nombre reservado con I MUNICIPALIDAD DE RENGO

C.A. de Rancagua Rancagua, tres de febrero de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio 1 comparece don nombre reservado, funcionario a contrata de la Dirección de Desarrollo Comunitario de la Ilustre Municipalidad de Rengo, quien interpuso acción de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Rengo, representada por su alcalde don Enrique Alfonso del Barrio Hernández, por la decisión adoptada en orden a dar término anticipado a su contrata, de manera arbitraria e ilegal, vulnerando sus derechos establecidos en el artículo 19 N° 2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que con fecha 1 de marzo de 2016, ingresó a prestar servicios para el municipio de Rengo, contratado a honorarios, para luego pasar con fecha 1 de octubre de 2016 en calidad de contrata, la que ha sido renovada sucesivamente, encontrándose con nombramiento vigente hasta el mes de marzo de 2025, por lo que ha prestado servicios para el municipio reclamado, por casi 9 años.

Su contrata es por jornada completa, grado 13, estamento administrativo, cumpliendo funciones en la Dirección de Desarrollo Comunitario, como Coordinador de Comunicaciones, funciones de carácter estable y permanente, señalando que en dichas funciones se ha destacado por su buen desempeño funcionario, como lo acreditan sus calificaciones durante todo el periodo laborado.

Explica que, durante el año 2020 el ex alcalde de la comuna don nombre reservado, debió enfrentar una suspensión de su calidad de alcalde durante un plazo aproximado de 8 meses, durante el cual asumió una administración suplente. Agrega que en dicho periodo fue objeto de un trato discriminatorio que llevó a la no renovación de su contrata a contar del 1 de septiembre de 2020, y que esta situación que afecto a un grupo de funcionarios fue denunciada mediante una serie de tutelas laborales que se tramitaron ante el Juzgado de Letras de Rengo, lo que motivó que fuera reincorporado mediante transacción de fecha 26 de noviembre de 2021, la que fuera aprobada por el tribunal de la instancia en resolución de fecha 26 de noviembre de 2021. Luego su vinculación con el municipio denunciado fue renovada constante y sistemáticamente, hasta el pasado mes de marzo de 2025.

Refiere que con fecha 7 de febrero de 2025 fue notificado de su desvinculación del municipio, mediante el término anticipado de su nombramiento, notificación realizada en su domicilio, ocasión en que se le hizo entrega de copia del Decreto de fecha 6 de febrero de 2025, el que no contaba con número correlativo a esa fecha y que no cumple con los requisitos de fundamentación necesarios para esta clase de actos, no resultando suficiente para fundamentar esas determinaciones la expresión "por no ser necesarios sus servicios" u otras análogas, ni la mera referencia formal a los motivos invocados por la autoridad, toda vez que ello no permite conocer, de su sola lectura, cuál fue su raciocinio para arribar a tal decisión.

Afirma que el decreto recurrido indica que se debe dar cumplimiento a los limites presupuestarios determinados por la Ley 18.883, por lo que se debe optimizar el recurso humano municipal y mantener al personal que tenga los conocimientos y capacitaciones que estén en sintonía con las estrategias de las políticas, programas y proyectos del nuevo gobierno municipal; sin embargo, el decreto no señala ni la cuantía del supuesto exceso, cuando se produjo, y cuales pudieran ser sus efectos en el presupuesto del año 2025; presupuesto que, además, fue recientemente aprobado y que cumple con los límites establecidos en la Ley 18.883, haciendo del todo falaz el argumento esgrimido, no explicando por qué la medida adoptada debe aplicarse al recurrente y no a otro funcionario a contrata del municipio, sobre todo si se tiene presente que han sido contratadas otras personas en la misma calidad y, además, en el municipio recurrido existen, actualmente, cargos de la planta funcionaria en calidad de vacantes, concluyendo que el acto recurrido obedece a la intención de hacer espacio para incorporar a operadores políticos del sector político del nuevo alcalde, lo que se aleja de un actuar respetuoso del principio de probidad administrativa, el que debe regir la actuación de los órganos del Estado.

