SOCIEDAD COMERCIAL INDUSTRIAL PROYECTOS AGUA SUR LTDA con AFP HABITAT

Rancagua, veinte de enero de dos mil veintitrés.

VISTOS:

Con fecha 26 de agosto de 2022 nombre reservado, actuando en nombre de nombre reservado, bioquímico, cédula de identidad N° RUT reservado y SOCIEDAD COMERCIAL INDUSTRIAL PROYECTOS AGUA SUR LTDA., RUT RUT reservado, todos con domicilio para estos efectos en domicilio reservado, interpone acción de protección en contra de la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES HABITAT S.A., RUT RUT reservado, representada por su Gerente General, nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado.

Señala que acciona por la carta que la recurrida remitió a doña nombre reservado, el 28 de julio de 2022, en la cual se indica que la Sociedad Aguasur Limitada sería deudora de cotizaciones previsionales, especificando los períodos de remuneraciones por los cuales no se habría pagado cotizaciones e incluso indica que existirían abonos que no alcanzan a cubrir la deuda, y que la cobranza se encontraría vigente a cargo del Estudio Jurídico Colectron. Asimismo, recurre por la insistencia, acoso y amenazas de cobranza de cotizaciones previsionales que ya estarían pagadas, las cuales son ejecutadas por instrucciones de la Administradora de Fondos de Pensiones Hábitat S.A. a través de las empresas de cobranza Cobralet y Colectron, siendo la última de estas actuaciones de fecha 4 de agosto de este año.

Hace presente que la Sociedad Comercial Industrial Proyectos Aguasur Ltda., de la cual es representante don nombre reservado, durante su operación incurrió en el no pago de cotizaciones previsionales, las cuales corresponden a las que se pagaban el mismo Sr. nombre reservado, y su cónyuge nombre reservado, ambos se encuentran separados de hecho desde hace muchos años. Para el cobro de estas cotizaciones previsionales, la recurrida inició los juicios ejecutivos de cobro Roles C-418-2012 y rol C-3803-2011, ambos del Juzgado del Trabajo de Rancagua.

Informa que en dichas causas se liquidaron los créditos en agosto del año 2017, lo que no fue objetado y en ambas causas las deudas previsionales se encuentran íntegramente pagadas, retirando los abogados demandantes los cheques en pago de su deuda. Señala que en la causa Rol P-418-2012 hay dineros consignados a favor de la AFP Hábitat que no han sido retirados por ella, sólo por negligencia de los encargados de la cobranza. En este sentido, la última liquidación de crédito de 23 de agosto de 2017 señala que existe un saldo a favor del ejecutado por $91.850, ya que los fondos consignados superan la deuda previsional que se estaba cobrando.

Precisa que la AFP Hábitat que ejerció oportunamente la cobranza judicial de estas deudas, en paralelo, mantiene un programa habitual de hostigamiento y acoso respecto del Sr. nombre reservado, la que es ejecutada por sus mandatarios, empresas de cobranza “Cobralet” y “Colectron”. Este acoso molesto y constante se ha mantenido incluso a pesar de que se les ha informado reiteradamente, vía correo electrónico, que las deudas están judicialmente pagadas.

Estima que lo obrado en estos procedimientos de cobranza es ilegal y arbitrario, pues la recurrida no somete su actuación a las determinaciones del Tribunal de la causa, que ha definido el monto de los abonos realizados y la forma en que ellos pagan la deuda; no es diligente al ejercer sus derechos y excede el marco de su actuación al persistir en el acoso al deudor y su representante por medios tecnológicos, pretendiendo obtener un cobro extrajudicial en exceso a aquél que ya ha obtenido por la vía judicial, prevista por la ley, infringiendo con ello los derechos asegurados en el artículo 19 Nos. 1, 4 y 24 de la Constitución Política de la República.

Finalmente, no desconoce el legítimo derecho de AFP Hábitat S.A. de instar por el cobro de las cotizaciones previsionales que estime adeudadas, y reconoce que ésta no es la sede para determinar la existencia actual de la deuda, por ello, sólo solicita que se ordene a AFP Hábitat S.A. que suspenda todo tipo de cobranza y gestión extrajudicial, instruyendo para ellos a sus mandatarios o encargados de cobranza, y se sujete exclusivamente en su pretensión de cobro a lo que se resuelva en los expedientes de cobranza judicial rol P-3803-2011 y P-418-2012, ambas del Juzgado de Letras del Trabajo de Rancagua, con costas.

