nombre reservado con FISCO DE CHILE

Rancagua, catorce de septiembre del dos mil veintitrés.

Vistos:

Con fecha 18 de octubre del 2022, comparece en estos autos compareció don nombre reservado, a nombre de don nombre reservado, deduciendo recurso de protección en contra de I.) MINISTERIO DE BIENES NACIONALES, domiciliado en domicilio reservado, Santiago de Chile; II.) JAVIERA TORO CÁCERES, Ministra De Bienes Nacionales, se desconoce profesión, domiciliada en domicilio reservado, Santiago de Chile; III.) SECRETARÍA REGIONAL DEL MINISTERIO DE BIENES NACIONALES DE LA REGIÓN DE O´HIGGINS, con domicilio en domicilio reservado; IV.) nombre reservado, Secretario Regional Del Ministerio De Bienes Nacionales De La Región De O´Higgins, se desconoce profesión, con domicilio en domicilio reservado; V.) FISCO DE CHILE, CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO con domicilio en domicilio reservado.

Funda su recurso en que con fecha 26 de septiembre del 2022, se transmitió en un programa de televisión “Buenos días a todos” por el canal de TVN un reportaje en horario de 10:15 a.m. a las 11:00 a.m., titulado “Denuncian falta de accesos en playas del sur del país”, “Polémica por falta de accesos en playas de Pichilemu”; programación en que se mostró grabación en que el recurrido SEREMI don Eduardo Gonzalez junto a la periodista de dicho programa concurren a su propiedad y morada, a revisar el acceso a las playas, siendo comentada la actuación por la señora Ministra De Bienes Nacionales doña Javiera Toro.

Señala que dicho día se mostraron imágenes, que muestran la actuación de una comisión especial compuesta por el Secretario Regional del Ministerio de Bienes Nacionales don Eduardo Gonzalez, junto al grupo que los acompaña, ingresando de forma ilegal y arbitraria junto con los medios de comunicación al fundo Mónaco Centinela por la puerta de los patos Hijuela 8, el que no es acceso, sino que es el deslinde con Fundo El rancho, correspondiendo el acceso peatonal que se facilita por entre las hijuelas 9 y 10 del Fundo, terminando la comisión el recorrido en el sitio 10 del recurrente nombre reservado, perturbando, alterando y, vulnerando la posesión que se detenta , realizando un tratamiento indebido de los datos personales, al usar con abuso medios masivos de comunicación que importan una vergüenza del recurrente y su entera familia.

Manifiesta el recurrente estar afectado desde 19 de febrero de 2019 por las actuaciones de diversos órganos, poderes, estamentos, reparticiones, funcionarios del Estado de Chile y de particulares interesados, como lo es nombre reservado, con los que se mantiene conflicto vigente, lo que significa una verdadera violencia estatal ejecutada en su contra, que perturba las garantías y que lesionan la dignidad humana del recurrente y su familia, consistente en una actuación contrarias a derecho, y que provocan aflicción, perturbación, vulnerabilidad, temor, estrés, problemas para conciliar el sueño, entre otros, toda vez las publicación en medios masivos promueven el odio y hostilidad contra el recurrente y su entera familia.

Agrega que a la fecha de presentación del presente recurso, el SEREMI recurrido no da respuesta al Recurso de Invalidación deducido contra la resolución exenta N° 523 de 28 de octubre de 2019 presentado por el recurrente por ser contraria a derecho la actuación de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales, según asentó la sentencia 245 de 1996 del Tribunal Constitucional.

Hace presente que el recurrente tiene en su favor una orden de no innovar, en causa ROL N°1621-2022 ante la Corte Suprema que obliga a nombre reservado (activo denunciante, que dirige y excita acciones en grupo en la propiedad del recurrente) y otros de los que se acompaña como la Ilustre Municipalidad de Pichilemu, a no asistir ni realizar obras en el sitio del recurrente, por ser contraria la actuación al derecho de dueño.

