nombre reservado con CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y OTRO

Rancagua, veintisiete de agosto de dos mil veinticuatro.

Vistos:

Con fecha 21 de abril de 2024, compareció el abogado Marco Antonio Román Cordero, en favor de doña de doña nombre reservado, exfuncionaria de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región del Libertador General nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado, Condominio don nombre reservado, de la comuna y ciudad de Rancagua, quien interpone recurso de protección en contra de la Contraloría General de la República y del Ministerio de Salud, por los actos que considera ilegales y arbitrarios.

Basa su recurso en la dictación, por parte de la Contraloría, de la Resolución Exenta N° 4.069/2024, de 22 de marzo de 2024, notificada vía electrónica con la misma data, mediante la cual se rechaza el reclamo de ilegalidad deducido por la actora en contra de la Resolución Exenta N° 1.712/2023 de 30 de noviembre de 2023, del Ministerio de Salud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 160 de la Ley N° 18.834, sobre del Estatuto Administrativo; y la dictación, por parte del Ministerio De Salud de la citada resolución, que dispone “no renovar, para el año 2024, la contrata de doña nombre reservado, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, asimilada a un grado 9° EUS de la Planta de Profesionales, con jornada de 44 horas semanales, dependiente de la Subsecretaría de Salud Pública(…)”, las que vulneran las garantías constitucionales de igualdad ante la ley y derecho de propiedad, reconocidos en los números 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, además del principio de legalidad del artículo 7 de la Constitución, y el debido proceso administrativo, solicitando que se adopten las providencias que se juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho, declarando ilegales y arbitrarias las resoluciones impugnadas, y la legalidad de la renovación o prórroga de la contrata de la actora, ordenando su reincorporación en la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región del Libertador General nombre reservado, con el derecho a remuneraciones y bonificaciones desde su separación.

Agrega que la actora fue contratada en la Planta Profesional de la Subsecretaría de Salud Pública, en el mes de noviembre de 2022, en calidad jurídica a contrata, siendo renovado o prorrogado su contrato para la anualidad del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023, desempeñando funciones en la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región del Libertador General nombre reservado.

Expone que, posteriormente, el 26 de octubre de 2023, la Subsecretaria de Salud Pública, señora Andrea Albagli Iruretagoyena, dicta la Resolución Exenta N°1.432, que aprueba el Cronograma y Formato Tipo de Documento que Indica en el Marco del Proceso de Prórroga de Contrata y Otros, Año 2024, del Personal del Ministerio de Salud, la que estipula la forma y plazos en que se debía comunicar la renovación de las contratas de los funcionarios de dicha cartera para el año 2024.

Agregó, que de conformidad con el Anexo I de la Resolución Exenta citada, con fecha martes 28 de noviembre de 2023, la recurrente recibió en su correo institucional, al igual que miles de funcionarios de la Subsecretaría de Salud Pública, el correspondiente acto administrativo mediante el que se le renovaba o prorrogaba su contrato a contrata para la anualidad 2024, prórroga que se comunica con 30 días de anticipación a la referida expiración de funciones (31 de diciembre de año correspondiente), por lo que dicha notificación satisface los presupuestos legales para la prórroga o renovación de los empleos a contrata exigida por el antes mencionado artículo 10 del Estatuto Administrativo. Al respecto, señala que, al ser válida la notificación de prórroga, se genera un derecho adquirido para la recurrente.

Relata que, en este contexto, el 11 de diciembre de 2023, ya habiendo terminado el proceso de prórroga de contratas y otros para el año 2024, mediante carta certificada que fue recibida en su domicilio particular, se le notifica a la recurrente la Resolución Exenta N°1.712, de 30 de noviembre de 2023, mediante la cual se dispone la no renovación de la contrata de la suscrita para el año 2024, no obstante haberse prorrogado su contrata, según notificación de 28 de noviembre de 2023.

Señala que la citada resolución adolece de vicios formales de diversa índole, tanto en su numeración, como en la parte considerativa, siendo el más relevante, aquél que dice relación con no se hacerse cargo de la prórroga de la contrata comunicada a la actora el 28 de noviembre de 2023. Asimismo, expone que se señalan como argumentos para no renovar la contrata anual de la actora una serie de transcripciones extractadas de jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República, relativas al principio de confianza legítima, lo cual resulta impertinente a la discusión jurídica planteada, razón por la cual, a su entender, dicha resolución carece de la fundamentación debida, toda vez que ya se encontraba prorrogada, en tiempo y forma, la contrata de la recurrente.

