nombre reservado con DEPARTAMENTO DE EXTRANJERÍA Y MIGRACIÓN DEL MINISTERIO SUBSECRETARIA DE IN

Rancagua, dos de mayo de dos mil veintidós.

VISTOS:

Con fecha 20 de enero de 2022, nombre reservado y Joaquín Andrés Contreras Roa, abogados, por sí y a favor de nombre reservado, empleada, de nacionalidad venezolana, cédula de identidad para extranjeros N°RUT reservado, domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, interponen acción de protección de garantías constitucionales en contra del Departamento de Extranjería y Migración dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, representado por don nombre reservado, Ingeniero Civil Industrial, con domicilio en domicilio reservado, Región Metropolitana de Santiago, en contra de Resolución Exenta N°22002466, de fecha 05 de enero de 2022, que declara el desistimiento de la solicitud de permanencia definitiva, por considerar que la solicitante no subsanó la falta de los documentos requeridos por la autoridad migratoria, al no haber acompañado los documentos dentro del plazo otorgado, afectando el principio de igualdad ante la ley, conforme lo preceptuado en el artículo 19 número 2 de la Constitución Política de la República.

Indican que la extranjera ingresó al país en calidad de turista, luego cambia su condición migratoria a residente temporario por visa otorgada, con el propósito de establecerse y desarrollar su proyecto de vida en Chile. Con fecha 23 de diciembre de 2019 solicitó el beneficio de permanencia definitiva, siendo acogida a trámite, y el 27 de octubre de 2021 recibió notificación código de trámite 103165068, donde se le informa que su solicitud no avanza a la siguiente etapa, en virtud de que se encuentra incompleta o insuficiente, lo anterior debido a que, el certificado de antecedentes del país de origen se encontraba sin legalización o apostilla; el certificado de vigencia de contrato no se presentó el que era requerido: mientras que en el caso del certificado de cotizaciones de salud y el certificado de cotizaciones de AFP, no contenían la información necesaria, pues la información contenida en el documento era insuficiente, en razón de lo cual, se le otorga un plazo de 5 días hábiles para subsanar acompañando la documentación requerida, por lo que con fecha 11 de noviembre de 2021 la recurrente subsana la solicitud en referencia acompañando los documentos requeridos.

Posteriormente, el 05 de enero de 2022 es notificada de la Resolución Exenta N°22002466, mediante la cual se declara desistida la solicitud de permanencia definitiva presentada, al no subsanar y acompañar toda la documentación requerida. La recurrente envió toda la documentación que le fue requerida a los fines de subsanar su postulación, sin embargo, se vio claramente impedida de poder hacerlo dentro del plazo que le fue otorgado por la autoridad migratoria, pues se requiere más de 10 días solo a los fines de gestionar el certificado de antecedentes del país de origen, en razón de lo cual, una vez que obtuvo el documento en referencia, y logró legalizar y apostillar el mismo se dispuso a realizar la subsanación respectiva.

Señalan que, atendido el permanente perjuicio que reporta la omisión indicada, se encuentran dentro de plazo para recurrir. El plazo de 5 días hábiles que le fue otorgado, era por demás insuficiente para cumplir con lo requerido, considerando a tales efectos el tiempo que se requiere, conforme a los lineamientos de la autoridad venezolana, para la debida obtención de los documentos solicitados, en especial para la tramitación del certificado de antecedentes penales del país de origen, situación que la deja en completa vulnerabilidad e incertidumbre, al verse impedida de poder hacerlo dentro del plazo que le fue otorgado por la autoridad migratoria para subsanar la postulación.

Piden dejar sin efecto la resolución recurrida, otorgando un plazo razonable a los fines de que la recurrente pueda dar cumplimiento con lo requerido, y no permitir que quede en situación de irregularidad migratoria, para finalmente acordar sin más trámite, dar continuidad a su solicitud de permanencia definitiva, y de esta manera establecer el imperio del derecho.

