nombre reservado con CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS TRASPASADOS

Rancagua once de noviembre de dos mil veintiuno VISTOS:

Con fecha 12 de agosto del año 2021, comparece don Juan Pablo Albar Álvarez, abogado, en representación, de don nombre reservado, profesor de estado, ambos domiciliados en domicilio reservado, y viene en deducir recurso de protección en contra de las actuaciones y omisiones arbitrarias e ilegales efectuadas tanto por don nombre reservado, profesor, en su calidad de Secretario General de la Corporación Municipal de Servicios Públicos Traspasados de Rancagua y en contra de la Corporación Municipal de Servicios Públicos Traspasados de Rancagua, persona jurídica de giro de su denominación, representada por su presidente don nombre reservado, Alcalde de Rancagua, a fin de que esta Corte lo admita a tramitación y, en definitiva, lo acoja, restituyendo las actuaciones realizadas conforme a derecho, reincorporando en su cargo a su representado, toda vez que se ha infringido su derecho a la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos y su derecho de propiedad consagrados en los números 3 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, según los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho que en su presentación expuso.

Indica que su representado, es un profesor de estado que producto de su esfuerzo personal y empeño de toda una vida, llegó a lo más alto de su vocación, esto es, ser director de Escuela como reconocimiento a su vocación de pedagogo público y de servicio al país, justamente hacia los más necesitados, los niños sin recursos.

Es así que, en los últimos años de su larga trayectoria, ha ocupado el cargo de director de liceos y colegios municipales. Fue en ese contexto que, luego de un concurso público y por medio de la Alta Dirección Pública, fue seleccionado y contratado, en propiedad, para el cargo de Director del Establecimiento Educacional Colegio “El Cobre” de la comuna de Rancagua.

Señala que sin que se sepa quién lo acusa, porqué, y sin haber podido acceder a los fundamentos de las medidas que se han adoptado y que no encuentran cobijo en la realidad de los hechos y de su proceder, hoy y en los últimos años de su exitosa carrera, se ve alejado de su cargo, por medio de actos que revisten de legalidad pero sin ningún asidero en la realidad, sin que pueda, a pesar de tener todo el derecho, a refutar las acusaciones que se estarían formulando en su contra.

Añade que todo este proceso que se ha seguido en su contra comienza el 8 de julio del 2021, solo días después de que las nuevas autoridades municipales asumieran sus funciones, el día 28 de junio, dictándose la resolución 506 que instruye investigación sumaria y que fundada en los vistos de los artículos 26 y 27 de los Estatutos de la Corporación Municipal de Servicios Públicos Traspasados de Rancagua y el artículo 47 del Reglamento nombre reservado, Higiene y Seguridad solicita que se investiguen: “(…) eventuales responsabilidades que le cabría al Director, Sr. nombre reservado, en los hechos informados a través de los documentos citados en el considerando N° 1 precedente”, a su vez el documento al cual se hace referencia es el “Memorándum N° 112 de la Directora de la División de Educación”, la que adjunta antecedentes que “(…) denuncian trato inadecuado por parte del Director del Colegio El Cobre, Sr. nombre reservado, en contra de una funcionaria del mismo establecimiento educacional”.

Destaca que por su parte el recurrido don nombre reservado, a los pocos días de asumir sus funciones dicta la resolución N° 594 mediante la cual eleva la investigación sumaria a un “sumario administrativo”, donde se indica que en virtud del “(…) informe presentado por el Fiscal a cargo de la investigación sumaria, donde señala que los antecedentes recabados en la investigación revisten mayor gravedad a lo supuesto inicialmente, en conjunto con haber tomado conocimiento en el transcurso de la investigación de otras conductas relativas al trato del Director hacia los funcionarios, que revisten mayor gravedad (…)” amerita entonces que se eleve el proceso a investigación sumaria.

Destaca que a menos de un mes de haber asumido el nuevo cargo, el Sr. nombre reservado debuta con un sumario administrativo en contra de uno de los Directores de los Colegios que administra, sin siquiera llamarlo, preguntarle sobre el estado del establecimiento, ni que le dé informe sobre su parecer ante aquellos graves antecedentes y conductas que ameritan un sumario administrativo, lo que resulta de una gravedad y arbitrariedad suficiente como para acoger el presente recurso, por falta del debido proceso y de vulneración a la garantía constitucional a ser oído y a la bilateralidad de la audiencia, no obstante aquello el proceso siguió adelante, y 2 días hábiles después, se dicta una nueva Resolución, la N° 596, por medio de la cual decreta “(…) como medida preventiva para resguardar los derechos de todos los involucrados y de permitir una adecuada investigación, la suspensión, con goce de remuneración, del Director del Colegio El Cobre, don nombre reservado (…)”

Relata que cuando su representado asume su cargo, en mayo del 2018, tenía la posibilidad de nombrar tres cargos de su confianza; sin embargo nombro solo uno, la secretaria administrativa y técnica doña nombre reservado; sin embargo y luego de que es alejado de su cargo la corporación en una medida totalmente arbitraria y sin justificación alguna, una semana después, el 9 de agosto le comunican a la Sra. nombre reservado su desvinculación bajo la causal de “(…) necesidad en la empresa” que establece el artículo 161 del Código del Trabajo.

