Protección contra Municipalidad de Las Cabras

C.A. de Rancagua Rancagua, veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno.

Vistos:

Con fecha 15 de julio del año en curso, comparece nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, abogado, funcionario público, domiciliado en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la Municipalidad de Las Cabras, representada por su alcalde Juan Pablo Flores Astorga.

Funda su recurso en que se desempeña como abogado del Departamento de Educación de la Municipalidad recurrida, desde el mes de enero de 2015, sin embargo a la fecha de presentación del recurso se encuentra haciendo uso de licencia médica por acoso y mal trato laboral por parte del Alcalde de la comuna y del Director de Educación.

Señala que el día 1 de julio del presente año dio cuenta de hechos irregulares que dicen relación con la eventual compra de un software pirateado que se utilizaba en la unidad de contabilidad y finanzas del Departamento de Educación, contraviniendo toda norma de probidad, por lo que, ante el Juzgado de Garantía de Peumo se tramita la causa 1363-2021 por un eventual delito de fraude al Fisco y delito informático.

Luego de la denuncia, comenzó a sufrir actos de acoso, persecución y maltrato, al punto de que con fecha 6 de julio de 2021, encontrándose con licencia médica psiquiátrica desde esa misma fecha, el Alcalde de Las Cabras, mediante carta certificada notificada al domicilio de su ex esposa, remitió carta de aviso de despido por pérdida de confianza, invocando la causal del artículo 161 N°2 del Código del Trabajo. Hace presente que el mismo documento fue recepcionado al día siguiente en la casa de sus padres.

Agrega que el mismo día 6 de julio su cuenta de correo electrónico fue intervenida ilegalmente, cambiándole la clave a fin de negarle el acceso, por instrucción del Alcalde y del Director del DAEM, esto reviste suma gravedad, por cuanto allí, existe información determinante que dice relación con la causa de fraude al Fisco.

Considera que se han vulnerado sus garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N°1, N°2, N°3, N°4 y N°9, a saber, derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, la igualdad ante la Ley, la igual protección de los ejercicios de los derechos, el respeto y protección de la vida privada y pública y a la honra de la persona y de su familia y el derecho a la protección de la salud.

Pide en definitiva se acoja el recurso, ordenando se ponga término a todo acto de vulneración, perturbación o amenaza; que la Municipalidad de Las Cabras deberá pagar sus remuneraciones de forma íntegra, hasta la total tramitación de sus licencias médicas y; se ordene la apertura de sumario administrativo, por la eventual responsabilidad administrativa de los involucrados, en la intervención de su correo institucional.

Evacuando su informe, el recurrido solicita el rechazo del recurso, con costas.

Refiere que la relación laboral que unió a las partes se debe a que suscribieron un contrato de trabajo para personal no docente de educación, el día 3 de Enero de 2017, de duración indefinida, por el cual el recurrente se comprometía y obligaba a realizar asesoría legal, defensa y representación judicial del Departamento de Educación. Posteriormente se modificó su contrato aumentando su remuneración mensual imponible a contar del 1 de abril de 2019, por asignación de responsabilidad por el cargo de Subdirector Administrativo del Departamento de Educación, cargo que, como medida de buen servicio, se dejó sin efecto mediante Decreto Alcaldicio N°2288 de 10 de diciembre de 2020.

Agrega que el recurrente desde el día 21 de diciembre de 2020 al 25 de junio de 2021, se encontró con licencia médica, y en esta última fecha se le notificó personalmente del Decreto Alcaldicio N° 2288 del 10 de diciembre de 2020, reservándose acciones y medios de impugnación.

Expresa que el fundamento de hecho expuesto por el recurrente carece de lógica, toda vez que la primera autoridad comunal asumió el día 28 de junio de 2021, y en el breve periodo que coincidió con las funciones efectivas del señor nombre reservado (del 29 de Junio al 5 de Julio de 2021) no hubo ninguna acción de significación antijurídica, por parte del Alcalde y del Jefe del Departamento de Educación.

Da cuenta de la existencia de una causa de tutela laboral que se tramita ante el Juzgado de Letras y Garantía de Peumo, en que el recurrente acompañó informes psiquiátricos en que indica que su licencia médica se deba a problemas familiares, por lo que la Municipalidad no tiene ninguna injerencia en el origen de su licencia.

