Protección contra Superintendencia de Seguridad Social y la Comisión de Medicina Preventiva e Inva

C.A. de Rancagua Rancagua, veinticuatro de marzo de dos mil veintiséis.

Vistos:

Con fecha 25 de julio de 2025, comparece don nombre reservado, cédula de identidad N°NUM000, con domicilio en domicilio reservado, quien interpuso acción de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social y la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez , por el rechazo de las licencias médicas N°NUM001 y NUM002, las que no han sido pagadas desde octubre de 2024.

Expone que se encuentra en lista de espera para una cirugía lumbar, contando con informes emitidos por neurocirujanos del Hospital Regional. Indica que está con prescripción de calmantes para el dolor y que se encuentra afectado psicológicamente -toda vez que- con su pensión no le alcanza ya que, además, su cónyuge cursa alzheimer avanzado, requiriendo cuidados especiales.

A folio 5 evacúa informe la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez quien refiere que el recurrente en los años 2021, 2022 y 2023 presentó 18 licencias médicas, todas autorizadas con un total de 1101 días de reposo. Refiere que en el año 2024 presentó 3 licencias médicas, 2 de las cuales fueron autorizadas por 240 días de reposo y la última licencia de ese año fue rechazada por patología crónica.

Así, invoca lo dispuesto en el artículo 30 del DS N°3/84 del Ministerio de Salud y afirma que para resolver con fundamento y rigurosidad solicitó al usuario antecedentes médicos que justifiquen el reposo reclamado los que, al ser estudiados, permitieron inferir que la enfermedad le reproduce un grado de incapacidad que por el tiempo transcurrido y su persistencia a pesar de los tratamientos, se considera de curso crónico y no modificable con el reposo, razón por la cual no corresponde autorizar nuevas licencias médicas ya que el reposo ya no contribuye a la recuperación ni se orienta al reintegro laboral del trabajador.

Finalmente hace presente que el recurrente apeló de la decisión a la SUSESO, quien confirmó el rechazo de las licencias médicas.

A folio 9, comparece el abogado Francisco Ortega Bello en representación de la Superintendencia de Seguridad Social, evacuando el informe requerido.

En primer término, y antes de referirse al fondo, solicita que la acción sea declarada improcedente, por sostener que la controversia se encuadra en materias propias del derecho a la seguridad social, garantizado en el artículo 19 N°18 de la Constitución Política de la República, el cual no se encuentra amparado por la acción de protección, de modo que no corresponde su conocimiento por esta vía cautelar.

En subsidio, informa sobre el fondo, señalando que el derecho a licencia médica constituye un beneficio de carácter temporal destinado a cubrir la incapacidad laboral transitoria del trabajador, cuya procedencia se encuentra condicionada a la existencia de una real posibilidad de recuperación y reintegro laboral. Indica que, en la especie, el recurrente registra un extenso período de reposo superior a tres años, asociado a una patología crónica, sin que conste la realización de intervenciones terapéuticas idóneas, particularmente quirúrgicas, ni antecedentes que permitan proyectar una recuperación funcional.

Agrega que, en virtud de lo anterior, tanto la COMPIN como la Superintendencia concluyeron que el reposo prescrito carecía de justificación médica, al no cumplir un rol terapéutico efectivo ni orientarse a la reincorporación laboral, motivo por el cual se rechazaron las licencias médicas reclamadas mediante resoluciones fundadas, dictadas dentro del ámbito de sus competencias legales.

Sostiene, asimismo, que la Superintendencia actuó conforme a las atribuciones que le confiere la Ley N°16.395, en ejercicio de su función fiscalizadora y de interpretación normativa en materia de seguridad social, descartando la existencia de ilegalidad o arbitrariedad en su actuar.

