nombre reservado con INVERSIONES E INMOBILIARIA NUEVO ORIENTE SPA

Rancagua, tres de abril de dos mil veintitrés.

Vistos:

Con fecha 10 de octubre de 2022, comparecen doña nombre reservado, Ingeniera en Prevención de Riesgos y Medioambiente, cédula de identidad N° RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado y don nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, deduciendo recurso de protección en contra de Inversiones e Inmobiliaria Nuevo Oriente SpA, representada por don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, Provincia de Melipilla, Región Metropolitana, por ejecutar un proyecto de urbanización ilegal, sin informe favorable ni proyecto aprobado por la Seremi de Vivienda y Urbanismo de O´Higgins, así como tampoco con permiso de Construcción emitido por la Dirección de Obras de la I. Municipalidad de las Cabras y por ejecutar obras en terrenos de su propiedad, para lo cual no han otorgado autorización alguna, poniendo en peligro sus vidas y de sus familias, que transitan en el área donde se emplaza el proyecto en cuestión.

Explica que tal proyecto, consistente en la colocación de postes de alumbrado y tendido de cables de gran diámetro y peso, los que se materializan a seis metros de altura y por donde a diario deben transitar bajo ese tendido. Añade que tal construcción no cuenta con ninguna autorización legal pertinente proveniente de los organismos que, por imperio de la ley, deben conocer y autorizar, como la dirección de obras de I. Municipalidad de Las Cabras y la Seremi del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de la región de O´Higgins.

Indica que la falta de un proyecto aprobado y que no cuente con los permisos correspondientes, hace imposible constatar y tener certeza de la idoneidad técnica de la empresa que construye, el personal que interviene y del cumplimiento de las Normas que le rigen. Además de lo señalado, el emplazamiento de los postes y tendido de cables de Media y Baja Tensión, se emplazan en terreno que, por ningún título le pertenecen a la recurrida.

Da cuenta que, así las cosas, con fecha 20 de septiembre de 2022 a través del portal del Poder Judicial en causa 11064 de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Rancagua, según informe emitido por la Directora de Obras de la I. Municipalidad de Las Cabras, tomaron conocimiento que las obras que se describen más arriba no cuentan con un permiso de construcción que autorice su ejecución, además, con fecha 6 de octubre, por el mismo medio, se enteraron que la recurrida en informe que evacuó a esta Corte señala que las obras no necesitan permiso alguno y que no se realizan en propiedad ajena, aseveraciones que resultan de una falsedad brutal en consideración a las diferentes disposiciones legales y administrativas que regulan las obras en general y los permisos obligatorios con que se debe contar en particular.

Con respecto a que las obras no se emplazan en terrenos ajenos, señalan que el único derecho legal que ostenta la recurrida por los terrenos donde ejecuta las obras, es una servidumbre de tránsito, constituida en su beneficio para acceder al resto de la propiedad que le quedó como saldo después de la subdivisión y venta que hizo de los 393 lotes agrícolas de “Pilares Verdes”, tal como, expresamente, se señala en el punto cuarto de las Escrituras Públicas de Compraventa.

Afirma que lo relatado constituye un acto ilegal y arbitrario que vulnera sus garantías constitucionales contempladas en los números 1 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, estas son, el derecho a la vida de su persona y familia –dado que pone en riesgo sus vidas y la de sus familias al realizar un proyecto el cual no es conocido ni reconocido por los organismos oficiales- y su derecho de propiedad –dado que la colocación de postes y tendido eléctrico se realiza en una superficie que es de su dominio-, por lo que solicita la inmediata paralización de las obras, por no contar con un proyecto autorizado ni permisos para su materialización y el retiro inmediato de los postes y tendido de cables colocados en las franjas utilizadas y que pertenecen a sus propiedades y en paralelo a las servidumbres de tránsito, por el peligro inminente que representan, siendo el riesgo real, actual y permanente. Restableciendo con ello su derecho a usar y gozar la propiedad sin perturbaciones.

