nombre reservado con AFP PROVIDA S.A.

C.A. Rancagua Rancagua, seis de marzo de dos mil veintiséis Vistos:

Con fecha 30 de julio de 2025 comparece el abogado Darwin Cedeño Mendoza, en representación de don nombre reservado, ciudadano venezolano, ingeniero, domiciliado en domicilio reservado, quien interpone acción constitucional de protección en contra de AFP Provida S.A., por el acto que califica de ilegal y arbitrario consistente en el rechazo de su solicitud de devolución de fondos previsionales, impetrada al amparo de lo dispuesto en la Ley N°18.156.

Expone que el recurrente se encuentra afiliado a la administradora recurrida desde el 1 de diciembre de 2022. Señala que, con fecha 26 de junio de 2025, presentó en la sucursal de Rancagua solicitud formal de devolución de los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual, invocando el artículo 7° de la Ley N°18.156, en relación con su artículo 1°, que exime de la obligación de cotizar en Chile a trabajadores técnicos extranjeros que mantengan afiliación a un régimen previsional en su país de origen y manifiesten su voluntad de conservar dicha afiliación.

Indica que, para acreditar el cumplimiento de los requisitos legales, acompañó copia de sus contratos de trabajo y anexos respectivos -en los que consta su voluntad de mantener afiliación al sistema de seguridad social venezolano-, constancia electrónica emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), de fecha 17 de junio de 2025 y vigente hasta el 30 del mismo mes, título profesional debidamente apostillado y declaración jurada de afiliación a seguridad social extranjera, protocolizada ante notario, quien certificó además la validación en línea del documento previsional extranjero.

Refiere que, mediante correo electrónico de 30 de junio de 2025, la administradora comunicó el rechazo de la solicitud -requerimiento N°64333-, fundado en que la constancia de afiliación al IVSS se encontraría vencida, por superar una supuesta vigencia de 120 días. Sostiene que dicha fundamentación es errónea, desde que el certificado acompañado se encontraba vigente al momento de formular la solicitud, por lo que estima que la negativa carece de sustento legal y constituye una exigencia no prevista en la Ley N°18.156.

Añade que la actual ausencia de relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela ha generado obstáculos prácticos para la legalización o apostilla de documentos, lo que no puede traducirse en una carga imposible de cumplir para los afiliados venezolanos. Invoca al efecto el concepto de fuerza mayor previsto en el artículo 45 del Código Civil, y sostiene que la recurrida no puede imponer requisitos adicionales a los expresamente contemplados por el legislador.

Afirma que el acto impugnado vulnera las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política de la República, esto es, la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad sobre los fondos acumulados en su cuenta individual, al privarlo de la restitución de recursos que le pertenecen y respecto de los cuales cumple íntegramente las exigencias legales para su devolución.

Cita jurisprudencia de diversas Cortes de Apelaciones y de la Excma. Corte Suprema en causas de análoga naturaleza, en las que se ha ordenado la restitución de fondos previsionales a trabajadores extranjeros que acreditaron su afiliación a un régimen de seguridad social en el extranjero y su voluntad de mantenerla, estimando que la negativa de la administradora configura un acto ilegal y arbitrario.

En virtud de lo expuesto, solicita se acoja el recurso, se declare la ilegalidad y arbitrariedad del rechazo impugnado y se ordene a la recurrida proceder a la devolución de los fondos previsionales acumulados en su cuenta de capitalización individual, adoptándose las demás medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Con fecha 28 de agosto de 2025 comparece el abogado Daniel Santoni, en representación de la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A., evacuando el informe requerido, solicitando el rechazo íntegro de la acción, con expresa condena en costas.

En primer término, sostiene que el recurso de protección no constituye la vía idónea para resolver la controversia planteada, por tratarse de una materia de lato conocimiento que exigiría debate contradictorio y rendición de prueba, incompatibles con la naturaleza cautelar y urgente de la acción. Invoca doctrina y jurisprudencia en apoyo de la improcedencia del arbitrio cuando se pretende obtener declaraciones de derechos o discutir cuestiones que exceden el marco de una tutela inmediata.

En subsidio, niega la existencia de un acto ilegal o arbitrario atribuible a su representada, señalando que ha actuado dentro de la competencia y conforme a la normativa vigente, en particular, la Ley N°18.156 -que califica como excepcional- y las instrucciones contenidas en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones impartidas por la Superintendencia de Pensiones.

Reconoce que la administradora rechazó la solicitud de devolución de fondos previsionales formulada por el recurrente en su calidad de técnico extranjero, indicando que ello se fundó en la insuficiencia de la documentación acompañada para acreditar, en forma válida y verificable en Chile, el requisito de afiliación a un régimen previsional extranjero con cobertura mínima de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. Precisa que, conforme al criterio administrativo de la Superintendencia de Pensiones y a las reglas generales sobre eficacia probatoria de instrumentos extranjeros, las certificaciones electrónicas emitidas por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales que no se encuentren legalizadas o apostilladas, o que no permitan inferir un período de cobertura determinado, no serían aptas para dar por acreditado el presupuesto exigido por el artículo 1° de la Ley N°18.156.