Arguye que no solo nos encontramos frente a actos arbitrarios, sino que también ilegales, ya que se han dictado las resoluciones aludidas en contra de disposiciones reglamentarias y legales, esto es, el artículo 40 y 41 del Reglamento nombre reservado Higiene y Seguridad, asegurando que hasta la fecha su representado no tiene conocimiento alguno de las graves acusaciones que sustentarían el hecho por el cual está impedido de ir a su lugar de trabajo, vulnerándose las normas citadas impidiéndosele formular los descargos que el propio Reglamento Interno le otorga como derecho.

Destaca que de conformidad al artículo 47 del Reglamento nombre reservado Higiene y Seguridad, en los hechos transcurrió el plazo de 10 días hábiles para que se practique la respectiva investigación, no obstante, aquello y sin haberse solicitado una ampliación del plazo de investigación se dictó la resolución 594 que transforma la investigación sumaria en “sumario administrativo”, a su vez y de conformidad al artículo 49, es posible concluir que es durante la vigencia de la investigación sumaria que se debe sustituir a un sumario administrativo cuando se comprueben la gravedad de los hechos y no cuando esta se encuentra terminada.

Asegura que el actuar de los recurridos constituye actos ilegales y arbitrarios que han afectado el legítimo derecho de su representado a la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, al debido proceso y al derecho de propiedad sobre el cargo que tiene como director del colegio “El Cobre”, por cuanto se ha afectado gravemente su derecho a ser oído antes de tomar las resoluciones que la Corporación Municipal ha adoptado lo que ha afectado la garantía constitucional de un justo y racional procedimiento, asegurando que el cargo de Director fue asumido por medio de la Alta Dirección Pública y luego de un concurso legal, por lo que tiene un derecho de propiedad sobre el mismo, el cual dura hasta mayo del 2023, lo que no ha sido respetado por los recurridos en esta acción constitucional ya que se ha visto imposibilitado de ejercerlo debido, justamente por los actos ilegales y arbitrarios de los recurridos en este acto.

Previas citas legales solicita tener por interpuesto recurso de protección y en definitiva acogerlo ordenando se restituya las actuaciones realizadas conforme a derecho y se reincorpore en su cargo a su representado, toda vez que se ha infringido su derecho a la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos y de propiedad.

Por su parte y con fecha 16 de septiembre de 2021 comparece doña nombre reservado, y don nombre reservado, en representación convencional de la Corporación Municipal de Servicios Públicos Traspasados de Rancagua, indicando que con fecha 23 de junio de 2021, la Directora de la División de Educación de la Corporación Municipal de Servicios Traspasados de Rancagua, recibió una denuncia de parte de una funcionaria de la institución relativa al Director del Colegio El Cobre, señor nombre reservado.

Mediante el Memorándum N° 112 de fecha 5 de julio de 2021, la Directora de la División de Educación informa de la denuncia y acompaña los antecedentes al Secretario General, señor nombre reservado, a objeto que instruya investigación sumaria de conformidad con el artículo 40 del Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad de la Corporación.

Consecuentemente, mediante Resolución N° 506 de fecha 8 de julio de 2021, el Secretario General de la Corporación instruye investigación sumaria para el examen de las eventuales responsabilidades del requirente relativas a los hechos informados -descritos en el considerando primero del acto-, a saber, el “trato inadecuado por parte del Director del colegio El Cobre, Sr. nombre reservado, en contra de una funcionaria del mismo establecimiento educacional”.

Adicionalmente, la resolución designa fiscal de la investigación al señor nombre reservado, abogado de la Corporación.

Con fecha 28 de julio de 2021, el fiscal cita al señor nombre reservado a prestar declaración, el día 29 de julio del mismo año a las 16 horas en la oficina del Asesor Jurídico en la casa central de la Corporación, requerimiento que fue notificado a su destinatario con igual fecha de acuerdo consta en la documentación que se acompaña en el otrosí de su presentación (citación fiscal 28 de julio), gestión que tiene lugar en la fecha y emplazamiento dispuesto.