Con fecha 12 de octubre de 2022, se pide informe a Inversiones e Inmobiliaria Nuevo Oriente SpA, además se oficia a la Superintendencia de Electricidad y Combustible, a la Compañía General de Electricidad Distribución S.A. y a la Dirección de Obras Municipales de la comuna de Las Cabras, a fin de que evacuen informe al tenor del recurso, dentro de décimo día a contar de la presente resolución.

Con fecha 19 de octubre pasado, evacua informe don nombre reservado, en representación de la Compañía General de Electricidad S.A., señalando que existe ante esta Iltma. Corte, una similar acción constitucional, dirigida en contra del mismo recurrido y también en contra de su representada Compañía General de Electricidad S.A. Dicho recurso, caratulado “nombre reservado con Inmobiliaria e Inversiones Nuevo Oriente Limitada SpA”, Rol Ingreso Corte N° 11064 – 2022, se encuentra en tramitación y no ha sido aún agregada en Tabla para su vista y fallo.

Luego de ello, sostiene que reitera lo expuesto en el informe evacuado en el citado recurso de protección Rol N° 11064 – 2022, en cuanto a que las obras materia de la presente acción constitucional corresponde a una red de distribución particular, construida por terceros, que cuenta con redes de media y baja tensión, además de una subestación de distribución, las que están dentro de los estándares de la norma técnica y que actualmente se encuentra desenergizada.

Señala que la única participación en los hechos que ha tenido la Compañía General de Electricidad S.A., es otorgar certificado de factibilidad a la recurrida en el punto de ingreso del loteo donde se emplaza la red de marras, siendo ese el lugar donde se establecerá el respectivo punto de conexión. Desde ese punto hacia el interior del mismo loteo la distribución se hará por el respectivo propietario de la red particular señalada previamente.

Con fecha 20 de octubre la parte recurrente, pide tener presente que CGE omite indicar que, en la otorgación de la referida factibilidad a la solicitante y recurrida en autos, se le solicitó una serie de documentos que, a la fecha no ha ingresado.

Con fecha 26 de octubre pasado, informa la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, señalando, que para el caso concreto del recurso de protección en estudio, cabe señalar que las concesiones para establecer, operar y explotar líneas de distribución de energía eléctrica y las servidumbres a que están sujetas las heredades para la construcción, establecimiento y explotación de las instalaciones y obras anexas que posean concesión, están reguladas por la Ley General de Servicios Eléctricos, y por su Reglamento, las que son otorgadas mediante Decreto Supremo del Ministerio de Energía, bajo la fórmula “por orden del Presidente de la República” (artículo 2° numeral 2, artículo 11°, ambos de la LGSE, en relación al inciso final del artículo 23 de la Ley N°18.410).

Señala que bajo el aludido contexto normativo, es posible advertir que efectuada una revisión de los registros de esta Superintendencia se constató que el predio en cuestión estaría emplazado en una zona donde la empresa CGE S.A, tiene la calidad de concesionaria de distribución de energía eléctrica según consta en el Decreto Supremo N°537, de fecha 14.10.1992, del Ministerio de Economía Fomento y Reconstrucción, que otorgó a la Compañía General de Electricidad Industrial S.A. ampliación de zona de concesión definitiva para establecer, operar y explotar, en las Regiones Metropolitana y Sexta, provincias de Maipo, Cachapoal y Colchagua, comunas de Buin, Paine, Rancagua, Machalí, Graneros, Codegua, Mostazal, Requínoa, Olivar, Rengo, Quinta de Tilcoco, Malloa, San Vicente, Doñihue, Coínco, Coltauco, Pichidegua, Peumo, Las Cabras, San Fernando y Chimbarongo, instalaciones de servicio público de distribución de energía eléctrica, acto administrativo que fue publicado en el Diario Oficial con fecha 28.12.1992.

Luego, indica que ante la existencia de riesgos eléctricos inminentes debe denunciarse a su institución para efecto de tomarse las medidas pertinentes, entre ellas, la desenergización de las instalaciones eléctricas, cuestión que no se configura por la sola existencia de una red eléctrica o por la falta de actos habilitantes emitidos por otros servicios públicos.

