COMERCIAL ISIDORA S.A. CON TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Rancagua veintiuno de febrero de dos mil veintidós VISTOS:

Con fecha 12 de octubre del año 2021, comparece don nombre reservado, chileno, abogado, cédula de identidad Nº RUT reservado, actuando en representación de Comercial Isidora S.A. empresa del giro de su denominación, RUT N° RUT reservado, representada legalmente por don nombre reservado, chileno, casado, ingeniero civil, C.I. No. RUT reservado, todos domiciliados en domicilio reservado y viene en deducir recurso de protección en contra del Servicio De Impuestos Internos VI Región, Rol Único Tributario N°60.803.000-K, representado por doña nombre reservado; y Tesorería Regional De Rancagua, Rol Único Tributario N° 60.805.009-4, representada por doña nombre reservado, en virtud de los fundamentos de hecho y derecho que en su presentación expuso.

Señala que con fecha 8 de mayo del 2020, su representada solicitó a través de su declaración de renta del año tributario 2020, una serie de prestaciones cuya finalidad era la devolución de dineros provenientes del PPUA (Pago Provisional de Utilidades Absorbidas), PPM (Pago Provisional Mensual), Pérdidas Acumuladas, etc.

Añade que con fecha 19 de mayo, el SII señala que la devolución solicitada ha sido retenida totalmente. Acto seguido, declara haber detectado inconsistencias en la declaración de renta. Todo, según se desprende de la información que provee el propio SII en su página web.

Sin perjuicio de lo anterior, con fecha 5 de junio 2020, el SII autorizó a título de anticipo de las prestaciones solicitadas, la suma de $183.043.189.- sin que hubiere mediado, entre la negativa de la devolución y la autorización de pago ordenada por el propio SII, gestión alguna atribuible a su representada.

Indica que con fecha 12 de junio de 2020, la Tesorería General de la República emitió el cheque N°[cuenta reservada] por la suma de $185.557.199.-, reajustado a la fecha de su emisión y despachado al domicilio tributario de la Sociedad Comercial Isidora S.A., en la comuna de Marchigüe, Parcela 73, VI Región, documento que nunca llegó a destino y fue devuelto a TGR como así mismo lo reconoce el SII, en la Resolución Exenta No. 77321109452 de fecha 18.09.2021. Es decir, los fondos girados por la TGR nunca estuvieron en su dominio. Es más, nunca supieron siquiera del giro de aquella ingente suma de dinero.

Señala que con fecha 21 de septiembre, el SII resuelve que la devolución solicitada de PPUA, PPM y otras prestaciones, no corresponde y con fecha 25 de septiembre emite giro folio 445791 que señala haberle notificado a mi representada con fecha 25 de septiembre. Es decir, tuvieron absoluto desconocimiento del giro del cheque por 185 millones y fracción más de noventa días después de su emisión, añadiendo que con la finalidad de resolver esta anómala situación y con el propósito de que el SII determinara la eliminación del giro, y estando dentro de plazo, presentaron al SII, en noviembre de 2020, la respectiva reposición administrativa voluntaria, donde solicitó principalmente la eliminación del giro Folio 445791 - porque no parece racional y justo que una actuación no imputable al contribuyente se le estime como propia - Esto, más bien, supone un error del SII y el ejercicio de la fiscalización le provoca un detrimento patrimonial a su representada cercano a $50.000.000.- (cincuenta millones de pesos), por la devolución de un dinero que la autoridad liberó a su voluntad y luego entendió que no correspondía, pero que nunca estuvo en situación de disponer del mismo.

Destaca que, en enero del año 2021, el SII responde a la RAV y ratificó la decisión de mantener el giro y negar las otras prestaciones solicitadas.

Conocida esa decisión, con fecha 22.04.2021 dedujo una reclamación administrativa ante el SII que fue direccionada a dos abogados del SII que los recibieron en audiencia vía web con fecha 10.05.2021, quienes explicaron que, la obligación contenida en el giro había salido de la esfera de sus atribuciones y por esa razón, sería la Tesorería General de la República, TGR, quien pudiera conocer y resolver sobre este asunto, puesto que los encargados de cobrar los tributos fiscales eran ellos.

