nombre reservado con nombre reservado

Rancagua, nueve de noviembre de dos mil veintiuno.

VISTOS:

Con fecha 22 de julio de 2021 comparece don nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra de don nombre reservado, médico cirujano, en su calidad de Ministro de Salud, domiciliado en domicilio reservado, en virtud de los siguientes fundamentos de hecho y derecho.

Funda su recurso en la dictación de la Resolución Exenta N°644 de 14 de julio de 2021 que “Establece el Tercer Plan “Paso a Paso”, en cuya virtud el recurrido dispuso diversas excepciones a los confinamientos, cuarentenas y restricciones a la movilidad de aquellas personas que hubieren completado su proceso de vacunación voluntario y obteniendo con ello el denominado “Pase de Movilidad”, lo que estima conculca las garantías constitucionales del artículo 19 N°1, 2, 7, 21 y 22 de la Constitución Política de la República.

Expone como antecedentes generales que desde hace unos años tiene problemas para dormir, pero al comienzo del año en curso estos empeoraron rápidamente al punto de terminar en el hospital por deterioro mental y malestar físico general, agudizada por las restricciones impuestas para, supuestamente, enfrentar y controlar la pandemia que actualmente vivimos, añade que en abril fue al Cesfam N°2, ubicado en Almarza 1064, para buscar una solución a su problema, la que encontró de forma parcial bajo medicación a la que solo puede acceder con receta retenida.

Asegura que para una solución completa necesita tomar sol, como le indicó la psicóloga que lo atendió en ese Cesfam, también debe salir de su casa a caminar; que sus familiares cercanos lo visiten y éste visitarlos a ellos, ir al supermercado, al mall, encontrar y mantener un trabajo formal, estudiar, ingresar a un curso para obtener su licencia de conducir y moverse libremente con su auto por Rancagua y otras comunas de su Región y País. En fin, tener una vida normal.

Sostiene que la resolución impugnada no contempla a aquellas personas sanas ni a los seropositivos al Sars CoV 2, produciéndose allí una arbitrariedad de la autoridad sanitaria al discriminarlos frente a aquellas personas que sí se encuentran vacunadas, toda vez que según documentos científicos, tanto los seropositivos al SARS-CoV-2 como los inmunizados mediante vacunas logran una inmunidad contra la enfermedad.

Frente a esto, indica que su actual situación supone una carga emocional y psicológica sumamente nociva, en lo que se encuentran contestes todos los técnicos sobre la materia, según cita.

Finalmente, indica que la resolución exenta N° 494 de 25 de mayo de 2021, que incorpora el concepto de pase de movilidad, constituye un acto arbitrario, toda vez que discrimina a una categoría de ciudadanos solo en función de haberse o no vacunado sometiéndolos a confinamiento que restringen su libertad y la posibilidad de desarrollar distintas actividades.

Solicita en definitiva se acoja el recurso y se resuelva hacer aplicable la Resolución Exenta N° 644 de 14 de julio de 2021 a él y a todas las personas que acrediten estar sanas o ser seropositivas al SARS-CoV-2 y que se deje sin efecto la referida resolución en lo que vulnera sus garantías fundamentales, con costas.

Con fecha 19 de septiembre del presente año, comparece don nombre reservado, abogado, Jefe de la División Jurídica del Ministerio de Salud, y procedió a evacuar el respectivo informe indicando que la presente acción no es de carácter popular como lo pretende el recurrente al solicitar a esta Corte que la Resolución Exenta N°644 de 14 de julio de 2021 se aplique también a todas las personas que acrediten estar sanas o ser seropositivas.

En cuanto al fondo, indica que lo que se intenta por la presente es traspasar a los Tribunales de Justicia una decisión que corresponde a quienes ejercen la Administración del Estado, y tienen bajo su responsabilidad diversas políticas públicas vinculadas con la salud de la población, una de las cuales es, precisamente, la determinación de cómo se obtiene el Pase de Movilidad.

Agrega el Presidente de la República o el Ministerio de Salud son los órganos competentes y facultados para decidir las incidencias, permisos y prohibiciones que puedan existir, puesto que la adopción de políticas públicas y de medidas de esta naturaleza para hacer frente al brote del COVID-19 es una atribución propia y exclusiva de aquéllos, según corresponda, en atención al criterio y competencia técnica que en materia sanitaria les correspondan, razón por la cual la presente reclamación constitucional debe necesariamente ser rechazada.

Por otra parte, indica que la exigencia de la vacunación para obtener el Pase de Movilidad no es de manera alguna arbitraria, sino que se fundamenta en el efecto positivo que tiene la inoculación en la población, lo que se refrenda en una mejora en las cifras, y la consecuente disminución en las restricciones.