Hace presente que interpuso recurso administrativo ante la Contraloría General de la República, el que fuera resuelto el día 23 de junio de 2025 y, en dicha resolución la Contraloría admite específicamente la falta de fundamentación del decreto recurrido pero, basado en el reciente dictamen que establece como litigioso el tema de la confianza legítima, ordenó dejar sin efecto el decreto de término anticipado, ordenando el pago de sus remuneraciones hasta la fecha de término de la contrata vigente, esto es hasta el día 31 de marzo de 2025, pero no ordenó su reincorporación a sus funciones en el municipio recurrido, tal como se pedía en dicho recurso.

Sostiene que la jurisprudencia ha establecido reiteradamente que, cuando una relación a contrata excede los cinco años y se renueva reiteradamente superado dicho límite, como ocurre en su caso, esta relación se transforma en una relación indefinida, conforme al principio de confianza legítima, el cual busca proteger a los funcionarios de los cambios intempestivos en las decisiones de la Administración, entregando estabilidad a los servidores públicos, afirmando que, en virtud de ello, opera en su caso el principio de confianza legítima, en virtud del cual tiene la justa expectativa no sólo de terminar el periodo cubierto por su designación, sino que a ser recontratado para el periodo siguiente.

Argumenta que, mediante la actuación recurrida, el municipio vulnera dos derechos fundamentales cubiertos por la presente acción, por un lado, el derecho a la igualdad ante la ley, al establecer diferencias arbitrarias sin fundamento objetivo y verificable y, además, se afecta la garantía del derecho a la propiedad sobre los intereses asociados al empleo y a la estabilidad laboral que forman parte de su patrimonio.

Finalizó solicitando a esta Corte que, acogiendo el presente recurso, se ordene al municipio recurrido reincorporar al actor a sus funciones, en el mismo cargo, grado y calidad jurídica, en el plazo de 15 días de ejecutoriada la sentencia o el plazo que esta Corte determine. Asimismo, se ordene el pago de todas las remuneraciones, bonos, asignaciones y vacaciones que le hubieren correspondido durante el periodo comprendido entre el término de su contrata y su efectiva reincorporación, debidamente reajustadas y, que se condene en costas, personales y procesales al recurrido. Lo anterior, sin perjuicio de otras medidas que se consideren necesarias para el restablecimiento del derecho.

A folio 7 evacuó informe la I. Municipalidad de Rengo solicitando el rechazo del recurso, con costas.

Fundó su solicitud, en primer lugar, alegando la extemporaneidad del recurso, ya que éste fue interpuesto el día 23 de julio de 2025, en contra de la decisión adoptada por el alcalde en orden a dar término anticipado a la contrata que unía al señor nombre reservado con la recurrida, la que se materializó a través de la dictación del decreto alcaldicio N° 1.184 y/o Decreto Interno N° 1074 de fecha 6 de febrero de 2025, notificado en el domicilio del recurrente el día 7 de febrero de 2025. En consecuencia, entre la notificación del acto reclamado y la interposición del recurso ha transcurrido un plazo superior a los 30 días corridos establecidos en el auto acordado sobre tramitación y fallo del recurso de protección de garantías constitucionales, por lo que éste debe ser declarado extemporáneo. Añade que la jurisprudencia que reconoce en la instancia administrativa una figura suspensiva del aludido plazo de 30 días recién descrito no resulta aplicable al caso de marras, por lo menos en lo que a la figura de la confianza legítima respecta, por ser un tópico litigioso, impropio a cualquier instancia administrativa y, de esta forma, del todo ajeno a las competencias de la Contraloría General de la República, donde erróneamente lo ventiló el recurrente, lo que se ve refrendado por el dictamen de la Contraloría General de la República N° E561358, de fecha 6 de noviembre de 2024, que ha resuelto que la materia en relación con el plazo de la vinculación funcionarial que daría origen a la confianza legítima devino en litigiosa, por lo que ha procedido a abstenerse de emitir pronunciamientos al respecto, conforme a lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 10.336. Así, resulta jurídicamente improcedente que la recurrente pretenda ampliar el plazo dispuesto para ejercer el presente recurso, a expensas de una presentación efectuada ante un organismo del todo incompetente para resolverla. Acorde con lo anterior, y como no podía ser de otra forma, Contraloría Regional en su Oficio Folio E104643/2025 de 23 de junio de 2025, si bien acoge la reclamación del interesado en cuanto a que el acto administrativo que dispuso el término anticipado no se encuentra debidamente motivado, se abstuvo de emitir un pronunciamiento respecto a la confianza legítima reclamada por el recurrente. Reafirmando, nuevamente, que la figura de la confianza legítima es de naturaleza litigiosa y no administrativa.

