el artículo 4° de la Ley N° 21.353, se aplica a quienes, en los límites temporales que la ley estableció, eran deudores de impuestos conforme al artículo 192 del Código Tributario, puesto que señala “Artículo 4.- Flexibilidad Convenios de Pago. Desde la fecha de publicación de esta ley en el Diario Oficial y hasta el 31 de diciembre de 2021, excepcionalmente el Servicio de Tesorerías deberá otorgar facilidades de hasta cuatro años, para el pago en cuotas periódicas de los impuestos adeudados, conforme a lo establecido en el artículo 192 del Código Tributario…”, siendo el único límite que se puede observar con claridad, atendido todo el análisis efectuado, el hecho que de los beneficios de la disposición están excluidas las grandes empresas.

12. Que, en busca de una solución diferente a la planteada, el argumento jurídico central de los recurridos dice relación con la existencia de la Resolución Exenta SII N° 76 del 2017, que establece los criterios de segmentación de contribuyentes, sin embargo, esta normativa es únicamente para la clasificación administrativa de los contribuyentes a efectos de su fiscalización, lo que queda claro al observar sus considerandos, en que señala: “1° Que, corresponde al Servicio de Impuestos Internos la aplicación y fiscalización de todos los impuestos internos actualmente establecidos o que se establecieren, fiscales o de otro carácter en que tenga interés el Fisco y cuyo control no esté especialmente encomendado por la ley a una autoridad diferente. 2° Que, a fin de cumplir con el objetivo señalado en el N° 1 precedente, corresponde a este Director planificar las labores del Servicio y desarrollar políticas y programas que promuevan la más eficiente administración y fiscalización de los impuestos… 5° Que, para clasificar a los contribuyentes, este Servicio atiende a su naturaleza jurídica (persona natural o jurídica), vigencia, categoría tributaria, patrimonio, capital, montos de compras, ingresos, resultado anual y actividades económicas.”, de manera que, no puede pretenderse que desde la labor fiscalizadora del SII se lleguen a conformar o integrar aspectos sustantivos del tributo, mucho menos, cuando ese ni siquiera es el objetivo de la normativa citada y, a todo evento, tampoco podría hacerlo el SII, puesto que, sus facultades de interpretación administrativa previstas en el artículo 7 del Código Tributario, jamás puede llegar a vulnerar el principio de reserva legal, sancionado en la Constitución Política de la República como vimos supra, al pretender conformar aspectos sustantivos del tributo, puesto que, sus facultades son de interpretación y no de integración. Reflejo de ello encontramos en las enseñanzas de Carnelutti, cuando refiriéndose a la interpretación de la ley, nos dice: “la interpretación sirve para conocer lo que el legislador ha dicho, pensado, y la integración para conocer lo que habría dicho, pensado”, de manera que, pretender que el SII puede en uso de sus facultades de interpretar, integrar la norma tributaria definiendo quién es el sujeto de ella, es un ejercicio ilegal.

13. Que, observando la invocación de la Resolución 76 del 2017, no puede pasarse por alto lo que hemos revisado respecto de la Historia de la Ley y del elemento sistemático como criterio interpretativo, en el sentido que no obstante ser esta resolución del año 2017, no está siquiera mencionada en la discusión en el Congreso Nacional y tampoco, lo está en el Mensaje de la ley, no es en ningún momento un referente para la determinación de quienes se busca beneficiar; por el contrario, los elementos de juicio que se utilizaron son los que mencionamos antes. En esa medida, si para el legislador esa resolución del SII, hubiese sido relevante, habría sido considerada como referente o al menos se encontraría una mención a ella.

14. Que, todo lo analizado, pone sobre la mesa los siguientes elementos: la existencia de la norma contradicha por las partes del artículo 4° de la Ley N° 21.353, que no define claramente su sujeto; que su título si se refiere a las “las micro, pequeñas y medianas empresas”; que su origen es promocional, de beneficio o de favor, para determinados contribuyentes, que no son grandes empresas, que han tenido problemas económicos como consecuencia del Covid-19; que los artículos 1° y 2° de la propia ley se refiere a los contribuyentes del artículo 14 D) de la LIR; que existe la Ley N° 20.416, que define qué es una micro, pequeña y mediana empresa, aunque no lo hace para fines tributarios; que existe una definición aceptada de “Pyme”, como “pequeñas y medianas empresas”; todo lo cual, unido al análisis hermenéutico que latamente hemos venido desplegando, lleva a dejar en claro que el problema no es determinar si la norma de beneficio que nos ocupa alcanza a las medianas empresas, puesto que no hay evidencia alguna en contrario, sino que el problema es determinar si la recurrente calza dentro de ese concepto.