Además, expone que conviene consignar como cuestión preliminar, que toda controversia por los derechos para instalar infraestructura eléctrica debe ventilarse en tribunales, ya sea para efectos de dominio o servidumbres.

Expone que en efecto, en lo atingente a los perjuicios y sus respectivas indemnizaciones por el emplazamiento de las instalaciones eléctricas en el predio de la recurrente, en opinión de la Superintendencia, esa materia debiera resolverse directamente entre los involucrados o, en subsidio, por la justicia ordinaria. Apunta que, sobre este tema, la Ley General de Servicios Eléctricos, en su artículo 71°, previene que todas las dificultades o cuestiones posteriores de cualquier naturaleza a que dieren lugar las servidumbres establecidas, ya sea por parte del concesionario o del dueño del predio sirviente, se tramitarán en juicio sumario en conformidad a las reglas establecidas en el Código de Procedimiento Civil.

Ahora bien, refiere que respecto de la instalación irregular de redes de distribución eléctrica, la Superintendencia puede informar que, el diseño regulatorio no establece una aprobación de la autoridad para operar redes de distribución eléctrica, radicando en los instaladores eléctricos la gestión del riesgo o idoneidad técnica que implica el fenómeno eléctrico, quienes únicamente deben informar a esta Institución discrecionalmente una vez terminado totalmente el proyecto, previa puesta en servicio.

Además, sobre la regularidad de construir redes de distribución eléctrica, el diseño regulatorio no establece restricciones para su instalación en áreas no sometidas a concesión del servicio público de distribución eléctrica, por consecuencia, no necesariamente se trata de redes de distribución irregulares, sin perjuicio además que se puede tratar de una configuración eléctrica ubicada en propiedad privada, cuestión totalmente lícita.

Con fecha 10 de noviembre pasado, evacua informe el apoderado de la sociedad recurrida solicitando se rechace la acción en todas sus partes, con expresa condenación en costas. En primer lugar, alega la extemporaneidad de la acción. Al respecto, en mérito de la fecha de la acción de marras, señala que entiende que los recurrentes tuvieron conocimiento de que se estaba instalando una red eléctrica aproximadamente el día 11 de junio del año del año 2022. Añade que con fecha 29 de octubre del año 2021, la Sociedad que representa celebró “Contrato de Ejecución de obra para Pilares Verdes” con la Sociedad DCC Servicios Eléctricos Daniel Contreras Cordero E.I.R.L.; servicios los cuales empezaron a realizarse con fecha 14 de febrero del año 2022.

Además, de la propia prueba aportada por el actor, se desprende que las obras están terminadas; obras las cuales no se hacen de un día para otro.

Hace presente que la recurrente doña nombre reservado es hija de don nombre reservado. Este último presentó acción de protección tramitada bajo el Rol Protección N° 11064-2022 de esta Corte.

Luego alega la falta de legitimación activa, dado que del tenor de la acción interpuesta, no se logra entender sobre que son dueños los recurrentes, ya que, sólo se acompaña una copia de escritura pública de compraventa de Lote 213 de parte de la recurrente doña nombre reservado. Nada se indica sobre de que es propietario don nombre reservado

nombre reservado se explica si son poseedores o meros tenedores sobre ese bien u otros, no acompañando documentos al respecto.

Luego alega que ha cumplido y cumple con todos los estándares de seguridad exigidos por la normativa positiva vigente en relación al desarrollo del Proyecto Eléctrico ubicado en Hijuela 3 Cerro, de la Comuna de Las Cabras.

Expone que como se indicó, con fecha 29 de octubre del año 2021, la Sociedad que representa celebró “Contrato de Ejecución de obra para Pilares Verdes” con la Sociedad DCC Servicios Eléctricos Daniel Contreras Cordero E.I.R.L.

