nombre reservado con DEPARTAMENTO DE EXTRANJERÍA Y MIGRACIÓN DEL MINISTERIO DEL INTER

Rancagua, dos de febrero de dos mil veintidós.

Vistos:

Con fecha 11 de noviembre de 2021 comparece Juan Pablo Collao Arenas, abogado, en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, cedula de Identidad N° RUT reservado, Médico Cirujano domiciliada para estos efectos en domicilio reservado, y deduce recurso de protección en contra del Departamento de Extranjería y Migración, por las siguientes razones:

Explica que la recurrente ingresó a nuestro país con visa de responsabilidad democrática, con el N° SAC 1933987, con vigencia desde el 09/10/2018 al 09/10/2019.

El 20 de septiembre de 2019, previo al vencimiento de la misma, realiza solicitud de permanencia definitiva, según consta en comprobante N°1401693. Posterior a ello, la recurrente recibió la orden de giro y pago, siendo efectivamente pagada la misma, dentro del lapso establecido para ello. Además acompañó toda la documentación que le fue requerida con la solicitud, entre ellos un contrato de trabajo vigente suscrito en fecha 02 de septiembre de 2019, con la Ilustre Municipalidad de Requínoa (Decreto Alcaldicio SIAPER N° 2395) donde se le contrata como Médico Cirujano, por 44 horas semanales, con vigencia de un año, el que se mantiene vigente a la fecha del recurso, conforme los nombramientos que cita y acompaña. Adiciona que tiene cotizaciones previsionales de AFP y salud, inicio de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos de fecha 30 de septiembre de 2019 y emite boletas de honorarios, circunstancias que la alejan de ser considerada una carga social para el país.

Aclara que en este punto, que no se establece en la ley de Extranjería y su Reglamento, tampoco en alguna otra norma, ni han sido dictados o informados por el Departamento de Extranjería y Migración en ninguna circular, los criterios de evaluación de la acreditación económica que aportan los solicitantes de Permanencia Definitiva. Tampoco se ha establecido un monto mínimo de ingresos y/o cotizaciones que deba acreditarse para poder acceder a este beneficio, así como tampoco señala un período en particular, que permita establecer como suficientes o no, los recursos que percibe una persona para vivir en Chile, sin constituir una carga para el país.

A pesar lo anterior, la recurrente toma conocimiento del rechazo de su solicitud de Permanencia Definitiva en fecha 19 de octubre de 2021, a través de la notificación numero 32.426; cargada al sistema de auto consulta del Departamento de Extranjería y Migración y a su vez, la recurrida pone a su disposición el Estampado Electrónico (EE) de este nuevo visado. Refiere que, la autoridad administrativa al otorgarle en subsidio del permiso de permanencia definitiva, visación temporaria por un año, menoscaba de un modo flagrante los derechos de la recurrente quien, al haber cumplido con todos los requisitos y lineamientos legales para la obtención del visado definitivo, este le fue negado fundado en que la recurrente no tiene la estabilidad económica necesaria, ni los medios para subsistir en el país.

Cita y explica la tramitación de la solicitud de permanencia definitiva y añade que si bien es cierto que no es obligatorio para la autoridad acceder a las solicitudes de Permanencia Definitiva presentadas en virtud de su facultad discrecional, no es menos cierto que la recurrida debe hacer una revisión exhaustiva y a profundidad de cada una de las solicitudes presentadas y los antecedentes aportados por los solicitantes, de lo contrario la decisión de rechazo obedece a un simple capricho.

De este modo, denuncia que se ha desconocido aplicación de los principios de celeridad, conclusivo, de economía procedimental e inexcusabilidad, en tanto dilató la decisión de la solicitud de permanencia definitiva presentada por la recurrente por más de 23 meses, excediendo el plazo establecido en el artículo 27 de la mencionada Ley N° 19.880, y se vulnera la garantía constitucional contenida en el numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, esto es la igualdad ante la ley.