En subsidio de lo anterior, informó sobre el fondo del recurso, señalando que el actor comenzó a prestar servicios en calidad de contrata desde el 1 de octubre de 2016, ejerciendo labores como coordinador de comunicaciones de la Dirección de Desarrollo Comunitario. Dicha contrata terminó a través de decreto alcaldicio N° 3.419 (MP) de 27 de julio de 2020. Luego, con fecha 31 de octubre de 2020, don nombre reservado, presentó una demanda por tutela laboral en contra de la Municipalidad, ante el 1° Juzgado de Letras de Rengo, tramitada bajo el RIT T-15-2020, la cual fue acogida en primera instancia, y luego rechazada por esta Corte de Apelaciones de Rancagua, mediante sentencia de reemplazo de fecha 23 de septiembre de 2021 dictada en causa Rol 500-2021. Posteriormente, habiéndose presentado por la contraria recurso de unificación de jurisprudencia ante la Excelentísima Corte Suprema, con fecha 26 de noviembre de 2021 se presentó y fue aprobado en la misma fecha por el tribunal laboral, un avenimiento entre las partes, en el que se convino que la recurrida, sin reconocer los hechos contenidos en la demanda, y con el solo ánimo de poner término al juicio, se comprometió a pagar una suma de dinero y a reincorporar al denunciante en las mismas condiciones previas a su desvinculación, a más tardar dentro del plazo de 15 días desde aprobado el avenimiento o transacción, dándose las partes el más total y completo finiquito, señalando que nada se adeudan, excepto las acciones que emanen del incumplimiento de dicho avenimiento.

Argumenta que, tal como se aprecia en el avenimiento, se establece un monto a modo de indemnización, el cual no constituye el pago de las remuneraciones que el recurrente dejó de percibir; no menciona, por lo demás, el pago de remuneraciones, no señala derecho a feriado legal, no indica la procedencia de días administrativos y tampoco establece la obligación de pagar las cotizaciones previsionales del Sr. nombre reservado; no reconoce, en definitiva, ninguno de los derechos más básicos a los que habría tenido derecho el recurrente si el señalado avenimiento hubiese contemplado la pretendida continuidad laboral que reclama el actor.

Afirma que la voluntad de las partes nunca fue establecer una relación laboral sin solución de continuidad, lo ratifica la propia conducta posterior del recurrente, quien nunca controvirtió la inexistencia, durante el periodo que estuvo desvinculado, de todos los derechos enunciados en el párrafo anterior, si no que consintió en dicha situación. Así, la pretendida continuidad laboral reclamada por el recurrente deviene en una mera estrategia judicial, funcional a sus pretensiones, pero del todo ajena a la realidad y, si bien el acuerdo alude al concepto de reincorporación, tal alusión jamás consideró extender la relación al tiempo que el funcionario no prestó servicios al municipio.

Concluye que la primera contratación del recurrente, de fecha 1 de octubre de 2016 culminó el 31 de agosto de 2020; y, luego, fue contratado a contar del 13 de diciembre de 2021, relación laboral que culminó el 06 de febrero de 2025, época en la que se puso término a su contrata mediante el decreto alcaldicio N°1184, por lo que, en este caso, claramente, existió solución de continuidad en la contratación.

Puntualiza que el recurrente funda toda su argumentación en un parcial y precario análisis literal del conceto “reincorporación” plasmado en el ya aludido avenimiento, soslayando que la figura de la continuidad laboral demanda, como condición sine qua non de su procedencia, el reconocimiento íntegro de todos los derechos y prestaciones que poseía el trabajador, como si nunca hubiese existido modificación o alteración alguna, según lo dispuesto en el artículo 4º inciso 2º del Código del Trabajo, destacando que entre el periodo que medió desde septiembre de 2020 a diciembre de 2021 no existió relación laboral, por así haberlo pactado las partes, dado que en tal periodo no se reconoció derecho alguno, descartando, en consecuencia, toda pretendida continuidad laboral.

