nombre reservado con COMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ REGIÓN METROPOLITANA

C.A. de Rancagua Rancagua, seis de enero de dos mil veintidós.

Vistos:

Con fecha 13 de octubre de 2021 comparece MARÍA FILIPA MÉNDEZ ARROYO, abogada, en representación de nombre reservado, médico cirujano, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, deduciendo recurso de protección en contra de la COMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ DE LA REGIÓN METROPOLITANA, representada para estos efectos por doña nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado y en domicilio reservado.

Señala que su representada es médico cirujano, por lo que atiende a diariamente a pacientes con diversas patologías tanto físicas como psicológicas. En el adecuado ejercicio de su profesión, diagnostica a pacientes, requiriendo la mayoría de los casos, no sólo tratamiento farmacológico, sino además reposo laboral por inhabilidad física para trabajar, lo que se hace mediante la respectiva licencia médica.

Agrega que el 13 de septiembre del año 2021, se le notificó mediante correo electrónico la cantidad de 2764 resoluciones administrativas, las que van desde el ORD. N° 522719 al ORD. N° 525487, las cuales fueron emitidas por la presidenta del COMPIN, exigiéndole que emita un informe y se acompañen los antecedentes médicos complementarios que justifiquen la licencia médica, individualizando el nombre del paciente, el R.U.T y el número de la licencia, otorgándoles un plazo de 3 días hábiles para ello.

Indica que la elaboración de dichos informes requiere una compleja búsqueda de antecedentes, ya que se tratan de licencias emitidas desde hace tres años, muchas de las cuales mantiene registros en papel, además de tratarse de pacientes de diversos centros médicos. Asimismo, de una revisión somera de las licencias, se advirtió que la mayoría no fueron objetadas, sino que autorizadas y pagas; y otro grupo que fueron rechazadas, en su oportunidad se pusieron a disposición del COMPIN los respectivos informes.

Menciona que el requerimiento de información se efectúan en virtud de las facultades que el artículo 2 de la Ley N°20.585 “Sobre Otorgamiento y Uso de Licencias Médicas” entrega a la COMPIN, sin embargo el ejercicio de dicha facultad no puede ser abusivo o descontrolado, como lo hace la recurrida, ya que el requerimiento formulado resulta materialmente imposible de realizar en el plazo de 3 días, por lo que la recurrente elaboró los informes que alcanzó y los remitió el día jueves 16 de septiembre de 2021, solicitando a la recurrida un plazo razonable para realizar la labor exigida.

Indica que la recurrida no se pronunció respecto de su solicitud ni respecto de los informes presentados, procediendo únicamente a reiterar la solitud de fecha 20 de septiembre de 2021, teniendo como único objetivo que la recurrente incumpla dicha petición para la aplicación de sanciones de multas e inhabilitación de la facultad de emitir licencias médicas.

En cuanto a la ilegalidad reclamada, se da por la falsa aplicación del artículo 2 de la Ley 20.585, referente al plazo para dar respuesta a la solicitud, ya que el plazo para responder que concibe la ley es para un caso en concreto, en el que existe una sospecha de la emisión de licencias medica sin fundamento y no para la solicitud de su representado.

Agrega que el artículo 1° de la ley mencionada, hace referencia a una licencia médica, en forma singular y no en plural como pretende la recurrida; además los artículos 5 y 8 señalan que se inicia una investigación y se imponen las correspondientes sanciones cuando la licencia se emite con evidente ausencia de fundamento médico, agravados en caso de reiteración y reincidencia, cuestión que sólo puede entenderse en el contexto de la revisión independiente y aislada de cada licencia y no en cantidades inverosímiles.

Alega que otra ilegalidad cometida por la recurrida, es lo vago e impreciso de los requerimientos, ya que se solicita información de variados pacientes que datan de más de tres años, los cuales fueron atendidos en diversos centros médicos, solicitando información sensible de la ficha clínica de los pacientes según lo dispone el artículo 12 de la ley 20.584 sobre deberes y derechos del paciente en relación con el artículo 2 de la ley 19.628, sobre la protección de la vida privada, datos que se formulan al recurrente que no tiene facultades para entregar dichos antecedentes clínicos, sin un orden sistemático, designación de año y el carácter del prestador.

Expresa que otra ilegalidad es la revisión de licencias médicas emitidas hace más de 6 meses, lo que supera el plazo de que disponen los órganos de la administración del Estado, para ejercer su potestad administrativa sancionatoria de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94 y 97 del Código Penal.