Explica que coetáneamente a esta situación entró en acción otro servicio público, la Tesorería General de la República. En efecto, la intervención de la TGR en el cobro del giro, había generado la apertura del expediente N°10.000 Pichidegua, cuya gestión de cobro fue encargado al Abogado don Fernando Fuenzalida Flies, quien al amparo de esta causa embargó saldo de la Cuenta Corriente Banco Santander No [cuenta reservada], e informó a uno de sus clientes, esto es, la sociedad TRANSAUTO BSM LOGISTICA LIMITADA, RUT. RUT reservado, dando cuenta que los pagos por las facturas de arrendamiento que gire se encuentran embargadas por mantener una deuda fiscal a esa fecha de casi $250.000.000.-, agregando ahora un daño a su imagen.

Detalla que a propósito de la pandemia no era fácil procurar una atención muy personalizada en los servicios públicos, pero con fecha 25 de marzo de 2021, después de mucho divagar en la búsqueda de alguien en la tesorería regional, logró ubicar al abogado de la TGR don Fernando Fuenzalida Flies, a quien le envió un correo electrónico refiriéndole la situación y solicitándole que pudiera resolver administrativamente este injusto y no fuera la vía proteccional aquella destinada a corregir un error, que a todas luces no podía ser responsabilidad de su representada, recurso que se impetra después de haber agotado todas las instancias administrativas posibles en una y otra repartición pública. En relación a la respuesta a ese correo enviado al abogado de Tesorería, su respuesta verbal fue que ingresara a la página y pagara con las condonaciones especiales que el gobierno había fijado a propósito de los efectos pandémicos del Covid 19, sin embargo, no le satisfizo dicha respuesta y continuó en busca de resolver por las vías de peticiones y reclamaciones Asegura que no puede comprenderse que haya de pagar un tributo millonario injusto -a título de sanción y multa- por las equivocaciones, descoordinaciones del SII.

Relata que con fecha 13 de mayo de 2021, recurrió personalmente a la Tesorería Regional de Rancagua, oportunidad en que no se encontraba el Abogado Sr. Fuenzalida pero fueron atendidos por otro profesional que pudo revisar y proponer una alternativa de salida. Su recomendación fue que pidiera la re emisión del cheque girado por la TGR y que como existía aquella deuda el sistema por defecto absorbería tales fondos. Así, el problema quedaba reducido a Reajustes, Intereses y Multas que, por lo demás, correspondían a las facultades del SII, quienes eran los que giraban, puesto que TGR sólo cobraba.

De tal entidad y seriedad fue recibida esta orientación que ese mismo día, se solicitó a través de la web la re emisión del cheque, cuestión que ocurrió tal y como se había conversado en las oficinas de la TGR con el abogado presente ese 13 de mayo; sin embargo, desconocía esta parte -y no fue informada en esta reunión- que al solicitar dicha re emisión, se consolidaría la acción del giro, su cobro más reajustes, intereses y multas. Esa acción inhabilita que las autoridades de las recurridas puedan disponer de sus facultades en orden a eliminar los reajustes, intereses y multas desde que su representada fue girada.

Añade que después de las diversas presentaciones y correos a través del sistema, audiencias vía web con el SII., personales con la TGR, y ante la razonabilidad de alguien que pudiera entender este problema, accedieron a una conversación con doña nombre reservado, Directora Regional del SII de la VI Región, quien finalmente les propuso condonar 100% de los reajustes, intereses y multas de un período determinado, pero carente de facultades de retrotraer el cobro del giro, toda derivado ahora por la re emisión del cheque. El hecho cierto, es que aún a pesar de estas condonaciones, su deuda alcanza casi 50 millones de pesos a la fecha. En este sentido solo una resolución judicial haría restablecer el imperio del derecho y resolver esta injusta situación.

Concluye indicando que la conducta del SII al momento del giro, constituyen un injustificado error en perjuicio de un contribuyente por la flagrante violación al derecho esencial, del artículo 19 N° 20 sobre “la igual repartición de los tributos en proporción a las rentas… En ningún caso la ley podrá establecer tributos manifiestamente desproporcionados o injustos” principios consagrados en la Carta Fundamental.

Previas citas legales solicita tener por interpuesto recurso de protección acogerlo y, en definitiva, se disponga retrotraer al estado anterior a la fecha del giro la situación tributaria de su representada y ordenar la eliminación del giro Folio No. 445791, más reajustes, intereses y multas, disponiendo el alzamiento de todos aquellos bienes que al amparo del expediente N°10.000 Pichidegua, se encuentran embargados.

