Protección contra Superintendencia de Seguridad Social

C.A. de Rancagua Rancagua, veintidós de septiembre de dos mil veintiséis.

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Con fecha 19 de enero del año en curso, comparece doña nombre reservado, enfermera, quien interpone recurso de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, por estimar ilegal y arbitraria la Resolución Exenta N° NUM000, de 19 de diciembre de 2025, que confirmó el rechazo de sus licencias médicas, denunciando la vulneración de las garantías consagradas en el artículo 19 N°1, N°18 y N°24 de la Constitución Política de la República.

Expone que, una vez finalizado su período de postnatal, el 25 de agosto de 2024 inició un período continuo de licencias médicas por un total de 150 días, debido a un cuadro de salud mental diagnosticado como trastorno depresivo mayor, episodio moderado con síntomas ansiosos, asociado a un trastorno adaptativo.

Señala que su maternidad se produjo mediante un procedimiento de fertilización in vitro con ovodonación, luego de dos tratamientos fallidos, circunstancia que le provocó un prolongado desgaste físico y emocional. Añade que, al comenzar el período de reposo, su hija se encontraba afectada por un cuadro respiratorio posteriormente diagnosticado como asma bronquial crónica severa y que, durante agosto de 2024, su madre fue diagnosticada con un linfoma cutáneo no Hodgkin, debiendo asumir su cuidado sin contar con redes de apoyo suficientes.

Refiere que este contexto de sobrecarga emocional, familiar y física le provocó ánimo depresivo persistente, ansiedad, labilidad emocional, insomnio, fatiga y dificultades de concentración, determinándose una incapacidad laboral moderada y riesgo de agravamiento ante un reintegro prematuro, especialmente por desempeñarse como enfermera. Por ello, su médico tratante le indicó reposo continuo, tratamiento farmacológico compatible con la lactancia y derivación a psiquiatría.

Indica que, pese a los antecedentes médicos acompañados, la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez rechazó las licencias, decisión que fue confirmada por la recurrida, que consideró justificados únicamente 113 días de reposo. Sostiene que la resolución aplicó un criterio rígido y meramente cuantitativo, sin efectuar una evaluación individualizada ni explicar qué cambio clínico justificaba rechazar el período inmediatamente posterior.

Alega que el acto impugnado carece de motivación suficiente y congruente, en contravención a los artículos 11 y 41 de la Ley N°19.880, pues no identifica los antecedentes médicos que estima insuficientes ni explica las razones para descartar los informes clínicos aportados.

Agrega que el Decreto Supremo N°3 de 1984 del Ministerio de Salud exige evaluar la incapacidad laboral efectiva atendiendo al diagnóstico, evolución clínica y circunstancias personales del trabajador, sin autorizar el rechazo automático de una licencia por la extensión del reposo.

Sostiene, asimismo, que la decisión vulnera los principios de razonabilidad y proporcionalidad, al rechazar las licencias sin considerar medidas menos gravosas, como evaluaciones complementarias, seguimiento clínico o un reintegro progresivo.

Afirma que se ha vulnerado su derecho a la integridad psíquica, al exponerla a un riesgo de agravamiento de su salud mental; su derecho a la seguridad social, al privarla de las prestaciones económicas asociadas a licencias válidamente emitidas; y su derecho de propiedad, porque el rechazo ha generado descuentos efectivos en sus remuneraciones. Precisa que en su liquidación de diciembre de 2025 figura un descuento de $331.634 por dicho concepto, afectando su subsistencia y la de su grupo familiar.

Solicita, en definitiva, que se deje sin efecto la resolución recurrida; se ordene realizar una nueva evaluación de las licencias médicas, debidamente fundada, individualizada y basada en criterios clínicos; se suspendan los descuentos en sus remuneraciones mientras aquella no se practique, y se adopten las demás medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho.

A folio 6, comparece doña nombre reservado, abogada, quien evacúa el informe requerido a Isapre Colmena Golden Cross S.A. Solicita el rechazo del recurso de protección, por improcedente y con costas, sosteniendo que no incurrió en una actuación ilegal o arbitraria ni vulneró las garantías constitucionales invocadas por la recurrente.