Afirma que dio cumplimiento a lo ordenado, en este caso, por el órgano contralor, haciendo presente que éste no ordenó la reincorporación del recurrente, que era lo que había solicitado, estimando que el ente contralor reconoce absolutamente la facultad que tiene la autoridad para poner término anticipado o no renovar una contrata, facultad legal que emana del artículo 56 de la Ley 18.695. Este proceder es coherente con la jurisprudencia administrativa y con lo establecido en el propio artículo 10 de la Ley 18.834, Estatuto Administrativo, que entiende que la contrata es una designación transitoria, sujeta a las necesidades del servicio, y cuyo término, ya sea anticipado o al cierre del año, responde a una facultad discrecional que sólo se encuentra limitada por el principio de legalidad, el deber de motivar los actos y la prohibición de incurrir en discriminación arbitraria.

Destaca que a través del Decreto Alcaldicio N° 10.890 (MP) de fecha 29 de noviembre de 2024, se prorrogó el nombramiento a contrata a don nombre reservado, RUT RUT reservado, a contar del 01 de enero de 2025 al 31 de marzo de 2025, “y/o mientras sus servicios sean necesarios” como apoyo audiovisual en la Dirección de Desarrollo Comunitario.

Sostiene que no se vislumbra en el actuar municipal o en la decisión adoptada ilegalidad o arbitrariedad alguna, ni mucho menos lesiones a los derechos fundamentales del recurrente, actuando bajo el principio de legalidad, por lo que corresponde al actor desvirtuar la presunción de legalidad del acto administrativo, demostrando efectivamente cuál es la ilegalidad y/o arbitrariedad que invoca como lesiva a sus garantías constitucionales. Así, la sola afirmación de producirse una actuación ilegal o arbitraria no basta, se debe señalar en dicha actuación, la ilegalidad o arbitrariedad concreta, la norma legal o la forma en que se infringe e influye en lo dispositivo de lo resuelto; además, todo ello, debe ser materia de una debida acreditación o demostración procesal.

Finalizó reiterando su solicitud de rechazo del recurso, con costas.

A folio 9 el recurrente evacuó el traslado conferido en relación con la alegación de extemporaneidad del recurso, solicitando su rechazo, atendido que la decisión del órgano contralor fue dilatada por la propia recurrida, quien se negó a remitir el informe que le fuera solicitado, siendo necesarios tres oficios para que lo remitiera. Además, la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago dictó orden de no innovar en sus autos Rol 24.805-2024 suspendiendo los efectos de abstención de pronunciamientos dispuesta en el dictamen E561358 de 6 de noviembre de 2024 de la Contraloría. Ahora bien, en un ámbito en que la ley atribuye expresas, directas y reiteradas competencias a la Contraloría para que se pronuncie sobre los derechos de los funcionarios y atienda sus reclamaciones, no puede hablarse de un asunto “de naturaleza” litigiosa. Aunque haya competencias concurrentes –de la jurisdicción y de la administración contralora– sobre un mismo círculo de materias.

Acompañaron las partes los documentos que se encuentran agregados a la causa.

En su oportunidad, se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

1.- Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbare ese ejercicio.

2.- Que, mediante la presente acción constitucional de protección, se impugna el Decreto Alcaldicio N° 1.184 y/o Documento Interno N° 1074 del 06 de febrero de 2025 que pone termino anticipado a la contrata de don nombre reservado por no ser necesarios sus servicios, e invocándose como fundamento que se debía dar cumplimiento a los límites presupuestarios establecidos en la Ley 18.883. Así, a su juicio, la autoridad recurrida pretende ampararse en la inexistencia de confianza legítima para justificar su decisión, configurando así una actuación contraria a los principios de legalidad, buena fe, debido proceso y razonabilidad, todo lo cual vulneraria las garantías contempladas en el artículo 19 numerales 2 y 24 de la Constitución Política de la República.

3.- Que, en su informe la I. Municipalidad de Rengo solicitó el rechazo del recurso. Refiere que cumple el acto administrativo con todos los requisitos exigidos y encontrándose motivado conforme al artículo 11 de la Ley 19.880, respetando el principio de legalidad.

Seguidamente, controvierte que el recurrente cumpla con el plazo para la concurrencia de la confianza legítima, toda vez que durante el periodo comprendido entre septiembre de 2020 y diciembre de 2021 no existió relación laboral, por así haberlo pactado las partes en un avenimiento, dado que en tal periodo no se reconoció derecho alguno.

