nombre reservado con CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Rancagua, dieciocho de noviembre de dos mil veinticuatro VISTOS:

Con fecha 28 de marzo del año 2024, comparece don nombre reservado, cédula de identidad número RUT reservado, Educador Diferencial, domiciliado en domicilio reservado, y viene en deducir recurso de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Mostazal, corporación de Derecho Público, representada legalmente por su Alcalde don Santiago Gárate Espinoza, ambos domiciliados en domicilio reservado, y en contra de la Contraloría General de La República, representada legalmente por representada por la Contralora Regional doña nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, según los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho que en su presentación expuso.

Indica que su trabajo en la comuna de Mostazal se inició en el Colegio Andrés Bello el 1 de marzo de 2016, siendo contratado como Educador Diferencial por 44 horas. Cumpliendo las funciones de docente PIE (Programa de integración Escolar) hasta el 30 de abril del 2017.

Añade que, desde el 1 de mayo del 2017, luego de constantes solicitudes del entonces Director, don nombre reservado, comenzó a desempeñarse como Docente de Unidad Técnica Pedagógica, Cargo y función que realiza hasta la fecha.

Relata que el 25 de mayo del 2017 se emite el Decreto Alcaldicio Nº 399 en el cual se le nombra Docente de UTP, y en dicho acto administrativo se establece un Bono Gestión Técnica por Metas de $215.000.- asociado a su cargo en el Colegio Andrés Bello, bono que comenzó a percibir desde el 1 de mayo 2017 hasta la fecha actual.

Agrega que, en las liquidaciones de sueldo, existe un reajuste en el bono de gestión técnica, realizado en el año 2018 quedando en $220.375. valor que se mantiene hasta el 2021. El año 2022 se vuelve a ajustar a $233.818 y el año 2023 se ajusta a $261.871.- Plantea que el 16 de diciembre del 2022 se emite el Decreto Alcaldicio Nº 2049, el cual establece su titularidad como docente de UTP por 44 horas en el Colegio Andrés Bello.

En cuanto a la acción ilegal o arbitraria de la recurrida, relata que la Contraloría mediante el oficio E316265/2023 le ordena devolver todos los dineros percibos, siendo posible advertir variados errores de fondo y de procedimiento tanto por el organismo contralor como por parte de la casa consistorial en que presta sus labores, en el sentido señalado, a saber:

1.- El oficio mencionado no menciona que el decreto alcaldicio Nº 399 de fecha 25 de mayo de 2017, no se menciona que en la parte resolutiva donde se aprueba su nombramiento incluida las condiciones del nombramiento, estableciéndose fundamentos sobre la necesidad de contar como docente de UTP como asimismo que cumplía los requisitos establecidos por el legislador, para optar a dicho cargo, por lo cual, existió por parte de la autoridad en uso de sus facultades otorgar dicha asignación (Sic).

2.- En dicho orden de ideas, hace presente que la orden otorgada por el ente Contralor, por el tiempo en que dicha asignación fue otorgada, se encuentra fuera del plazo de caducidad establecido en el artículo 53 de la Ley 19.880 es decir el plazo de dos años.

3.- Que la orden de reintegro le afecta singularmente, tomando en cuenta que existe un derecho adquirido por todo el tiempo que ha transcurrido y percibido por varios años, encontrándose como parte de su patrimonio basado en la confianza legítima de los actos de la administración, por lo que necesariamente dejar sin efecto dicha resolución claramente importaría un perjuicio a su persona.

4.- A mayor abundamiento, es posible señalar que las acciones en gran medida respecto de la supuesta deuda que se le pretende cobrar se encontraría prescrita, toda vez que ha transcurrido en exceso el plazo para incoar dichas acciones.

