nombre reservado con SERVICIO DE SALUD VI REGION.

Rancagua, trece de febrero de dos mil veintitrés.

VISTOS:

Que con fecha 13 de septiembre del año 2023, comparece nombre reservado, Rut RUT reservado, Médico, domiciliado en domicilio reservado, y deduce recurso de protección en contra del Servicio de Salud del Libertador Bernardo O’Higgins, representado legalmente por su Director, nombre reservado, domiciliados ambos en Alameda 609, Rancagua, por infringir las garantías constitucionales establecidas en los numerales 2, 3, 16 y 24 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, al dictar la Resolución Afecta Nº 029 de 5 de agosto de 2022, por la cual se mantiene firme la medida disciplinaria de destitución con Toma de Razón de fecha 30 de agosto, en virtud de los siguientes fundamentos de hecho y de derecho que en su presentación expuso.

Expresa que se ordenó instruir un sumario administrativo en su contra, en virtud de Resolución Exenta N°4452 de fecha 6 de diciembre del año 2016, en virtud de un “oficio de fecha 16 de noviembre del 2016 de la Doctora nombre reservado, el cual informa sobre situación ocurrida durante turno de residencia neonatología y posteriormente Hospital de Rengo, por retraso en hospitalización de recién nacido de parto privado, el cual presentaba hipoalimentación e hipernatremia leve, carencia de cupo cama disponible, de acuerdo a lo informado por Gestor de Camas…” Tras una larga y compleja tramitación, en donde por extensos momentos no había avance alguno, se le formularon los cargos por parte del Fiscal a cargo de la investigación, y fue sancionado inicialmente con la medida de destitución por los cargos formulados a fojas 152, cuyo contenido cita en su presentación.

Asevera que se presentaron recursos respecto a lo resuelto, lo que finalmente no tuvo mayor acogida por el Director de Servicio Salud ya que sus argumentos fueron ignorados, por lo que se le aplicó la sanción establecida en el artículo 121 letra d del Estatuto Administrativo, esto es, destitución, no obstante en el proceso de Toma de Razón la Contraloría General de la Republica, conforme el contenido que transcribe Señala que entre otras tantas irregularidades del proceso, la Contraloría señala que la notificación respecto a los cargos conforme al artículo 131 de la Ley N°18.834 no aconteció en la especie, que la recusación no fue analizada por la autoridad que ordenó el sumario conforme el artículo 134, además de no contar en el expediente resolución exenta original que instruyó el proceso sancionatorio.

Luego a fojas 367 se señala: “reábrase el proceso sumarial y déjese sin efecto todo lo obrado de fojas 206 a 233 del expediente, y en consecuencia retrotráigase el proceso a su etapa indagatoria”.

Relata los hitos relevantes del procedimiento sumarial, para luego formularle nuevos cargos, conforme consta a fojas 468, que también transcribe en su recurso Relata que finalmente fue notificado nuevamente que se le destituía por segunda vez en este proceso, por lo cual presentó recurso de reposición en donde expuso todos sus argumentos los cuales fueron totalmente ignorados. Luego el día 31 de agosto se le notifica la Resolución Afecta Nº 029 de fecha 05 de agosto del año 2022 del Director del Servicio de Salud del Libertador General O’Higgins, tomado de razón con fecha 30 de agosto 2022.

Asegura que la institución recurrida ha cometido actos arbitrarios e ilegales durante todo este procedimiento, pues no se ha hecho efectivo cargo de los contundentes argumentos en contra de los cargos que se le han formulado y sólo se han dedicado a justificar medianamente un prejuzgamiento que se tiene de su situación y se han olvidado de principios básicos como el de la buena fe, la sana crítica en la apreciación de la prueba, la proporcionalidad de la sanción con los hechos investigados, la valoración de la trayectoria funcionaria y la irreprochable conducta anterior, entre otras, a los que se deben ajustar todo procedimiento administrativo.

Argumenta que esta segunda formulación de cargos fue redactada a conveniencia de la recurrida, ya que en el servicio es un hecho público, que lo quieren sacar de su trabajo, redactándose a la medida para “subsanar” los reparos formulados por la Contraloría y con la clara intención de poder destituirlo del servicio.