Alude que si bien no está suficientemente regulado en la ley el número de informes que se pueden requerir, es arbitraria la forma en que lo hace la recurrida, sobre todo al formularse solicitudes imprecisas, sin fundamento, sin motivo, sin indicación de año de la emisión de las licencias, sin expresa los antecedentes concretos, vulnerando con ellos el principio de proporcionalidad.

Indica que los derechos y garantías que vulnera son los consagrados en los números 1, 2, 16 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, esto es, el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, la igualdad ante la ley, el derecho a la salud, la libertad de trabajo y el derecho de propiedad.

Finalmente solicita se dejen sin efecto todos los requerimientos de información remitidos a la recurrente mediante correos electrónicos de fecha 13 de septiembre de 2021, absteniéndose de formular un requerimiento en términos similares y desproporcionados en lo sucesivo; que a todo evento, sea en este procedimiento u otro que inicie la recurrida en la posteridad, se limite al requerimiento a una licencia médica y que se encuentre dentro de los plazos de ejercicio de la potestad administrativa sancionatoria, esto es, a una licencia médica por cada requerimiento y por separado, permitiendo a la administrada recurrente el plazo razonable que ofrece la Ley N°20.585 para cumplir dicha solicitud y que alcanza el máximo de 7 días, de manera tal que el periodo legal proceda para la recopilación de antecedentes, análisis y elaboración de una licencia médica de manera exclusiva, y no de forma paralela para 2 o más licencias médicas; o en su defecto, que el requerimiento sólo pueda recaer en el número razonable de licencias médicas que se estime, debiendo precisar y mantener la COMPIN un orden o criterio unificador para requerir informe, sin que corran simultáneamente varios plazos; o que en caso de mantenerse intacto el actual requerimiento de informe de centenares de licencias médicas en un sólo procedimiento iniciado el 13 de septiembre de 2021, se le un plazo equivalente a un informe cada tres días; en su defecto, el plazo razonable que se estime conveniente para dicho fin, que en ningún caso pueda ser inferior a un informe diario; o que se adopten las medidas necesarias que estime convenientes para restablecer el imperio de los derechos vulnerados y amenazados; todo lo anterior con la condena en costa a la recurrida.

Con fecha 17 de noviembre de 2021, comparece Jorge Hübner Garretón, abogado, Jefe de la División Jurídica del Ministerio de Salud, quien evacua el informe requerido, solicitando el rechazo de la acción en todas sus partes.

Señala que la acción deducida es improcedente por que excede el procedimiento breve y concentrado de una medida de protección, no siendo esta la vía para pronunciarse sobre la legalidad de un acto administrativo. En dicho sentido existe un régimen recursivo en el ámbito administrativo consagrado en los artículos 59 y siguientes de la Ley 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, dentro de los cuales se encuentra el recurso de reposición y/o jerárquico, mediante el cual se puede solicitar la invalidación administrativa.

Agrega que no existe ilegalidad en el acto recurrido, ya que su actuar descansa en una extensa normativa, que contiene las instrucciones que puede impartir la Subsecretaria de Salud Pública en materia de licencias médicas y su emisión. Así las cosas, el plazo de 3 días, otorgado para evacuar los informes requeridos encuentra su sustento en el inciso segundo del artículo 2 de la ley N° 20.585, el que indica que los plazos fijados al efecto no podrán exceder de siete días corridos. En este punto, en el artículo 49 de la ley 20.585 se señala que el profesional deberá mantener un registro de los pacientes a los cuales ha otorgado licencias médicas, con los antecedentes que le dieron origen, por lo que la negativa del recurrente a entregar dichos antecedentes resulta infundada e inexcusable.

Indica que la solicitud de informes requeridos se enmarca dentro de la facultad fiscalizadora que tiene el COMPIN.

Expresa que, en cuanto a la afectación de los derechos de los pacientes por tratarse de datos sensibles, cabe señalar que se contempla por la legislación en tratamientos de dichos datos cuando sean necesarios para la determinación u otorgamiento de beneficios de salud que corresponda a sus titulares.

Alude que en cuanto a las licencias médicas que habría informado en su oportunidad, porque fueron rechazadas, dichos antecedentes son requeridos por la Contraloría Médica de la COMPIN, en cambio el requerimiento en cuestión se enmarca en la labor fiscalizadora que realiza un órgano publico respecto de la fundamentación médica de aquellas licencias que se encuentran sometidas a su conocimiento.

Menciona que en cuanto a la prescripción de la acción sancionatoria contemplada en el artículo 94 del Código Penal, sin embargo, la sola circunstancia de una eventual infracción que tenga una sanción pecuniaria no la transforma en una falta penal.

