RECURRENTE: VIÑA VIK LIMITADA. RECURRIDO: INSPECCION COMUNAL DEL TRABAJO DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA

Rancagua, nueve de junio de dos mil dieciséis.

Vistos:

A fs. 28 y 62 compareció don Pedro Veas Paredes, abogado en representación de la empresa Viña Vik Limitada, ambos con domiciliado para estos efectos en domicilio reservado, interponiendo sendas acciones de protección en contra de la Dirección del Trabajo, Inspección Comunal del Trabajo de San Vicente de Tagua Tagua, representada por su Inspector Comunal, doña nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado.

Fundó sus recursos en que mediante distintas reconsideraciones administrativas presentadas con fecha 26 de abril de los corrientes, conforme a los artículos 511 y 512 del Código del Trabajo, se solicitó reconsiderar y dejar sin efecto las multas N° 3700/16/7 y N° 3700/16/8, cursada por la fiscalizadora de la recurrida, reconsideraciones que se desestimaron mediante Ordinarios N° 269 y 270, ambos de 27 de abril de 2016, dictados por el Inspector Comunal de la recurrida, en los cuales se informa, respecto de cada una de ellas, que no se dio curso a éstas, por haberse presentado fuera de plazo legal de 30 días corridos, contados desde su notificación, que en ambos casos fue el día 22 de marzo último, manteniéndose en definitiva la multa aplicada, pese a que fue deducida dentro de plazo, lo que constituye una actuación arbitraria e ilegal.

Manifiesta que las reconsideraciones fueron interpuestas dentro del plazo, dado que con fecha 22 de marzo de 2016, la Inspección, dio por notificada ambas resoluciones de multa. Añade que atendida las fechas de las notificaciones, conforme a los artículos 508 y 512 del Código del Trabajo, el plazo para solicitar las reconsideraciones administrativas vencía, en ambos casos, el 3 de mayo de 2016 por expresa remisión del artículo 25 de la ley 19.880 y la reconsideración se dedujo el día 26 de abril de 2016, es decir, dentro del plazo de treinta días hábiles contados desde la notificación.

Refiere que en el año 2015, presentó un recurso de protección por los mismos hechos y que fue acogido por esta Corte.

Señala, en ambas presentaciones, que se trata de recursos de reconsideración presentados en la etapa administrativa, de manera que por no existir norma expresa que establezca lo contrario en el Código del Trabajo, debe aplicarse el artículo 25 de la ley 19.880, que se refiere al cómputo de los plazos del procedimiento administrativo, disposición que señala que estos son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos, toda vez que al existir un plazo especial, como es el contenido en la ley 19.880 respecto a los procedimientos administrativos, éste prima por sobre las normas de carácter general comprendidas en el Código Civil.

En consecuencia, la actuación de la recurrida constituye un acto ilegal, desde que se negó a dar tramitación a recursos contemplados en la propia ley y que fueron presentados dentro de plazo legal, afectando con ello la garantía de igualdad ante la ley contemplada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República.

Por lo expuesto, y luego de citar variada jurisprudencia, requiere se acojan los recursos y se dejen sin efecto los Ordinarios N° 269 y N° 270, ambos de 27 de abril de 2016 dictadas por la recurrida, y que se le ordene a ésta conocer y resolver acerca de las reconsideraciones de multas administrativas presentadas y se dejen sin efecto los demás actos y resoluciones que puedan derivarse respecto de los respectivos, con costas.

Acompaña junto a ambos recursos documentación que se agrega al expediente.

A fs. 43, se resolvió acumular a la presente causa la Rol N° 1242-2016, atendido que los actos impugnados son los mismos en ambos recursos, tal como fue expuesto.

A fs. 91 y 113 evacuó informe la recurrida, respecto de cada recurso, solicitando el rechazo en todas sus partes de los mismos. Indica que con fecha 7 de marzo de 2016, se realizó una fiscalización a la empresa recurrente, constatando infracciones a la legislación laboral, la cual derivó en la resolución de multa N° 3700/2016/8-1-2-3-4 y N° 3700/2016/7-1-2-, notificadas ambas por correo certificado, el 15 de marzo de 2016. Luego, con fecha 26 de abril, la recurrente dedujo recursos de reconsideración administrativa respecto de dichas multas.

Manifiesta que con fecha 27 de abril de 2016, mediante ordinarios N° 269 y N° 270, se resolvió rechazar los recursos administrativos presentados por la empleadora, basados en que se presentaron después de 30 días corridos a la notificación de la multa impuesta.