Expone que doña nombre reservado se encuentra afiliada a la Isapre y presentó diversas licencias médicas continuadas por diagnóstico psiquiátrico, autorizándose inicialmente 60 días de reposo, tras lo cual comenzaron los rechazos definitivos.

Señala que las licencias fueron rechazadas atendidos los resultados de los peritajes practicados, las guías clínicas aplicables y la falta del informe médico complementario solicitado, antecedentes conforme a los cuales se estimó injustificada la prolongación del reposo.

Indica que la recurrente fue sometida a dos peritajes psiquiátricos. En el primero, realizado el 8 de agosto de 2024, se concluyó que presentaba un trastorno ansioso adaptativo, de origen común y recuperable, cuya sintomatología había disminuido con el tratamiento farmacológico y no la incapacitaba para trabajar, estimándose que podía reintegrarse a sus funciones desde el 26 de julio de 2024.

Añade que el segundo peritaje, efectuado el 27 de febrero de 2025, concluyó que la prolongación del reposo no cumplía una finalidad terapéutica y que la paciente debía retomar sus responsabilidades y exposición social para evitar el fracaso del tratamiento.

Afirma que las resoluciones de rechazo fueron debidamente fundadas y dictadas en ejercicio de las facultades de fiscalización y control técnico y administrativo previstas en los artículos 14, 16, 18, 21 y 48 del Decreto Supremo N°3 de 1984 del Ministerio de Salud.

Agrega que no se cumplieron las exigencias referenciales previstas para las licencias por patologías mentales de duración superior a 60 días, pues estas no fueron emitidas por un médico con especialidad en psiquiatría; no se acompañó el informe médico protocolizado requerido; existían dos peritajes contrarios a la prolongación del reposo; no se acreditó refractariedad o resistencia al tratamiento, y tampoco se aportaron nuevos antecedentes que justificaran mantenerlo.

Sostiene que la Contraloría Médica de la Isapre, la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez y la Superintendencia de Seguridad Social son organismos técnicos, cuyas decisiones se fundan en las guías clínicas del Ministerio de Salud, los antecedentes concretos del caso y sus conocimientos especializados.

Alega, asimismo, que el recurso resulta improcedente porque el Decreto Supremo N°3 de 1984 contempla un procedimiento especial para reclamar del rechazo de licencias médicas, consistente en recurrir ante la COMPIN y, posteriormente, ante la Superintendencia de Seguridad Social. Afirma que la recurrente utilizó dicho procedimiento y, al no obtener una decisión favorable, pretende abrir mediante esta acción cautelar una nueva instancia de revisión no contemplada por el legislador.

Añade que, la controversia exige evaluar antecedentes médicos y técnicos, por lo que no existiría un derecho indubitado susceptible de protección por esta vía.

Finalmente, descarta la vulneración de las garantías invocadas. En particular, sostiene que la afectación económica derivada del rechazo de las licencias constituye una consecuencia prevista por la ley y originada en el ejercicio regular de las facultades de fiscalización de la Isapre, por lo que no se configura una privación ilegal o arbitraria del derecho de propiedad ni una vulneración de los demás derechos denunciados.

Solicita, en definitiva, que el recurso sea rechazado por improcedente, con costas.

A folio 8, comparece don nombre reservado, Presidente de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de esta región, quien evacúa el informe requerido.

Señala que la recurrente se encuentra afiliada a Isapre Colmena Golden Cross S.A., por lo que dicho organismo solo tomó conocimiento de las licencias médicas que fueron rechazadas, en primera instancia, por esa institución de salud previsional.

Expone que, con el objeto de resolver fundadamente, solicitó a la recurrente antecedentes médicos que justificaran el reposo. Sin embargo, estimó que aquellos no describían sintomatología relevante, ni demostraban la severidad de la patología o la existencia de un compromiso funcional. Añade que tampoco consignaban la evolución clínica del cuadro ni ajustes farmacológicos significativos efectuados en consideración a dicha evolución.

Agrega que efectuó una nueva revisión de los antecedentes y emitió un nuevo informe relativo a la patología de la recurrente, teniendo también a la vista un peritaje médico realizado por la Isapre.