Acompañas los siguientes documentos:

1. Comprobante de solicitud de permanencia definitiva.

2. Estampado de visa de residencia temporaria.

3. Cédula de identidad para extranjeros.

4. Notificación de solicitud incompleta o insuficiente.

5. Comprobante de subsanación de solicitud.

6. Certificado de antecedentes penales apostillados.

7. Certificado de vigencia de contrato notariado.

8. Certificado de cotizaciones previsionales de afp.

9. Resolución Exenta N°22002466, de fecha 05 de enero de 2022.

Con fecha 13 de enero de 2022 se declara admisible el recurso y se pide informe a la recurrida.

Con fecha 1 de febrero de 2022, Carolina Fernandoy Catalán, abogada del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, interpone la excepción de incompetencia, pues la recurrente tiene su domicilio según solicitud presentada ante la recurrida en la Región Metropolitana, sin lograr sustentar algún domicilio en la Región de O´Higgins y la acción constitucional se dirige en contra del Jefe del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, don nombre reservado, que como bien sabe la recurrente, se encuentra domiciliado para estos efectos en domicilio reservado, siendo posible advertir que la materia que se discute no es de competencia de la Iltma. Corte de Apelaciones de Rancagua, toda vez que no concurre el presupuesto del artículo 1 del Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de la Excma. Corte Suprema. Pide se resuelva en tal sentido, declarar la incompetencia y remitir los antecedentes a la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

Acompaña los siguientes documentos:

1. Certificado de solicitud de Permanencia Definitiva de la extranjera recurrente.

2. Copia de escritura pública de mandato judicial Repertorio N° 3256/2021, otorgada ante la Notaria Público nombre reservado de Santiago, doña nombre reservado.

3. Comprobante de solicitud de Prórroga de Visa Temporaria folio Nº 10470268 del Departamento de Extranjería y Migración.

Con fecha 15 de febrero de 2022 la parte recurrente, evacuando el traslado conferido, indica que no es cierto que, sin justificación alguna, haya presentado el recurso ante este tribunal. En el recurso señaló que se tenga por domicilio “domicilio reservado, por cuanto este es el domicilio de una de las oficinas de los abogados patrocinantes; razón por la cual se señala que se entiendan domiciliados en esa dirección para efectos legales por cuanto se está actuando en favor los recurrentes, quienes se ven notificados a través de sus abogados. Que, desde la fecha de la solicitud de permanencia definitiva a la fecha, han trascurrido 2 años, 1 meses, y 19 días; el recurrido pretende hacer ver que la recurrente, se domicilia en el mismo lugar. Hace presente, además, la posibilidad de pluralidad de domicilios al tenor del artículo 67 del Código Civil. Pide se rechace la excepción de incompetencia interpuesta por la contraparte.

Con fecha 2 de marzo de 2022, Nicolás Cornejo Montenegro, abogado del Servicio Nacional de Migraciones, informa que la extranjera no acompañó los documentos solicitados y se le otorgó un plazo de 5 días hábiles, para subsanar la falta o acompañar los documentos respectivos, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley Nº19.880 y tampoco solicitó una ampliación de plazo ante este Departamento. Mediante Resolución Exenta de Nº 22002466 fecha 05 de enero de 2022 del Servicio Nacional de Migraciones, se informó a la extranjera que la tramitación de su solicitud de permiso de permanencia definitiva se encuentra concluida en atención a que no dio cumplimiento a la subsanación de su solicitud en el plazo de 5 días otorgado. Además, la extranjera no ha hecho una nueva solicitud con los requisitos exigidos por la normativa vigente, encontrándose habilitado para ello, posterior pago de la multa por el tiempo de residencia irregular. En el mismo recurso el abogado recurrente confiesa judicialmente que la extranjera subsanó fuera de plazo, por lo que la presente acción judicial es del todo improcedente.

Añade que de lo expuesto no resulta efectivo que el Departamento de Extranjería y Migración haya incurrido en una actuación ilegal o arbitraria, por cuanto la remisión íntegra de los documentos exigidos por la autoridad es un requisito que se exige a todo extranjero que solicita algún permiso de residencia en el país, siendo su omisión causal para no acoger a trámite su solicitud y la extranjera se encuentra habilitado para ingresar una nueva solicitud, cumpliendo con todos los requisitos señalados. No existe un derecho indubitado a la obtención de un permiso migratorio, ni menos existe un derecho indubitado de valerse de efectos de una resolución que extendió el plazo para subsanar solicitudes, cuando los efectos de dicho acto administrativo incluso se extinguieron un día antes de que venciera el plazo particular otorgado a la recurrente.