Sostiene que el plazo para solicitar la reconsideración administrativa vencía, en ambos casos, el 21 de abril de 2016, que corresponde al plazo de 30 días corridos, por lo que los presentados lo fueron fuera de plazo. Aquello conforme a la interpretación que debe darse al artículo 512 del Código del Trabajo, interpretación que ha sido la adoptada por distintos fallos de Cortes de Apelaciones, y por la jurisprudencia de la Contraloría General de la República, la cual le es vinculante.

Además alega la inexistencia de un derecho indubitado, que requerirá de un juicio de lato conocimiento, con etapas de discusión, prueba y recursos judiciales y sostiene que no ha sido transgredida ninguna garantía constitucional de la recurrida.

Termina señalando, que el servicio, ha considerado que se trata de un plazo de días corridos, fundado en criterios jurídicos y técnicos, y en el ejercicio de las facultades legales, por lo que no se trata de un acto arbitrario ni ilegal, requisitos básicos para la procedencia del recurso, por lo que solicita se declaren inadmisibles o se rechacen en todas sus partes, con costas.

Acompaña documentación que se agrega al expediente.

A fs. 119 se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

1° Que la recurrente, por las acciones deducidas, requiere se deje sin efecto los Ordinarios N° 269 y N° 270, ambos de 27 de abril de 2016, dictadas por la recurrida, por las que se desestimaron los recursos de reconsideración administrativa de multas, por haberse interpuesto fuera del plazo establecido en el artículo 512 del Código del Trabajo, lo que a su entender vulnera la garantía de igualdad ante la ley contemplada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, dado que los mismos fueron presentados dentro del plazo legal, el que indica es de días hábiles y no corridos.

2° Que la entidad recurrida sostiene, en ambos informes, que el plazo para solicitar la reconsideración es de 30 días corridos, por lo que los presentados lo fueron fuera de plazo. Aquello conforme a la interpretación que debe darse al referido artículo, interpretación que ha sido la adoptada por distintos fallos de Cortes de Apelaciones, y por la jurisprudencia de la Contraloría General de la República, la cual le es vinculante.

3º Que, tal como ha sido resuelto por esta Corte, para establecer la norma aplicable, ha de determinarse el procedimiento en que fue presentado el recurso de que se trata. En este caso, del texto de los artículos 511 a 513 resulta claro que se trata de un procedimiento de naturaleza administrativa, pues éste se sigue ante el Director del Trabajo y lo que se pretende es la modificación de una resolución dictada en uso de sus facultades fiscalizadoras y sancionadoras. En razón de ello, la norma aplicable para el cómputo del plazo, necesariamente debe ser aquella establecida respecto de los procedimientos administrativos.

4° Que, al respecto, el artículo 1° de la Ley 19.880 establece la aplicación supletoria a los procedimientos administrativos especiales, dentro de los que se encuentran aquellos de autos. Además, el artículo 25 de dicha normativa, señala que el cómputo de los plazos es de días hábiles, entendiéndose como días inhábiles los sábados, domingos y festivos.

5° Que, conforme a lo expuesto, los recursos de reconsideración interpuestos el día 26 de abril de 2016, fueron deducidos dentro del plazo de treinta días hábiles luego de la notificación de ambas resoluciones, realizada el 22 de marzo último, acorde a lo exigido en el artículo 512 del Código del Trabajo, por lo que la negativa a darles curso, por parte de la Inspección del Trabajo de San Vicente, habiéndose deducido ambos dentro de plazo, es ilegal y atenta contra la garantía constitucional de igualdad ante la ley, dado que constituye un trato arbitrario hacia el actor, como lo es la exigencia del cumplimiento de un plazo de días corridos no exigido en la ley, que no puede ser admisible.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE ACOGEN los recursos de protección deducidos a fojas 28 y 62, sólo en cuanto se deja sin efecto los Ordinarios N° 269 y 270, ambos de 27 de abril de 2016, debiendo la recurrida admitir a tramitación los recursos de reconsideración planteados por el recurrente respecto de la Resoluciones de Multa N° 3700/16/7 y N° 3700/16/8, y que le fueran notificadas el 15 de marzo de 2016, sin costas.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol Ingreso Corte 1241-2016-Protección.

Pronunciada por la Tercera Sala de esta Corte de Apelaciones, integrada por los Ministros titulares señores Marcelo Vásquez Fernández, Michel González Carvajal y Fiscal Judicial señora nombre reservado.

nombre reservado

En Rancagua, a nueve de junio de dos mil dieciséis, notifiqué por el estado diario la sentencia que antecede.