Acompaña los documentos que indica.

Con fecha 30 de agosto de 2022 se declara admisible el recurso y se pide informe a la recurrida.

Con fecha 12 de septiembre de 2022 María Soledad Donoso Arteaga, abogada, en representación de ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES HABITAT S.A., informa que su representada tiene la obligación de resguardar y obtener el pago total de los recursos previsionales que les corresponden a sus afiliados, básicamente en cumplimiento al artículo 19 del DL 3.500 y a las disposiciones pertinentes de la Ley 17.322, así como la normativa de la Superintendencia de Pensiones, normativa que establece la forma en que se deben realizar los cálculos para entender correctamente enteradas la totalidad de las cotizaciones impagas, considerando los reajustes e intereses contemplados en los incisos 10ª a 13° y 20° del artículo 19 del D.L. 3.500, además, la Superintendencia les instruye a hacer el cálculo de los abonos para entender pagada una deuda, aplicando los reajustes a la fecha en que se abonan las cotizaciones impagas.

Señala que, en este caso, el pago se realizó por la Tesorería General de la República, con devoluciones de impuestos retenidos y no directamente por el empleador, lo que implicó que el tribunal respectivo requiriera notificar al empleador para hacer retiro de los cheques, lo que no fue posible realizar. Por otra parte, la liquidación del Tribunal del Trabajo se basó en la fecha que la Tesorería General de la República giró los cheques y no en la fecha de los abonos. Además, los abonos no se hicieron en la fecha en que la Tesorería entregó los cheques al tribunal para hacer pago de las deudas previsionales, ya que en algunas oportunidades estos habían caducado y se debió solicitar su reemisión por parte del tribunal, y en otra el banco respectivo los rechazó por firma disconforme.

Agrega que, no obstante, ya ha dado instrucciones precisas al estudio jurídico que realiza los procesos de cobranza prejudicial o extrajudicial para que suspenda de inmediato todo llamado o comunicación oral o escrita respecto a esta cobranza, debiendo ventilarse cualquier diferencia en los expedientes de cobranza judicial, roles P-3803-2011 y P-418_2012, ambas del Juzgado de Letras del Trabajo de Rancagua.

Por tanto, pide rechazar el recurso con costas, por carecer de fundamentos legales por haber perdido oportunidad, toda vez que la cobranza extrajudicial se ha suspendido indefinidamente y las posibles diferencias se están discutiendo en los juicios respectivos.

En su oportunidad, se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección establecido en el artículo 20 de nuestra Carta Fundamental, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben estimar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, dificulte o amague ese ejercicio.

SEGUNDO: Que, como se desprende de lo expuesto, es un requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida, provoque privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de una o más de las garantías protegidas.

TERCERO: Que, el acto que se tilda de ilegal y arbitrario consiste en la carta que la recurrida remitió a doña nombre reservado, el 28 de julio de 2022, en la cual se indica que la Sociedad Aguasur Limitada sería deudora de cotizaciones previsionales y por la insistencia, acoso y amenazas de cobranza de cotizaciones previsionales que ya estarían pagadas, las cuales son ejecutadas por instrucciones de la Administradora de Fondos de Pensiones Hábitat S.A. a través de las empresas de cobranza Cobralet y Colectron, siendo la última de estas actuaciones de fecha 4 de agosto de este año, según lo señalado por la recurrente.

CUARTO: Que en la carta antes aludida, acompañada por la recurrente, AFP Habitat S.A. informa cotizaciones adeudadas por los períodos correspondientes a los meses de febrero a agosto de 2011 y en ella se hacen diversas afirmaciones acerca de que el empleador se mantendría moroso en su pago y que su cobro se encuentra encargado al Estudio Jurídico “Cobralet”.

Por otra parte, de las piezas de las causas Roles P-3803-2011 y P-418-2012, ambas del Juzgado de Letras del Trabajo de Rancagua, adjuntadas por la misma parte, resulta que en éstas se persigue el pago de tales cotizaciones adeudadas por la parte recurrente, habiendo sido liquidada la deuda, existiendo consignaciones para saldar dicha deuda y algunos retiros de los mismos.

