Protección contra resolución exenta número 204 de fecha 02 de julio del 2021

Rancagua, veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno.

VISTOS:

Con fecha 12 de julio del año en curso, comparece don Claudio Delgado Gutiérrez, abogado, en representación de don nombre reservado, RUN RUT reservado, ecuatoriano, médico cirujano, divorciado, ambos con domicilio para estos efectos en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la resolución exenta número 204 de fecha 02 de julio del 2021, dictada por doña nombre reservado, en su calidad de directora del HOSPITAL DE SAN FERNANDO, ambos con domicilio en domicilio reservado, y notificada con fecha 05 de julio del presente año.

Indica que la resolución señalada aplicó al recurrente la sanción disciplinaria de suspensión del empleo por tres meses con goce del 50% de remuneraciones sin poder hacer uso de derechos y prerrogativas inherentes al cargo, con una anotación de demérito de 6 puntos en el factor de calificación correspondiente, por haber infringido las normas del 61 letras c) e i) en relación con el artículo 84 letra l), del Estatuto Administrativo, en proceso disciplinario instruido por Resolución Exenta N° 48/2020, de la Dirección del Hospital de San Fernando.

Refiere que el proceso disciplinario instruido en contra del recurrente contiene una serie de contradicciones procesales. En primer lugar, señala que la funcionaria designada a cargo del proceso no asumió el cargo de manera formal, ni tampoco designó actuario, pese a que las actuaciones aparecen firmadas por un actuario, cargo que no está contemplado en las investigaciones sumarias. Luego, se expone que los plazos de tramitación se excedieron ampliamente, toda vez que por ley el plazo de investigación vence al quinto día de la orden, es decir, en este caso, era el día 3 de febrero de 2020. Añade que tampoco se indica en el acta de citación que el recurrente lo haría en calidad de imputado, con el objeto de ser asistido por un letrado, negándosele, en consecuencia ejercer una defensa adecuada, es más la declaración que prestó carece de su firma en cada una de sus hojas. Otro vicio que considera existe en la tramitación, corresponde a que con fecha 19 de enero de 2020 consta una solicitud de prórroga, la que se concedió con fecha 24 de febrero de 2020, otorgándola por quince días, es decir por un tiempo mayor al permitido por la ley. Luego, habiéndose notificado la prórroga con fecha 28 de febrero de 2020, la competencia expiró el día 20 de marzo de 2020, siendo nulo todo lo obrado con posterioridad. El sumario se cerró el día 23 de abril de 2020, remitiéndose para informe jurídico, pero este último no hace ninguna referencia a las irregularidades que observa.

Expresa que con fecha 27 de mayo de 2020 se designó nuevo fiscal, cuya competencia expiró el 24 de junio de aquel año, y aquél sólo aceptó el cargo el día 25 de junio, es decir, expirado el tiempo para sus funciones, toda vez que los actos administrativos producen efectos desde su dictación. Indica que sin perjuicio de ello el 7 de julio de 2020 se accedió a lo solicitado por el Fiscal, ampliando el plazo de la investigación en 20 días hábiles, acto por el que la Directora del Hospital nuevamente excede sus facultades.

Arguye, que sin que se cerrara la etapa de sumario se procedió a formular cargos en contra del recurrente, sin que conste notificación legalmente efectuada de los mismos. Es más, cuando solicitó plazo y copia de lo obrado a fin de esgrimir su defensa, se rechazó de plano la solicitud.

Indica que existe una ausencia del hecho que acarrea la responsabilidad administrativa, toda vez que no se configura el acto de acoso sexual por el que fue sancionado, toda vez que no hay prueba que permita arribar a aquella conclusión, por cuanto no existió un requerimiento sexual, en atención al considerando primero de la Resolución Exenta N° 70 de fecha 4 de marzo de 2021, que sirve de base para la resolución recurrida.

Considera que se suma a lo anterior que tanto el informe jurídico N° 218 de 26 de febrero de 2021, como la vista y dictamen final de 10 de febrero de 2021, no hacen referencia a intencionalidad o requerimiento de tipo sexual por parte del sumariado.

Señala que la resolución impugnada carece de proporcionalidad y racionalidad, toda vez que las conductas imputadas al sumariado son: a) No estar atento a las condiciones del tránsito de personas en el pasillo, luego de terminada una intervención, debiendo haber esperado que otra funcionaria agachada sin flectar las rodillas, que manipulaba insumos, se moviera y así evitar un roce en el “trasero” de ésta y b) El actuar antes descrito es constitutivo de acoso sexual laboral. Aplicando la sanción ya indicada anteriormente.