Acompaña:

1. Resolución Exenta Nº 2202466 de fecha 05 de enero de 2022 del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

2. Comunicación Electrónica Folio N° 19778078, de fecha 27 de octubre de 2021 del Departamento de Extranjería y Migraciones.

En su oportunidad se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección establecido en el artículo 20 de nuestra Carta Fundamental, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben estimar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, dificulte o amague ese ejercicio.

SEGUNDO: Que, en cuanto a la excepción de incompetencia, esta será rechazada por cuanto en el recurso se ha señalado como domicilio del recurrente, domicilio reservado de la comuna de Rancagua y nuestra legislación reconoce la posibilidad de que una persona pueda contar con pluralidad de domicilios, considerando además que el carácter cautelar de este procedimiento exige una tramitación eficaz y que esta Corte ya previno en el conocimiento de recurso.

TERCERO: Que, en cuanto al fondo, la recurrente impugna la Resolución Exenta N°22002466, de fecha 5 de enero de 2022, que tiene por desistida la solicitud de permanencia definitiva, por considerar que la solicitante no subsanó la falta de los documentos requeridos por la autoridad migratoria, al no haber acompañado los documentos solicitados dentro del plazo de cinco días otorgado al efecto, de conformidad al artículo 31 de la ley 19.880. La recurrente estima que dicha resolución es arbitraria e ilegal por cuanto el plazo para cumplir con lo requerido resultaba insuficiente, conforme a los lineamientos de la autoridad venezolana, para la debida obtención de los documentos solicitados.

Por su parte, el recurrido informó que no incurrió en ilegalidad alguna, por cuanto el desistimiento se produjo porque el recurrente no cumplió con la obligación de presentar los documentos dentro del plazo señalado.

CUARTO: Que, según resulta de lo dispuesto en los artículos 41 del Decreto Ley N° 1.094 de 1975, 125 del Decreto Supremo N° 597 de 1984 del Ministerio del Interior, Reglamento de Extranjería y, particularmente, 127 del Decreto Supremo N° 597, a la presentación de la solicitud de permanencia definitiva el extranjero debe acompañar, con el objeto de fundar la solicitud precitada, los siguientes documentos:

1. Certificado de antecedentes para fines especiales;

3. Dos últimas declaraciones de impuestos a la renta; boletas y/o facturas de los últimos tres meses, todo ello, cuando corresponda;

4. Pasaporte;

5. Documento fundante de la petición. Entre éstos podrá exigirse según corresponda: contrato de trabajo; certificado de matrícula; asistencia o sustento económico; certificados de depósitos bancarios; declaración jurada de capital; certificados de vínculos familiares y expensas; escrituras protocolizadas; autorizaciones para operar en zonas francas; certificados de inversión; acreditaciones de ordenes o congregaciones religiosas responsables del extranjero; certificado de empresas; entidades o instituciones patrocinadoras del ingreso; y/o responsables de sus actividades en el país; etc …”.

A su vez, conforme al artículo 31 de la Ley 19.880, si la solicitud no reúne los requisitos exigidos, se requerirá al interesado para que, en un plazo de cinco días, subsane la falta o acompañe los documentos respectivos, con indicación de que, si así no lo hiciere, se le tendrá por desistido de su petición.

QUINTO: Que en el caso de autos consta que apercibido para ello, por resolución de 27 de octubre de 2021, el recurrente no cumplió con la obligación de presentar los documentos requeridos para subsanar su solicitud de permanencia definitiva, dentro del plazo de cinco días que tenía para ello, lo que desde luego descarta la arbitrariedad reclamada, como también la supuesta ilegalidad, dado que la autoridad recurrida se limitó a dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 31 de la ley 19.880.