Se transcribe lo expuesto en el programa Buenos días a todos, ocasión en que se realizó un segmento de 45 minutos referente al asunto, Finalmente señala conculcados los derechos consagrados en el artículo 19 N°1, 2 la igualdad ante la ley y que tanto la ley ni la autoridad pueden establecer diferencias arbitrarias, siendo que resulta manifiesto que el recurrente es “elegido a dedo”; N°4 , pues se ha transformado en una verdadera funa, no respetándose la Sentencia N° 245 del año 1996 del Tribunal Constitucional, que declaró nulo el Decreto Supremo N° 1 que permitía precisamente a las Secretarias Regionales del Ministerio de Bienes Nacionales fijar accesos en propiedad particular y artículo 19 N° 24 y 26, referente al derecho de propiedad.

Por las consideraciones y por el tratamiento indebido de los datos personales del mismo, y de su entera familia ya señaladas solicitan que se acoja su recurso, I) Se ordene a los recurridos eliminar la publicación consistente en el vídeo que mantiene en la página web del propio Ministerio y en su perfil de usuario en youtube o en cualquier otra red social o de comunicación, por atentar desproporcionadamente y de modo ilegal y arbitrario, a lo menos, contra la privacidad y la honra del recurrente y perturbar la integridad y la de su entera familia, considerada la afectación que sufre de su propiedad y domicilio; II) Se ordene a los recurridos, en lo sucesivo, abstenerse de realizar acciones similares, tales como asistir a la propiedad del recurrente junto a medios masivos de comunicación y difundir publicaciones u otras de naturaleza similar en contra de quien recurre; III) Se ordene a los recurridos adoptar medidas tendientes al desagravio del recurrente y su familia, reconociéndose la afectación que sufre el recurrente, debiendo informar los recurridos a ésta Ilustrísima Corte de Apelaciones de todas las medidas efectivas que con dicho fin se adopten respecto del recurrente; o, para el caso, lo que S.S. ILTMA. en prudencia considere, con expresa condenación en costas para todos los efectos.

Con fecha 19 de mayo del 2023, evacua informe María José Armisén Yáñez, abogada, Jefa de la División Jurídica del Ministerio de Bienes Nacionales, en representación del MINISTERIO DE BIENES NACIONALES, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado y de don nombre reservado, trabajador social, Seremi de Bienes Nacionales, en representación de la SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE BIENES NACIONALES DE LA REGIÓN DE O`HIGGINS solicitando desde ya el completo rechazo de dicha acción, con costas.

Manifiesta que del análisis íntegro del recurso, aún existe una oposición por parte del recurrente, al trazado fijado y establecido por la Resolución Exenta N°5 de 1984 de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales, y que a su criterio se encontraría erróneo en su ubicación geográfica, lo que atentaría su derecho de propiedad.

Agrega primeramente que el recurso debe ser rechazado por falta de legitimación activa, toda vez el recurso de Protección interpuesto por don nombre reservado a favor de nombre reservado y de su familia, incurre en un error al no determinar o individualizar la totalidad de las personas a favor de quienes se interpone el recurso y quienes habrían sido supuestamente afectado en sus derechos constitucionales, no siendo el recurso de protección una acción de carácter popular, que proceda respecto de personas indeterminadas.

En cuanto al fondo señala que el actuar del Ministerio de Bienes Nacionales se ha ajustado plenamente a sus atribuciones legales, velando para que la ciudadanía pueda tener libre acceso a las playas, cuando no existen vías o caminos públicos al efecto, comentando e informando de manera objetiva en un reportaje de Televisión Nacional de Chile, respecto a derechos, normas aplicables y vías de acceso fijadas. Por otro lado, agrega que el recurrente no cuenta con un derecho indubitado para afirmar que la visita a la ¨Playa Socabón¨ del día 23 de septiembre de 2022, se haya realizado por un acceso distinto al trazado fijado por la Resolución Exenta Nº5 de 1984, argumento en el que descansan sus reclamaciones de afectación de garantías constitucionales. Por el contrario, el año 2020, el recurrente fue multado en dos ocasiones por el Juzgado de Policía Local de Pichilemu por impedir el acceso a la playa, aplicándosele multas de 30 y 45 UTM. Finalmente, el reportaje de Televisión Nacional de Chile, en el que este Ministerio participó, en ningún caso ha sido ofensivo o ha afectado los derechos del actor.