Añade que, desde la entrada en vigor en Chile del Convenio de la Apostilla, y siendo Venezuela Estado Parte, se requeriría que la certificación previsional extranjera se presente apostillada para su reconocimiento, citando al efecto los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil y el referido convenio internacional. Indica que, con anterioridad al cierre de la embajada venezolana, se aceptaban constancias emitidas por la delegación consular en Chile, sin embargo, sostiene que ello no exime a la administradora de observar las formalidades exigidas actualmente para aprobar devoluciones.

Desarrolla, además, el marco normativo del Decreto Ley N°3.500, destacando que los fondos de la cuenta de capitalización individual tendrían un destino legalmente predeterminado -financiar prestaciones previsionales- y que las AFP no podrían otorgar beneficios distintos de los contemplados expresamente en la ley, salvo las excepciones legales. En ese contexto, afirma que la devolución de cotizaciones a técnicos extranjeros procede únicamente si se cumplen copulativamente los requisitos de la Ley N°18.156, cuestión que no habría ocurrido en la especie.

Finalmente, cita fallos de la Excma. Corte Suprema y de Cortes de Apelaciones -algunos confirmados por aquella- que, según su postura, respaldarían la exigencia de cumplir las formalidades de acreditación del régimen previsional extranjero y la improcedencia de calificar como ilegal o arbitrario el rechazo cuando no se acredita satisfactoriamente dicho requisito. Concluye que no concurren los presupuestos del artículo 20 de la Carta Fundamental, motivo por el cual solicita se rechace el recurso en todas sus partes, con costas.

Con fecha 18 de febrero del actual la Superintendencia de Pensiones, evacúa el informe requerido.

En lo sustancial, informa que, revisado su sistema de gestión documental, el recurrente no registra reclamo administrativo ante dicho organismo por estos hechos, motivo por el cual señala no contar con antecedentes específicos relativos a la controversia.

En el plano normativo, explica que la exención de cotizar y la devolución de fondos contempladas en la Ley N°18.156 constituyen un régimen excepcional, aplicable sólo a trabajadores dependientes extranjeros con calidad de técnicos o profesionales que cumplan copulativamente los requisitos del artículo 1° de dicho cuerpo legal, presupuesto al que se remite el artículo 7° para la devolución de fondos enterados en una AFP. Enfatiza que, por tratarse de una norma de excepción, su aplicación debe ser restrictiva y sólo procede si se acreditan íntegramente las exigencias legales.

Asimismo, invocando sus atribuciones legales de interpretación administrativa del sistema de pensiones, expone su jurisprudencia institucional sobre la acreditación del requisito de cobertura previsional en el extranjero, el que constancia, de manera específica y efectiva, que el trabajador contó con cobertura por los riesgos exigidos durante todo el período de prestación de servicios en Chile, incluyendo -en materia de salud- una cobertura integral -médica y pecuniaria-. Indica que, conforme a su criterio reiterado, no basta un documento genérico sobre las coberturas del sistema extranjero ni una cartola de cotizaciones, requiriéndose certificación de la autoridad competente y que el documento sea presentado debidamente legalizado o apostillado, según corresponda.

Aplicado lo anterior al caso, el oficio sostiene que el recurrente habría acompañado una constancia electrónica del IVSS “sin firma” y sin apostilla o legalización, además de una declaración jurada y constancia notarial que, a juicio del órgano técnico, sólo darían cuenta de que el documento proviene de la página web del IVSS, sin suplir las exigencias de reconocimiento formal de instrumentos extranjeros. En esa línea, afirma que, conforme a las reglas sobre valor probatorio de documentos extranjeros y a la normativa del sistema de pensiones, el documento presentado no sería apto para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional exigido por la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156, agregando que tampoco permitiría inferir un período determinado de cobertura ni especificaría las coberturas individuales del recurrente.

Finalmente, cita jurisprudencia judicial que -según expone- avalaría el criterio de exigir apostilla o legalización para dotar de eficacia en Chile a documentos previsionales extranjeros y sostiene, además, que lo pretendido por el actor excedería el ámbito propio del recurso de protección, por lo que no sería materia susceptible de discutirse en esta sede cautelar.

Acompañaron las partes los documentos que se encuentran agregados a la causa.

En su oportunidad, se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

1.- Que, el recurso de protección contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye una acción cautelar de carácter extraordinario, destinada a restablecer el imperio del derecho cuando, por actos u omisiones ilegales o arbitrarios, se prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de las garantías que la misma norma ampara, exigiéndose la concurrencia copulativa de un acto actual, una ilegalidad o arbitrariedad manifiesta y una afectación directa a un derecho fundamental determinado.