Agrega, como antecedente de contexto, que la recurrente fue calificada en lista 1 en el último proceso de evaluación funcionaria, con una calificación final de 66,93, notificada el lunes 27 de noviembre de 2023, es decir, el día previo a recibir la resolución mediante la cual se informó la prórroga de su contrata. Además, señala que a la actora se le habían autorizado horas compensadas y además la acumulación de su feriado legal, todo ello a hacerse efectivo el año 2024.

Expone que, ante esta situación, el 22 de diciembre de 2023 dedujo el respectivo reclamo de ilegalidad ante la Contraloría General de la República, de conformidad al artículo 160 del Estatuto administrativo, toda vez que el acto impugnado transgrede el artículo 10 del Estatuto administrativo y lo dispuesto y regulado en la Resolución Exenta N°1.432/2023, de 26 de octubre de 2023, de la Subsecretaría de Salud Pública, que aprueba en su numeral 1° de lo dispositivo, la calendarización para el proceso de prórrogas y no renovaciones de contrata, para el año 2024 y además aprueba, en su numeral 2°, el formato tipo de Minuta no Renovación 2024 para personal a contrata, honorarios a suma alzada y Código del Trabajo. Por su parte, la Contraloría General mediante Resolución Exenta N°4.069, de 22 de marzo de 2024, resuelve el reclamo de ilegalidad deducido por la recurrente, incurriendo en un error en términos fácticos, pues la Contraloría ha partido del hecho de que la recurrente reclama por la no renovación de su contrata para el año 2024, cuando lo que en realidad se reclama es que la misma fue renovada el 28 de noviembre de 2023, para la anualidad 2024.

Previas citas legales, concluye señalando que resulta contrario a derecho e ilegal, que a través de su dictación se pretenda dejar sin efecto la previa renovación de la contrata de la recurrente notificada con fecha 28 de noviembre de 2023, por la Jefatura del Departamento de Gestión y Desarrollo de Personas del Nivel Central de dicha Secretaría de Estado, siendo dicho proceder, contrario a las disposiciones de la Ley N°19.880, pues no se han utilizado los conductos regulares (Invalidación o Revocación) para la revisión de un acto administrativo anterior, lo que resulta además contrario al Principio de Legalidad consagrado en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política y en el artículo 2 de la Ley N°18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

A folio 11, comparece la Contraloría General de la República, evacuando el informe que le fuera requerido, señalando en síntesis, que el reclamo de la actora fue desestimado, toda vez que no se cumplieron los presupuestos aplicables a la confianza legítima de que trata la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General, por cuanto las labores desarrolladas por la ex funcionaria en la Subsecretaría de Salud Pública no comprendieron un período de, al menos, dos renovaciones anuales y que, por tanto, el término de su contrata se produjo por expreso mandato de la ley, al expirar el plazo previsto en su última designación.

Luego, alegó la falta de legitimación pasiva de su parte para ser emplazada en estos autos, sustentando su alegación en el hecho de no ser el actuar de dicho órgano de control el que estaría afectando -eventualmente- las garantías constitucionales de la actora, sino más bien el actuar de la Subsecretaría de Salud Pública, a través de su Resolución Exenta N°1.712, de 2023, que dispuso no prorrogar su designación a contrata para el año 2024.

A su turno, agrega que, habiéndose ejercido la impugnación por vía administrativa, y luego habiéndose agotado dicha vía con el rechazo del reclamo administrativo, se reanudó el plazo para ejercer la acción jurisdiccional, pero en contra de la Subsecretaría de Salud Pública y no en contra de la Contraloría.

Expone, que en el presente caso no existe una actuación ilegal o arbitraria de la Contraloría, toda vez que la resolución del reclamo no obedeció a una conducta antojadiza o contraria a la razón por parte de dicha entidad de control, sino que constituye el resultado de un estudio acabado de los antecedentes en torno a la situación planteada por la propia interesada, de la interpretación de la normativa y criterio jurisprudencial vigente sobre la materia, y en el ejercicio de una actuación legítima del organismo contralor.