Señala que en dicho contrato la Sociedad recurrida solicitó las obras de ejecución del loteo "Pilares Verdes I" con suministro y montaje de empalme en MT, 11 transformadores MT/BT, mallas a tierra de MT, línea en MT, línea en BT y 383 empalmes en BT.

Indica que consta en dicho contrato, los pasos, y avances en el proceso de instalación de las obras. Así, puede apreciar nítidamente que el proyecto solicitado se enmarca dentro de la normativa técnica y jurídica aplicable en estos casos.

Lo anterior, se ve complementado por el Informe de Ejecución de Proyecto Pilares Verdes, de fecha 5 de octubre del año 2022, emitido por La Sociedad DCC Servicios Eléctricos Daniel Contreras Cordero E.I.R.L., donde consta toda la información técnica relevante de lo que ha realizado en cuanto a las obras de instalación del proyecto eléctrico.

Sostiene que consta de las facturas de compra realizadas por mencionada sociedad, que los materiales utilizados en el desarrollo del proyecto son de calidad superior y los que técnicamente deben utilizarse. En efecto, en la construcción del proyecto que ya lleva casi un año, no ha ocurrido ningún accidente o riesgo (de cualquier tipo) para trabajadores y propietarios.

Por lo demás, pero que se relaciona en forma esencial, el proyecto eléctrico que se ejecuta no requiere permiso alguno.

Lo anterior se justifica por los mismos oficios solicitados y remitidos a esta Corte.

Con fecha 21 de noviembre pasado, se ordena oficiar para traer a la vista la causa Rol N°249.372 del Juzgado de Policía Local de Chimbarongo, además se ordena oficia al Servicio Agrícola y Ganadero, a fin de que informe al tenor del presente recurso.

Con fecha 25 de noviembre pasado, ingresó a esta Corte expediente Rol N°249.372 del Juzgado de Policía Local de Chimbarongo. Denunciado: nombre reservado Salome nombre reservado y Denunciante: Dirección de Obras Municipales.

Con fecha 13 de diciembre de 2022, evacua informe la Dirección de Obras de la I. Municipalidad de Las Cabras informa, en lo pertinente, que por resolución de octubre del 2022, de la Dirección de Obras Municipales, se determinó la paralización total de las obras de urbanización y edificación asociadas al proyecto inmobiliario que desarrolla Inversiones e Inmobiliaria Nuevo Oriente SPA en el predio rol matriz n° 154-436 del Servicio de Impuestos Internos, debido a que no cuentan con expediente solicitando la autorización de las obras de urbanización y edificación que desarrollaron y desarrollan en el predio a la fecha de emisión de dicho acto administrativo.

Indica que dicha Resolución e Informe, fueron enviados la Dirección Regional del Servicio Agrícola y Ganadero de la Región de O'Higgins, a la SEREMI de Vivienda y Urbanismo de la Región de O'Higgins, a la Corporación Nacional Forestal de la Región de O’Higgins, a la Dirección General de Aguas de la Región de O’Higgins, para que éstos, dentro de la esfera de sus competencias y atribuciones, evalúen la realización de las fiscalizaciones e inspecciones necesarias para la interposición de las acciones legales que son de su competencia en base a las disposiciones contenidas en la Ley.

También al Juzgado de Policía Local se ingresó la Denuncia, por Oficio, mediante el Parte N° 4064 del 13 de octubre de 2022 del Área de Inspección Municipal, quedando el representante de la Inmobiliaria citado para el día 30 de noviembre de 2022 a dar sus declaraciones.

Señala que en la Resolución de Paralización indicada en el punto 9, se estable un plazo de 60 días administrativos, contados desde la fecha de notificación del acto administrativo, para que el infractor individualizado en él, subsane las infracciones a la normativa urbanística detectadas. Añade que hasta la fecha de emisión del informe no han recibido de vuelta la Carta Certificada enviada a los domicilios del representante Legal.