Añade que a su turno, la casa consistorial demandada emite oficio N° 19 de fecha 5 de enero de 2024 firmado por el Alcalde la Municipalidad, y N° 006 de fecha 5 de enero de 2024, firmado por la Jefa Daem, asegurando que lo señalado en los oficios decretados por la I. Municipalidad de Mostazal, no corresponde a un proceso de invalidación, sino a la toma de una decisión, lo cual, dicha acción es totalmente ilegal y arbitraria, puesto que ha omitido un elemento fundamental que se refiere al “traslado” que se le debe dar al funcionario, lo que no se cumple con lo señalado en el punto 4 de los oficios señalados, toda vez que necesariamente debe la entidad edilicia iniciar un procedimiento administrativo, cosa que no ha hecho, por lo cual, debe dejarse sin efecto lo mencionado en dicho oficios, ordenándose proceder como en derecho corresponde.

Agrega que en dicho sentido, el dictamen N° E334671, de 2023, ha precisado que el ejercicio de la potestad invalidatoria corresponde a la Administración activa y no a la Contraloría, y ha de ejercerse dentro del plazo de dos años que fija la norma y previa audiencia de los interesados, ocasión en la cual los afectados harán valer los argumentos que estimen convenientes, debiendo la autoridad ponderarlos al decidir si deja sin efecto el acto administrativo que se estima dictado vulnerando la ley.

Asegura que teniendo en cuenta lo anterior, es necesario concluir que no procede reingreso alguno de las prestaciones laborales que le fueron generadas, toda vez que no se puede invalidar el nombramiento de que fue objeto, como, asimismo, la acción de cobro podría estar prescrita, como asimismo se están afectando sus derechos fundamentales.

Hace presente que, del mismo modo, realizó una presentación en la contraloría Regional de O’Higgins alegando la ilegalidad del procedimiento, la que fue rechazada, en contra de la cual presentó un recurso administrativo, el cual también fue rechazado por medio del oficio número E464911/2024 de fecha 20 de marzo de 2024, vulnerando con ello las garantías del artículo 19 N° 3 y 24 de la Constitución Política de la República.

Por su parte y con fecha 17 de mayo de 2024 compareció la entidad recurrida, y procedió a evacuar el respectivo informe indicando que en uso de las facultades establecidas en los artículos 131 y 132 de la ley N° 10.336, sobre Organización y Atribuciones de este Organismo de Control, efectuó una inspección al Departamento de Administración de Educación de la Municipalidad de Mostazal (DAEM) respecto de eventuales irregularidades en el pago de asignaciones a determinados funcionarios regidos por el Estatuto Docente pertenecientes a dicho Departamento, por cuanto no se ajustarían a la normativa. En ese contexto, se dictó el oficio N° E316265, de 27 de febrero de 2023, por medio del cual se instruyó a la Municipalidad de Mostazal adoptar las medidas necesarias para que los funcionarios indicados reintegren las remuneraciones percibidas injustificadamente por concepto de bonificaciones e iniciar un procedimiento disciplinario para determinar las eventuales responsabilidades administrativas.

Relata que en efecto, dicho oficio concluyó, en lo que importa, en que la asignación que percibía el señor nombre reservado, recurrente en autos, denominada “bono de gestión técnica por metas”, no se encontraba fundada, ni había sido aprobada mediante un acto administrativo, por lo que no le correspondía su precepción, toda vez que si bien el artículo 47 de la Ley N° 19.070, faculta a la autoridad a crear asignaciones especiales de incentivo, estás deben ser fundadas y sancionadas por el respectivo acto administrativo.

A raíz de ello, el oficio N° E316265, de 27 de febrero de 2023 instruyó a la entidad edilicia adoptar las medidas que correspondan para iniciar un proceso de regularización de lo observado, previo traslado al funcionario, y llevar a cabo las acciones necesarias para obtener la restitución de las sumas respectivas. Luego, mediante el oficio Ord. N° 19, de 5 de enero de 2024 de la Municipalidad de Mostazal, se notificó al señor nombre reservado que, de acuerdo con lo previsto en el oficio N° E316265, de 2023, de esta Entidad de Control, debía reintegrar la suma que allí se consigna, de $14.143.704.- Posteriormente, con fecha 24 de enero de 2024 el recurrente presentó ante esa Entidad de Control una solicitud de reconsideración respecto del referido oficio N° E316265, de 2023, la que se resolvió mediante el oficio N° E464911, de 20 de marzo de 2024, que desestima las alegaciones formuladas por las razones allí indicadas, entre ellas, que la asignación enterada al señor nombre reservado no se ajusta a derecho, pues el estipendio consiste en un monto fijo, originalmente de $215.000 -y luego reajustado- que se concedió al docente según consta en el Decreto Alcaldicio N° 399, de 25 de mayo de 2017, sin establecerse criterios ni considerar factor alguno de mérito, como exige la ley.