A su vez, por medio de la Resolución N° 594 de fecha 30 de julio del año 2021, el Secretario General de la nueva administración, señor nombre reservado, eleva la investigación de sumaria a “sumario administrativo”, poniendo término a la primera e iniciando la segunda de acuerdo al informe presentado por el fiscal donde señala que: “los antecedentes recabados en la investigación revisten mayor gravedad a lo supuesto inicialmente, en conjunto con haber tomado conocimiento en el transcurso de la investigación de otras conductas relativas al trato del Directo hacia los funcionarios”. Igualmente, mediante el acto se designa nuevamente fiscal de la investigación al señor nombre reservado.

Luego, como medida preventiva y de acuerdo a la solicitud presentada por el fiscal de la investigación, el Secretario General de la Corporación decreta la suspensión con goce de remuneraciones del Director del Colegio El Cobre a contar de la fecha del acto y hasta el término del sumario administrativo mediante Resolución 596 de fecha 3 de agosto de 2021.

Con igual fecha, el fiscal cita nuevamente al señor nombre reservado a prestar declaración el día 19 de agosto de 2021 a las 16 horas en la oficina del Asesor Jurídico en la casa central de la Corporación, requerimiento que fue notificado a su destinatario con fecha 3 de agosto, gestión que tiene lugar en la fecha y emplazamiento dispuesto.

Posteriormente, la Resolución N° 610 de fecha 10 de agosto del 2021 designa como nueva fiscal a la señora nombre reservado, Encargada de Control de Gestión de la División de Educación de la Corporación, considerando que el señor nombre reservado deja de prestar servicios a la institución.

Con fecha 12 de agosto de 2021 el señor nombre reservado presenta un escrito ante el fiscal del sumario administrativo solicitando se declare la nulidad de todo lo obrado, por razones esencialmente idénticas a las señaladas en el presente recurso.

Por su parte, la Resolución N° 687 de fecha 27 de agosto de 2021 amplía el plazo del sumario administrativo instruido por el término de 20 días hábiles desde el 30 de agosto del año en curso de acuerdo a la solicitud de la fiscal de fecha 25 de agosto del año en curso. Finalmente, mediante la Resolución N° 766 de fecha 10 de septiembre de 2021 el Secretario General dispone la suspensión del sumario administrativo de acuerdo artículo 54 inc. 3° de la Ley de Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado.

Junto con los antecedentes del sumario administrativo llevado a efecto, la recurrida hizo valer la extemporaneidad del recurso por cuanto de una lectura sistemática de su escrito se permite dilucidar que lo que se busca impugnar mediante el presente proceso es la existencia misma de un procedimiento disciplinario en su contra. En virtud de lo anterior es posible concluir que los hechos impugnados son la totalidad de actos relativos al procedimiento disciplinario incoado en su contra, el que comenzó con fecha 8 de julio del 2021, empero, consta en el expediente que el recurso de protección fue presentado el día 12 de agosto de 2021, es decir, cinco días después de extinguido el plazo.

Finalmente indica que no se alegan hechos que infrinjan derechos indicados en el artículo 20 de la Constitución, en este sentido, la acción de protección en referencia al 19 N° 3, sólo protege la vulneración más grave del debido proceso, a saber, la “prohibición de juzgamiento por comisiones especiales”; sin embargo, el recurrente no invoca esta dimensión del derecho como protegida, sino que un genérico “derecho a ser oído” antes de tomar las resoluciones que la Corporación Municipal ha adoptado en lo que ha afectado la garantía constitucional de un justo y racional procedimiento.

Arguye que desde un punto de vista procesal es importante tener en cuenta que ninguno de los citados actos es susceptible de causar algún agravio en los derechos del recurrente, puesto que jurídicamente, los actos trámites no son impugnables mientras el procedimiento disciplinario no haya llegado a término por expresa disposición del artículo 15 inc. 2º de la LBPA. Esta misma idea es confirmada por la jurisprudencia constante e invariable de la Excma. Corte Suprema que, frente a los actos de tramitación de un procedimiento disciplinario, ha señalado que no son impugnables en sí mismos porque no tienen la aptitud de producir efectos jurídicos tales que produzcan una privación, perturbación o amenaza de derechos constitucionales.

Afirma que es necesario tener en cuenta que el iniciar o no un procedimiento disciplinario no es una decisión que quede completamente al arbitrio del sostenedor. En efecto, el artículo 127 inc. 1º del Estatuto de Funcionarios Municipales prescribe perentoriamente que el sumario administrativo “se ordenará” por el titular de la potestad disciplinaria de modo que, frente a hechos que constituyan una infracción a los deberes funcionarios, existe un deber de iniciar el procedimiento. Es más, en el caso bajo análisis, el procedimiento se ha iniciado por una denuncia por parte de los órganos competentes expresada en el Memorándum N° 112. No es una decisión espontánea que nace del mero capricho del sostenedor ni responde a prejuzgamientos de la nueva Administración, como el requirente pretende sostener. En este sentido no puede ser tachado de arbitrario porque el acto da razones para su adopción, refiriéndose precisamente al supuesto de hecho que justifica su dictación.