Agrega que el Servicio de Salud O’Higgins presentó un recurso extraordinario de revisión ante la Contraloría en el cual a fojas 343, señalo: “el desempeño profesional ha revestido de gravedad, que incluso con posterioridad a la tramitación del proceso sumarial, este servicio de salud, mediante Oficio N 29 de 17 de marzo de 2020, tomo conocimiento de la intervención de la defensoría de los Derechos de la niñez” respecto de series de denuncias de los padres de menores.”, quedando de manifiesto que antes de la segunda formulación de cargos (3° cargo) y sin investigar, ya se le había prejuzgado por parte del servicio, teniendo el mismo por acreditado, además de que dicho oficio fue iniciado por la misma doctora, que inició este procedimiento sumario.

Advierte que el Fiscal en su vista a fojas N° 559, tiene por acreditado el cargo N° 1, el cual a su vez es el mismo cargo que se le formuló inicialmente en el N° 3, pero redactado de forma diferente. Al respecto la Contraloría ya había señalado lo siguiente a Fojas 319 vuelta: “En este contexto, no se advierten en el proceso las pruebas que permitan sostener, fundadamente, que el señor nombre reservado haya incurrido en las conductas que se le reprochan.” En la segunda formulación de cargos, citan argumentos ya analizados por Contraloría: “…en relación al tercer cargo formulado la vista fiscal solo hace referencia a antecedentes que darían cuenta de la omisión de instrucciones por parte del Señor nombre reservado, sin especificar, cuáles considero para su correcta fundamentación, y omite pronunciarse sobre el eventual maltrato verbal que habría recibido la Señora nombre reservado y cómo ello se acredito...”

Hace presente que el segundo cargo se redactó de forma diferente y eliminaron la “agresión física”, y en la vista del fiscal nuevamente se argumentó en base a fojas que ya fueron estudiadas por Contraloría, la que a su vez llegó a la conclusión que nada se acreditó (92 y Sgte., 100 y 107, 108, 114-117, 120 y Sgte., 136 y Sgte.)

La Contraloría señala: “…respecto al cargo N°2, ha podido advertirse que se basa exclusivamente en la declaración de la denunciante a fojas 92... en este punto resulta inadmisible que en la vista del fiscal considere como prueba el hecho en comento, las actas del juzgado de garantía de Rengo en donde se decreta la suspensión condicional del procedimiento, por cuanto en aquel no consta que el sancionado haya aceptado la responsabilidad de los hechos que se le investigaban”.

Respecto al tercer cargo, asegura que este sería el único cargo “nuevo”, donde se limita a señalar las fojas del expediente donde se encontrarían los supuestos reclamos en su contra, los cuales ya estuvieron a la vista de la Contraloría y lo único nuevo que se cita es fojas 383, consistente en el oficio mencionado con anterioridad de la Defensoría de la niñez, el cual a su vez se inició por una denuncia de la doctora nombre reservado.

Plantea que se intenta justificar la sanción de destitución, con una normativa que no aplica a este caso en particular, ni siquiera se le formulan cargos en relación a lo indicado en el artículo que “justifica” su destitución y ello deja en evidencia que el Servicio no tiene como fundamentar la destitución, siendo esta una sanción caprichosa, arbitraria, y que no se ajusta a derecho.

Añade que existe una discriminación arbitraria respecto a la sanción y a la apreciación de atenuantes, ya que en otros procedimientos disciplinarios llevados por el mismo Servicio, sí han sido consideradas las atenuantes, no comprendiéndose porque a ésta no le son aplicables y cuál sería el criterio objetivo dentro del marco de la legalidad que estaría utilizando el Director de la institución, para determinar cuándo se aplican y por qué a otros funcionarios sí, ignorando las excelentes calificaciones que posee desde que se desempeña en el servicio público, su hoja de vida y las múltiples felicitaciones que tiene y que constan en el expediente respectivo.

Previas citas legales solicita tener por interpuesto recurso de protección, darle la tramitación correspondiente y en definitiva acogerlo ordenando que se deje sin efecto la Resolución Afecta Nº 029 de 5 de agosto de 2022 del Director del Servicio de Salud de O’Higgins y la consecuente destitución en ella ordenada y se declare su absolución de los cargos del sumario incoado en su contra, o aplicar una sanción menos gravosa en virtud de lo señalado en definitiva, o lo que esta I. Corte estime pertinente. También solicita el reintegro inmediato a sus funciones, con expresa continuidad y pago de remuneraciones computadas desde la separación hasta la reincorporación, con costas del recurso.