En cuanto al fondo, expone que acorde a lo dispuesto en los artículos 3°, letra c), y 10 de la ley N°18.834, los empleos a contrata son aquellos de carácter transitorio que se consultan en la dotación de una institución y durarán, como máximo, hasta el 31 de diciembre de cada año y quienes los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha, por el solo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido propuesta la prórroga con treinta días de anticipación a lo menos, por lo que la contrata de la actora expiró el 31 de diciembre de 2023.

Agrega que en Dictamen N°E156.769, de 2021, la Contraloría emitió un nuevo instructivo sobre confianza legítima en las contratas, donde se sostiene que las continuas renovaciones de las contratas -desde la segunda renovación anual al menos-, originan en los respectivos servidores la confianza legítima de que tal práctica será reiterada en el futuro, de lo que se colige que deberán haber transcurrido más de dos años para invocar este principio, y por tanto, sólo en este caso, se requiere un acto fundado para no renovar al funcionario, en caso contrario, su contrata expira sólo por el ministerio de la ley, caso en el cual se encuentra la actora, toda vez que inició su contrata desde el 11 de noviembre de 2022.

Señala, que el referido criterio jurisprudencial tiene sustento en lo dispuesto en los artículos 3°, letra e), y 10 de la ley N°18.834, en relación con lo prescrito en el artículo 11 y 41, inciso cuarto, de la ley N°19.880. Al respecto, indica que el ente Contralor habría actuado en forma discriminatoria y arbitraria si le hubiera permitido a la recurrente alegar esta situación, en desmedro de otros funcionarios a contrata que pudieran encontrarse en la misma hipótesis.

Por otra parte, indica que no ha existido un acto administrativo sobre prórroga de contrata para el año 2024, toda vez que la Resolución Exenta N° 1.432, de 2023, no renovó ni prorrogó la contrata de la actora, sino que aprobó el “cronograma y formato tipo de documento que indica en el marco del proceso de prórroga de contrata y otros, año 2024, del personal del Ministerio de Salud”, tal como lo reconoce la propia recurrente en el párrafo 2 de la página 16 de su recurso, y dicha resolución únicamente le informa a la actora que “se encuentra incluida en el proceso de prórroga y renovaciones de contrato”, por lo tanto, queda en evidencia, que nunca existió una prórroga de contrata para el presente año.

Por último, a folio 13, comparece la abogada Jefe de la División Jurídica del Ministerio de Salud, doña nombre reservado, evacuando el informe que le fuera requerido, solicitando el rechazo del recurso, pues el acto que ha dispuesto la no renovación de la actora ha sido dictado por la autoridad competente, debidamente fundamentado y motivado, y se basa en una fundamentación racional, respaldada por antecedentes objetivos y verificable.

Indica que la reclamante fue contratada el 14 de noviembre de 2022, siendo prorrogada en igual términos para el período 2023, por lo que no se encuentra en la situación de confianza legítima, pues su contratación no tuvo la duración necesaria para generarla, de acuerdo a la jurisprudencia administrativa vigente, no siendo necesario dictar un acto administrativo que sustente el término de su vinculación, ya que el mismo se produce con el mero vencimiento del plazo, como lo dispone el artículo 10 inciso primero y 153 inciso primero del Estatuto Administrativo.

Por su parte, en relación con la potestad revocatoria de los actos administrativos, indica que el artículo 61 de la Ley N°19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que gobiernan los Actos de la Administración del Estado, establece la facultad de los órganos estatales para volver a examinar los actos administrativos válidos, ya sea por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, de lo que se puede concluir que la notificación posterior sobre la no renovación de la funcionaria no afecta sus derechos, ya que dicha acción se enmarca en el ámbito de las actuaciones facultativas de la Administración del Estado, lo que significa que la Administración tiene la potestad de tomar decisiones sobre la renovación del contrato de acuerdo con el interés general y las necesidades administrativas, por lo que el hecho de que la funcionaria haya sido inicialmente incluida en la nómina de los funcionarios prorrogados no limita la facultad de la Administración del Estado para revisar esta decisión.