Al respecto, ya hemos establecido que las disposiciones que pudiesen iluminar el camino a definir cuáles son las medianas empresas beneficiadas, son aquellas que de alguna u otra manera están relacionadas al asunto, como sucede con la propia Ley N° 21.353, la Ley N° 20.416 y la LIR, específicamente el artículo 14 letra D), de la misma. Pues bien, es del caso, que está acreditado por la recurrente y no es contradicho por las recurridas, que durante el año calendario anterior a su solicitud sus ventas estuvieron por debajo de las 75.000 UF (Equivalentes a $2.377.050.000, valor estimado UF 31.694); así pues, el propio SII, reconoce en su presentación que el contribuyente: “a su vez, durante el año comercial 2020, registra ingresos por un monto de $2.072.380.032, equivalente a 40.611,8 UTM, en base al valor de la UTM del mes de diciembre de 2020 de $51.029”.

Considerando lo anterior y partiendo de ese parámetro, es posible establecer si el recurrente se encuentra dentro de las empresas de “menor tamaño” que ha querido beneficiar la norma, en efecto, si consideramos el artículo 14 D) de la LIR, el parámetro para estar ahí, aunque con modalidades, está en ventas por debajo de las 75.000 UF, el que incluso se puede superar en un año calendario sin que eso signifique cambiar de régimen. Si tomamos en cuenta la Ley N° 20.416, el requisito se fija en las 100.000 UF, que tampoco supera el contribuyente. Y, si nos hacemos cargo de la propia Ley N° 21.353, se refiere a las empresas del 14 D) de la LIR, con lo cual, nada nuevo agrega a la discusión.

En consecuencia, con toda la evidencia recopilada, resulta establecido un baremo que permite encontrar cuáles fueron las empresas que el legislador ha querido ayudar a consecuencia de los apremios que sufrieron por la pandemia de Covid-19 y para identificarlas con criterio de igualdad, proscribiendo la arbitrariedad, utilizó como referente el volumen de ventas, encontrándonos allí con un número claro de 75.000 UF de ventas del año anterior, estándar que el recurrente cumple al estar bajo su sombra. Por cierto, que subsiste la duda científica sobre si el beneficio se extiende a empresas sobre las 75.000 UF y bajo las 100.000; sin embargo, lo que ocupa al presente recurso es la situación particular del recurrente, sin que sea procedente buscar encontrar desde aquí normas de general aplicación.

15. Que, el razonamiento previo no se ve desvirtuado al revisar la motivación del SII para negar el acceso al beneficio contenida en el oficio SII N° 3165, de 09 de noviembre del año 2021, en cuanto señala que : “Sobre el particular, se informa que, si bien la empresa cumple con los requisitos para ser clasificado como Empresa de Menor Tamaño y en consecuencia le haría aplicable el beneficio tributario establecido en el art. 4 de la Ley 21.353”, es decir, no desconocer que el contribuyente es beneficiario de la norma que nos ocupa; sin embargo, le niega el beneficio fundado en que “la empresa se encuentra clasificada como una Gran Empresa según lo dispuesto en la Resolución Exenta SII N° 76 del 2017.”, requisito sorpresivo e infundado, puesto que, se trata de una exigencia que el legislador no pidió y tampoco facultó al SII para establecerla y a todo evento, tal como dijimos previamente, esa resolución tiene un objetivo diferente y no es un antecedente que haya considerado el legislador, de manera que, su etiología nada tiene que ver con las razones que impulsaron a dictar la Ley N° 21.353.

16. Que, entrando al análisis de las alegaciones de la recurrida, Tesorería General de la República, centralmente argumenta que no se le ha negado al contribuyente la posibilidad de celebrar un convenio de pago, lo que si bien es efectivo, es una alegación que no guarda relación con el problema sub lite, porque la recurrente no ha discutido que no haya podido celebrar un convenio, así, como género, sino que un convenio específico fundado en una norma jurídica determinada, la que estima le es aplicable, de manera que, esa argumentación sobre posible otros convenios, nada aporta a la tesis de la recurrida.