La recurrida evacuó su informe el 4 de noviembre del año 2022, realizando primeramente un breve análisis cronológico de los hechos.

En este sentido indica que mediante Resolución Exenta N° 4452 de 6 de diciembre de 2016, se instruyó sumario administrativo a fin de investigar y establecer eventuales responsabilidades administrativas en relación a información de no existencia cupo cama disponible, dada por Gestor de Camas Hospital de Rengo, a fin de realizar hospitalización de recién nacido desde puerperio, por sospecha de sepsis.

Hace presente que el proceso sumarial fue objeto de sucesivas revisiones por la Contraloría Regional O´Higgins, según consta de Oficio N° 165/2020 (Fojas 315 y siguientes del expediente), 1366/2020 (Fojas 328 y siguientes del expediente) y E32678/2020 (Fojas 357 y siguientes del expediente) y que, constando en aquellas instancias que se habían formulado cargos por hechos que no guardaban estricta relación con la literalidad de la Resolución Exenta N° 4452/2016, igualmente, ello no fue objetado en cuanto a la materia. Por ello, mediante Resolución Exenta N° 3011 de fecha 5 de octubre de 2020 se designa fiscal por razones de buen servicio a nombre reservado, a fin de dar cumplimiento a lo indicado en Oficio N° E32678/2020 de fecha 2 de septiembre de 2020 de la Contraloría Regional del Libertador General Bernardo O´Higgins, que representó la Resolución N° 52 del 2019 de este Servicio de Salud y rechazó solicitud de reconsideración del Oficio N° 1366 de 2020 de ese origen, complementándolo con la finalidad de que esta Dirección de Servicio, ordenara la reapertura del proceso sumarial en examen, y proceda a agotar la investigación en los términos indicados y determine la eventual responsabilidad administrativa del Señor nombre reservado conforme al mérito del sumario y asimismo, subsane las observaciones descritas, así como demás Oficios del Organismo Contralor antes citados.

Añade que por aplicación de lo dispuesto por el artículo 135 inciso primero del Estatuto Administrativo que dispone: “El fiscal tendrá amplias facultades para realizar la investigación.”, en relación a la jurisprudencia administrativa contenida en Dictamen N° 1173 de 2013 de la Contraloría General de la República que señala: “(…) la competencia del fiscal en un proceso administrativo es amplia, sin que esté limitada por los términos del acto que lo ordenó”, y habiendo tomado conocimiento de otras irregularidades en el curso de la indagatoria, formuló los cargos al Dr. nombre reservado, conforme transcribe en su informe.

Indica que respecto de los tres cargos acreditados, tanto Fiscalía en Comisión como la Dirección del Servicio de Salud O´Higgins consideraron que el sumariado vulneró el principio de probidad administrativa consagrado en el artículo 61 del Estatuto Administrativo, letra g)¸ por lo cual en definitiva mediante Resolución Exenta N° 2303 de fecha 17 de junio de 2022, se aplicó la medida disciplinaria de destitución al Dr. nombre reservado, puesto que Fiscalía en Comisión otorgó el carácter de grave a dicha transgresión y además debido a que se constató vulneración a la prohibición funcionaria consagrada en el artículo 84 letra l) de la Ley N° 18.834, a la que por disposición expresa de la letra b) del artículo 125 del mismo cuerpo legal, corresponde dicha sanción específica.

Agotadas todas las etapas procesales del Sumario Administrativo, el dictamen final a fojas 559, dispone la aplicación al recurrente de la medida disciplinaria de destitución contemplada en el artículo 121 letra d), en relación con el artículo 125 ambos de la Ley N° 18.834 sobre Estatuto Administrativo. El recurrente individualizado formula descargos que constan a fojas 494 del proceso sumarial.

Con fecha 16 de junio de 2022 se confecciona Informe Jurídico N° 163, cuya asesoría luego de efectuar un análisis de forma y fondo del expediente, concluye y manifiesta estar de acuerdo con las sanciones propuestas por el fiscal respecto a D. nombre reservado, que rola a fojas 592 del expediente sumarial.