Hace presente, que atendiendo a las peticiones subsidiarias efectuadas por el señor nombre reservado, el citado oficio N° E464911 fue remitido a la Unidad de Personal de la Administración del Estado de esta Entidad de Control Regional, a fin de que emita un pronunciamiento sobre la solicitud de condonación de la deuda o de facilidades de pago, pronunciamiento que actualmente se encuentra cumplido con fecha 2 de noviembre del presente.

Junto con el fondo del recurso alega la extemporaneidad del mismo, destacando que la supuesta acción ilegal o arbitraria emanada de esa Entidad de Control, sería el citado oficio N° E316265, de 27 de febrero de 2023, notificado al señor nombre reservado por medio del aludido oficio N° 19, de 5 de enero de 2024 de la anotada municipalidad. En consecuencia, considerando que el recurso de protección fue presentado el 19 de abril de 2024, la presente acción cautelar resulta extemporánea, al haber sido ejercida fuera del plazo de 30 días corridos previstos para su interposición.

En dicho contexto, el aludido oficio N° E464911, de 20 de marzo de 2024, resolviendo una reconsideración presentada por el actor, se limitó a ratificar lo concluido por el referido oficio N° E316265, de 2023.

Alega también la falta de legitimación pasiva, por cuanto si bien el actor recurre en contra del oficio N° E316265, de 2023, lo cierto es que dicho instrumento no se encuentra dirigido a él, sino a la Municipalidad de San Francisco de Mostazal, ente que con posterioridad al acto que en esta instancia se recurre, se dirigió al actor mediante el oficio Ord. N° 19, de 2024, que es el que en definitiva le ordena el reintegro de las sumas mal percibidas por concepto de la asignación referida, y que es lo que en definitiva el recurrente interpreta como agravio en estos autos.

En efecto, el aludido oficio N° E316265, de 2023, luego de las indagaciones procedentes, se limitó a establecer las irregularidades en el pago de los bonos que indicó, manifestando que el municipio debía iniciar un proceso de regularización, llevando a cabo las acciones necesarias para obtener la restitución de las sumas.

En ese contexto, concluye que la orden de reintegro de las sumas mal percibidas se concretó en una actuación de la Municipalidad de Mostazal, a través del citado oficio Ord. N° 19, de 2024, y no en la emisión del instrumento recurrido emanado de esa institución de Control.

Asegura que en la especie el actor no pretende amparar un derecho que revista el carácter preexistente e indubitado, sino que aspira a que esta Corte de Apelaciones declare que lo percibido en relación con la asignación respectiva no constituye una percepción indebida, planteando así, una controversia en que pretende obtener un pronunciamiento que declare el derecho a la percepción de la referida asignación, lo que conlleva analizar antecedentes probatorios, determinar la existencia de los eventuales derechos del recurrente, además de evaluar la concurrencia de los requisitos previstos para la percepción de la asignación, como asimismo proceder a la revisión de los montos ya percibidos por el concepto de las mismas, todo lo que excede la naturaleza cautelar del presente arbitrio.

Concluye que sin perjuicio de lo manifestado en los acápites precedentes, esa Entidad de Control en la emisión del acto impugnado, ejerció las competencias que le han sido asignadas en virtud de los artículos 98 de la Constitución Política de la República; artículos 131 y 132, 1º, 6º y 9º de la ley Nº 10.336, sobre Organización y Atribuciones de esta Contraloría General y la resolución N° 1.002, de 2011, que establece la Organización y Atribuciones de las Contralorías Regionales, con estricto apego y respeto al ordenamiento jurídico sustantivo que regula la materia, por lo que no puede estimarse ilegal.