Indica que por lo expuesto se ha vulnerado la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N°3 inciso 5 de la Carta Fundamental en relación al amparado, toda vez que la Resolución Exenta N° 204 de fecha 02 de julio del 2021, fue dictada en contra de lo establecido en la Ley de Bases de la Administración, las normas que regulan los procesos sancionatorios administrativos, la norma laboral que por mandato legal debió tener presente, vulnerando el debido proceso y con ello privando y perturbando el derecho constitucional del recurrente.

Pide en definitiva se deje sin efecto la Resolución Exenta N° 204 de fecha 02 de julio del 2021, dictada por doña nombre reservado, directora del Hospital de San Fernando, o bien lo que esta Corte estime en derecho, con costas.

A folio N°15, con fecha 24 de agosto del año en curso, consta informe evacuado por la recurrida, solicitando el rechazo de la presente acción constitucional.

Refiere que no existe acción ilegal o arbitraria de su parte, toda vez que la resolución recurrida ha sido dictada conforme a derecho, por cuanto la Directora del Hospital instruyó la investigación sumaria mediante resolución debidamente fundada y motivada, en virtud de lo dispuesto en los artículos 119 y siguientes del Estatuto Administrativo.

En cuanto a la alegación del recurrente relativa a que el plazo para la investigación sumaria es de cinco días según lo dispuesto el en artículo 126 de la norma ya indicada, sostiene que se trata de un plazo que no es fatal y su exceso en ningún caso trae aparejada la invalidación de la resolución que aplica la medida disciplinaria, como lo ha expresado la Contraloría General de la República. A ello agrega el hecho de la pandemia por COVID. En relación a que la Fiscal designada no asumió el cargo de manera formal, indica que Contraloría General de la República ha entendido que se trata de vicios que no son esenciales, es decir, no afectan el fondo del procedimiento, por cuanto la comisión de servicio fue una instrucción dada por la autoridad. En torno a la alegación relativa a que no se indicó al recurrente que estaba siendo citado a declarar en calidad de imputado, indica que la investigación no se instruyó en relación a persona determinada, ello porque no sólo podría acarrear una eventual responsabilidad del denunciando, sino que también de la denunciante si se verifica la falsedad de sus dichos. En relación a que la declaración del sumariado, que rola a fojas 17, no cuenta con la firma de aquél, indica que nunca se solicitó declarar la nulidad de dicha actuación, de hecho en sus descargos, hace alusión a aquélla, ratificando sus dichos.

En cuanto a los presuntos problemas vinculados con las prórrogas, cierre del sumario y competencia del nuevo fiscal designado, reitera que los plazos no son fatales.

Añade que la parte recurrente realiza un análisis exhaustivo de la Resolución Exenta N° 70 de 4 de marzo de 2021, que resuelve aplicar la medida disciplinaria, por lo que alega la extemporaneidad e impertinencia con el objeto principal de la acción cautelar.

Indica que de lo expuesto por la parte denunciante en sede administrativa queda de manifiesto que existió un contacto físico de parte del sumariado tocándole una parte del cuerpo habitualmente reservado entre personas con un grado de intimidad (requerimiento de tipo sexual), encontrándose la denunciante en una posición corporal que le impidió defenderse o anteponerse a la acción con la finalidad de evitarla, no existiendo consentimiento por parte de la funcionaria, provocándole sentimientos de desagrado (se gira enojada, deseos de pegarle) y sólo no obró de una forma violenta por respeto al denunciado por ser profesional médico. Así, a criterio de la dirección del Hospital de San Fernando, se desprende de la denuncia de acoso sexual planteada por la funcionaria M.M.J. la configuración de los elementos requeridos para aplicación del artículo 2 del Código del Trabajo.

En consecuencia, agrega que no existe error en la ponderación de la prueba, toda vez que la interpretación distinta del sumariado no es fundamento suficiente para invalidar la resolución impugnada. Hace presente que al no existir un régimen específico de validez de medios de prueba y la valoración de los mismos, y al tratarse los procesos disciplinarios de una potestad disciplinaria de la Administración del Estado, se debe regir en esta materia por los principios del derecho penal, en donde la valoración de la prueba es en base a las reglas de la sana crítica.

De lo anteriormente expuesto, indica que no existe actuación arbitraria ni ilegal de su parte, expresando que la potestad disciplinaria para aplicar medidas disciplinarias de funcionarios del Hospital de San Fernando, radica en la Dirección del establecimiento y que en ningún caso la sanción resulta desproporcional ni irracional, atendido los hechos de la misma.