En ese contexto, el sumario administrativo ha determinado que la conducta del recurrente vulnerado las siguientes normas legales que constituyen vulneración a sus obligaciones funcionarias:

En relación al primer cargo formulado: vulneró las obligaciones funcionarias establecidas en el artículo 61 de la Ley N° 18.834, Estatuto Administrativo, letra b) “Orientar el desarrollo de sus funciones al cumplimiento de los objetivos de la institución y a la mejor prestación de los servicios que a ésta correspondan”; letra c): “Realizar sus labores con esmero, cortesía, dedicación y eficiencia, contribuyendo a materializar los objetivos de la institución”; letra f): “Obedecer las órdenes impartidas por el superior jerárquico”; y letra g) “Observar estrictamente el principio de probidad administrativa, que implica una conducta funcionaria moralmente intachable y una entrega honesta y leal al desempeño de su cargo, con preeminencia del interés público sobre el privado;”, en relación al artículo 52 del Decreto con Fuerza de Ley 1; Decreto con Fuerza de Ley 1-19653 de 2001, que Fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que establece que: “ Las autoridades de la Administración del Estado, cualquiera que sea la denominación con que las designen la Constitución y las leyes, y los funcionarios de la Administración Pública, sean de planta o a contrata, deberán dar estricto cumplimiento al principio de la probidad administrativa. El principio de la probidad administrativa consiste en observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular. Su inobservancia acarreará las responsabilidades y sanciones que determinen la Constitución, las leyes y el párrafo 4º de este Título, en su caso.”

Asimismo, se estima que con su actuar vulneró la prohibición funcionaria consagrada en el artículo 84 del Estatuto Administrativo recién citado, letra l), esto es: “Realizar cualquier acto atentatorio a la dignidad de los demás funcionarios.”, en relación a la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República de Chile, que asegura el derecho a la integridad síquica de las personas. Artículo 84 letra l) “Realizar cualquier acto atentatorio a la dignidad de los demás funcionarios”. Se considerará como una acción de este tipo el acoso sexual, entendido en los términos del artículo 2° inciso segundo del Código del Trabajo y la discriminación arbitraria, según la define el artículo 2° de la ley que establece medidas contra la discriminación y letra m) “Realizar todo acto calificado como acoso laboral en los términos que dispone el inciso segundo del artículo 2 ° del Código del Trabajo”, todos del mismo cuerpo normativo citado anteriormente.

En relación al segundo cargo formulado: vulneró las obligaciones funcionarias establecidas en el artículo 61 de la Ley N° 18.834, Estatuto Administrativo, letra b) “Orientar el desarrollo de sus funciones al cumplimiento de los objetivos de la institución y a la mejor prestación de los servicios que a ésta correspondan”; letra c): “Realizar sus labores con esmero, cortesía, dedicación y eficiencia, contribuyendo a materializar los objetivos de la institución”; y letra g) “Observar estrictamente el principio de probidad administrativa, que implica una conducta funcionaria moralmente intachable y una entrega honesta y leal al desempeño de su cargo, con preeminencia del interés público sobre el privado;”, en relación al artículo 52 del Decreto con Fuerza de Ley 1; Decreto con Fuerza de Ley 1-19653 de 2001, que Fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

Asimismo, se estima que con su actuar vulneró la prohibición funcionaria consagrada en el artículo 84 del Estatuto Administrativo recién citado, letra l), esto es: “Realizar cualquier acto atentatorio a la dignidad de los demás funcionarios.”, en relación a la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República de Chile, que asegura el derecho a la integridad síquica de las personas.

En relación al tercer cargo formulado: vulneró las obligaciones funcionarias establecidas en el artículo 61 de la Ley N° 18.834, Estatuto Administrativo, letra b) “Orientar el desarrollo de sus funciones al cumplimiento de los objetivos de la institución y a la mejor prestación de los servicios que a ésta correspondan”; letra c): “Realizar sus labores con esmero, cortesía, dedicación y eficiencia, contribuyendo a materializar los objetivos de la institución”; y letra g) “Observar estrictamente el principio de probidad administrativa, que implica una conducta funcionaria moralmente intachable y una entrega honesta y leal al desempeño de su cargo, con preeminencia del interés público sobre el privado;”, en relación al artículo 52 del Decreto con Fuerza de Ley 1; Decreto con Fuerza de Ley 1-19653 de 2001, que Fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

Asimismo, se estima que con su actuar vulneró la Convención de los Derechos del Niño, ratificada por Chile en 1990, y por tanto incorporada a nuestra legislación por mandato del artículo 5° de la Constitución Política de la República, en cuanto, entre otras, a las siguientes disposiciones: Artículo 3, derecho del niño a la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, en términos que todas las medidas concernientes a ellos que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, deberán, como una consideración primordial, atender a su interés superior. Artículo 24, derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud.