Señala que la fiscalización se enmarca en un plan masivo de fiscalización a altos emisores de licencias médicas, a que conforme a antecedentes de la unidad de fiscalización y peritajes médicos del departamento del COMPIN, la recurrente emitió 954 licencias médicas en el año 2019, 4.150 en el año 2020 y, 3.339 en el año 2021; excediendo significativamente las licencias médicas que en promedio emitieron en igual periodo de tiempo los profesionales habilitados para expedir licencias médicas, a saber 100, 99 y 103 respectivamente. A modo ilustrativo, en el año 2020 la actora habría tenido que emitir diariamente 11 licencias médicas en promedio –trabajando de lunes a domingo-, a fin de alcanzar a otorgar 4.150 licencias médicas.

Puntualiza que no existe arbitrariedad de su parte considerando la investidura regular del titular del órgano que dicta el acto; la previa y expresa habilitación jurídica para actuar y; la existencia de un procedimiento justo y racional establecido previamente a la actuación por medio de la ley.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

1.- Que el recurso de protección establecido en el artículo 20 de nuestra Carta Fundamental, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben estimar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, dificulte o amague ese ejercicio.

2.- Que el acto que motiva el presente recurso consiste en la solicitud efectuada por la recurrida, mediante los Ordinarios N° 522719 al N° 525487, notificados a la recurrente el día 13 de septiembre de 2021, de informar dos mil setecientas sesenta y cuatro resoluciones administrativas, todo ello dentro del plazo de tres días hábiles.

3.- Que en cuanto a la ilegalidad del acto impugnado, cabe señalar que el artículo 2 de la Ley 20.585, sobre otorgamiento y uso de licencias médicas dispone: “las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez podrán solicitar a los profesionales que por ley emitan licencias médicas que se encuentren sometidas a su conocimiento, la entrega o remisión de los antecedentes o informes complementarios que las respalden y, en casos excepcionales y por razones fundadas (…) la negativa reiterada a la entrega o la no remisión de los antecedentes solicitados, en los plazos fijados al efecto, los que no podrán exceder de siete días corridos, habilitarán a la Comisión para que, mediante resolución fundada, sancione al profesional (…)”. Analizada la disposición precedente queda claro que la recurrida tiene las facultades para solicitar la información requerida como parte de sus potestades fiscalizadoras, por lo que el acto administrativo que se impugna, dictado por la autoridad competente y dentro de sus facultades legales no es ilegal.

4° Que, cosa distinta sucede al analizar la posible arbitrariedad del acto recurrido, pues si bien es cierto el mencionado artículo 2 otorga un plazo máximo de siete días corridos para la emisión del respectivo informe, no parece razonable que a un mismo profesional se le pida la confección de dos mil setecientos sesenta y cuatro informes para ser evacuados en su totalidad dentro de tercero día, puesto que la ejecución material del conjunto de las resoluciones en tal breve plazo implica desconocer la carga que pesa sobre la Administración de facilitar a los interesados el cumplimiento de sus obligaciones (artículo 17, letra e) de la Ley 19.880, de bases de procedimiento administrativo), deviniendo, en consecuencia, en arbitraria.

En efecto, la norma aludida dispone que “los actos de instrucción que requieran la intervención de los interesados habrán de practicarse en la forma que resulte más cómoda para ellos y sea compatible, en la medida de lo posible, con sus obligaciones laborales o profesionales”, lo que a simple vista no se cumple en el asunto que nos convoca, puesto que es físicamente imposible que una misma persona emita mil novecientos setenta y dos informes dentro de tercero día, puesto que tal actividad implica recabar información, adjuntar documentación y confeccionar el respectivo informe, no apreciándose cómo pueda compatibilizar sus obligaciones laborales o profesionales en tal preciso escenario.

5° Que en consecuencia, y si bien el artículo 2 de la ley 20.585 establece un plazo máximo para que los facultativos presenten los informes que se les requieren por la autoridad fiscalizadora, dicho plazo esta entendido sobre la base de una posibilidad material y real de poder realizarlos, por lo que, la situación que se presenta en este caso no se encuentra contemplada en la ley, desde que el número de informes requeridos sobrepasa con mucho la hipótesis legal contemplada en el artículo 2, ya señalada. Por consiguiente, entendiendo que a lo imposible nadie está obligado, se acogerá el presente recurso para el sólo efecto de conceder un mayor tiempo para la emisión de los respectivos informes solicitados.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara que se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido por doña nombre reservado, en contra de la COMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ DE LA REGIÓN METROPOLITANA, sólo en cuanto, se ordena a la entidad recurrida otorgar a la recurrente un plazo de treinta días corridos para remitir la totalidad de los informes solicitados, contados desde que esta sentencia quede firme y ejecutoriada.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol N° 12.495-2021 Protección.