nombre reservado con nombre reservado

Rancagua, veinte de enero de dos mil veintidós.

VISTOS:

Con fecha 15 de octubre de 2021, comparece don nombre reservado, empleado, cédula nacional de identidad número RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, deduciendo recurso de protección en contra de la jueza del Juzgado de Letras de San Vicente de Tagua Tagua doña nombre reservado y así como respecto del abogado don RAFAEL RICARDO GONZALEZ ZAMORANO.

Ante el Juzgado de Letras de San Vicente de Tagua Tagua se tramitó un amparo de aguas en su contra, proceso del que tomó conocimiento oportunamente (25 de septiembre de 2019), donde se le atribuía haber cerrado con concreto la entrada de agua a la demandante. Dicho juicio concluyó con sentencia favorable para su parte, que fue revocada por esta Corte.

La jueza recurrida, dentro de la etapa de ejecución de la sentencia dictada en ese juicio, le otorgó el plazo de 15 días para cumplir lo resuelto, bajo los apercibimientos previstos en los artículos 536 y 543 del Código de Procedimiento Civil, conforme a lo dispuesto en el artículo 235 N° 5 del mismo Código, mandato que le es imposible de cumplir porque el predio donde se emplaza el taco de concreto que impide el paso del agua se encuentra en un inmueble que pertenece a su empleadora “Agrícola e Inmobiliaria San Andrés Limitada”, tercero ajeno a dicho juicio, que él no representa, ni le pertenece, careciendo de cualquier autoridad para realizar el retiro que se ordena; tampoco es dueño del tranque ni de la propiedad que se sirve de él.

Pese a ello, el procedimiento civil se llevó en su contra en todas las instancias y ahora se le compele a cumplir una obligación de hacer imposible para él. Hace presente que esta falta de legitimidad pasiva fue alegada en el proceso, sin éxito.

Afirma que esta cadena de errores comienza con la presentación errónea de la acción por parte del abogado recurrido sr. Rafael González, porque correspondía que se persiguiera a los propietarios del predio y del tranque y no en su contra, pues sólo es un trabajador más, que no cuenta con las facultades económicas ni de administración.

Sostiene que el mandamiento despachado en su contra y los apremios que se le imponen afectan su derecho a la libertad de trabajo y su protección, porque lo podrían despedir por destruir propiedad de la empresa en que labora y también conculca su derecho de propiedad, porque debe soportar con su patrimonio el costo de ejecución de la destrucción que se le compele a realizar.

La ilegalidad la hace consistir en que el mandamiento de ejecución y la sentencia definitiva se dirigen contra un tercero que no tiene legitimación pasiva, por lo que resulta arbitrario, por lo que solicita que se dejen sin efecto los apremios decretados en su contra y, si se considera justo, se ordene realizar la obra por quien en derecho corresponda; sin perjuicio de las medidas disciplinarias que se estime aplicar a los funcionarios.

En presentación de folio 9 evacua informe el recurrido Rafael González Zamorano, señalando que la Excma. Corte Suprema mantuvo a firme lo resuelto por esta Corte en sentencia por la cual se desestimó la excepción de falta de legitimación pasiva alegada por el señor nombre reservado, por encontrarse válidamente emplazado como autor de las vías de hecho que generó el entorpecimiento en el curso de las aguas, siendo éste un empleado de la Sociedad San Andrés.

Dispuesto el cúmplase por el tribunal de primera instancia, se despachó el respectivo mandamiento de ejecución y la querellada, además de interponer un quinto incidente de nulidad de la notificación del mandamiento dedujo este recurso y además presentó una acción de amparo ante esta Corte, fundado en idénticos argumentos, el que fue rechazado bajo el Rol Corte 711-2021.

Agrega que el Código de Aguas exige dirigir el amparo de aguas contra el autor material del hecho que entorpece el aprovechamiento, que en este caso es el señor nombre reservado y así lo concluyeron las sentencias de los Tribunales Superiores, por lo que difícilmente puede calificarse como un vulnerador de garantías constitucionales si judicialmente se acogió la acción. Legitimidad que también asiste a la actuación de la jueza recurrida, quien se limitó a ordenar cumplir una sentencia firme y ejecutoriada.

Por último, indica que el recurso de protección no es un medio idóneo para impugnar resoluciones judiciales, tal como lo ha resuelto la Excma. Corte Suprema en el Rol 80.029-2021, al confirmar un fallo dictado por la Iltma. Corte de Apelaciones de San Miguel, Rol 9.292-2021.