Afirma que el recurrente dedujo con fecha 30 de junio de 2022, recurso de reposición en contra de la resolución referida, el que fue rechazado mediante Resolución Afecta N° 029 de fecha 5 de agosto de 2022.

Por último, con fecha 30 de agosto de 2022 la Resolución Afecta citada, es tomada de razón por la Contraloría General de la Republica y recepcionada por su parte. De la Resolución, se notifica conforme a la ley y entrega copia de ella al recurrente con fecha 31 de agosto de 2022.

En cuanto al análisis del asunto planteado en estos autos, afirma que en el caso de autos no ha existido un actuar ilegal o arbitrario de parte del Servicio de Salud O’Higgins, ya que su proceder se ha ajustado a la legalidad requerida para este tipo de procedimientos. De esta forma las Resoluciones Exentas signadas Nº4452, N°3011, Nº2303 y N°029, corresponden a actos efectuados conforme a derecho, emitidos dentro de la esfera de su competencia, motivados en la normativa actualmente vigente.

Asegura que la Resolución Exenta N° 2303, señala expresamente las normas legales infringidas referidas al Estatuto Administrativo, a la Constitución Política de la República y a la Convención de los Derechos del Niño, junto con ello existen hechos plausibles para aplicar las medidas disciplinarias adoptadas por el Servicio. Agrega que, efectuado el análisis del procedimiento, también se cauteló el derecho fundamental del imputado a un debido proceso, ya que éste pudo hacer uso oportuno de todas las instancias de defensa que contempla la normativa.

Para tal efecto indica que en el proceso consta la declaración del inculpado, la formulación de cargos concretos en su contra y su notificación, así como la presentación de sus correspondientes descargos y de recursos para impugnar la sanción dispuesta a su respecto, instancias que garantizaron al afectado su derecho a un justo y racional procedimiento, en el que pudo hacer valer sus planteamientos.

Argumenta que el recurso de protección debe ser rechazado por incompetencia de Ilustrísima Corte de Apelaciones para conocer del asunto por no ser materia, que pueda ser objeto del recurso de protección, por cuanto la presente acción cautelar busca discutir la legalidad de un acto administrativo como es la Resolución Exenta N° 029 de fecha 05 de agosto de 2022, que se encuentra incorporada dentro del procedimiento sumarial incoado por la Resolución Exenta N°4452, de fecha 6 de diciembre de 2016, que emana de la Dirección de Servicio de Salud O´Higgins.

En concordancia con lo dicho, el recurrente tuvo la posibilidad de presentar los recursos administrativos correspondientes tal como él lo manifiesta en su libelo o bien solicitar un pronunciamiento ante el Órgano Contralor General de la República que fiscaliza la actuación de los funcionarios públicos. Por tanto, cabe concluir, que la vía idónea para discutir, sobre los efectos del acto administrativo se encuentra vinculada con las acciones de sede administrativa y no la acción cautelar como pretende la contraria.

Asegura que lo expuesto por el recurrente, dice relación más bien con argumentos planteados en los descargos y recursos administrativos formulados en el contexto del proceso disciplinario antes descrito, los cuales han sido debidamente resueltos y notificados efectivamente al sumariado conforme lo dispone la ley. A mayor abundamiento, el propio ordenamiento jurídico reconoce y establece procedimientos administrativos de carácter impugnatorio -recursos administrativos-, que pueden ser ejercidos durante el desarrollo de la instrucción sumarial o al finalizar ésta, en cuya virtud el afectado por un acto administrativo insta al órgano administrativo autor del mismo o a su superior jerárquico su anulación por motivos de legalidad (reposición, recurso jerárquico, revisión y aclaración del acto administrativo).

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbare ese ejercicio. Surge de lo transcrito, que es requisito sine qua non para que pueda prosperar la mentada acción cautelar que exista un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o bien, arbitrario, entendiéndose por tal aquél que es fruto del mero capricho de quien lo ejecuta o incurre en él, acto u omisión que debe provocar, además, alguna de las situaciones ya indicadas y que afecte una o más de las garantías constitucionales protegidas.