Por lo demás cabe descartar la alegación de la recurrente en torno a que el plazo de cinco días habría sido insuficiente para gestionar el certificado de anotaciones penales debidamente apostillado, por cuanto del mérito de los documentos acompañados por la propia recurrente, consta que el certificado se obtuvo con fecha 2 de noviembre de 2021, esto es, antes de que venciera el plazo de cinco días hábiles, contados de lunes a viernes, que otorgaba la resolución de 27 de octubre.

Con todo, cabe tener presente que la recurrente no se encuentra impedida de efectuar una nueva solicitud, dado que lo impugnado mediante este recurso es solo la resolución que la tuvo por desistida de su petición lo que desde luego no implica un rechazo de fondo sobre la misma.

SEXTO: Que, por lo dicho, actualmente no se evidencia actuación ilegal o arbitraria de la recurrida que afecte alguna de las garantías constitucionales de la extranjera y que pueda ser enmendada por esta vía, por lo que la acción deducida no puede prosperar.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve:

I.- Se rechaza la excepción de incompetencia.

II.- Se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, cédula de identidad para extranjeros N°RUT reservado.

Acordada la decisión de rechazar la excepción de incompetencia, con el voto en contra de la Ministra Sra. de nombre reservado, quien estuvo por acogerla teniendo presente lo siguiente:

1° Que, la parte recurrida alegó que la recurrente tenía domicilio en domicilio reservado, de la Región Metropolitana, lo que acredita con los antecedentes que la propia recurrente había aportado al momento de solicitar su permanencia en el país, sin que a la fecha hubiere comunicado el cambio de dicho domicilio, a pesar de ser ello una exigencia que impone el procedimiento de solicitud de permanencia, razón por la cual al tener su parte domicilio en la comuna de Santiago, esta Corte resulta incompetente para conocer la presente acción.

2° Que contestando el traslado de dicha excepción la parte recurrente no aclaró el domicilio que tenía en esta jurisdicción, limitándose a señalar que el recurso se interpuso por el abogado por sí y en representación de la recurrente, el que señaló un domicilio en esta jurisdicción, agregando que una persona puede tener varios domicilios y que desde la presentación de su solicitud de permanencia en el país había transcurrido un tiempo relevante que hacia plausible que su representada tuviera otro distinto al informado.

3° Que el artículo primero del Auto Acordado sobre tramitación del recurso de protección dispone que: “El recurso o acción de protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas o donde éstos hubieren producido sus efectos, a elección del recurrente…”, por lo cual no resulta competente para conocer de este tipo de recurso cualquier Corte, sino sólo aquella en la que se cometió el acto por el que se reclama o en la que se produjeron sus efectos, que de acuerdo al fundamento de la acción intentada en autos, corresponde al domicilio de la parte recurrida o del recurrente, por lo que era carga de la parte recurrente acreditar su domicilio dentro de la jurisdicción de esta Corte, dado que la recurrida lo tiene en Santiago, y demostró con un documento emanado de la propia parte recurrente que su domicilio estaba en la Región Metropolitana –estando, además, obligada a informarle algún cambio de domicilio, lo que a la fecha no ha hecho-, por lo que no basta para desvirtuar lo anterior que la recurrente mencionara un domicilio dentro de esta jurisdicción, menos si éste corresponde al domicilio del abogado de la recurrente, quien no es parte del proceso, por lo que mal podría, por ese hecho, el acto impugnado producir sus efectos en esta Jurisdicción, en consecuencia, esta Corte carecería de la competencia necesaria para emitir un pronunciamiento de fondo.

4° Que a mayor abundamiento, el Poder Judicial, desde hace bastante tiempo ha tomado medidas para evitar que las partes elijan el Tribunal ante el cual quieren tramitar su acción, mejorando los sistemas informáticos y aplicando sanciones a los abogados que se detecta incurren en dichas prácticas, lo cual no es distinto a este caso, pues los antecedentes que constan en el proceso acreditan que ninguna de las partes tienen domicilio en la jurisdicción de esta Corte, no existiendo ninguna vulneración a los derechos de la recurrente por la decisión de incompetencia, pues igual acción puede tramitar ante la Corte competente, que en este caso, es la de la Corte de Apelaciones de San Miguel.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol N° 118-2022. Protección.