Por su parte y con fecha 30 de octubre del año 2021, comparece don nombre reservado, Juez Sustanciador y Tesorero Regional (S) de la Región de O’Higgins y procedió a evacuar el respectivo informe indicando que como consecuencia de la determinación del monto del impuesto a título de reintegro por parte del ente girador, la Tesorería Regional de O’Higgins, con fecha 06 de enero de 2021 inicia el proceso de cobro de obligaciones tributarias generando la demanda Rol 10000-2021 de la comuna de Pichidegua, y efectúa la respectiva investigación patrimonial correspondiente en su proceso de cobro, la cual arrojó que la recurrente no tiene bienes inmuebles inscritos a su nombre que permitan resguardar de manera suficiente el interés fiscal, motivo por el cual con fecha 12 de enero de 2021, se notifica, y requiere de pago al deudor.

Añade que con fecha 28 de enero de 2021, se procede por parte de Tesorería al embargo de los montos existentes en dos cuentas corrientes correspondientes a la sociedad recurrente. El primero de los embargos, recayó sobre los montos disponibles en la cuenta Banco Security por la suma de $957.264.- Con fecha 23 de febrero de 2021, se procede al segundo de los embargos de los montos existentes en la cuenta corriente correspondiente al Banco Santander, oportunidad en la que se embargaron montos por la suma de $3.410.983.-. haciendo presente que dichos montos fueron debida y oportunamente imputados la deuda que aún mantiene la recurrente con el Fisco de Chile.

Destaca que con fecha 19 de marzo de 2021, se procede al embargo de los montos de dinero correspondientes a las prestaciones de servicios de los contratos suscritos con la sociedad TRANSAUTO BSM LOGISTICA LTDA, RUT: RUT reservado, y sobre cualquier otra prestación en dinero que se deba pagar a la empresa recurrente, dicho embargo aún en proceso de respuesta por parte del agente retenedor.

Indica que el día lunes 29 de marzo del año 2021, el abogado del Servicio de Tesorería, Sr. Fernando Fuenzalida, se contacta vía telefónica con el abogado y representante convencional de la Sociedad Comercial Isidora S.A. RUT: RUT reservado, Sr. nombre reservado, a quien se le explicó las alternativas que tenía la regularización de la situación tributaria de la sociedad que representa. En dicha oportunidad indicada, se le señaló al recurrente que al mantener la calidad de deudor y acreedor del Fisco, al momento de solicitar la materialización del pago, operaría de pleno derecho la compensación, y que lo recomendable es que aprovechara la condonación vigente por concepto de “pago total de la deuda”, es decir, se le recomendó pagar íntegramente la deuda fiscal, y luego de ello solicitar la revalidación del cheque correspondiente al dinero que ellos mismos solicitaron por concepto de devolución de Pago Provisional por Utilidades Absorbidas (PPUA).

La segunda de las alternativas entregadas, fue la opción de la suscripción de un convenio de pago por el monto total de los impuestos adeudados, para que luego de ello procedieran a solicitar la revalidación del cheque indicado precedentemente. Como ya se indicó, luego de entregadas las alternativas al Sr. nombre reservado, éste manifestó que optarían por la primera de ellas, esto es, procederían al pago total y luego pedirían el egreso, o dicho de otra forma, la devolución. Así las cosas, se adjunta al presente informe, correo electrónico de fecha 13 de abril de 2021, enviado por el abogado de la recurrente Sr. nombre reservado, al abogado del Servicio Sr. Fernando Fuenzalida Flies, en respuesta a la conversación indicada en el párrafo anterior, en el cual el Sr. nombre reservado manifiesta lo siguiente: “Estimado Colega, en primer lugar reciba mis excusas por haber demorado esta decisión una semana después de haber conversado con usted en relación a la situación que nos ocupa. Mi mandante ha optado por formular una presentación al SII de manera de resarcir los intereses y multas que han recaído sobre ese cheque girado por Tesorería, que no llegó a destino ni menos fue cobrado…”

Asegura que luego de indicado lo anterior, la empresa recurrente actuó de forma diferente a las indicaciones entregadas por el profesional de la Tesorería, toda vez que con fecha 16 de abril de 2021, se produjo la compensación de la deuda, al solicitar de igual modo el pago por concepto de PPUA, y de esta forma como la compensación tiene un porcentaje menor de condonación, el saldo por pagar que a la fecha del presente informe asciende a la suma de $66.674.881.- dicha suma se compone por el saldo de deuda impaga, reajustes, intereses y multas, tal como se encuentra prescrito en la ley.