Con fecha 28 de diciembre pasado, informa el Servicio Agrícola y Ganadero, dando que la recurrida obtuvo de parte del SAG la certificación de un proyecto de subdivisión predial rural, previo análisis de cumplimiento de la normativa en base a lo señalado en el Decreto Ley N°3516/1980 y al procedimiento establecido en la resolución Exenta N° 3904/2019 del SAG. El señalado certificado corresponde al N° 957 de fecha 05 de julio de 2021.

Añade que de acuerdo a lo establecido en el Decreto Ley 3506/1980, norma que regula la subdivisión de predios rústicos, los lotes resultantes de dicha subdivisión quedaron sujetos a la prohibición de cambiar el destino en los términos que establece el artículo 55 y 56 de la LGUC y por tanto las obras que en ella se ejecuten deben contar con las autorizaciones de los organismos competentes en la materia. Acompaña certificado N° 957 y expediente de subdivisión Con fecha 30 de diciembre pasado, se decreta la vista conjunta de la presente causa con la Rol 11064-2022.

Con fecha 17 de enero de 2023 se requiere informe a la Seremi de Vivienda y Urbanismo y a la Dirección Regional del Servicio Agrícola y Ganadero, ambos de esta región a fin de que informen al tenor de lo señalado por Dirección de Obras de la I. Municipalidad de Las Cabras, con fecha 13 de diciembre de 2022.

Con fecha 9 de febrero último el Servicio Agrícola y Ganadero informa, en lo pertinente, que “una vez certificado el cumplimiento de la normativa y aprobado el plano que propuso el proyecto de subdivisión para el predio de propiedad del recurrido, pudo en virtud de sus competencias, fiscalizar el cumplimiento de la normas del DL 3516/1980, sin embargo, habiendo tomado conocimiento con fecha 18 de octubre de 2022 de la Resolución de paralización de obras N°6 de octubre de 2022, y de la denuncia ante el Juzgado de Policía Local realizada mediante parte N°4064 del 13-10-2022 del Área de Inspección , así como en cumplimiento de los acuerdos adoptados por los organismos sectoriales competentes en la materia, no fiscalizó el cumplimiento de la normativa del DL 3516/1980 en virtud del principio de coordinación de los órganos de la administración del Estado y del principio de economía procedimental”.

Añade que en “ese contexto, la fiscalización realizada por la DOM de Las Cabras, según informe técnico N°135 que comunica la constatación en el predio ROL 154-436 de la ejecución de obras de urbanización, emplazadas fuera del límite urbano, con fines manifiestamente residenciales y al margen de la planificación territorial, con oferta de una infraestructura completamente ajena a aquella que es necesaria para el desarrollo de actividades agrícolas, forestales o ganaderas, todo esto además, sin dar cumplimiento a los requisitos que la Ley exige para tales efectos y que ha dado origen a la paralización de obras, ha sido suficiente para iniciar las acciones contempladas en el capítulo IV del título I del DFL 458 de 1975 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, sin que sea necesario adoptar por parte del SAG medida alguna relativa a fiscalización o denuncia”.

Con fecha 12 de febrero pasado, la recurrente indica que las obras no están paralizadas, por lo que la aseveración en contrario no es efectiva, puesto que la recurrida ha continuado realizando las obras, a pesar de lo manifestado y ordenado por los órganos correspondientes.

Con fecha 7 de marzo pasado, se prescinde del informe requerido al Seremi de Vivienda y Urbanismo de esta región.

Con fecha 29 de marzo de 2023, la recurrente sostiene que la recurrida ha mantenido hasta la fecha el avance de los trabajos y por ende los peligros y ocupación sin derecho, tal como se aprecia en las fotografías que acompaña.

En su oportunidad, se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, dificulte o amague ese ejercicio.

SEGUNDO: Que se ha deducido la presente acción constitucional en contra de Inversiones e Inmobiliaria Nuevo Oriente SPA por ejecutar un proyecto de urbanización que se denuncia como ilegal y arbitrario. Tal proyecto, consistente en la colocación de postes de alumbrado y tendido de cables de gran diámetro y peso, los que se materializan a seis metros de altura y por donde a diario los recurrentes deben transitar. Añaden que tal construcción no cuenta con una factibilidad de servicio, emitida por una empresa de servicios eléctricos, en este caso CGE, (Compañía General de Electricidad), tampoco con un proyecto aprobado por la SEC, (Superintendencia de Electricidad y Combustibles), ni un permiso de obra, (DOM, Dirección de Obras de la Municipalidad de Las Cabras).