Finalmente, afirma que no se ha configurado vulneración alguna de las garantías constitucionales invocadas por el recurrente -en particular, el derecho a la vida e integridad física y psíquica, a la protección de la salud y al derecho de propiedad-, toda vez que la negativa de autorizar las licencias médicas no implica privación de prestaciones legítimamente adquiridas, ni impide el acceso a tratamientos de salud, ni configura la existencia de un derecho indubitado susceptible de tutela por esta vía cautelar .

En virtud de lo expuesto, solicita el rechazo del recurso en todas sus partes, con costas.

A folio 17 evacúa informe la Comisión Médica Regional de Rancagua, indicando que, conforme a sus registros, el recurrente no ha presentado solicitud de evaluación ni de calificación de invalidez ante dicha Comisión ni ante otras del país.

En su oportunidad, se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando: 1º Que, el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, dificulte o amague ese ejercicio. 2º Que, en cuanto a la alegación de improcedencia de la acción planteada por la recurrida por tratarse de materias referidas a la seguridad social, dicha alegación se rechazará dado que dentro de las garantías que se desprende fundan el recurso, se encuentran los derechos a la integridad física y psíquica y el de propiedad, todos ellos protegidos por la acción cautelar de autos. 3° Que, el acto que se reprocha en autos consiste en el rechazo de las licencias médicas N°s NUM001 y NUM002, así como su confirmación por parte de la Superintendencia de Seguridad Social mediante Resolución N°NUM003 de 30 de junio de 2025, fundado en la falta de justificación médica del reposo prescrito, atendida la naturaleza crónica de la patología que afecta al recurrente y la ausencia de antecedentes que permitan prever una recuperación funcional que habilite su reintegro laboral. 4° Que, informando las recurridas, la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez señaló que el recurrente registra un extenso historial de licencias médicas, habiendo hecho uso de reposo por más de mil días entre los años 2021 a 2023, y posteriormente nuevas licencias durante el año 2024, de las cuales las últimas fueron rechazadas por estimarse que la patología que presenta es de carácter crónico y no susceptible de mejoría mediante reposo, conforme a lo dispuesto en el Decreto Supremo N°3 de 1984 del Ministerio de Salud. Añadió que, para resolver, se requirió al interesado antecedentes médicos que justificaran el reposo, los que, una vez analizados, permitieron concluir que éste carece de un rol terapéutico eficaz y no se orienta al reintegro laboral.

Por su parte, la Superintendencia de Seguridad Social, al evacuar informe, solicitó el rechazo del recurso, sosteniendo, en lo principal, la improcedencia de la acción por incidir la controversia en materias de seguridad social. En subsidio, indicó que el beneficio de licencia médica tiene carácter transitorio y exige la posibilidad real de recuperación, lo que no se verifica en la especie, atendido el prolongado reposo ya otorgado, la ausencia de intervención quirúrgica y el carácter crónico de la afección, concluyendo que las resoluciones impugnadas fueron dictadas dentro de sus competencias legales, debidamente fundadas y sin incurrir en ilegalidad o arbitrariedad. 5° Que, del mérito de los antecedentes aparece que el recurrente presenta una patología lumbar de carácter severo y crónico -raquiestenosis lumbar L3-L4, con radiculopatía, claudicación neurogénica e inestabilidad vertebral-, asociada a un cuadro de larga evolución, con persistencia de sintomatología dolorosa pese a tratamiento conservador, encontrándose incluso en lista de espera para resolución quirúrgica, con pronóstico funcional reservado. 6° Que, cabe señalar que la conducta materia de esta acción no puede calificarse de ilegal, toda vez que el artículo 16° del Decreto Supremo 3/84 del Ministerio de Salud, establece que corresponde a la COMPIN, a la Unidad de Licencias Médicas o a la ISAPRE, en su caso, rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia.

Luego, el organismo recurrido dispone de la facultad legal de resolver acerca de la autorización de una licencia médica, por lo que sólo resta revisar, para los efectos de la presente acción, si existe arbitrariedad en la actuación reclamada. 7° Que, en cuanto a la arbitrariedad, entendida ésta como la falta de justificación y razonabilidad en la decisión adoptada, debe señalarse que el propio artículo 16 antes citado, contempla la necesidad de justificar la decisión que se adopte, al disponer que deberá dejarse constancia de los fundamentos que se han tenido en consideración para adoptar alguna de las medidas que la norma contempla.