Finalmente, en relación a la supuesta ilegalidad que se reprocha, las medidas adoptadas tienen su fundamento en la Resolución Exenta N° 43, de 2021, del Ministerio de Salud, dictada al alero del Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe por Calamidad Pública dispuesto mediante el Decreto Supremo N° 104, de 2020 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, prorrogado por los Decretos Supremos N° 269, N° 400 y N° 646, todos del 2020, y N° 72 de 2021, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, razón por la cual concluye que no existe actuar arbitrario ni ilegal de la Autoridad.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales ha sido instaurado por el Constituyente para brindar el debido resguardo a quienes sufran una privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos consagrados en el artículo 20 de la Constitución Política de la República producto de un acto u omisión arbitrario o ilegal.

SEGUNDO: Que, el acto denunciado como ilegal y arbitrario corresponde a la Resolución Exenta N° 644 de 14 de julio de 2021, del Ministerio de Salud, que establece el tercer plan “PASO A PASO”, por cuanto estima que otorga mayores libertades de tránsito en aquellas personas que se encuentren vacunadas y cuenten con el pase de movilidad, estableciendo una discriminación arbitraria respecto de las personas que no se han vacunado.

Por su parte, el recurrido ha descartado la existencia de ilegalidad o arbitrariedad en la implementación del pase de movilidad, sosteniendo que el pase de movilidad se basa en los antecedentes técnicos y estadísticos que han permitido comprobar que la vacuna es efectiva para prevenir los casos graves y la muerte por COVID-19.

TERCERO: Que, el acto administrativo impugnado fue dictado dentro del marco normativo correspondiente al Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe por Calamidad Pública dispuesto mediante el Decreto Supremo N°104, de 2020 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, prorrogado por los Decretos Supremos N° 269, N° 400 y N° 646, todos de 2020, y N° 72 de 2021, del referido Ministerio, así como también en virtud del Decreto N°4 de 2020, del Ministerio de Salud, que decretó la Alerta Sanitaria y otorgó facultades extraordinarias por la emergencia de salud pública por el brote de coronavirus, el que fue prorrogado mediante el Decreto N°1 de 2021, emitido por el mismo Ministerio.

Así las cosas, todas las medidas extraordinarias y dinámicas dispuestas por la autoridad sanitaria, incluyendo el pase de movilidad en cuestión, han sido adoptadas en el ejercicio de las atribuciones que detenta la Administración y otorgadas por el ordenamiento jurídico, lo que permite disipar cualquier imputación de ilegalidad.

CUARTO: Que, asimismo, el acto impugnado aparece debidamente fundado en los cuerpos normativos señalados precedentemente, a los que cabe agregar los artículos 36 y 57 del Código Sanitario, que habilitan a la autoridad sanitaria para aplicar las restricciones que se reprochan, cuestiones que permiten concluir que tampoco existe la arbitrariedad reclamada, toda vez que han mediado consideraciones de carácter técnico, científico y estadístico; es decir, cuenta con fundamentos que no obedecen a la mera voluntad o capricho de la autoridad, no pudiendo esta Corte cuestionar los fundamentos de las medidas adoptadas por no tener las competencias para ello, atendido que las mismas se encuentran dentro de un marco de racionalidad y proporcionalidad, afectando mínimamente los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Por lo demás, las medidas adoptadas a través del programa Paso a Paso, específicamente las restricciones a que se hace referencia en el pase de movilidad, corresponden a medidas adoptadas por la Autoridad Sanitaria para hacer frente a la pandemia que aqueja al país y se enmarca en políticas públicas, no correspondiendo a los tribunales de justicia su determinación, por lo que no se aprecia que exista una arbitrariedad o ilegalidad.

QUINTO: Que, finalmente, el recurso de protección no es una acción popular o general, sino un recurso dirigido a proteger a una persona afectada en concreto, específica e individualizada, víctima de un acto u omisión ilegal o arbitraria, por lo que el recurso incoado al solicitar en su parte petitoria que se haga aplicable la Resolución Exenta N°644 de 14 de julio de 2021, a “todas las personas que acrediten estar sanas o seropositivas al Sars CoV 2”, excede el marco de aplicación de la acción cautelar de protección, por cuanto se ha deducido en favor de personas indeterminadas, sin hacer referencia a individuos concretos afectados en las garantías constitucionales en que se funda el recurso.

Por estas consideraciones y lo establecido en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, en contra de nombre reservado, en su calidad de Ministro de Salud.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol Ingreso Corte N°11.795-2021. Protección