En su oportunidad se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

1.- Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio. Surge de lo transcrito, que es requisito sine qua non, para que pueda prosperar la mentada acción cautelar, que exista un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o bien arbitrario, entendiéndose por tal aquél que es fruto del mero capricho de quien lo ejecuta o incurre en él, acto u omisión que debe provocar, además, alguna de las situaciones ya indicadas y que afecte una o más de las garantías constitucionales protegidas.

2.- Que, los actos que el recurrente considera ilegales y arbitrarios, consisten en la dictación, por parte de la Contraloría General de la República, de la Resolución Exenta N° 4.069/2024, de 22 de marzo de 2024, mediante la cual se rechaza el reclamo de ilegalidad deducido en contra de la Resolución Exenta N° 1.712/2023 de 30 de noviembre de 2023, del Ministerio de Salud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 160 de la Ley N° 18.834, sobre del Estatuto Administrativo; y la dictación, por parte del Ministerio de Salud de la citada resolución, a través de la cual se dispuso: “no renovar, para el año 2024, la contrata de doña nombre reservado, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, asimilada a un grado 9° EUS de la Planta de Profesionales, con jornada de 44 horas semanales, dependiente de la Subsecretaría de Salud Pública(…)”, por resultar las mismas contrarias a derecho e ilegales, al pretenderse a través de las mismas, dejar sin efecto la previa renovación de la contrata de la recurrente notificada con fecha 28 de noviembre de 2023, por la Jefatura del Departamento de Gestión y Desarrollo de Personas del Nivel Central de dicha Secretaría de Estado.

3.- Que, evacuando el informe requerido, la Contraloría alegó como una cuestión previa la falta de legitimación pasiva de su parte, pues ella sólo había dictado la resolución que rechazó el reclamo de ilegalidad deducido en contra de la resolución dictada por el Ministerio de Salud que no renovó la contrata de la recurrente, siendo ésta la actuación en contra de la cual se deduce la presente acción.

En cuanto al fondo, ambas recurridas informaron que la actora no se encontraría en la hipótesis de confianza legítima, en relación con la renovación de su contrata anual, por no cumplir con el tiempo mínimo de 2 renovaciones anteriores, de acuerdo con la jurisprudencia administrativa, por lo que su separación se produjo por el sólo ministerio de la ley, una vez expirado el plazo de su vinculación, el 31 de diciembre de 2023.

4.- Que, en cuanto a la excepción de falta de legitimación pasiva, ésta debe ser rechazada puesto que la recurrente también considera que la resolución dictada por la Contraloría resulta arbitraria e ilegal, por basar su rechazo, principalmente, en el hecho de no haberse configurado a su respecto la confianza legitima, cuando el fundamento de la misma fue que, a pesar de haberse renovado su contrata con fecha 28 de noviembre de 2023, a los pocos días se le informa lo contrario.

5.- Que, respecto a las alegaciones de fondo, primeramente, corresponde dejar asentado que lo reclamado por la recurrente, dice relación con la dictación por parte del Ministerio de Salud, de la Resolución Exenta N° 1.712/2023 de 30 de noviembre de 2023, mediante la cual y sin revocar la renovación de su contrata comunicada por mail el 28 de noviembre de 2023, se le informa que la autoridad respectiva decidió no renovar su contrata para la anualidad 2024, y la falta de pronunciamiento de que adolecería la Resolución Exenta N°4.069/2024, de 22 de marzo de 2024 de la Contraloría General de la República, la que al resolver el reclamo de ilegalidad planteado por la recurrente, lo rechazó, sin hacerse cargo de los vicios denunciados.

6.- Que, aclarado lo anterior, corresponde dilucidar si la dictación de la Resolución Exenta N°4.069/2024, de 22 de marzo de 2024 de la Contraloría General de la República, y Resolución Exenta N° 1.712/2023 de 30 de noviembre de 2023, del Ministerio de Salud, constituyen o no, un acto arbitrario o ilegal que priva, perturba y/o amenaza los derechos constitucionales invocados por la actora.