En lo particular y referido al incumplimiento de los requisitos para que el funcionario recurrente perciba una asignación especial de incentivo profesional, señala que el artículo 47 de la ley N° 19.070, prevé que los sostenedores podrán establecer asignaciones especiales de incentivo profesional, las que se otorgarán por razones fundadas en el mérito, tendrán el carácter de temporal o permanente y se establecerán para algunos o la totalidad de los profesionales de la educación, de uno o más de los establecimientos respectivos. En consecuencia, el establecer asignaciones especiales de incentivo profesional, es una potestad facultativa de los sostenedores, dado que dichas asignaciones tienen el carácter de discrecionales, lo cual implica que la autoridad municipal puede regular aspectos relacionados con sus montos, duración y beneficiarios. No obstante, su otorgamiento debe siempre tener como fundamento el mérito, es decir, basarse en cualidades exigibles a los docentes, inherentes a su condición profesional o que se manifiesten en el ejercicio de sus funciones, en relación con las especiales dificultades u objetivos que se cumplan con estas, tal como ha sido indicado en el dictamen N° 3.270, de 2020, de esta Entidad Fiscalizadora.

Precisa que el anotado artículo 47 exige que las asignaciones especiales se funden en el mérito, por lo cual, conforme con lo establecido en el artículo 3° de la ley N° 19.880, la decisión que adopte la autoridad edilicia respectiva, en orden a otorgar la asignación en estudio, debe llevarse a efecto a través de la dictación del pertinente decreto alcaldicio, constituyendo así un acto administrativo que, como tal, se encuentra en el imperativo de ser debidamente fundado en los términos previstos en el inciso cuarto, del artículo 41, del mismo cuerpo legal, ello conforme al criterio contenido en el dictamen N° 22.827, de 2017, de esta Entidad de Control.

Asegura que en razón de lo expuesto y de acuerdo a los antecedentes tenidos a la vista para resolver las situaciones planteadas en el citado oficio N° E316265, de 2023, la asignación otorgada al señor nombre reservado, denominada “bono de gestión técnica por metas”, no le correspondía percibirla, toda vez que su otorgamiento no se encontraba fundado ni constaba su aprobación en acto administrativo emanado del alcalde.

Indica, además, en relación con la prescripción para solicitar los reintegros que aduce el recurrente, que si bien no existe disposición expresa que determine la época desde la cual corresponde efectuar tal deducción, esta puede materializarse en cualquier momento, respetando, por cierto, el plazo general de prescripción de cinco años establecido en el artículo 2.515 del Código Civil, según se señaló en los dictámenes N° 36.119, de 2015 y 19.999, de 2016, de este origen.

Con fecha 31 de mayo del año en curso, evacua informe la I. Municipalidad de Mostazal, indicando que la primera acción administrativa ejercida por el Departamento de Educación Municipal de Mostazal, respecto de las anomalías detectadas en pago de bonos no regulados se originan gracias a la denuncia de una exfuncionaria que acusa a otros cuatro funcionarios dependientes de DAEM.

Agrega que el 27 de febrero de 2023 el DAEM de Mostazal recibe de parte de la CGR, UCE Nº 42/2023; REF Nº W021909/2022, relacionado con el Oficio E316265/2023, que solicita a la “Municipalidad de Mostazal adoptar medidas necesarias para que los funcionarios que se indican reintegren las remuneraciones injustificadas por conceptos de bonificaciones e iniciar un procedimiento disciplinario para determinar eventuales responsabilidades administrativas.” La CGR concluye en su Oficio, que, las asignaciones otorgadas a los funcionarios no corresponderían, ya que no se encuentran fundamentadas como tampoco dispuestas mediante un acto administrativo. No obstante, existe una excepción, cual es, la bonificación entregada al docente nombre reservado, quien cumple con todos los requisitos legales para recibir dicho emolumento.

Posteriormente, mediante Oficio Ord. Nº 19 de 5 de enero de 2024, la Municipalidad notifica al recurrente don nombre reservado que, de acuerdo con lo previsto en el Oficio Nº E316265 de 2023 emitido por la CGR, que debe reintegrar $14.143.704.- Luego, el 24 de enero de 2024, el señor nombre reservado presenta ante CGR sus descargos mediante Oficio Nº E464911 de fecha 20 de marzo de 2024, los cuáles son desestimados por el ente contralor debido a que, tras examen de Unidad de Personal de la Administración del Estado, se pronuncia desfavorablemente por no ajustarse a Derecho.