En cuanto a que la denuncia del recurrente haya provocado situaciones de acoso en su contra, refiere que aquello es falso, toda vez que los antecedentes fueron remitidos a la Unidad Jurídica, corroborándose que la anterior administración ordenó instruir sumario administrativo por aquellos hechos, el que se encuentra en tramitación.

Respecto al despido por la licencia médica que relata, indica que es efectivo que el día 5 de julio de 2021, el Alcalde de la I. Municipalidad decidió poner término a la relación laboral de carácter contractual con el señor nombre reservado, por la causal de desahucio establecido en el artículo 161 inciso 2° del Código del Trabajo, por cuanto perdió la confianza del Director del Departamento de Educación, don nombre reservado y del Alcalde, don Juan Pablo Flores Astorga.

En relación a la dirección a la que se despachó la carta certificada, refiere que se hizo a aquella que figura en el contrato de trabajo del recurrente y que aquel no ha modificado. Además, la comunicación se remitió el día 5 de julio de 2021, fecha en que aquel no se encontraba haciendo uso de licencia médica.

Arguye que en razón de la jurisprudencia laboral de la Corte Suprema, la autoridad edilicia entiende que la carta de despido enviada en su oportunidad sería ineficaz, y en este sentido, la Municipalidad, en primer lugar tramitó la licencia médica presentada por el señor nombre reservado, y en segundo lugar, pagó las remuneraciones del recurrente de los meses de junio a agosto. Hace presente que la licencia médica terminó el día 4 de agosto de 2021, presentando una nueva sólo el día 7 del mismo mes y año.

Precisa que las remuneraciones del recurrente han sido pagadas íntegramente desde que inició sus licencias médicas en el mes de diciembre de 2020 hasta la actualidad, a pesar incluso que la mayoría se encuentran rechazadas.

Señala que el recurrente no indica la casilla de correo electrónico que fue supuestamente intervenida, ni tampoco hace referencia a la apertura o intervención de información privada. Sin perjuicio de ello, el correo electrónico cuya casilla es correo reservado, es de propiedad del servicio traspasado de educación municipal.

Añade que la acción constitucional de protección no es la vía idónea para la discusión de estos hechos, que corresponden a acciones laborales ordinarias.

Por lo anterior solicita el rechazo del recurso de protección, con costas, toda vez que no se configuran las vulneraciones que el recurrente ha alegado.

Se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

1º Que el recurso de protección de garantías constitucionales, contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbare ese ejercicio.

2° Que, el recurrente reprocha como acto ilegal y arbitrario las supuestas situaciones de acoso laboral de las que ha sido víctima, las que incluyen el aviso del término de su relación laboral, hecho que indica ha sido en represalia a una denuncia que efectuó relativa a la utilización de un software pirateado en el Departamento de Educación de la Municipalidad recurrida.

3° Que, del reproche trascrito, como se señaló, en cuanto el recurrente pide en definitiva se acoja el recurso, ordenando se ponga término a todo acto de vulneración, perturbación o amenaza y que la Municipalidad de Las Cabras deberá pagar sus remuneraciones de forma íntegra, hasta la total tramitación de sus licencias médicas, así como se ordene la apertura de un sumario administrativo por la eventual responsabilidad de los involucrados en la intervención de su correo institucional, aparece que lo sustancial de su reclamo dice relación con una materia que se desarrolla en el contexto de obligaciones de carácter laboral, existentes entre las partes, y que conforme se expuso en la audiencia, ya se encuentra en debate en el ámbito jurisdiccional respectivo; asimismo, lo relativo a la eventual infracción penal se encuentra, igualmente, siendo investigada en aquella sede y, lo mismo cabe señalar del sumario administrativo que solicita incoar, que según también se informó en la audiencia, se encuentra en desarrollo.

Así las cosas, las materias cuestionadas en el presente recurso están siendo objeto de revisión por parte de la judicatura correspondiente, donde se realizará la respectiva valoración probatoria y se arribará a las conclusiones jurídicas pertinentes, de manera que el asunto no puede ser dilucidado por medio de esta acción cautelar de derechos constitucionales de naturaleza urgente, breve y sumarísima, toda vez que este proceso no constituye una instancia declarativa de derechos sino que de protección de aquellos que, siendo preexistentes e indubitados, se encuentren afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria y, por ende, en situación de ser amparados por esta vía.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado Sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales de la Excma. Corte Suprema, se declara que se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado en contra de la Municipalidad de Las Cabras.

Rol Ingreso Corte 11.725-2021 Protección.