2.- Que, el acto que se impugna por el presente recurso es el rechazo de la solicitud de retiro de Fondos para Extranjero, lo que vulneraría lo establecido en la Constitución Política de la República, artículos 19 N°s 2 y 24, y en la Ley N°18.156 que faculta la devolución de los fondos a los extranjeros, solicitando que se ordene a la recurrida a reconocer para tal efecto como válida la documentación acompañada, ordenando a su vez se restablezca el imperio del derecho y se le devuelvan los fondos previsionales al recurrente, por haber cumplido con todos los extremos legales de rigor.

En efecto, cabe dejar asentado que, si bien el actor alega que dicho rechazo tuvo como fundamento el vencimiento de la constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales acompañada, la argumentación vertida se centra en su falta de legalización o apostilla.

3.- Que, por su parte, la recurrida solicita el rechazo de la acción. En primer término, objeta la idoneidad del recurso por estimar que lo debatido exigiría un examen probatorio y jurídico propio de un procedimiento de lato conocimiento. En subsidio, sostiene que la devolución de fondos prevista en la Ley N°18.156 constituye un régimen excepcional, de aplicación restrictiva, y que su procedencia exige el cumplimiento copulativo de los requisitos del artículo 1° del mismo cuerpo legal, particularmente el relativo a la acreditación de afiliación a un régimen previsional extranjero con coberturas mínimas, requisito que, a su juicio, no habría quedado demostrado en forma válida y verificable en Chile con la documentación acompañada, atendida la falta de apostilla o legalización del documento previsional extranjero y la insuficiencia del mismo para determinar el período y contenido de la cobertura con que cuenta el afiliado.

4.- Que, por su parte, la Superintendencia de Pensiones, al evacuar el informe requerido, expone que el actor no registra reclamo administrativo ante ese organismo y que, en el plano normativo, el beneficio de la Ley N°18.156 exige acreditar de manera efectiva la cobertura por los riesgos que contempla el artículo 1° durante el período de prestación de servicios en Chile, mediante certificación emanada de autoridad competente y presentada con las formalidades de reconocimiento de instrumentos extranjeros -legalización o apostilla, según corresponda-. Agrega que, aplicado dicho criterio al caso, la constancia electrónica del IVSS acompañada no resultaría idónea para tener por acreditado el requisito legal, por carecer de elementos formales y de contenido que permitan verificar cobertura y período.

5.- Que, para decidir la cuestión planteada, cabe tener presente el artículo 1 de la Ley N°18.156, que establece: “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.

La exención que establece el inciso anterior no comprenderá los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previstos en la ley 16.744.”

A su vez, el artículo 7 del mismo cuerpo legal dispone: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley.”

6.- Que, al respecto y a fin de dar cumplimiento a las exigencias establecidas en el artículo 1° de la ley antes citada, el recurrente acompañó a su recurso -entre otros- una constancia electrónica de afiliación previsional del país de origen emitida por el Instituto Venezolano de seguros sociales vigente (IVSS) y protocolizada en Chile, documento que como sostiene la recurrida y la respectiva Superintendencia no resultan idóneos para dar cumplimiento a las exigencias legales, por cuanto dicho documento se encuentra vencido, teniendo vigencia hasta el 30 de junio de 2025.

Además, el referido documento denominado “constancia electrónica de cotizaciones” si bien fue protocolizado, no ha sido firmado, apostillado ni legalizado, no siendo posible -en definitiva- establecer la legitimidad del documento en cuestión, no dándose cuenta de que el actor cuente con un derecho indubitado susceptible de ser protegido en esta vía, al encontrarse controvertido el cumplimiento de los requisitos que establece la ley al respecto. En este sentido, El hecho de contener un código de verificación electrónica no sustituye los requisitos legales formales vigentes, más aún cuando el ordenamiento jurídico exige expresamente la legalización de los instrumentos públicos extranjeros para que surtan efectos en el territorio nacional, lo que no ha ocurrido.

7.- Que, a mayor abundamiento, la situación del país de origen del actor no exime a la administradora de verificar el cumplimiento de la normativa aplicable para la devolución de fondos previsionales, todos motivos por los que no se advierte en la actuación de la recurrida la existencia de un acto ilegal o arbitrario, puesto que la negativa a acceder a la devolución de los fondos previsionales responde a la aplicación de la legislación vigente, cuyo cumplimiento no ha sido acreditado por el recurrente.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en representación de nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol I. Corte 1251-2025 Protección.

Se deja constancia que esta sentencia no reúne los presupuestos del Acta 44-2022 de la Excma. Corte Suprema para ser anonimizada.