Asegura que no existe vulneración de derechos fundamentales, ni menos se constituye una acción u omisión arbitraria, puesto que la Directora del Daem, en el ámbito de su deber y atribuciones toma como medida que no se continúe pagando a los mencionados funcionarios, entre ellos, don nombre reservado, parte recurrente. A este respecto cabe agregar observaciones sobre el incumplimiento de los requisitos para que el funcionario recurrente perciba una asignación especial de incentivo profesional. Así lo establece el artículo 47 de la Ley 19.070, indicando que los sostenedores podrán establecer asignaciones especiales de incentivo profesional, las que se entregarán por motivos y argumentos fundados en el mérito. Además, dice que tendrán el carácter de temporal o permanente y se establecerán para algunos o la totalidad de los profesionales de la educación, de uno o más de los establecimientos respectivos. Por tanto, establecer asignaciones especiales es una atribución de los sostenedores, de manera discrecional, lo que resulta que dichas asignaciones pueden ser reguladas por la autoridad municipal, en cuanto a los montos, beneficiarios y duración. El requisito fundamental es el mérito, o sea, la medida de la calidad del docente, proveniente a su condición de profesional o que sean propias de sus funciones (Ref: dictamen N° 3.270-2020 CGR).

Señala que el verdadero espíritu de la Ley en relación al artículo 47 está dirigido a que las asignaciones especiales se funden en el mérito, y consecuentemente con aquello y lo contenido en el artículo 3° de la Ley N° 19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos; pero además, la decisión de la autoridad comunal, de decidir si se entrega asignación debe ser fundado según lo preceptuado en el inciso cuarto del artículo 41, del mismo cuerpo legal, conteste al criterio que se manifiesta en el dictamen N° 22.827 de 2017 de la CGR.

Arguye que, en virtud de los hechos y derecho planteados, más los antecedentes tenidos a la vista y analizados los Oficios, sobre todo el N° E316265-2023, la asignación singularizada como “bono de gestión técnica por metas” no le corresponde al recurrente, de ninguna manera, percibirla, en razón a que su otorgamiento no se encuentra debidamente fundado ni tampoco cuenta con la aprobación en acto administrativo emitido por el propio Alcalde.

Relata que la señorita nombre reservado, una de las invocadas a la restitución de los montos indicados, señala que los conceptos “asignación por administración” y “Asignación comunal de Responsabilidad” son cuestiones distintas, argumentando en su defensa el percibir tipos de bono de responsabilidad. Estas manipulaciones e interpretaciones inconsultas aparecen en el sistema interno, y además se identifica quien es el responsable de estos cambios sin que medie ningún tipo de acto administrativo. Daem descubre que existe error por misma asignación entregada a distintas Unidades. Se hace investigación para señalar al responsable.

Añade que por ley SEP se pueden pagar bonos, pero distintas funciones. El Director del Colegio Andrés Bello remueve a docente UTP y designa al señor nombre reservado en forma discrecional sin tener las facultades para hacerlo. Posteriormente, dicho Director fallece. En definitiva, el señor nombre reservado percibió montos irregulares por alrededor de 8 años; es decir, recibía dinero por dos vías, una de las cuales, provenía de la Ley SEP, asignación que no le correspondía como incentivo mensual, detectándose que solo él recibía esas cantidades, por lo tanto, el señor nombre reservado, debe reintegrar los fondos, según lo solicitado.

Finalmente indica que yerra la recurrente respecto de sus argumentaciones en el recurso. No tan solo por el fondo de su acción, sino también porque no ha existido proceso invalidatorio respecto de su nombramiento en UTP y sus posteriores renovaciones, ni tampoco por oficios emanados de la CGR. Sin embargo, no existe acto jurídico que sostenga el pago de asignación ya descrita y que favorecía al funcionario. Por lo mismo, es deber de la administración del Estado recuperar los montos mal percibidos subsanando el enriquecimiento sin causa, sancionado por el legislador.