Indican que el recurrente y su familia son propietarios del inmueble colindante a la playa de mar denominada “Playa Socabón”, ubicada en la comuna de Pichilemu, Provincia de Cardenal Caro, Región del Libertador Bernardo O´Higgins y en tal calidad, han sido protagonistas de hechos -y litigios- públicamente conocidos, al obstaculizar e impedir el acceso de la ciudadanía a la playa que, constituye un bien nacional de uso público, conforme el art. 589 inciso segundo del Código Civil, en ese escenario cabe tener presente que el Ministerio de Bienes Nacionales, actúa como receptor de denuncias en los casos en que se obstaculiza o impide el libre acceso a las playas de mar, ríos o lagos, las que, una vez presentadas, dan lugar a una fiscalización por parte de la correspondiente Secretaría Regional Ministerial, especialmente si el lugar objeto de la denuncia ya cuenta con un acceso fijado previamente, lo que ocurre en el presente caso. Esta facultad de fiscalización se encuentra en el artículo 1° del D.L. N°1.939 de 1977, que establece normas sobre adquisición, administración y disposición de los bienes del Estado, (“DL N°1.939/77”), el cual otorga al Ministerio de Bienes Nacionales la función de ejercer el control superior de los bienes nacionales de uso público.

En ese contexto y, en base a diversas denuncias efectuadas por la ciudadanía, el día 14 de enero de 2019 se inició un proceso de fiscalización en terreno por personal de la Secretaría Regional Ministerial, que abarcó la zona del Fundo Mónaco, donde se encuentran los inmuebles de propiedad del recurrente, dando como resultado de dichas diligencias que existía un incumplimiento a la RE N°5/1984, la cual fijó las vías de acceso a playas de mar en la provincia de Cardenal Caro, toda vez que se mantenía cerrado el acceso a la playa establecido por dicho acto administrativo. Frente a las medidas tomadas por este Ministerio para reabrir tales accesos, el recurrente don nombre reservado y otros miembros de su familia, dedujeron un recurso de protección ante esta Iltma. Corte de Apelaciones, rol de ingreso N°1.107-2019, por considerar arbitraria e ilegal dicha medida, sosteniendo que se habrían afectado sus derechos de propiedad, igualdad ante la ley, derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, entre otros derechos. Esta acción fue rechazada y el fallo fue posteriormente confirmado por la Excelentísima Corte Suprema, en la causa Rol 18.150-2019, encontrándose a la fecha firme y ejecutoriada la sentencia.

Recalca que el Ministerio de Bienes Nacionales, no solo debe cumplir con el deber de fiscalizar, fijar y hacer respetar los accesos, sino que también debe realizarlo con el estricto apego a la Constitución y las leyes, para lo cual las visitas a terrenos con personal técnico jurídico, son indispensables para el estudio planimétrico y de títulos correspondientes, lo que en ningún caso conforma una comisión especial, la cual es excepcional y contraria a la ley.

Es en este este escenario que con el objeto de atender los requerimientos de la ciudadanía, el día 23 de septiembre de 2022, el Ministerio de Bienes Nacionales concurrió al acceso fijado por la RE N°5/1984, que atraviesa la propiedad del recurrente para concadenar a la playa de mar denominado ¨Playa Socabón¨, en donde, en esa oportunidad, se pudo constatar el cumplimiento de parte del propietario al libre acceso al bien nacional de uso público, indica que incluso el propietario y recurrente en la presente causa fue a conversar de propio con los asistentes del Ministerio, en donde se le informó de la visita, sin existir ningún tipo de inconveniente de parte del mismo.