Pide en definitiva, el rechazo del recurso, con costas y en la eventualidad de acogerse el mismo, se le exima del pago de las costas.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido por el constituyente como una acción de urgencia destinada a evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de acciones u omisiones arbitrarias o ilegales, que produzcan privación, perturbación o amenaza de alguna o algunas garantías constitucionales expresamente señaladas en la Constitución Política de la República, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección a quien pueda resultar afectado.

SEGUNDO: Que la parte recurrente afirmó que la recurrida, mediante la Resolución Exenta Nro. 204 de fecha 02 de julio del 2021, le impuso una sanción disciplinaria, sosteniendo que la resolución referida es ilegal y arbitraria y afecta sus derechos consagrados en el numeral 3° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, particularmente en lo relativo al debido proceso y la presunción de inocencia. En síntesis, el recurso se fundamenta en que el procedimiento administrativo seguido en su contra adolece de variados vicios formales de tramitación, realiza una equivocada calificación jurídica de los hechos dados por acreditados, efectúa una errónea valoración de la prueba rendida y le aplica una sanción desproporcionada.

TERCERO: Que antes de comenzar el examen del fondo de la acción incoada, es menester hacerse cargo de las alegaciones de extemporaneidad e impertinencia formuladas por la recurrida. Esta última sostuvo que los defectos invocados por el recurrente afectarían a la Resolución Exenta número 70 del 4 de marzo de 2021, la cual impuso en un primer momento la sanción reclamada por el actor, mientras que la resolución objeto de la acción de marras es la Resolución Exenta número 204 de fecha 02 de julio del 2021, ambas resoluciones dictadas por la Directora del Hospital de San Fernando. Sin embargo, la última resolución referida fue dictada por la recurrida tras haberse tramitado y fallado los recursos de reposición y apelación interpuestos por el actor en contra de la resolución pretérita.

De esta manera, el recurso incoado no es extemporáneo, en atención a lo dispuesto en el artículo 54 inciso 2° de la Ley 19.880, ya que el plazo para ejercer acciones jurisdiccionales, como la que dio origen a esta causa, se interrumpe durante la tramitación de los recursos administrativos que hayan sido interpuestos hasta la notificación del acto que los resuelva. En el presente caso, la notificación de la resolución que rechazó la apelación interpuesta se verificó el 30 de junio de 2021, siendo que la acción de autos fue presentada el 12 de julio del mismo año, es decir, dentro del plazo de 30 días establecido en al auto acordado respectivo.

Por lo demás, los argumentos del recurso incoado no son impertinentes, pues el acto administrativo objeto de la acción constitucional de autos es efectivamente el acto terminal originado en el procedimiento administrativo llevado a cabo por la recurrida, en el que consta la sanción impuesta y sus fundamentos.

CUARTO: Que comenzando el análisis del fondo del asunto planteado, los vicios de tramitación alegados por el recurrente no constituyen una vulneración al debido proceso. En primer lugar, algunos de los mentados vicios, simplemente no se configuraron. Así, resulta que el actor sí fue notificado de la formulación de cargos, ya que en la misma actuación consta su firma.

En segundo lugar, el resto de los vicios invocados no tuvieron una influencia decisiva en el resultado de la investigación ni recayeron en algún requisito esencial de los respectivos actos administrativos, por lo que en atención de lo dispuesto en el artículo 144 del Estatuto Administrativo y el artículo 13 de la Ley 19.880 no son aptos para invalidar el procedimiento administrativo realizado. De esta manera, el que la fiscal designada en un primer momento no haya aceptado el cargo de manera formal, que esta haya designado a una actuaria o que determinadas actuaciones del procedimiento se hayan hecho excediendo los plazos legales no son vicios que tengan la entidad necesaria para dejar sin efecto todo lo obrado por la recurrida.

En tercer lugar, todos los vicios formales denunciados por el actor fueron convalidados mediante sus propias actuaciones durante el procedimiento administrativo. En efecto, el recurrente participó personal y activamente durante el procedimiento, declarando, haciendo sus descargos (aunque extemporáneamente) e incluso ratificando el 3 de febrero de 2021 la declaración que efectuó el 5 de marzo del año anterior. Por lo tanto, su intervención directa durante todas las etapas de la investigación sumaria dan cuenta de que estaba en conocimiento de lo obrado por la recurrida, sin que haya intentado la invalidación de los actos supuestamente viciados que denuncia en esta sede.