Afirman los actores que los postes y tendido de cables de Media y Baja Tensión, se emplazan en terreno de su propiedad sin que hayan autorizado tal ocupación, todo lo cual constituye un acto ilegal y arbitrario que amenaza la vida del actor y la de su familia, y le priva y perturba su derecho de propiedad, por lo que solicitan la inmediata paralización de las obras, por no contar con un proyecto autorizado ni permisos para su materialización y el retiro inmediato de los postes y tendido de cables colocados en las franjas utilizadas y que pertenecen a sus propiedades y en paralelo a las servidumbres de tránsito, por el peligro inminente que representan.

TERCERO: Que la recurrida solicitó el rechazo del recurso, alegando, en primer término, la extemporaneidad de la acción de protección, fundado en que los recurrentes tuvieron conocimiento de que se estaba instalando una red eléctrica aproximadamente el día 11 de junio del año 2022. Además, de la propia prueba aportada por el actor, se desprende que las obras están terminadas; obras las cuales no se hacen de un día para otro.

Luego alega la falta de legitimación activa, dado que del tenor de la acción interpuesta, no se logra entender sobre que son dueños los recurrentes. Puntualiza que sólo se acompaña una copia de escritura pública de compraventa de Lote 213 de parte de la recurrente doña nombre reservado.

En cuanto al fondo, la recurrida alega que ha cumplido y cumple con todos los estándares de seguridad exigidos por la normativa vigente, en relación al desarrollo del Proyecto Eléctrico ubicado en Hijuela 3 Cerro, de la Comuna de Las Cabras. Añade que, por lo demás, el proyecto eléctrico que se ejecuta no requiere permiso alguno y que las obras que se ejecutan se encuentran fuera de los deslindes de la propiedad que invoca la recurrente.

CUARTO: Que, primeramente, en cuanto a la alegación de extemporaneidad, alegada por la recurrida Inversiones e Inmobiliaria Nuevo Oriente SpA, si bien la parte recurrente no incorporó antecedentes a fin de acreditar la fecha en que tomó conocimiento de los hechos que resultarían vulneratorios, lo cierto es que dichas actuaciones se develan en carácter de permanentes, en consecuencia la acción en estudio fue hecha valer dentro del plazo, resultando improcedente la alegación de extemporaneidad QUINTO: Que, en cuanto a la alegación de falta de legitimación activa, en lo que respecta al recurrente nombre reservado, se acogerá la misma, dado que dicho actor, prueba alguna acompañó tendiente a acreditar algún derecho en el inmueble que sería afectado por los actos ilegales o arbitrarios que atribuye a la empresa recurrida.

SEXTO: Que, en cuanto al fondo, cabe señalar que en estos autos, se ordenó oficiar a diversos organismos, entre estos, a la Dirección de Obras de la I. Municipalidad de Las Cabras.

Al respecto, dicha entidad con fecha 13 de diciembre de 2022, informa, en lo pertinente, que por resolución de octubre del 2022, se determinó la paralización total de las obras de urbanización y edificación asociadas al proyecto inmobiliario que desarrolla Inversiones e Inmobiliaria Nuevo Oriente SPA, debido a que no cuentan con expediente en el que soliciten la autorización de las obras de urbanización y edificación que desarrollaron y desarrollan en el predio, a la fecha de emisión de dicho acto administrativo. Añade que dicha Resolución e Informe, fueron enviados a la Dirección Regional del Servicio Agrícola y Ganadero de la Región de O'Higgins, a la SEREMI de Vivienda y Urbanismo de la Región de O'Higgins, a la Corporación Nacional Forestal de la Región de O’Higgins y a la Dirección General de Aguas de la Región de O’Higgins, para que éstos, dentro de la esfera de sus competencias y atribuciones, evalúen la realización de las fiscalizaciones e inspecciones necesarias para la interposición de las acciones legales que son de su competencia. Igualmente, puntualiza que se ingresó Denuncia, por Oficio, mediante el Parte N° 4064 del 13 de octubre de 2022 del Área de Inspección Municipal, por los hechos materia de estos autos.