Agrega que en el marco de dar a conocer las competencias Ministeriales recién precitadas, e informar a la ciudadanía, Televisión Nacional de Chile requirió una entrevista al Seremi de Bienes Nacionales, la cual constó de dos etapas, la primera dio a conocer las prioridades Ministerial a la hora de la fijación de los accesos, las cuales atienden a una mesa de trabajo destinada a tales efectos, en donde participan los distintos actores sociales involucrados en la temática, así también reflejan el actuar de la sub-comisión de acceso, perteneciente a la Comisión Regional de Uso de Borde Costero (CRUBC), la cual es liderada por el propio Secretario Regional Ministerial, para posteriormente y a modo ejemplificador del procedimiento administrativo y de cómo son los accesos a playas de mar, se realizó la visita a terreno del acceso a ¨Playa Socabón¨, en donde se logró arribar a la playa de mar, sin inconvenientes, al llegar al bien nacional de uso público , donde se realizó una breve explicación al personal periodístico, sobre el cumplimiento de la normativa y el artículo 13 del DL N°1.939/77.

Posteriormente en segunda etapa, con fecha 26 de septiembre de 2022, se realiza una nota periodística en el canal de TVN, en donde es citada como panelista la Ministra de Bienes Nacionales, doña Javiera Toro, y expone sobre el derecho al libre acceso a las playas mar ríos y lagos, y brevemente sobre la visita a terreno realizada por el Seremi de Bienes Nacionales a la ¨Playa Socabón¨, por el acceso fijado por la Resolución Nº5 de 1984.

Manifiesta que, el hecho de informar y comunicar los derechos y acciones que tienen los ciudadanos con respecto a una eventual restricción al libre acceso a las playas u cualquier procedimiento administrativo no puede considerarse una vulneración de derechos, pues establecer lo contrario nos lleva al absurdo de entender que la información que entregamos día a día mediante el Sistema Integral de Atención Ciudadanas, podría considerarse atentatoria a distintos derechos fundamentales.

Agrega que su actuar está apegado al ordenamiento jurídico, conforme a lo dispuesto en el artículo 1, 13, 18 y 19 del D.L. 1939/77, que transcribe, así como la Resolución Exenta N°5 de 1984 y Resolución Exenta N°523 de 2019, como fundamento de la visita a ¨Playa Socabón¨.

Señala que mediante RE N°5/1984 se fijaron las vías de acceso a diferentes playas de mar en la Provincia de Cardenal Caro, indicando de la siguiente forma, en su punto 1.3, el acceso a la playa por los inmuebles del Recurrente: “Vía que atraviesa los predios de varios propietarios, la hijuela 4 del Fundo Panilonco, y el Fundo Mónaco, en toda la extensión que va desde el Km. 23, variante Las Garzas, pasa por los puntos marcados como Km. 29,10, Km. 30,30, siguiendo el camino que pasa por los puntos señalados como Km. 33,20 y Km. 35,00, hasta llegar al Km. 45,50, en la denominada ¨Playa Socabón¨ , en el mar chileno”. El denominado Fundo Mónaco corresponde a la propiedad de dominio del recurrente.

Agrega que la RE N°589/2019 de la Secretaría Regional Ministerial, aclaró y complementó la RE N°5/1984, en el sentido de precisar que las vías de acceso a las playas comprenden, además, "tránsito peatonal, el de ciclos y el de vehículos motorizados, según el Decreto con Fuerza de Ley N°1, del año 2009, y la Ley N°18.280 sobre el transito”.

Lo anterior, sustenta el actuar de la Seremía de Bienes Nacionales respecto de las visitas de fiscalización y revisión de los accesos a las playas de mar en la Provincia de Cardenal Caro, y en lo que interesa, justifica el tránsito realizado a la ¨Playa Socabón¨, por el fundo Mónaco de propiedad del recurrente, para acceder al bien nacional de uso público. No siendo antojadiza o arrojado a la mera discrecionalidad, toda vez que dicho acceso y su análisis es objeto de visitas de parte de la autoridad ministerial o del personal técnico de que disponga, con miras a velar por el cumplimiento del libre acceso a la playa de mar, es decir, la actuación realizada por el Estado, representado en el Seremi de Bienes Nacionales, está ajustado al ordenamiento jurídico y el principio de legalidad, contemplado en el artículo 6 y 7 de la Constitución Política de la República. .

Que con fecha 13 de junio del presente año evacua su informe Lya Hald Ramírez, Abogado Procurador Fiscal de Rancagua, en representación del Fisco de Chile.