SEGUNDO: Que, el acto ilegal y arbitrario que el actor reprocha de la recurrida, estaría dado por la dictación de la Resolución Afecta Nº 029 de 5 de agosto de 2022, por la cual se mantiene firme la medida disciplinaria de destitución del recurrente, todo lo cual produce una grave vulneración de sus derechos garantizados en los numerales 2, 3, 16 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la Republica.

TERCERO: Que, compareciendo la recurrida, solicitó el rechazo del recurso fundado -en síntesis- en que en el caso de autos no ha existido un actuar ilegal o arbitrario de parte del Servicio de Salud O’Higgins, ya que su proceder se ha ajustado a la legalidad requerida para este tipo de procedimientos, dentro de la esfera de su competencia, y motivado en la normativa actualmente vigente, junto con ello alegó la incompetencia de este tribunal de alzada, atendido que mediante esta acción cautelar se busca discutir la legalidad de un acto administrativo lo que resulta improcedente.

CUARTO: Que, de lo precedentemente expuesto es posible determinar que estamos ante una materia que no corresponde dilucidar por la presente vía cautelar, la que por su propia naturaleza es excepcional y no constituye una instancia declarativa de derechos, sino que de protección de aquellos cuya existencia no cuestionada se encuentran afectados por algún acto ilegal o arbitrario, circunstancias que no concurren en este caso, toda vez que las alegaciones del recurrente dicen relación con la validez de un acto administrativo, en este caso la Resolución Afecta Nº 029 de 5 de agosto de 2022.

Así, el control que se ejerce por la presente vía no se encuentra naturalmente destinado a evaluar aspectos de mérito de las actuaciones cumplidas en el sumario administrativo materia de controversia, resultando un planteamiento erróneo del actor, el intentar que por esta instancia jurisdiccional se revise tanto la investigación como la decisión a que se arribó sobre la base de lo establecido por el funcionario a cargo de aquella investigación, en la vista o dictamen evacuado al término de la misma y finalmente en la medida terminal adoptada, materia controversial de lato conocimiento que obsta a que el presente recurso puede prosperar en esta sede.

QUINTO: Que a lo referido, podemos agregar que las alegaciones del recurrente, ya fueron resueltas por el órgano administrativo en cuestión, de manera debidamente fundamentada y ajustado a las potestades sancionatorias del órgano administrativo, procedimiento respecto del cual su legalidad fue revisada y fiscalizada por la Contraloría General de la República, lo que dota a la decisión de una presunción de legalidad, que no ha podido ser desvirtuada por el recurrente, desde que, como ya se dijera, sus alegaciones más bien dicen relación con el mérito y valoración de las probanzas aportadas al referido sumario, la que permitieron al resolutor, dictaminar la sanción de destitución, ámbito que excede el marco de control que la acción constitucional incoada entrega a este tribunal de alzada; sobre todo si las mencionadas decisiones y actuaciones llevadas adelante por la parte recurrida han contado con la debida fundamentación, lo que ha permitido resguardar los derechos que las partes pueden ejercer en un procedimiento debidamente tramitado, puesto que se ha posibilitado al recurrente ser oído, presentar sus defensas o descargos, acompañar pruebas y ejercer los recursos pertinentes, resolviéndose en el procedimiento administrativo, cada una de sus alegaciones, tales como la prescripción, las inhabilidades planteadas, facultades del persecutor y las atenuantes reclamadas, por lo que no se vislumbra infracción de la recurrida en este aspecto.

SEXTO: Que, como consecuencia lógica de lo concluido, resulta improcedente el análisis de las garantías que la acción arguye vulneradas, desde que, la naturaleza técnica y por cierto controvertida del asunto objeto de análisis, necesariamente excluye la competencia de este Tribunal de alzada mediante el presente arbitrio.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara que, se rechaza, sin costas, el recurso deducido por nombre reservado, en contra del Servicio de Salud del Libertador Bernardo O’Higgins.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol I. Corte 11.866-2022 Protección.

Se deja constancia que esta sentencia no reúne los presupuestos para ser anonimizada, de acuerdo a lo dispuesto en el Acta 44-2020 de la Excma. Corte Suprema.