7.- Que, de conformidad con los antecedentes aportados por los intervinientes, es posible asentar los siguientes hechos de relevancia para resolver esta acción constitucional:

i.- La recurrente ingresó a prestar servicios para la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de O´Higgins, en el mes de noviembre del año 2022, en calidad jurídica a contrata.

ii.- La contrata de la actora, fue prorrogada para la anualidad 2023.

iii.- La actora recibió un mail en su casilla institucional, el día 28 de noviembre del año 2023, de parte de la Jefatura del Departamento de Gestión y Desarrollo de Personas, mediante el cual se le informó que: “…de acuerdo a lo establecido en el artículo 10 del DFL N°29 de 2004 del Ministerio de Hacienda, el cual fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°18.834, sobre Estatuto Administrativo, cumplo con notificar a Ud., que se encuentra incluido (a) en el proceso de prórrogas y renovaciones de contratos para el periodo comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre del año de 2024.”.

iv.- La actora fue notificada el 11 de diciembre del año 2023, mediante carta certificada, de la Resolución Exenta N° 1.712/2023 de 30 de noviembre de 2023, del Ministerio de Salud, mediante la cual se le comunicó que su contrata no sería renovada para la anualidad 2024.

v.- La recurrente interpuso un reclamo de ilegalidad ante la Contraloría General de la República respecto de la Resolución Exenta N° 1.712/2023, el que fue rechazado por el órgano contralor, mediante la Resolución Exenta N°4.069/2024, de 22 de marzo de 2024.

8.- Que, a su turno, resulta importante destacar que el artículo 160 de la Ley 18.834 dispone que: “Los funcionarios tendrán derecho a reclamar ante la Contraloría General de la República, cuando se hubieren producido vicios de legalidad que afectaren los derechos que les confiere el presente Estatuto. Para este efecto, los funcionarios tendrán un plazo de diez días hábiles, contado desde que tuvieren conocimiento de la situación, resolución o actuación que dio lugar al vicio de que se reclama”. Por su parte, el artículo 1 de la Resolución Exenta N° 922, de 2023, de la Contraloría General de la República, establece que: “Los reclamos interpuestos ante la Contraloría General de la República por personas funcionarias, cuando se hubieren producido vicios de legalidad que afectaren sus derechos, se tramitarán conforme a las disposiciones de las leyes N°s. 18.834, 18.883, 10.336 y 19.880, cuyo procedimiento se formaliza en la presente resolución”.

9.- Que, por su parte, el artículo 10 de la mencionada Ley señala que: “La duración de los empleos a contrata se extiende como máximo, hasta el 31 de diciembre de cada año y los empleados que los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha, por el solo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido propuesta la prórroga con treinta días de anticipación a lo menos”.

10.- Que, de la revisión de los antecedentes acompañados al recurso, se advierte que lo comunicado a la actora mediante correo electrónico de 28 de noviembre de 2023, fue que aquélla se encontraba incluida en el proceso de prórrogas y renovaciones de contratos para el periodo comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre del año de 2024, y no que la misma había sido prorrogada, puesto que no se adjuntó a dicha comunicación electrónica, la resolución correspondiente que diera por renovado su contrato para la anualidad 2024.

Lo anterior, permite despejar las alegaciones efectuadas por la recurrente en cuanto a la falta de motivación de la Resolución Exenta N°1.712/2023, puesto que no resultaba procedente que en dicho acto administrativo se invalidara o revocara la “renovación” comunicada por mail el 28 de noviembre de 2023, ya que, como se dijo, tal correo electrónico no constituía renovación, sino sólo un aviso que se encontraba dentro de las personas respecto de las cuales se podría prorrogar la contrata respectiva, lo que en la especie no sucedió.

En el mismo sentido, y atendido el tiempo que la actora prestó servicios para la SEREMI de Salud de esta región, no resultaba necesario, tampoco, que la resolución cuestionada sustentara mayormente el término de la vinculación que mantenía con la recurrente, desde que, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 1° del artículo 10 del Estatuto Administrativo, dicho término se produce con el mero vencimiento del plazo de la contrata, el que tuvo lugar el 31 de diciembre de 2023.

11.- Que, de acuerdo a lo razonado precedentemente, resulta indefectible concluir que la presente acción constitucional ha de ser rechazada, puesto que las actuaciones reprochadas han emanado de los órganos administrativos facultados para ello, y con apego a la normativa aplicable, lo que permite descartar la ilegalidad y arbitrariedad denunciadas.

Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema que rige en la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por Marco Antonio Román Cordero, abogado, en favor de doña de doña nombre reservado, en contra de la Contraloría General de la Republica y el Ministerio de Salud.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol Corte 1253-2024 Protección.