Manifiesta que el Fisco de Chile, representado por el Consejo de Defensa del Estado, no tiene ninguna injerencia en el presente recurso, puesto que, no debe confundirse su rol como representante de los órganos que han sido mencionados como recurridos, con ser derechamente recurridos.

Indica que en la especie, y como se aprecia, todas y cada una de las acciones que se han precisado y detallado latamente por el recurrente dicen relación con un Ministerio en específico, esto es, Ministerio de Bienes Nacionales, su Secretaría Regional, y sus autoridades, siendo exclusivamente ellos, quienes tienen el carácter de “recurridos”, pues el recurso de protección, conforme el Auto Acordado que regula esta figura excepcional de protección y restablecimiento del imperio del derecho, debe señalar cuál es la acción u omisión que provoca el quebrantamiento de alguno de los derechos que menciona nuestro artículo 20 de la Constitución de la Política y estar dirigido a un recurrido (s) u ofensor determinados, conforme se infiere de los artículos 4 y 15 del Auto Acordado ya aludido.

Expresa que el numeral 7 del art. 3° de la Ley orgánica del Consejo de Defensa del Estados, contenida en el D.F.L. N° 1 de Hacienda de 1993, se señala: “ 7.- La defensa en los recursos de protección que se interpongan en contra del Estado, los gobiernos regionales, las municipalidades, los servicios públicos centralizados, las instituciones o servicios descentralizados territorial o funcionalmente y las entidades de derecho privado en que el Estado o sus instituciones tengan aportes o participación mayoritarios o igualitarios, cuando así lo acuerde el Consejo. Asimismo, podrá acordar asumir la defensa de los agentes públicos o empleados en contra de los cuales se interponga el recurso de protección o hacerse parte en dichos recursos, en representación del Estado o de la institución a quien representa o donde presta sus servicios el funcionario o empleado recurrido, siempre que así lo acuerde el Consejo por estimarlo conveniente para el interés o el prestigio del Estado”

Reitera que dado que ninguna actuación se les reprocha, su participación en el presente recurso de protección, se circunscribiría a representar judicialmente a los órganos centralizados, sus agentes o funcionarios recurridos en la medida que así lo acuerde el Consejo por estimarlo conveniente para el interés o prestigio del Estado.

Finalmente indica que el Fisco de Chile, representado por el Consejo de Defensa del Estado, no ha realizado ninguna omisión o acción de las referidas en el libelo, por ello y habiéndose evacuado informe por quienes, supuestamente habrían efectuado las acciones u omisiones arbitrarias e ilegales, según se desprende del recurso, esta Defensa Fiscal solicita tener presente que ninguna participación le cabe en estos hechos al Fisco como persona jurídica de derecho público, motivo que solicita rechazar el recurso de protección en contra del Fisco de Chile, con costas.

Se otorgó traslado de la alegación de falta de legitimación activa, el cual fue evacuado por la recurrente según consta de sus propios dichos a folio 20.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbare ese ejercicio. Surge de lo transcrito, que es requisito sine qua non para que pueda prosperar la mentada acción cautelar que exista un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o bien, arbitrario, entendiéndose por tal aquél que es fruto del mero capricho de quien lo ejecuta o incurre en él, acto u omisión que debe provocar, además, alguna de las situaciones ya indicadas y que afecte una o más de las garantías constitucionales protegidas.

SEGUNDO: Que, se reclama como acto ilegal y arbitrario el tratamiento indebido de los datos personales del recurrente y de su familia, materializado en un reportaje que grabó una comisión especial, constituida por funcionarios de la SEREMI de Bienes Nacionales de la Región de O’Higgins, junto a su Secretario Regional, Sr. nombre reservado, y periodistas del canal TVN, lo que se realizó con fecha 26 de septiembre del año 2022, por medio del programa “Buenos días a Todos”, en donde ingresaron al fundo Mónaco Centinela por la puerta de Los Patos, Hijuela 8, el que no es acceso a la playa, sino que es el deslinde con el fundo El Rancho, entre las hijuelas 9 y 10, terminando el recorrido en el sitio 10 del recurrente, mostrándose así su domicilio y entregándose información que califica de irreal, donde se le habría dado la palabra a un tercero, nombre reservado, quien lo habría atacado, afectando a toda su familia, y que además la SEREMI no estaría dando cumplimiento a una ONI decretada en los autos ROL 1621-2022, de la Excma. Corte Suprema y que dichas grabaciones se encuentra en plataformas virtuales del Ministerio de Bienes Nacionales y YouTube, hasta el día de hoy.