Igualmente puede darse por acreditada la existencia de la cobranza extrajudicial de parte de mandatarios de la recurrida, con los correos electrónicos remitidos al representante de la recurrente con fecha 23 de octubre de 2018, 9 de noviembre de 2020, 13 de julio de 2021, 10 de enero de 2022, 19 de julio 2022 y 22 de agosto de 2022.

QUINTO: Que, la recurrida hizo observaciones al contenido y alcance de lo resuelto en las causas judiciales previamente citadas, señalando que “ya ha dado instrucciones precisas al estudio jurídico que realiza los procesos de cobranza prejudicial o extrajudicial para que suspenda de inmediato todo llamado o comunicación oral o escrita respecto a esta cobranza”.

Sin embargo, no acompañó antecedente alguno que diera cuenta o ilustrara respecto a la forma o medio por el cual dio tales instrucciones, es más, la recurrente incorporó un correo electrónico, de fecha 8 de noviembre de 2022, es decir de data posterior a lo informado por AFP Habitat, en el cual la empresa de la empresa Cobralet persiste en la comunicación extrajudicial objetada a través del presente recurso, esto es, con posterioridad al informe de la recurrida.

SEXTO: Que todo lo anterior permite colegir que, no obstante encontrarse ya judicializado el cobro de las cotizaciones adeudadas por la sociedad recurrente, la recurrida a través de sus empresas de cobranza anexas, ha mantenido de manera paralela la actividad de cobro extrajudicial que sustenta esta acción cautelar.

SEPTIMO: Que, ahora bien, en cuanto a la ilegalidad del acto, cabe recordar que el artículo 37 de la Ley N° 19.496, dispone en lo pertinente: “Las actuaciones de cobranza extrajudicial no podrán considerar el envío al consumidor de documentos que aparenten ser escritos judiciales; comunicaciones a terceros ajenos a la obligación en las que se dé cuenta de la morosidad; visitas o llamados telefónicos a la morada del deudor durante días y horas que no sean los que declara hábiles el artículo 59 del Código de Procedimiento Civil, y, en general, conductas que afecten la privacidad del hogar, la convivencia normal de sus miembros ni la situación laboral del deudor”.

Y agrega: “Se deberá poner término inmediato a las actuaciones de cobranza extrajudicial una vez emplazado el consumidor en un juicio de cobro o iniciado a su respecto un procedimiento concursal”.

De esta norma, se puede colegir que existe un ámbito de protección de las personas que se encuentra referido, precisamente, a su integridad psíquica, el que no puede ser vulnerado por los proveedores aun en caso de deudas, pues si bien la ley permite efectuar cobranzas extrajudiciales dentro de ciertos márgenes establecidos, lo cierto es que, prohíbe expresamente que tal cobranza persista una vez iniciado el cobro judicial de lo adeudado, tal como acontece en la presente causa.

OCTAVO: Que, en consecuencia, ha quedado acreditado el actuar ilegal de la recurrida con la documentación acompañada, actuar que también resulta arbitrario, por cuanto carece de justificación, dado que insistir en las comunicaciones vía correo electrónico no obstante haberse judicializado el cobro, resulta desproporcionado, dando cuenta con ello del ejercicio abusivo de la facultad de cobro extrajudicial, más aun si como sostiene la recurrente la deuda ya se encontraría solucionada, lo que justifica acoger el presente recurso.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se acoge sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado y de la SOCIEDAD COMERCIAL INDUSTRIAL PROYECTOS AGUA SUR LTDA, debiendo la recurrida suspender todo tipo de cobranza y gestión extrajudicial, instruyendo para ellos a sus mandatarios o encargados de cobranza.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol Corte 11749-2022. Protección.

PRONUNCIADO POR LA PRIMERA SALA DE LA ILTMA. CORTE DE APELACIONES DE RANCAGUA, SUBROGANDO LEGALMENTE A LA TERCERA SALA.

“Se deja constancia que esta sentencia no reúne los presupuestos para ser anonimizada de acuerdo a lo dispuesto en el Acta 44-2020 de la Excma. Corte Suprema”.