4.- Que, en cuanto a la extemporaneidad alegada por la recurrida, esta será rechazada atendido que la reclamación administrativa efectuada ante la Contraloría General de la República y su pronunciamiento suspendió el plazo para la interposición de la presente acción y desde dicha perspectiva la misma ha sido opuesta en tiempo oportuno.

5.- Que, en primer término, con el objeto de circunscribir la controversia, del análisis de las presentaciones de las partes consta que el acto cuya ilegalidad y arbitrariedad se reprocha es la decisión de la municipalidad recurrida de poner término anticipado al vínculo estatutario a contrata que la unía con el actor, sin que exista discusión respecto a que prestaba servicios bajo tal modalidad y que la defensa del Servicio recurrido se asiló en haber obrado de acuerdo con sus facultades, mediante una resolución fundada.

6.- Que, según consta de los antecedentes allegados al proceso, el actor prestó servicios para la recurrida, en calidad de contratado, a contar del día 1 de octubre de 2016, ejerciendo labores como coordinador de comunicaciones de la Dirección de Desarrollo Comunitario, hasta el 27 de julio de 2020, según decreto alcaldicio N° 3.419 (MP).

Luego, como ambas partes coinciden, bajo esa misma fórmula, fue reincorporado a sus labores, mediante un avenimiento entre las partes, aprobado por el tribunal competente en el contexto de un proceso de tutela de derechos fundamentales, por lo que fue reincorporado a contar del 13 de diciembre de 2021, relación laboral que culminó el 6 de febrero de 2025, época en la que se puso término a su contrata mediante el decreto alcaldicio N°1184, recurrido en estos autos.

7.- Que, para determinar si dicha actuación resulta ilegal o arbitraria, es del caso sostener que por expresa disposición de la Ley 18.834, sobre Estatuto Administrativo, los empleados de la Administración del Estado se clasifican en empleados de planta o a contrata. La diferencia esencial entre ambos radica en la permanencia en las funciones de los primeros y en la transitoriedad de los segundos. El artículo 10 de este cuerpo legal dispone que: “Los empleos a contrata durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y los empleados que los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha, por el solo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido propuesta la prórroga con treinta días de anticipación a lo menos”.

En armonía con el precepto anterior, el artículo 146 letra f) del mismo texto legal señala que el funcionario cesará en el cargo por el “Término del periodo legal por el cual ha sido designado” y el artículo 153 agrega que “El término del periodo legal por el cual es nombrado el funcionario, o el cumplimiento del plazo por el cual es contratado, produce la inmediata cesación de sus funciones”.

Asimismo, la Ley 18.834, luego de definir la planta del personal de un servicio público como el conjunto de cargos permanentes asignados por la ley a cada institución, al tratar los empleos a contrata señala en la letra c) del artículo 3 que son aquellos “de carácter transitorio que se consultan en la dotación de una institución”. Luego, de dichas normas se desprende inequívocamente que la autoridad tiene la facultad de poner término a las funciones del empleado a contrata incluso antes de la fecha indicada, requiriéndose para ello sólo un acto fundado, que cumpla plenamente con las exigencias de motivación que demanda la Ley 19.880, particularmente artículos 11 y 41, debiendo el término anticipado de la contrata, como cualquier acto administrativo, satisfacer los estándares de motivación, pues a través de ella se exteriorizan las razones que han llevado a la Administración a dictarlo, todo ello, en pos del principio de legalidad, relacionado a su vez, con el artículo 8 de la Constitución Política de la República.

8.- Que, en primer lugar, cabe señalar que el documento acompañado por el recurrente a folio 1, consistente en el avenimiento alcanzado por las partes en causa RIT 15-2020, seguida ante el Primer Juzgado de Letras de Rengo señala: “Que, con la finalidad de poner término a la presente causa, de común acuerdo hemos arribado al siguiente avenimiento:

PRIMERO. Que La Ilustre Municipalidad de Rengo, sin reconocer los hechos contenidos en la demanda, y con el solo ánimo de poner término al juicio pagará la suma única y total de $5.068.088.- los que se pagarán en 20 días siguientes desde aprobado el presente avenimiento, mediante deposito a la cuenta corriente del Tribunal.

A su vez, la I. Municipalidad de Rengo, se compromete a reincorporar al denunciante en las mismas condiciones previas a su desvinculación a más tardar dentro del plazo de 15 días desde aprobado el presente avenimiento o transacción”.