Junto con su relación de los hechos alego la extemporaneidad de la acción por cuanto la última acción entre la Tesorería Regional de O’Higgins y la recurrente es de fecha 16 de abril de 2021, fecha en la cual se produce la compensación de deuda.

Arguye que junto con ser extemporáneo el presente recurso, el desarrollo de la citada acción cautelar resulta confusa; si bien el recurrente indica sustantivamente cuál es la garantía amparada por la presente acción cautelar, no indica en particular cuál es la forma o la acción en particular por medio de la cual, la Tesorería Regional de O’Higgins estuviera en posición de amenazar la garantía constitucional referida en el artículo 19 N° 20 de la Carta Fundamental, en particular “La igual repartición de los tributos en proporción a las rentas o en la progresión o forma que fije la ley, y la igual repartición de las demás cargas públicas”.

Asegura que si suponemos que la acción de protección tiene su origen en que Tesorería remitió el cheque que contenía el monto de la devolución solicitada por la recurrente, a un domicilio no ubicado por la empresa Correos de Chile, dicho argumento tampoco sería procedente jurídicamente, toda vez que existe norma expresa en que el Código Tributario indica cual es el domicilio tributario de un contribuyente, en este caso dicha disposición se encuentra en el artículo 13 del citado código, la que dispone: “Para los efectos de las notificaciones, se tendrá como domicilio el que indique el contribuyente en su declaración de iniciación de actividades o el que indique el interesado en su presentación o actuación de que se trate o el que conste en la última declaración de impuesto respectiva.”

Indica que si suponemos que el recurso de protección se interpuso respecto de algunas actuaciones del procedimiento de cobro de obligaciones tributarias, y particularmente en contra de una resolución jurisdiccional dictada por la Tesorera Regional de O’Higgins, en su calidad de Juez Sustanciador, tal como lo dispone el Artículo 170 del Código Tributario, tampoco individualiza alguna vulneración de derechos, y no debe proceder por la vía de una reclamación constitucional la disconformidad de un contribuyente respecto a una resolución dictada en un proceso ejecutivo de cobro y tramitado de acuerdo a la normativa legal vigente.

Concluye indicando que el procedimiento de cobro de obligaciones tributarias establece las acciones, excepciones, alegaciones y defensas que pueden oponer los deudores demandados. Es en este procedimiento que los ejecutados cuentan con diversas herramientas mediante las cuales pueden hacer valer legalmente sus derechos, destacando dentro de dichas herramientas, la oposición a la ejecución mediante la presentación de las excepciones que correspondan, siendo en último término, los Tribunales Ordinarios de Justicia quienes se pronuncien sobre las excepciones deducidas y ordenen seguir adelante o no con la ejecución. También el legislador, estableció en el Artículo 193 del Código Tributario la posibilidad de reclamar por parte del contribuyente sobre eventuales faltas o abusos cometidos durante el juicio por el Juez Sustanciador o los auxiliares. De la revisión del expediente administrativo que se acompaña en un otrosí de esta presentación, resulta de la esencia del presente informe, señalar que la recurrente no hizo valer ninguno de los derechos contemplados en el Código Tributario, y que se encuentran establecidos precisamente como herramientas jurídicas dentro de un proceso establecido en la ley.

Por su parte y con fecha 15 de noviembre del año 2021, compareció el Servicio de Impuestos Internos Dirección Regional de Rancagua y procedió a evacuar el respectivo informe indicando que mediante la Declaración Impuestos Anuales a la Renta, del Año Tributario 2020, contenida en el Formulario 22, Folio N° 351772650, presentado con fecha 08 de mayo de 2020, la recurrente, Comercial Isidora S.A., solicitó una devolución ascendente a $366.086.378.-, por concepto de Pagos Provisionales por Utilidades Absorbidas (PPUA) y Pagos Provisionales Mensuales (PPM).

Con fecha 05 de junio de 2020, se dispuso la devolución de parte de lo solicitado, lo que originó la emisión de un cheque por $185.557.199, por parte del Servicio de Tesorería General de la República de la VI Dirección Regional de Rancagua. Sin perjuicio de lo anterior, y, en virtud del ejercicio de las facultades fiscalizadores de este Servicio, con el fin de verificar el contenido, la veracidad y la exactitud de la declaración de renta presentada, con fecha 14 de julio de 2020, se le requirió a la contribuyente que aportara la documentación que permitiera sustentar la devolución de PPUA y PPM solicitadas.