Finalmente, cabe señalar que, en relación a las inobservancias reclamadas por el actor respecto de los plazos establecidos en el Estatuto Administrativo para la tramitación de las investigaciones sumarias, dichos plazos no tienen el carácter de fatales. Por lo tanto, su infracción no implica la nulidad de lo obrado, sino que, en su caso, podrían dar lugar a la responsabilidad del funcionario a cargo de la investigación.

QUINTO: Que lo planteado por el recurrente en relación a la valoración de la prueba, la calificación jurídica de los hechos dados por acreditados y la falta de proporcionalidad de la sanción aplicada excede el ámbito de la acción cautelar interpuesta en autos. En este sentido, conforme ha quedado conceptualizado en el motivo primero, se debe atender que para la procedencia del recurso de protección se requiere que se hayan realizado actos u ocurrido omisiones, con carácter de arbitrarios o contrarios a la ley, que realmente priven, perturben o amenacen el debido ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre garantizado y amparado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile. En armonía con ello, se debe patentizar que el ámbito de la acción cautelar descrita comprende solamente situaciones inequívocas, de fácil y rápida comprobación, dentro de un procedimiento breve y sumarísimo.

SEXTO: Que, en la línea de lo resaltado, es factible advertir que ha quedado en evidencia la existencia de un procedimiento administrativo previo, afinado, sin recursos pendientes, con formulación de cargos, descargos, período de prueba, propuesta de sanción, informe jurídico, entre otros múltiples trámites; todo lo cual es reflejo de un debido proceso legal. Frente a tal constatación y a la luz de los requisitos y fines de la presente acción, antes detallados, cabe preguntarse si resulta atendible venir a invocar el auxilio constitucional por la presunta transgresión de garantías fundamentales, si ha sido la propia ley la que ha establecido rigurosa y pormenorizadamente un procedimiento idóneo al efecto, por lo demás, utilizado en plenitud por quien ha recurrido. Forzoso es concluir que la respuesta es negativa y desde ya se advierte, entonces, que no es ésta la vía propicia para alcanzar el efecto perseguido.

SÉPTIMO: Que en esta dirección se ha resuelto de manera sostenida por la Excma. Corte Suprema, afirmando: “Que es conveniente señalar que el control que se ejerce por la presente vía no se encuentra naturalmente destinado a evaluar aspectos de mérito de las actuaciones cumplidas en un sumario administrativo. Por ello, resulta un planteamiento erróneo del actor intentar que por esta instancia jurisdiccional se revise la investigación y la decisión a que se arriba sobre la base del mérito establecido por el funcionario a cargo de aquella investigación en la vista o dictamen evacuado al término de la misma; y finalmente la medida terminal adoptada. Lo anteriormente indicado no es óbice para que el control judicial de las facultades disciplinarias de los órganos de la administración abarque la revisión de la legalidad y razonabilidad de la actuación, pero ello no puede importar como se postula en la especie- que por esta vía cautelar se supervisen cuestiones de mérito involucradas en el ejercicio de dichas facultades” (Rol N° 1952-2010 Excma. Corte Suprema). Cabe precisar que esta línea jurisprudencial ha sido reiterativa en el seno del máximo tribunal y es compartida por esta Corte.

OCTAVO: Que, en virtud del criterio antes transcrito, enfocarse en consideraciones en torno a posibles arbitrariedades e ilegalidades o abocarse al examen de presuntas conculcaciones de derechos, se muestra como un ejercicio estéril cuando lo que en realidad ha perseguido el recurrente es precisamente obtener una nueva revisión del mérito de la sanción que le fue aplicada como fruto de un procedimiento legalmente tramitado, que concluyó en una resolución fundada (la Resolución Exenta Nro. 204 de fecha 02 de julio del 2021, dictada por la Directora del Hospital de San Fernando), sólo aduciendo un parecer discrepante en torno al juicio de proporcionalidad recaído en la magnitud de la misma, lo que no es competencia de esta acción, sin perjuicio de las acciones de impugnación que puedan corresponder. Junto a lo anterior, se ha tomado en consideración que de la revisión de los antecedentes no se desprende de modo manifiesto que la resolución recurrida haya estado cimentada en el mero capricho del órgano resolutor o que haya exorbitado el margen de sus competencias y atribuciones al escoger una de entre el catálogo jurídico de las que le ofrecía el Estatuto concernido.

Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y Auto acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, SE RECHAZA, sin costas, la acción constitucional intentada.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol Ingreso Corte 11688-2021 Protección.