Con fecha 20 de agosto del año en curso y por ser trámite previo e indispensable para la vista de la causa, se ordenó oficiar a la Contraloría Regional de O`Higgins a fin que informe, en el plazo de 5 días, el estado del pronunciamiento de la Unidad de Personal de la Administración del Estado sobre la solicitud de condonación de la deuda o de facilidades de pago efectuado por el recurrente, señalado en su informe de 17 de mayo de 2024.

Finalmente y con fecha 26 de agosto de 2024, el órgano contralor informó que a fin de atender fundadamente una solicitud de condonación, esa Entidad Fiscalizadora necesita un informe detallado del Servicio, en el que se describan las circunstancias y el o los motivos por los cuales se produjo el pago indebido; su concepto, el detalle del cálculo de la suma adeudada y el monto líquido a reintegrar; los períodos que comprendieron, detallados por mes y año, y cualquier otro antecedente que se relacione con la situación que plantea un interesado, remitiendo los documentos en los que se basa ese cobro, especialmente, los actos administrativos que dispusieron o extinguieron los beneficios de que se trate, las liquidaciones de remuneraciones del respectivo periodo, y las correspondientes a las tres mensualidades anteriores a la fecha de la presentación que se analiza.

En ese contexto, y a fin de abordar la petición de condonación o facilidades de pago del demandante de autos, dicha Sede de Control requirió informe sobre el particular a la Municipalidad de Mostazal por medio de los oficios N° E466465, E522110 y E531998, todos de 2024, sin obtener respuesta hasta la fecha, de los cuales se remite copia para su conocimiento y fines pertinentes.

Debido a lo anterior, el referido requerimiento se encuentra en tramitación, a la espera de la recepción del señalado informe.

Se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido por el constituyente como una acción de urgencia destinada a evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de acciones u omisiones arbitrarias o ilegales, que produzcan privación, perturbación o amenaza de alguna o algunas garantías constitucionales expresamente señaladas en la Constitución Política de la República, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección a quien pueda resultar afectado.

SEGUNDO: Que el acto ilegal y arbitrario que el actor reprocha de las instituciones recurridas, está dado en primer término por la dictación del oficio E316265/2023 de la Contraloría General de la República, mediante el cual se le ordena de forma arbitraria e ilegal la devolución de todos los dineros percibidos por concepto de “Bono de Gestión Técnica por metas”, y en un segundo término la dictación por parte de la Municipalidad de Mostazal del oficio N° 19 de fecha 5 de enero de 2024, firmado por el Alcalde la Municipalidad, y N° 006 de fecha 5 de enero de 2024, firmado por la Jefa Daem, mediante los cuales se habría invalidado el decreto que lo nombra en el cargo de docente de UTP, sin otorgarle el debido emplazamiento u derecho a ser oído, todo lo cual produjo una vulneración a sus garantías constitucionales del artículo 19 N° 3 y 24.

TERCERO: Que por su parte la Contraloría recurrida solicitó el completo rechazo de la acción de protección por cuanto, alegó en primer término la extemporaneidad del recurso, así como la falta de legitimación pasiva, y en segundo término afirmó que el asunto discutido es ajeno a la naturaleza cautelar del recurso de protección, destacando la ausencia de ilegalidad o arbitrariedad puesto que como Entidad Contralora se limitó emitir un pronunciamiento en uso de sus facultades y dentro del marco jurídico que reglamenta sus atribuciones, dando lugar a un pronunciamiento motivado en derecho, constituyendo ello el resultado de un estudio de los antecedentes en torno a las situaciones planteadas, en el ejercicio de una actuación legítima llevada a cabo en uso de sus facultades y dentro del marco jurídico que reglamenta sus atribuciones.

CUARTO: Que por su parte la institución edilicia recurrida también solicitó el rechazo de la acción, coincidiendo mayormente en las argumentaciones de fondo evacuadas por la Contraloría, añadiendo en lo pertinente que la asignación singularizada como “bono de gestión técnica por metas” no le corresponde al recurrente, de ninguna manera, percibirla, en razón a que su otorgamiento no se encuentra debidamente fundado ni tampoco cuenta con la aprobación en acto administrativo emitido por el propio Alcalde.