Pide como medida que, se ordene dejar sin efecto la Resolución Exenta N° 105.628 de fecha 24 de agosto de 2021 de la recurrida que rechaza la solicitud de permanencia definitiva de la recurrente y se le ordene, dictar nueva resolución en el plazo más breve, determinando que han sido cumplidos todos los requerimientos de la Ley de Extranjería y su Reglamento, para otorgar el beneficio solicitado.

La recurrida en su informe de fecha 6 de diciembre de 2021 pide el rechazo por las siguientes razones:

Explica que la recurrente solicitó su permiso de permanencia definitiva en nuestro país mediante la plataforma virtual confeccionada para tales efectos por la autoridad, acompañando los documentos y antecedentes respectivos.

Luego, y al tratarse de una solicitud de visación, correspondía entonces aplicar aquellas reglas de procedimiento contenidas en los artículos 125 y siguientes del Decreto Supremo N°597 que aprueba el Reglamento de la Ley de Extranjería, el Decreto Ley N°1.094.

Respecto a la situación de la extranjera, y según los antecedentes acompañados, fue posible comprobar que no cuentan con estabilidad económica durante el período de visación, comprendido entre 09.10.2018 y el 09.10.2019, y según la información plasmada en los certificados de cotizaciones remitidos, dan cuenta que, para abril, mayo, junio del año 2019, no registra pagos previsionales y por tanto, carece de recursos que le permitan vivir en Chile sin constituir una carga social, incurriendo en lo preceptuado, en el artículo 64 N°4 de la Ley 1094 de 1975, en relación con el artículo 138 N°4 del Reglamento de Extranjería, por lo que no es posible otorgar el permiso de residencia solicitado, por lo que se dictó la Resolución Exenta N° 105.628, de fecha 24 de agosto de 2021, mediante la que se rechazó su solicitud de permanencia definitiva, mismo acto en que se otorgó a su respecto visa de residente temporaria por el plazo de un año.

Cita al efecto el considerando 4° de la resolución que recurre y dice que su representada estimó que con esos antecedentes no se acredita sustento económico suficiente para solventar su permanencia en el país, toda vez que hay meses en donde no registra ingresos lo que lógicamente no demuestra una mantención de una situación económica favorable a la permanencia de un extranjero en el territorio nacional, lo que la ubica en la situación descrita en el 64 n°6 de la Ley de Extranjería, que cita en su informe.

Finalmente respecto de la actual situación migratoria de la recurrente menciona que, en la misma resolución exenta de rechazo la autoridad procedió a otorgarle visación de residencia temporaria en nuestro país por el plazo de un año, correspondiendo ahora por tanto que la interesada proceda a descargar el estampado electrónico de la misma.

Por ello, entiende que no existe actualmente un acto que genere vulneración, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de los derechos consagrados en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, puesto que todas las actuaciones fueron llevadas a cabo conforme las normas especiales del procedimiento de marras, como son el Decreto Ley N°1.094 y el Decreto Supremo N° 597, además de aplicar supletoriamente aquellas disposiciones establecidas en la Ley N°19.880.

Se trajeron los autos en relación:

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

Primero: Que, el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza Cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, dificulte o amague ese ejercicio. Surge de lo transcrito, que es requisito sine qua non para que pueda prosperar la mentada acción cautelar que exista un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley o bien, arbitrario, entendiéndose por tal aquél que es fruto del mero capricho de quien lo ejecuta o incurre en él, acto u omisión que debe provocar, además, alguna de las situaciones ya indicadas y que afecte una o más de las garantías constitucionales protegidas.

Segundo: Que, el acto ilegal y arbitrario contra el cual se recurre consiste en la resolución exenta que rechazó la solicitud de permanencia definitiva presentada por la recurrente, por cuanto fue rechazada por carecer de recursos que le permitan vivir en Chile sin constituir una carga social, en circunstancias que jamás se le envió una solicitud de subsanación o complementación de información, lo que en todo caso no se condice con la realidad, ya que ha contado con una fuente de ingresos regular y suficiente, en su calidad de profesional de la salud en un municipio de la región.