Por otra parte, la TGR también argumenta que no puede acceder a la pretensión del recurrente, porque se trata de una Gran Empresa, según la calificación que ha informado el SII; sin embargo, según se ha acreditado, esta clasificación se ha efectuado en función de la Resolución SII N° 76 de 2017, disposición que tal como analizamos supra, no se aprecia cómo podría tener cabida en el contexto de la Ley N° 21.353, sin que se hayan aportado otros antecedentes que permitan variar lo analizado hasta el momento.

17. Que, respecto de lo expuesto por el Servicio de Impuestos Internos, primero señala que el recurso es extemporáneo, porque la ley cuya aplicación se discute data de junio de 2021, publicada en julio del mismo mes, resultando el recurso presentado en noviembre del mismo año, por lo que a su juicio está completamente fuera de plazo. A la vez, señala que el asunto ha sido resuelto con fecha 4 de agosto de 2021 (mediante la plataforma SISPAD del Servicio de Impuestos Internos) y con fecha 10 de septiembre de 2021, cuando se le notificó el Oficio Ordinario N° 2408/2021 al contribuyente.

Ahora bien, siendo lo anterior efectivo, también lo es que las sucesivas resoluciones son parte de una misma petición y la resolución recurrida no es más que el acto terminal y como tal, el que expresa la decisión de la administración, por lo tanto, el acto administrativo a recurrir es correctamente la decisión final contenida en el oficio SII N° 3165 de 09 de noviembre de 2021, por lo que, la presentación de la presente acción constitucional con fecha 22 de noviembre de 2021, está dentro plazo.

También en cuanto al fondo, el SII vuelve a reivindicar la pretensión de aplicar la Resolución N° 76 del año 2017, sobre segmentación administrativa de los contribuyentes, asunto que por todo lo expuesto, ya ha sido resuelto.

Finalmente, en lo que guarda relación con las argumentaciones del SII, que hacen referencia al comportamiento del recurrente, al que describe como un contribuyente incumplidor y además, publicita los ingresos de la recurrente por más de cuatro mil millones de pesos y dos mil millones en el otro, la invocación del comportamiento del contribuyente, configurando una suerte de atenuante o agravante, no es una calificación que haya previsto la ley, de manera que no se ve el aporte a la solución del asunto, máxime, que los ingresos por si solos en nada pueden impresionar si no se conocen los gastos; así pues, la única conclusión que aportan estas cifras es sobre la reducción a la mitad de los ingresos de la empresa, lo que más bien habla del mal estado de sus negocios que del auge de los mismos y va en apoyo para justificar los múltiples convenios de pago celebrados que se le reprochan.

18. Que, por todo lo dicho, se deberá acoger el presente recurso de protección, sólo en cuanto se declara que negar al contribuyente recurrente el acceso a un convenio que supone un beneficio establecido por ley, vulnera los artículos 19 N° 2 y 24, de la Constitución Política de la República, en cuanto se infringe el principio de igualdad ante la ley y el derecho de propiedad al ser compelido a solventar montos que de otra forma no debería pagar.

Respecto a la vulneración del artículo 19 N° 22 de la Constitución Política de la República, en cuanto el recurrente alega haberse infringido su derecho a la no discriminación arbitraria en el trato que debe dar el Estado en materia económica, puesto que el problema denunciado no es de discriminación en materia económica, sino que sobre las diferencias en la aplicación de una ley, norma que se está aplicando a un agente económico formalizado en el mercado y respecto de la cual ha tenido todo el derecho a recurrir.

Finalmente, respecto de la denuncia fundada en la infracción del artículo 19 N° 26, de la Constitución Política de la República, por haberse afectado los derechos en su esencia, deben ser desestimada por no tratarse de una disposición protegida por la acción constitucional que en este momento se revisa.

Por estas consideraciones, disposiciones citadas, lo establecido en el artículo 19 N° 2 y 24 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se acoge el recurso de protección interpuesto por Ingeniería y Construcción Fénix Limitada, sólo en cuanto se declara que al convenio que buscaba presentar en julio de 2021, debe ser aceptado a trámite y resuelto considerando que le es aplicable el artículo 4° de la Ley N° 21.353, todo sin costas.

Regístrese, notifíquese.

Redacción del Abogado Integrante Sr. Marco Arellano Quiroz Protección Rol N° 12701-2021.

No firma el Abogado integrante Sr. Arellano, por haber cesado en sus funciones; no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la causa.