9.- Que, al utilizar la expresión “se compromete a reincorporar al denunciante en las mismas condiciones previas a su desvinculación” los términos del avenimiento señalado permiten concluir que el actor fue reincorporado a sus funciones como si nunca hubiese sido desvinculado, por cuanto la expresión reincorporar es definida por la Real Academia Española como “Volver a incorporar a alguien a un servicio o empleo”, pudiendo concluirse que el periodo que no trabajó para la municipalidad recurrida se debió al litigio pendiente entre las partes, que versaba sobre tutela de derechos fundamentales con ocasión del despido que finalizó, precisamente, con el avenimiento a que se hace referencia precedentemente, que dispuso el retorno del actor a sus labores habituales.

De lo anterior, se sigue que, habiendo sido contratado con fecha 1 de octubre de 2016, a la fecha del acto recurrido había transcurrido con creces el plazo de 5 años exigido para estimar concurrente la institución de la legítima confianza, por lo que sólo resta dilucidar si el decreto impugnado en esta causa se encuentra suficientemente fundado.

10.- Que, en cuanto al fondo del análisis de la resolución impugnada -aparejada por ambas partes al proceso- no cabe sino advertir que la misma no desarrolla en sus considerandos los fundamentos que dieron origen al término anticipado de la designación a contrata del actor, ya que básicamente, los fundamentos que se encuentran contenidos en los considerandos f) y g) del decreto recurrido, establecen: “f) Que el Alcalde en uso de sus facultades legales y luego de un análisis de las distintas funciones de las Unidades Municipales en conformidad a lo dispuesto en la Ley N° 18.695 y teniendo en especial vista la certificación de la Jefa del Departamento de Contabilidad y Presupuesto para los nombramientos del personal a Contrata se ha visto en la obligación de realizar una redistribución de las funciones y puestos de trabajo, y con el objeto de ajustarse dicho límite de gasto presupuestario, se ha determinado que no se requerirán los servicios de don nombre reservado.

g) Que, el dictamen N°85.700 de fecha 28 de noviembre de 2016, de la Contraloría General de la República, imparte instrucciones y establece criterios complementarios para la aplicación de los dictámenes N°s 22.766 y 23.518, ambos de 2015 y 6.400 de 2018, estableciendo que servirá de suficiente fundamento para prescindir de los servicios de un funcionario el hecho de que se hayan generado “nuevas condiciones presupuestarias o de dotación del servicio que obliguen a reducir personal”, como es en este caso ya que dicha función no será requerida debido a que son distintas a los planes actuales relacionadas con la crisis sanitaria”.

En efecto, en el acto recurrido sólo se señalan fundamentos de hecho de carácter genérico, sin hacer alusión a las circunstancias específicas de porqué pone término anticipado a la contrata del recurrente, estando la recurrida obligada a hacerlo, en atención a la confianza legítima que favorecía al impugnante, por lo que no le fue posible conocer, de su sola lectura, cuál fue el raciocinio para arribar a tal decisión, ya que, si bien en el decreto respectivo se menciona un exceso de personal a contrata en relación con el límite establecido en el artículo 2 de la Ley 18.883, no se señala en aquél ni la cuantía del supuesto exceso, cuándo se produjo, y cuáles pudieran ser sus efectos en el presupuesto, así como tampoco señala cuales fueron los parámetros para preferir la continuidad de otros funcionarios contratados en iguales condiciones que el recurrente, en perjuicio de éste.

11.- Que, la falencia recién anotada no permite descartar arbitrariedad o capricho en la decisión recurrida en estos autos, sino que, por el contrario, la resolución impugnada adolece de falta de fundamentación por cuanto, y como se dijo, no cumple con el estándar de motivación exigido tanto por la jurisprudencia judicial, como administrativa.