Finalmente, informa que la recurrente apeló ante la Superintendencia de Seguridad Social, organismo que ratificó lo resuelto por la COMPIN y mantuvo el rechazo de las licencias médicas reclamadas.

Acompaña a su informe los antecedentes remitidos por la Isapre, un informe psiquiátrico de segunda opinión, las Resoluciones Exentas N°NUM001 y N°NUM002 de la SUSESO, una revisión médica de antecedentes efectuada para informar a esta Corte y el historial de licencias médicas.

A folio 11, comparece doña nombre reservado, abogada, quien evacúa el informe requerido a la Superintendencia de Seguridad Social.

En primer término, alega la improcedencia de la presente acción en materias de seguridad social, materia que se encuentra amparada por el artículo 19 N°18 de la Constitución Política de la República, y que no está cautelada por la acción de protección.

En subsidio de lo señalado, en cuanto al fondo solicita el rechazo del recurso, sosteniendo que las licencias médicas reclamadas no se encuentran justificadas y que la decisión impugnada fue adoptada luego de examinar los antecedentes médicos y administrativos del caso.

Expone que la situación de la recurrente fue revisada en dos oportunidades. En primer término, la recurrente reclamó el 25 de septiembre de 2025 contra la decisión de la COMPIN de la Región de O’Higgins, que mantuvo el rechazo de las licencias médicas N°NUM003, NUM004, NUM005, NUM006 y NUM007, extendidas por un total de 150 días a contar del 25 de agosto de 2024.

Señala que dicho reclamo fue resuelto mediante la Resolución Exenta N° NUM008, de 4 de noviembre de 2025, que confirmó el rechazo, por estimarse que los antecedentes médicos y administrativos no permitían establecer una incapacidad laboral más allá de los 120 días discontinuos de reposo previamente autorizados por la misma patología.

Indica que, para adoptar esa decisión, se consideraron los informes médicos de abril y mayo de 2025 y los peritajes clínicos de agosto de 2024 y febrero de 2025. Tales antecedentes no describían detalladamente la disfuncionalidad que impedía el reintegro laboral; tampoco daban cuenta de ajustes progresivos y oportunos de la farmacoterapia, de un proceso de psicoterapia, de una evaluación por un especialista en psiquiatría de adultos ni de una derivación efectiva a dispositivos de mayor complejidad.

Añade que, el 10 de noviembre de 2025, la recurrente solicitó la reconsideración de ese dictamen, lo que originó el expediente administrativo NUM009. La solicitud fue resuelta mediante la Resolución Exenta N° NUM000, de 19 de diciembre de 2025, que nuevamente confirmó el rechazo de las cinco licencias médicas.

Explica que, en esta segunda revisión, se concluyó que los antecedentes no acreditaban una incapacidad laboral más allá de los 113 días de reposo ya autorizados por la misma patología, pues los informes acompañados no describían sintomatología relevante ni síntomas de gravedad que justificaran una mayor extensión. Tampoco contenían antecedentes clínicos objetivos de una agravación reciente o de una pérdida funcional severa, ni detallaban la evolución del cuadro, los ajustes farmacológicos realizados, sus fechas y resultados o un plan de manejo orientado al reintegro laboral.

Refiere que las licencias reclamadas fueron emitidas por el diagnóstico F41, correspondiente a otros trastornos de ansiedad, tres de ellas por el médico nombre reservado y las dos restantes por la médica nombre reservado, ambos médicos cirujanos.

Precisa que se tuvo a la vista un informe médico complementario de un psiquiatra, de 6 de noviembre de 2025, que diagnosticó un trastorno depresivo mayor, episodio moderado con síntomas ansiosos, con EEAG 55 y tratamiento farmacológico y psicoterapia, pero sin indicar una fecha probable de reintegro laboral. También se examinaron informes médicos de 24 de abril y 6 de mayo de 2025, emitidos por un profesional no especialista, además de informes psicológicos y certificados de retorno laboral de 21 de marzo de 2025.

Sostiene que el reposo prescrito aparece excesivo y carente de una finalidad terapéutica clara, sin que se acreditara la derivación de la recurrente a dispositivos de mayor complejidad. Agrega que la decisión consideró especialmente los peritajes de especialidad informados por la Isapre, en conjunto con los antecedentes aportados por la propia recurrente.