Agrega que habiendo acompañado parte de lo solicitado, se estimó que ninguno de los antecedentes fue suficiente para acreditar, por una parte, la pérdida tributaria declarada, y por otra, la percepción de dividendos o retiros afectos a tributación que hicieran procedentes la devolución de impuestos solicitada, por concepto de PPUA y PPM, lo que motivó la dictación de la Resolución Ex. SII N° 454, de fecha 24 de septiembre de 2020, la cual negó la totalidad de la devolución solicitada, la cual ascendía a $ 366.086.378.

Lo anterior, derivó en la emisión del Giro N°4457791, de 25 de septiembre de 2020, impugnado en el presente recurso, en donde se solicita el reintegro de la suma parcialmente autorizada devolver. En su contra, el 05 de noviembre de 2020, la contribuyente interpuso el recurso de reposición administrativa, del artículo 123 bis, del Código Tributario, el que fue resuelto a través de la Resolución Ex. OPAT 06.01 N° 25, de fecha 05 de febrero de 2021, denegándolo.

Señala que posteriormente, con fecha 08 de julio de 2021, la contribuyente solicita a este Servicio que se deje sin efecto el Giro Folio N° 4455791, petición que fue rechazada por medio de la Res. Ex. N° 77321109452, de fecha 08 de septiembre de 2021, habida cuenta de que, según información proporcionada por la Tesorería General de la República de la VI Dirección Regional de Rancagua, se procedió a compensar la suma obtenida por la re emisión del cheque caducado y la deuda producto del giro emitido, lo que hace improcedente su solicitud en tal sentido.

Junto con el relato de los hechos también alegó la improcedencia del recurso de protección por cuanto la garantía constitucional respecto de la cual se acusa su conculcación, no es de aquellas amparadas por el recurso de protección.

Además de la improcedencia del recurso alega la extemporaneidad de este por cuanto como se desprende de los propios dichos del recurrente, el acto que se impugna mediante el presente recurso, es el Giro Folio N° 4455791, de fecha 25 de septiembre de 2020 (mal individualizado en el recurso, con el número “445791”). En apariencia, aunque no en términos suficientemente claros, también pareciera que se cuestiona la Resolución Exenta N° 77321109452, de fecha 08 de septiembre de 2021, notificada el mismo día.

A mayor abundamiento, en la parte petitoria de su presentación, la recurrente solicita “en definitiva se disponga retrotraer al estado anterior a la fecha del giro la situación tributaria de mi representada y ordenar la eliminación del giro Folio No. 445791”, además de señalar, en el acápite II de su escrito1, que “Con fecha 8 de septiembre del presente año, se resuelve definitivamente No Ha Lugar a nuestras diversas presentaciones, dejándonos en la indefensión más absoluta, cuestión que nos motiva a recurrir de Protección. Entre esa fecha y la presentación de este recurso, se hace parte la Jefa de Fiscalización del Servicio doña nombre reservado y en la última semana doña nombre reservado”.

Teniendo clara esta circunstancia, no siendo un hecho controvertido la fecha de dictación de los actos que, supuestamente, afectarían una garantía constitucional de Comercial Isidora S.A., y aún entendiendo que también se impugna la Resolución Exenta N° 77321109452, de fecha 08 de septiembre de 2021, el plazo para recurrir de protección se encuentra vencido, pudiendo interpretar que este expiró, aún bajo el escenario más favorable, desde este punto de vista, para la recurrente, el día 08 de octubre de 2021. De esta forma, es absolutamente claro e indiscutible que el plazo expiró con anterioridad a la presentación del recurso de protección por parte de la recurrida; el cual, como consta en el certificado de envío, ingresó a esta Iltma. Corte con fecha 12 de octubre de 2021. En consecuencia, no cabe duda alguna que la presente acción es extemporánea.

Alega que la presente vía no es la idónea para conocer la materia de autos por cuanto la controversia planteada por la recurrente, es un asunto de carácter netamente tributario, la que, de acuerdo a la legislación vigente, debe ser conocida por el propio Servicio de Impuestos Internos, por medio de una solicitud de reposición administrativa voluntaria (RAV), o por el Tribunal Tributario y Aduanero competente, en virtud de la interposición del respectivo reclamo tributario interpuesto por parte del contribuyente; pero no por la vía de un recurso de protección, que es de naturaleza cautelar.