QUINTO: Que, en cuanto a la excepción de extemporaneidad alegada por la Contraloría, en efecto, el acto que motiva la interposición del presente recurso es el oficio N° E316265, de 27 de febrero de 2023, notificado por medio del otro acto recurrido, esto es, el oficio N° 19, de 5 de enero de 2024, de la Municipalidad recurrida, y por su parte, la presente acción de protección se interpone recién con fecha 19 de abril del año en curso, esto es, habiendo transcurrido latamente el plazo para su ejercicio, lo que implica la procedencia de la excepción incoada, y el rechazo de la acción de protección.

SEXTO: Que, no obstante, lo resuelto y a fin de ahondar en los razonamientos que llevarán a este tribunal de alzada al rechazo del recurso, cabe destacar que no obstante lo indicado por el actor, la dictación por parte de la Municipalidad de Mostazal del oficio N° 19 de fecha 5 de enero de 2024, firmado por su Alcalde, y el N° 006 de fecha 5 de enero de 2024, firmado por la Jefa Daem, no tuvieron por finalidad invalidar el decreto que lo nombra en el cargo de docente de UTP, sino comunicarle y ordenarle el reintegro de los dineros por concepto de “bono de gestión técnica por metas”, y de allí la improcedencia del recurso en lo relativo a este aspecto.

SEPTIMO: Que, de otra parte, cabe considerar que la decisión de reintegro, según consta de los antecedentes de la causa, se origina por disposición del Ente Contralor, en consideración a que en la decisión de otorgar la asignación cuestionada no se cumpliría lo establecido en el artículo 47 de la ley 19.070, en relación con el artículo 3 de la ley 19.880, toda vez que la decisión de otorgar las asignaciones como la debatida en la especie, debe llevarse a cabo a través de la dictación de un acto administrativo fundado, y en el presente caso, según se indica, no existe decreto que apruebe la asignación del reclamante, y tampoco se cumple con el mecanismo que utiliza la autoridad para determinar el cumplimiento y ponderación de los factores de mérito de la asignación, añadiendo la autoridad recurrida que tampoco resulta procedente la aplicación del artículo 53 en la ley 19.880, de que no se impugnó la asignación del recurrente, sino que se objetó y observó los pagos improcedentes que efectuó el municipio por un asignación que no cumplía con los requisitos legales.

OCTAVO: Que el criterio señalado precedentemente se ha mantenido por la entidad edilicia, según consta a folio 54 del ingreso de esta Corte, señalando que ha tomado la decisión de no condonar la deuda ni total ni parcialmente, estimando que dicha asignación carece de sustento legal, insistiendo en que el recurrente debe reintegrar el total de lo indebidamente pagado.

NOVENO: Que como se observa, del debate de autos aparecen, además, posiciones contrapuestas entre las partes, y que dicen relación con los requisitos y condiciones necesarias para optar a la bonificación en comento, por una parte, y derivado de ello, la obligación subsecuente de restituir las sumas que se dicen improcedentemente percibidas, alegándose de contrario instituciones tales como la prescripción y los derechos adquiridos, pero todo ello corresponde a materias que no resulta procedente dilucidar por la presente vía cautelar, la que por su propia naturaleza es excepcional y no constituye una instancia declarativa de derechos, sino que de protección de aquellos cuya existencia no cuestionada se encuentran afectados por algún acto ilegal o arbitrario, circunstancias que no concurren en este caso, sino que los temas en debate conforman una materia controversial de lato conocimiento que obsta a que el presente recurso puede prosperar en esta sede.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara que, se rechaza, sin costas, el recurso deducido por don nombre reservado, en contra de la I. Municipalidad de Mostazal y la Contraloría General de la República.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol I. Corte 1249-2024 Protección.

No firma la Ministra Sra. Bárbara Quintana Letelier, por no encontrarse integrando el día de hoy, sin perjuicio de haber concurrido a la vista y acuerdo de la presente causa.