Concluye que el caso fue estudiado ampliamente en ambas oportunidades y que las resoluciones se encuentran debidamente fundadas en antecedentes técnicos y jurídicos, de los cuales se desprende que el reposo correspondiente a las licencias reclamadas no estaba médicamente justificado.

Agrega que la licencia médica es un derecho temporal, destinado a permitir la recuperación de la salud y el posterior reintegro laboral, cuya eficacia requiere autorización de la Isapre o COMPIN.

Sostiene que actuó dentro de sus facultades legales de fiscalización y control técnico, mediante un procedimiento reglado, y que el rechazo se fundó en los antecedentes médicos del expediente y en los peritajes practicados, por lo que no existe ilegalidad ni arbitrariedad.

Añade que la autorización reclamada no constituye un derecho preexistente e indubitado susceptible de protección por esta vía. Descarta, asimismo, la vulneración de la integridad psíquica, pues no impidió el acceso de la recurrente a la atención médica, y del derecho de propiedad, ya que el eventual subsidio o remuneración solo nace una vez autorizada la licencia.

Solicita, en consecuencia, el rechazo del recurso, con costas.

A folio 12, se confirió traslado respecto de la alegación de improcedencia de la acción, el que no fue evacuado.

En su oportunidad, se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando: 1° Que, el recurso de protección establecido en el artículo 20 de nuestra Carta Fundamental, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben estimar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, dificulte o amague ese ejercicio. 2° Que la recurrente reprocha a la Superintendencia de Seguridad Social haber confirmado el rechazo de cinco licencias médicas, extendidas por un total de 150 días a contar del 25 de agosto de 2024, pese a los antecedentes médicos y familiares que, en su concepto, justificaban el reposo. Sostiene que la decisión carece de motivación suficiente y de una evaluación individualizada, vulnerando su integridad psíquica, su derecho a la seguridad social y su derecho de propiedad. 3° Que, al informar, Isapre Colmena Golden Cross S.A. señala que inicialmente autorizó días de reposo y que los rechazos posteriores se fundaron en los antecedentes clínicos, las guías aplicables, la falta del informe médico complementario requerido y dos peritajes psiquiátricos que descartaron la necesidad de prolongarlo. Añade que las licencias por más de 60 días no fueron emitidas por un especialista en psiquiatría y que tampoco se acreditó refractariedad al tratamiento ni se aportaron nuevos antecedentes que justificaran su extensión. 4° Que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región de O’Higgins informa que, por encontrarse la recurrente afiliada a Isapre Colmena Golden Cross S.A., conoció de las licencias rechazadas por esa institución. Expone que solicitó antecedentes médicos para justificar el reposo, los que no describían sintomatología relevante, severidad de la patología, compromiso funcional, evolución clínica ni ajustes farmacológicos significativos, por lo que mantuvo el rechazo, decisión posteriormente ratificada por la Superintendencia de Seguridad Social. 5° Que, por su parte, la Superintendencia de Seguridad Social señala que el caso fue examinado en dos oportunidades. Mediante Resolución Exenta N° NUM008, de 4 de noviembre de 2025, confirmó el rechazo por no acreditarse incapacidad laboral más allá del reposo previamente autorizado. Luego, conociendo de la reconsideración formulada por la actora, dictó la Resolución Exenta N° NUM000, de 19 de diciembre de 2025, concluyendo que los antecedentes no justificaban incapacidad laboral más allá de los 113 días ya autorizados por la misma patología. Sostiene que los informes no daban cuenta de síntomas graves, agravación reciente, pérdida funcional severa, evolución clínica, ajustes farmacológicos ni de un plan orientado al reintegro laboral. 6° Que se rechazará la alegación de improcedencia de la acción formulada por la Superintendencia de Seguridad Social. En efecto, aun cuando la controversia se origina en el rechazo de licencias médicas y se relaciona con materias de seguridad social, la recurrente atribuye a dicha decisión una afectación de su integridad psíquica y de su patrimonio, garantías contempladas en los numerales 1° y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República y amparadas por la acción cautelar prevista en su artículo 20. 7° Que, despejado lo anterior, corresponde determinar si la Resolución Exenta N° NUM000 constituye un acto ilegal o arbitrario susceptible de ser corregido por esta vía cautelar.