TERCERO: Que, sobre la falta de legitimación activa alegada por la recurrida, por cuanto el recurso de protección deducido incurriría en un error al no determinar o individualizar la totalidad de las personas a favor de quienes se interpone el recurso y quienes habrían sido supuestamente afectados en sus derechos constitucionales, si bien ello es efectivo, estando a lo menos una persona claramente identificada, como es el recurrente de autos, eso es suficiente para poder analizar el fondo de la acción intentada, por lo que dicha alegación será rechazada.

CUARTO: Que, en cuanto al fondo, respecto a la primera alegación, esto es, el tratamiento indebido de sus datos personales, ello no se vislumbra de los antecedentes aportados por las partes, pues en el video no se hace mención alguna al recurrente por parte de los recurridos, por lo que mal podría configurarse dicha circunstancia reclamada.

QUINTO: Que, respecto al reproche de haber los recurridos accedido al fundo Mónaco por un acceso que no corresponde, debe hacerse notar que la resolución administrativa N°5 de 2 de julio de 1984 emanada de la Secretaría Ministerial de Bienes Nacionales, complementada mediante la RE N°589/2019, establece que el acceso a la ¨Playa Socabón¨, debe realizarse desde el punto de acceso al fundo Mónaco y por caminos interiores que conducen al mar, por lo que no se advierte ilegalidad o arbitrariedad del acceso.

Lo anterior, se ve refrendado por lo señalado por la recurrida al indicar que se concurrió al acceso fijado por la Resolución Exenta N°5/1984, que atraviesa la propiedad del recurrente para llegar a la playa de mar denominada ¨Playa Socabón¨, oportunidad en la que se pudo constatar el cumplimiento de parte del propietario del libre acceso al bien nacional de uso público, haciéndose presente que incluso el propietario y recurrente en la presente causa fue a conversar con los asistentes del Ministerio, en donde se le informó de la visita, sin existir ningún tipo de inconveniente de parte del mismo en ese momento.

SEXTO: Que, de esta forma, no se aprecia un actuar ilegal o arbitrario por parte de los recurridos que prive, perturbe o amenace las garantías constitucionales invocadas, puesto que su concurrencia al lugar se enmarca dentro de su labor fiscalizadora y la transmisión del programa donde se da a conocer la situación del acceso a la playa dice relación con la garantía constitucional del derecho a la información.

SÉPTIMO: Que, a su vez, en su alegato el Consejo de Defensa del Estado señaló que la situación reclamada por el recurrente ya se encuentra sometida a la jurisdicción de los tribunales ordinarios de justicia, en causa Rol C-2677-2023 del Vigésimo Sexto Juzgado Civil de Santiago, sin que ello haya sido controvertido por abogado de la parte recurrente al tiempo de realizar sus rectificaciones de hecho con posterioridad a los alegatos de su contraparte, por lo que aparece claro que la presente acción constitucional, además, no es la vía idónea para obtener los objetivos perseguidos por el recurrente, en razón de lo cual ninguna medida podría adoptar esta Corte para dicho fin.

Y, visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política del Estado, y auto acordado de la Excma. Corte Suprema sobre esta clase de recursos, se declara:

I.- Que se rechaza la excepción de falta de legitimación activa.

II.- Que SE RECHAZA, con costas, el recurso de Protección deducido por nombre reservado en contra del Ministerio de Bienes Nacionales y su Ministra doña Javiera Toro Cáceres, de la Secretaría Regional del Ministerio de Bienes Nacionales de la Región de O´Higgins y su Secretario Regional Ministerial don Eduardo Gonzalez nombre reservado, y el Fisco de Chile, representado por el Consejo de Defensa del Estado.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol IC 12545-2022 Protección.

Se deja constancia que esta sentencia no reúne los presupuestos del Acta 44-2022 de la Excma. Corte Suprema para ser anonimizada.