12.- Que, cabe hacer presente, además, que si bien la Contraloría General de la República, en Dictamen N°6400 de 2 de marzo de 2018, dispuso lo siguiente: “Cabe destacar que los citados pronunciamientos no afectan las facultades que tienen las autoridades respectivas en torno a las contratas -u otras figuras de designación semejantes-, en particular, en cuanto a la atribución de decidir su no renovación o el término anticipado de aquéllas en que rija la cláusula antes referida u otra similar, de conformidad con las disposiciones legales respectivas, lo que ha sido consignado de manera expresa por la jurisprudencia vigente sobre la materia, según aparece de los dictámenes Nos 12.421, 28.530 y 33.999, todos de 2017, de este origen. El mismo razonamiento es aplicable a las renovaciones dispuestas en términos diferentes, por ejemplo, rebajando el grado asimilado de la contrata o reduciendo las horas asignadas en la designación anterior. En efecto, los aludidos pronunciamientos solo han resuelto que la decisión de no renovar o desvincular al funcionario antes del vencimiento del plazo de la designación, debe materializarse a través de un acto administrativo fundado debidamente comunicado al interesado…”.

En similar sentido, la Excelentísima Corte Suprema, ha reconocido la facultad de poner término anticipado a dicha formas de contratación, pero que debe sustentarse siempre en motivos legales que permitan ejercerla, vinculados a supuestos fácticos debidamente acreditados por la autoridad, los cuales deben relacionarse con aspectos objetivos que determinen que los servicios, desde una perspectiva imparcial, no resultan necesarios. Así lo ha sostenido al respecto roles 26.301 y 26.279, ambos del 2023.

13.- Que, tal como se ha venido razonando, ha quedado en evidencia, que el acto impugnado no cumple con los requisitos de fundamentación exigidos en la ley, con la directriz del órgano contralor y con los criterios dispuestos por la Excelentísima Corte Suprema, en el sentido de no renovar o desvincular al funcionario antes del vencimiento del plazo de la designación, a través de un acto administrativo que en el presente caso no se observa debidamente fundado, lo que impide descartar la existencia de un acto ilegal y/o arbitrario, y lleva a acoger la presente acción cautelar.

Por estas consideraciones y lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia se resuelve que:

I.- Se rechaza la alegación de extemporaneidad, deducida por la recurrida I. Municipalidad de Rengo.

II.- Se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado en contra de la Ilustre Municipalidad de Rengo, sólo en cuanto se deja sin efecto el decreto alcaldicio N° 1.184 y/o Decreto Interno N° 1074 de fecha 6 de febrero de 2025, debiendo el recurrente ser reincorporado a sus labores dentro del plazo de quince días contados desde que la presente sentencia quede ejecutoriada.

Acordado lo anterior con el voto en contra del Ministro Sr. Santibáñez, quien estuvo por rechazar el presente recurso por estimar que, si bien de los antecedentes acompañados, consta que la relación estatutaria del recurrente se estructuró sobre la base de designaciones a plazo fijo, renovadas sucesivamente, lo cierto es que existe una interrupción relevante derivada del término de su contrata en el mes de agosto del año 2020 y de la posterior reincorporación acordada mediante avenimiento en causa RIT T-15-2020 del 1° Juzgado de Letras de Rengo, aprobado el 29 de noviembre de 2021, lo que impide sostener la existencia de una continuidad ininterrumpida que permita configurar una expectativa legítima de renovación indefinida.

En efecto, la cláusula primera de dicho acuerdo se estipuló que la Ilustre Municipalidad de Rengo pagaría la suma allí indicada, sin reconocer los hechos contenidos en la demanda y con el sólo ánimo de poner término al juicio; dando cuenta de aquello, el hecho que conforme a los antecedentes aportados por las partes, consta que el recurrente, durante el período que se mantuvo separado de sus funciones, no percibió el pago de sus cotizaciones previsionales ni tuvo derecho a feriado legal ni permisos administrativos, de lo que se concluye que, en realidad, no existió continuidad laboral, pagándose la suma acordada a título de avenimiento con la única finalidad de terminar dicha causa, es decir, existió una manifestación expresa de voluntad de parte de la recurrente en torno a poner fin a la primera vinculación laboral con la recurrida.

Así, en tales condiciones, no se advierte en la especie la configuración del presupuesto temporal y fáctico que la jurisprudencia ha exigido para la aplicación del principio de confianza legítima, desde que las renovaciones posteriores a diciembre del año 2021, fecha de su designación en la contrata, no superan el plazo establecido para configurar la institución invocada.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol I. Corte 1213-2025 Protección.

Se deja constancia que esta sentencia no reúne los presupuestos del Acta 44-2022 de la Excma. Corte Suprema para ser anonimizada.