En presentación de folio 16 evacua su informe la señora jueza recurrida hace relación de lo obrado en el expediente de amparo de aguas que se tramita en su tribunal, precisando que en sentencia de primera instancia se rechazó la acción intentada, decisión que fue revocada por esta Corte en sentencia dictada el 26 de marzo de 2021, ordenando poner fin inmediato al entorpecimiento, volviendo a la situación de hecho existente con anterioridad al acto denunciado, debiendo proceder al retiro inmediato del muro de cemento que obstaculiza el paso del acueducto hacia el tranque y el cese de todo acto turbatorio y de embarazo futuro en relación a los actos denunciados que han sido materia del juicio.

El 29 de junio de 2021 se ordenó el cumplimiento de la sentencia, con citación; el demandado dedujo oposición, que fue rechazada el 20 de septiembre del mismo año, que no fue objeto de recurso alguno, quedando firme y ejecutoriada. Consecuentemente con ello y a solicitud de la parte demandante, el 30 de septiembre pasado se despachó mandamiento de ejecución, ordenando requerir al señor nombre reservado, en su calidad de administrador del campo Agrícola San Andrés Ltda. Para que dentro de 15 días proceda al retiro inmediato del muro de cemento que obstaculiza el acueducto, en la forma dispuesta en la sentencia de la Corte, quedando sujeto a los apercibimientos de los artículos 536 y 543, conforme al artículo 235 regla quinta, todos del Código de Procedimiento Civil.

Hace presente que el 12 de octubre de 2021 la parte demandada dedujo incidente de nulidad, argumentando que el mandamiento no le fue válidamente notificado, incidente que se encuentra pendiente de resolución.

Por último, sostiene que las alegaciones expuestas en el recurso ya fueron planteadas en la tramitación del proceso civil y en el recurso de amparo presentado ante la Corte, resultando improcedente que por esta vía cautelar se intente modificar o dejar sin efecto lo resuelto en un proceso judicial legalmente tramitado, que le entrega a las partes herramientas procesales para impugnar las decisiones, cautelándose adecuadamente los derechos de las intervinientes, no siendo ésta la vía procesal idónea para ello, máxime cuando el mentado mandamiento se ha dictado en cumplimiento de una sentencia firme y ejecutoriada, respetándose de manera irrestricta las garantías constitucionales de las partes.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

1° Que el recurso de protección ostenta como propósito esencial restablecer la vigencia del derecho, ante una acción u omisión irregular y manifiesta, que conculque alguna de las garantías que ampara nuestra Carta Fundamental y que provenga de un acto ilegal o arbitrario que precisamente vulnere un derecho vigente e indiscutido, a fin de que se tutele el bien jurídico amenazado o perturbado.

2° Que, de acuerdo a los fundamentos de hecho del recurso, éste se funda en que la jueza del Juzgado de Letras de San Vicente de Tagua Tagua habría incurrido en una actuación ilegal y arbitraria al despachar un mandamiento de ejecución de una obligación de hacer, en la etapa de cumplimiento de la sentencia dictada en un procedimiento de amparo de aguas, que se ha seguido en su contra, pese a no ser él el propietario del inmueble donde se produjo la afectación al ejercicio del derecho de aprovechamiento, imponiéndosele los apercibimientos de los artículos 536 y 543 del Código de Procedimiento Civil, en relación al artículo 235 regla quinta del mismo cuerpo legal. También reprocha un actuar ilegal y arbitrario al abogado patrocinante de la parte demandante de dicho juicio, por haber tramitado la causa en su contra y no haber emplazado al dueño del predio donde se encuentra la obra, argumentando que dichas actuaciones resultarían vulneratorias de derecho a la libertad de trabajo y su protección, porque de cumplir lo ordenado, podría ser despedido por destruir la propiedad de la empresa en que labora y también conculcaría su derecho de propiedad, porque debe soportar con su patrimonio el costo de ejecución de la destrucción que se le compele a realizar, derechos garantizados respectivamente en el artículo 19 N° 16 y 24 de nuestro texto Constitucional.