A su vez, el artículo 21 del Decreto Supremo N°3 que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, en lo pertinente, preceptúa: “Para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las licencias, la COMPIN, la Unidad de Licencias Médicas o la ISAPRE correspondiente, podrán disponer de acuerdo con sus medios, alguna de las siguientes medidas: a) Practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas; b) Disponer que se visite al trabajador en su domicilio o lugar de reposo indicado en el formulario de licencia, por el funcionario que se designe; c) Solicitar al empleador el envío de informes o antecedentes complementarios de carácter administrativo, laboral o previsional del trabajador; d) Solicitar al profesional que haya expedido la licencia médica que informe sobre los antecedentes clínicos complementarios que obren en su conocimiento, relativos a la salud del trabajador; e) Disponer cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución de la licencia médica.” 8° Que, en la especie, la resolución de la Superintendencia de Seguridad Social que confirma el rechazo de las licencias médicas, sólo se funda en las opiniones de uno de sus profesionales médicos, teniendo a la vista los antecedentes aportados por el propio reclamante, sin realizar un peritaje o evaluación al paciente que permita determinar si su reposo se encuentra o no justificado. 9° Que, conforme a lo anterior, es posible establecer que la decisión adoptada por la recurrida no se apoya en elementos suficientes de convicción que la avalen, carencias que la privan de contenido, conforme lo exige el artículo 11 de la Ley 19.880 y la normativa sectorial antes señalada, sin que sea dable discernir que aquélla se basta a sí misma si no ofrece los elementos de juicio necesarios que permitan comprenderla y entender la razón por la cual el compareciente no necesitaba más días de recuperación que los ya otorgados, circunstancia que resulta particularmente relevante en el caso de autos atendida la lista de espera en la que se encuentra el recurrente para la cirugía lumbar requerida. 10° Que, en consecuencia, la conducta del organismo recurrido se torna arbitraria al desestimar un permiso médico concedido por facultativos sin ningún antecedente adicional, simplemente sobre la base de la ponderación de los ya tenidos a la vista, esto es, sin un elemento de juicio complementario de contraste para disipar, frente al paciente, cualquier duda, en relación a la procedencia del reposo, lo que en el presente caso resulta esencial, puesto que se le pretende privar del subsidio de incapacidad laboral sin que su situación fuera esclarecida con un informe acabado sobre el estado de salud y la causa de las dolencias del recurrente, lo que, como se dijo, no se cumplió en autos. 11° Que, en estas circunstancias, el actuar del recurrido evidentemente amenaza el derecho de propiedad del actor, protegido en el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, pues dice directa relación con su patrimonio, el que se ve mermado al no percibir el subsidio por incapacidad laboral que le corresponde por las licencias médicas rechazadas producto de la decisión del órgano administrativo.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se resuelve:

I.- Que, se rechaza la alegación de improcedencia de la acción deducida por la Superintendencia de Seguridad Social.

II.- Que, se acoge, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social y de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, sólo en cuanto se deja sin efecto la Resolución Exenta N°NUM003 de fecha 30 de enero de 2025, dictada por la Superintendencia de Seguridad Social, que confirma el rechazo de las licencias médicas N°NUM001 y N°NUM002, con la única finalidad de que se efectúen las gestiones administrativas necesarias para someter al recurrente a un peritaje médico de la especialidad que corresponda, para luego determinar la pertinencia o impertinencia del reposo de que dan cuenta las licencias médicas señaladas.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol I. Corte 1223-2025 Protección Se deja constancia que esta sentencia si reúne los presupuestos para ser anonimizada de acuerdo a lo dispuesto en el Acta 44-2022 de la Excma. Corte Suprema.