Finalmente y en torno a las alegaciones de la recurrente, en particular su denuncia de no tener conocimiento del expediente sumarial, afirma que tanto la investigación sumaria como el sumario administrativo son secretos conforme al artículo 135 inc. 2º del Estatuto de los Funcionarios Municipales. Consecuentemente, existe un imperativo legal de mantener estricta reserva del contenido del expediente.

En cualquier caso, como ya se aclaró al mostrar los antecedentes de hecho, se le ha comunicado en tiempo y forma al recurrente las razones que motivaron cada una de las decisiones adoptadas en el procedimiento. Merece la pena destacar que el señor nombre reservado ha sido informado del procedimiento, sus diversas actuaciones y los fundamentos de aquellas no sólo mediante la notificación de las diversas resoluciones durante la investigación sumaria y el sumario administrativo, sino que llamado a declarar en ambas oportunidades -actuaciones que tuvieron lugar con fecha 29 de julio y 19 de agosto, ambos de 2021-.

Añade que el recurrente sostiene que al haberse adoptado esta decisión una vez extinguido el plazo de la investigación sumaria, produciría una supuesta ilegalidad. Dicha conclusión es absurda. En efecto, mientras no esté prescrita la responsabilidad, el titular de la potestad disciplinaria siempre tiene la facultad de iniciar un sumario administrativo cuando se den los supuestos para ello. Esta potestad no se extingue por el retardo la tramitación de una investigación sumaria; sin perjuicio de la responsabilidad que le quepa al instructor. Sería absurdo y absolutamente contrario al principio de probidad administrativa y de jerarquía constitucional contenido en el artículo 8° de la Carta Magna concluir que el simple retardo, absolutamente subsanable, prive al titular de la potestad disciplinaria de la posibilidad de reprimir las acciones que atentan contra la ética de los docentes.

Finalmente indica que el recurrente reclama igualmente la suspensión que se ha decretado en el expediente mediante la Resolución N° 596. Al respecto, afirma que no debe olvidarse que es la ley la que directamente autoriza a ordenar la suspensión provisional como una medida cautelar adoptada en el contexto de un sumario administrativo, de conformidad al artículo 134 del Estatuto de los Funcionarios Municipales.

Por su parte y con fecha 28 de septiembre de 2021, compareció el recurrido don nombre reservado, el que procedió a ratificar el informe evacuado por la Corporación Municipal, haciendo suyos todos los argumentos y defensas vertidas por aquella.

Se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido por el constituyente como una acción de urgencia destinada a evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de acciones u omisiones arbitrarias o ilegales, que produzcan privación, perturbación o amenaza de alguna o algunas garantías constitucionales expresamente señaladas en la Constitución Política de la República, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección a quien pueda resultar afectado.

SEGUNDO: Que en cuanto excepción de extemporaneidad opuesta por la recurrida, cabe rechazarla, por cuanto si bien el procedimiento administrativo comenzó el día 8 de julio del año 2021, por lo que a la fecha de la interposición del presente recurso había transcurrido el plazo de 30 días para su interposición, lo cierto es que junto con ello también se recurre en contra de la resolución 594 de 30 de julio de 2021, por la cual se ordena seguir la investigación conforme a las reglas del sumario administrativo, además de cuestionarse la decisión del 3 de agosto de este año, por la cual se decretó la suspensión preventiva del recurrente.

TERCERO: Que, en cuanto al fondo, del tenor del recurso queda en evidencia lo que cuestiona el recurrente son actos intermedios o trámites que forman parte del sumario administrativo seguido en contra del recurrente y que se encuentra en actual tramitación, pues tal como se dijo se reprocha el inicio de la investigación administrativa, la mutación de ésta a sumario administrativo y la suspensión preventiva con goce de remuneraciones decretada en éste.

CUARTO: Que, conforme a lo anterior, resulta evidente que el recurso de protección incoado por el recurrente es improcedente, dado que tal como lo ha sostenido en forma reiterada el máximo tribunal, la acción de protección no procede en contra de los actos trámites o intermedios que forman parte de un procedimiento complejo, ya que estos carecen de la aptitud necesaria para privar, perturbar o amenazar el legítimo ejercicio de los derechos y garantías cauteladas mediante este recurso, lo que, en este caso, resulta palmario desde que el sumario administrativo se encuentra en curso y la suspensión preventiva ha sido decretada con goce de remuneraciones. En este sentido, sentencia CS 29096-2019.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara que, se rechaza, sin costas, el recurso deducido por don nombre reservado, en contra de don nombre reservado, y en contra de la Corporación Municipal de Servicios Públicos Traspasados de Rancagua, Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol I. Corte 12044-2021 Protección.