3° Que, del estudio de la causa Rol C-1388-2019 del Juzgado de Letras de San Vicente de Tagua Tagua, caratulada “Sociedad Agrícola Tres Reginas Ltda., con nombre reservado”, se advierte que en ella se presentó contra don nombre reservado un amparo judicial de aguas, que fue rechazado en primera instancia, pero acogido por esta Corte el 26 de marzo de 2021, bajo el rol de ingreso civil 374-2020, concluyéndose en el considerando 10° de dicho fallo “que, finalmente, en lo relativo a la legitimación pasiva del recurrido Sr. nombre reservado, cabe señalar que siendo la finalidad esencial del amparo judicial de aguas el restablecimiento en forma rápida y expedita en una situación de hecho -el uso del agua- afectada por obras o hechos recientes, habiendo sido emplazado legalmente quien fue sindicado en el libelo pretensor como responsable de las vías de hecho en que se hizo consistir el entorpecimiento, todo cuestionamiento a este respecto no puede prosperar, más si el propio recurrente reconoce expresamente en su adhesión que el Sr. nombre reservado es empleado de la Sociedad San Andrés. Así se ha resuelto (CS. Rol N° 29.029-2019, que rechaza casación fundada en la misma circunstancia).”, afirmándose en definitiva que se daban los presupuestos de la acción intentada y disponiendo en lo resolutivo que el demandado deberá: “a) Poner fin inmediato al entorpecimiento materia de estos autos, volviendo a la situación de hecho existente con anterioridad al acto denunciado. b) A tal efecto, se deberá proceder al retiro inmediato del muro de cemento que obstaculiza el paso del acueducto hacia el tranque individualizado en los presentes antecedentes. c) Se dispone, asimismo, el cese de todo acto turbatorio y de embarazo futuro en relación a los actos denunciados y que han sido materia de este juicio.”

4° Que, asimismo, del examen de lo obrado en el ingreso Corte 374-2020 Civil, consta que el demandado y recurrente de autos dedujo recurso de casación en la forma y en el fondo contra la sentencia dictada por esta Corte, los que fueron rechazados por la Excma. Corte Suprema, en el Rol N° 29.029-2019, dictándose el cúmplase de lo resuelto en dicha causa con fecha 18 de octubre de 2021.

5° Que, a su vez, con fecha 8 de julio del 2021, ante el tribunal de primera instancia, el demandado se opuso al cumplimiento alegando la excepción de “imposibilidad absoluta de cumplimiento”, fundada en los mismos argumentos expuestos en estos autos, los que fueron objeto de discusión en el marco de lo previsto en el artículo 234 del Código de Procedimiento Civil, ante el Tribunal a cargo de la ejecución, oposición que fue desestimada con fecha 20 de septiembre de 2021, resolución que quedó firme y ejecutoriada al no haber sido impugnada, todo lo cual deja en evidencia que el recurso de protección no es una vía idónea para revertir lo decidido en la causa civil antes referida, menos aún si consta además, que existe un incidente de nulidad de lo obrado en la etapa de cumplimiento, deducido por la misma parte recurrente y cuya decisión se encuentra pendiente.

6° Que a mayor abundamiento, la ilegalidad del obrar de la jueza recurrida también quedó descartada en la sentencia dictada en el recurso de amparo Rol Corte 711-2021, en la que se rechazó dicha acción constitucional, decisión que fue confirmada por la Excma. Corte Suprema en el Rol 85.650-2021, antecedentes en los que también se descartó una ilegalidad o arbitrariedad en el actuar del abogado Rafael González, al definir su estrategia procesal al ejercer una acción que legítimamente correspondía a su titular, en el marco de un procedimiento legalmente establecido, donde el afectado tuvo la posibilidad de ejercer los recursos procesales que estimó pertinente, sometiendo la decisión del caso incluso a la Excma. Corte Suprema, a través del ejercicio de los correspondientes recursos de casación.

7° Que, por consiguiente, dado que en los autos civiles quedó asentado que el recurrente fue emplazado legalmente, siendo sindicado en el amparo de aguas como el responsable de las vías de hecho en que se hizo consistir el entorpecimiento, el cuestionamiento que se intenta revivir a este respecto no puede prosperar mediante el ejercicio de esta acción constitucional, motivos por los cuales el presente recurso debe ser rechazado.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema Sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso deducido por don nombre reservado en contra de la jueza del Juzgado de Letras de San Vicente de Tagua Tagua, doña Lidia María Ferrada Valdebenito, y del abogado don Rafael Ricardo González Zamorano.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol Corte N° 12.508-2021Protección-.