Además, da cuenta que en la resolución de paralización indicada, se estable un plazo de 60 días administrativos, contados desde la fecha de notificación del acto administrativo, añadiendo que hasta la fecha de emisión del informe no han recibido de vuelta la carta certificada enviada a los domicilios del representante Legal.

SÉPTIMO: Que lo expuesto en el motivo precedente, resulta determinante para resolver la presente controversia, toda vez que la naturaleza cautelar de la presente acción, determina que el arbitrio no pueda prosperar, dado que con la paralización de las obras, la parte recurrente ya ha obtenido lo pretendido con su acción, sin perjuicio que indique que la recurrida no ha dado cumplimiento a la orden municipal, dado que aquello propiamente constituye un incumplimiento que deberá denunciarse ante los organismos pertinentes.

Por lo demás, y en ese orden de cosas, la única situación en que una acción de protección pueda ser acogida, atendida su naturaleza de tutela urgente, es ante la existencia de riesgos o amenazas graves, en relación a las garantías constitucionales protegidas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, en relación al artículo 20 del mismo texto fundamental, exigencia que en el caso de autos no se satisface, toda vez que la respectiva autoridad edilicia, ante el incumplimiento de la normativa de urbanización y edificación asociadas al proyecto inmobiliario que desarrolla Inversiones e Inmobiliaria Nuevo Oriente SPA, determinó la paralización total de dichas obras de urbanización y edificación, informando a otras entidades administrativas el incumplimiento constatado respecto de la recurrida e incluso denunciando los hechos ante el Juzgado de Policía Local de su jurisdicción.

OCTAVO: Que, en tal sentido, la eventual amenaza a las garantías constitucionales cuya protección se invoca, está siendo actualmente conocida por los organismos competentes, que poseen las atribuciones para adoptar las medidas para dar protección al derecho alegado, si correspondiere, razón suficiente para desestimar el presente arbitrio, tal como se dirá.

Por lo demás, de las presentaciones de la recurrente y la parte recurrida, es dable concluir que los hechos que motivan la presente acción y cuya protección se reclama no tienen el carácter de indubitados, ya que -como se dijo- los recurridos negaron enfáticamente que la apostación de cables eléctricos que se reclama pasen por la propiedad de la recurrente, lo que ésta controvierte. Por lo señalado, la presente acción carece de un requisito esencial para prosperar, ya que la situación fáctica invocada por la parte recurrente no aparece determinada como un hecho preexistente y libre de controversia, sino que negada y discutida por la parte recurrida, no siendo esta acción cautelar una instancia para aclarar, constituir o declarar derechos, sino que para proteger derechos no discutidos. En consecuencia, el reconocimiento o aclaración de los hechos que en su caso podría permitir acoger el recurso, es propia de una controversia de lato conocimiento, tal como incluso lo señaló la Superintendencia del ramo, lo que necesariamente conlleva el rechazo de la acción interpuesta, tal como se dirá.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

I. Que se acoge la excepción de falta de legitimación activa alegada por la recurrida, en lo que concierne al recurrente nombre reservado.

II. Que se rechaza la excepción de extemporaneidad alegada por la recurrida Inversiones e Inmobiliaria Nuevo Oriente SpA.

III. Que se rechaza, sin costas, el recurso deducido por doña nombre reservado, en contra de Inversiones e Inmobiliaria Nuevo Oriente SpA, por haber perdido oportunidad.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol I. Corte 12353-2022 Protección.

Se deja constancia que esta sentencia no reúne los presupuestos del Acta 44-2022 de la Excma. Corte Suprema para ser anonimizada.