De los antecedentes acompañados aparece que la decisión cuestionada no fue adoptada únicamente en consideración a la duración del reposo, sino luego del examen de los antecedentes médicos y administrativos aportados durante el procedimiento y de los peritajes psiquiátricos practicados a solicitud de la Isapre. 8° Que, en el primer peritaje, realizado el 8 de agosto de 2024, se diagnosticó a la recurrente un trastorno ansioso adaptativo, de origen común y recuperable, con EEAG 65. El examen mental no evidenció alteraciones relevantes y se constató una disminución de la sintomatología con el tratamiento, concluyéndose que aquella no la incapacitaba para trabajar y que podía reintegrarse a sus funciones desde el 26 de julio de 2024.

A su turno, el segundo peritaje, efectuado el 27 de febrero de 2025, concluyó que la recurrente presentaba una evolución favorable y un adecuado nivel de funcionamiento, por lo que el reposo correspondiente a la licencia evaluada tampoco se encontraba justificado. Se agregó que su prolongación no cumplía una finalidad terapéutica y que resultaba necesario retomar las responsabilidades y la exposición social. 9° Que, en concordancia con tales antecedentes, la resolución recurrida expresó que los informes acompañados no describían sintomatología relevante ni síntomas de gravedad que justificaran un mayor reposo; tampoco aportaban elementos clínicos objetivos que permitieran establecer una agravación reciente o una pérdida funcional severa que impidiera el desempeño laboral, ni detallaban la evolución del cuadro, los ajustes farmacológicos efectuados, sus resultados o un plan de manejo dirigido al reintegro.

De este modo, la autoridad no se limitó a aplicar un parámetro cuantitativo, sino que explicó las deficiencias concretas de los antecedentes presentados y las razones médicas por las cuales estimó injustificado el reposo más allá de los 113 días ya autorizados. 10° Que las circunstancias familiares invocadas por la recurrente, relativas a la enfermedad de su hija y al diagnóstico oncológico de su madre, permiten comprender el contexto emocional en que se desarrolló su afección, pero no desvirtúan por sí solas las conclusiones clínicas referidas ni acreditan una incapacidad laboral durante la totalidad del período reclamado. Por lo demás, los antecedentes contemporáneos considerados en las evaluaciones no consignaron aquellas circunstancias como factores determinantes de una pérdida funcional que impidiera su reintegro laboral. 11° Que, en tales condiciones, no se advierte que la recurrida haya actuado de manera ilegal o arbitraria, desde que resolvió dentro del ámbito de sus atribuciones y sobre la base de antecedentes médicos que proporcionan fundamento suficiente a lo decidido.

De esta forma, al no haberse establecido la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario, presupuesto indispensable para el acogimiento de la acción, el recurso de protección deberá ser rechazado, sin que resulte necesario pronunciarse acerca de las garantías constitucionales invocadas.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se resuelve:

I.- Que, se rechaza la alegación de improcedencia de la acción planteada por la Superintendencia de Seguridad Social.

II.- Que, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado en contra de la Superintendencia de Seguridad Social.

Acordado lo anterior con el voto en contra del ministro señor Pairicán, quien estuvo por acoger el recurso únicamente para el efecto de dejar sin efecto la resolución impugnada y disponer que la recurrida ordene la realización de un nuevo peritaje psiquiátrico presencial a la recurrente.

Tuvo para ello especialmente presente que, atendida la naturaleza de la patología invocada y la discordancia existente entre los antecedentes médicos invocados por la recurrente y las conclusiones de los peritajes considerados por la autoridad, resultaba necesario efectuar una evaluación clínica directa y actualizada, que permitiera determinar fundadamente la existencia y extensión de la incapacidad laboral alegada.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol Corte 120-2026 Protección Se deja constancia que esta sentencia debe ser anonimizada en cumplimiento a lo dispuesto en el Acta 44-2022 de la Excma. Corte Suprema.