Finalmente alega la inexistencia de actuaciones ilegales y arbitrarias del servicio de impuestos internos y la inexistencia de afectación de las garantías constitucionales invocadas Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza Cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, dificulte o amague ese ejercicio. Surge de lo transcrito, que es requisito sine qua non para que pueda prosperar la mentada acción cautelar que exista un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley o bien, arbitrario, entendiéndose por tal aquél que es fruto del mero capricho de quien lo ejecuta o incurre en él, acto u omisión que debe provocar, además, alguna de las situaciones ya indicadas y que afecte una o más de las garantías constitucionales protegidas.

SEGUNDO: Que, primeramente y en cuanto a la excepción de extemporaneidad opuesta por las recurridas, el acto en contra del cual se recurre es aquel de fecha 8 de septiembre del 2021, que resuelve definitivamente no hacer lugar a las presentaciones efectuadas por la recurrente. Si bien al contar el plazo desde la fecha antes indicada el recurso de protección se encontraría presentado fuera de plazo, lo cierto es, que no consta la fecha de notificación del acto impugnado, por lo que siendo de carga de quien alega la excepción demostrar sus fundamentos, al no haberlo hecho la misma deberá ser rechazada.

TERCERO: Que, en cuanto al fondo del asunto, el recurrente reclama en contra de un cobro que le efectúa el Servicio de Impuestos Internos a través del Servicio de Tesorería y que tiene su origen en el giro N°4457791 de fecha 25 de septiembre de 2020, a través del cual el servicio recurrido pretende el reintegro de una devolución efectuada, que estableció improcedente.

De los antecedentes allegados al procedimiento consta efectivamente que el Servicio de Impuestos Internos dispuso la devolución de la suma de $185.605.794, girando el servicio de tesorería un cheque a favor del contribuyente que nunca le fuera entregado si no que, resulto devuelto a su remitente. Con todo, el Servicio de Impuestos Internos realizó un giro para la devolución del monto señalado que incluía intereses, reajustes y multas. En contra de dicho giro el recurrente dedujo una serie de consultas y reclamos que concluyeron con la resolución que ahora se impugna.

CUARTO: Que, en definitiva reclama el actor un cobro ilegal y arbitrario, fundado en los antecedentes no controvertidos por las partes, no obstante lo cual, al resolver la recurrida la solicitud que se le plantea, como único argumento señala en la resolución impugnada: “Que, según lo indicado por Tesorería General de la República en punto anterior el contribuyente se encontraba en conocimiento de la devolución y del reemplazo del cheque caducado”, desde que los anteriores puntos de la resolución se limitan a hacer una exposición de antecedentes.

De lo anterior se sigue que el acto no ha dado cumplimiento a lo establecido en el artículo 41 y en relación con el 11 inciso 2 de la Ley 19.880, que imponen a la autoridad administrativa fundamentar sus actos más aún cuando estos afectan derechos de los contribuyentes y, en particular en el presente caso, ordena la devolución de un monto de dinero que éste último nunca recibió, condenándolo además, al pago de interese, reajustes y multas, sin que exista en la resolución explicación alguna que justifique el pago que se ha ordenado.

QUINTO: Que los elementos del juicio expuesto en lo que precede, dejan en evidencia los problemas de motivación que afectan al acto recurrido, proceder que no se condice con las exigencia previstas para una resolución como la que ha sido impugnada, pues la fundamentación del acto administrativo es un elemento de su esencia, cuya existencia siempre está bajo el control de la judicatura, y tanto más si se considera que la actuación de la administración exige la exposición clara y concreta de motivo que den sustento y racionalidad a sus actos, en lugar de otorgarle una mera apariencia de seriedad, regularidad y razonabilidad.

SEXTO: Que, entonces la falta de fundamentación del acto implica la arbitrariedad del mismo afectándose con ello la garantía constitucional del artículo 19 N° 2 y 24 de la Constitución Política de la República, lo que lleva a acoger el presente recurso en los términos que se señalará.

Y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se resuelve:

1.- Que, se rechaza la excepción de extemporaneidad deducida por las recurridas;

2.- Que, se acoge el recurso de protección interpuesto por Comercial Isidora S.A. en contra del Servicio de Impuestos Internos VI Región, y de la Tesorería Regional de Rancagua, sólo en cuanto se deja sin efecto la resolución N° 77321109452 de fecha 8 de septiembre de 2021, del Servicio de Impuestos Internos, debiendo en consecuencia éste servicio proceder a la dictación de una nueva resolución que cumpla con la exigencia de fundamentación que establece la Ley 19.980 sin costas.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol I. Corte 12489-2021 Protección.