Tercero: Que, contestando el recurso, la recurrida reconoce que rechazó la solicitud de permanencia definitiva de la extranjera, otorgándosele en subsidio una visa temporal por un año, ello fundado en el incumplimiento de las exigencias establecidas en el artículo 64 N°6 de la Ley de Extranjería, lo que se encuentra debidamente expresado y señalado en la Resolución Exenta N° 105.628, de 24 de agosto de 2021, que ahora se recurre.

Cuarto: Que, al respecto cabe considerar que el acto impugnado corresponde a un acto administrativo, donde la motivación es un elemento fundamental, éste necesariamente debe atenerse a la realidad fáctica en la cual se desenvuelven, a lo que cabe agregar que la autoridad recurrida se encuentra regida por los principios contenidos en las bases que rigen los procedimientos administrativos, en particular, en este caso, a los principios de celeridad, inexcusabilidad, conclusivo, contrariedad, y economía procedimental.

Quinto: Que también es importante tener presente que el artículo 135 del Reglamento de Extranjería, otorga la posibilidad al ente de extranjería de solicitar y requerir documentos adicionales para el análisis de la petición, disponiendo que en caso de incumplimiento del extranjero, dentro del plazo señalado, se permitirá a la autoridad actuar conforme a los artículos 136 y 138 Nº5 del Reglamento, esto es, rechazar la solicitud, normativa que es coherente con lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 19.880.

Sexto: Que, en la especie, cabe señalar que es un hecho no discutido que la recurrente ingresó su solicitud de permanencia definitiva el día 20 de septiembre de 2019, resolviéndose su rechazo recién el 24 de agosto de 2021, sin que durante tan prolongada tramitación -de casi dos años- la autoridad efectuara reparos, ni requiriera antecedente alguno a la peticionaria.

Séptimo: Que conforme a lo expuesto, la recurrida incumplió la normativa referida precedentemente, puesto que habiéndose acogido a tramitación la solicitud de permanencia definitiva de la recurrente, la que cumplía con los requisitos contemplados en los artículos 42 de la Ley de Extranjería y 82 inciso primero de su Reglamento, en definitiva rechazó su solicitud por no haberse acreditado solvencia económica suficiente, no obstante que en el prolongado tiempo de tramitación, no se le requirió algún antecedente complementario, lo que, por lo demás, resultaba razonable solicitar, en razón del tiempo transcurrido y de los antecedentes que la recurrente ha acompañado en esta instancia sobre su actual situación de estabilidad laboral y por ende económica.

Octavo: Que como consecuencia de todo lo anterior, el acto administrativo impugnado, como acto terminal, ha devenido en vulneratorio de la garantía constitucional prevista en el Nº 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, igualdad ante la ley, desde que con el actuar de la autoridad recurrida, se ha discriminado al recurrente en la tramitación de su solicitud, obrar que no ha podido acontecer en casos similares, de ser aplicada correctamente la normativa sobre la materia, por lo que será acogida la acción deducida en los términos que se consignaran en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, se acoge el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado de nacionalidad venezolana, cedula de Identidad N° RUT reservado, Médico Cirujano, dejándose sin efecto la Resolución Exenta N° 105628 de 24 de agosto de 2021 del Departamento de Extranjería y Migración, a través de la cual se rechazó la solicitud de permanencia definitiva de la recurrente y, a fin de dar estricto cumplimiento a la normativa ya explicada, la autoridad de extranjería deberá proceder a un nuevo análisis de los antecedentes de la actora, relativos a su capacidad económica y fuentes de ingresos, para luego resolver lo que en derecho corresponda.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol Ingreso Corte 12.651-2021 Protección.