nombre reservado con BANCO DE CHILE

Rancagua, uno de febrero de dos mil veintitrés.

VISTOS:

Con fecha 17 de agosto del año 2022, comparece doña nombre reservado, abogada, domiciliada en domicilio reservado, en representación de don nombre reservado, comerciante, RUT NºRUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, curador y representante legal, a su vez, de doña nombre reservado, adulto mayor, RUT RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, y viene en deducir recurso de protección en contra del Banco de Chile, RUT RUT reservado, representado legalmente por don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, en virtud de los fundamentos de hecho y derecho que en su presentación expuso.

Indica que su representado, nombre reservado, es sobrino de doña nombre reservado, quien junto a su marido lo criaron como a un hijo, pues no tuvieron hijos propios y no existen otros familiares directos. Tras la muerte de su marido, en el año 2016, doña nombre reservado en calidad de persona natural y asimismo en representación de su sociedad llamada Sociedad Comercial La Paloma Limitada, Rol Único Tributario número 78.058.830-6, otorgó mandatos de administración de sus bienes a su secretaria doña Marta Castillo y su contador, don nombre reservado.

Agrega que dentro de estos bienes existían fondos en el Banco de Chile por una suma superior a los mil quinientos millones de pesos, además de una serie de propiedades, fruto del trabajo y ahorro de toda una vida que ella había destinado para pasar su vejez. Durante los primeros años de esta administración no hubo mayores problemas. Sin embargo, a partir del año 2021 la salud mental de doña nombre reservado se deterioró, producto de un alzhéimer que ha progresado sostenidamente, lo que permitió que Marta Castillo y nombre reservado se aprovecharan de esta situación y dejaran de darle a la Sra. nombre reservado los cuidados necesarios y mínimos para su adecuado bienestar, junto con desviar fondos para su beneficio personal.

Relata que en razón de lo anterior, su representado quien venía advirtiendo esta situación, presentó una denuncia en contra de ambos mandantes ante el Juzgado de Familia de San Fernando, causa RIT F-1250-2021; y asimismo una demanda de interdicción en sede civil, causa ROL V-33-2022 del 2° Juzgado de Letras de San Fernando.

Respecto a la causa RIT F-1250-2021 tramitada ante el Juzgado de Familia de San Fernando, junto con decretarse una prohibición de acercamiento en contra de ambos mandantes a favor de doña nombre reservado, se decretó asimismo la medida cautelar de prohibición de celebrar actos y contratos, ambas confirmadas por esta Corte de Apelaciones con fecha 7 de marzo de 2022, en causa de Familia Nº Ingreso 722-2021 y junto con ello el Juzgado de Familia, con fecha 24 de marzo de 2022, derivó todos los antecedentes al Ministerio Público.

Afirma que consta en causa ROL V-33-2022 del 2° Juzgado de Letras de San Fernando, que actualmente doña nombre reservado, padece de una incapacidad psíquica aguda correspondiente al 96,3%, según certificado de Discapacidad de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la zona Subcomisión Sur, Nº expediente 27631503, de fecha 15 de febrero de 2022, decreto que se encuentra inscrito en el Registro Nacional de Invalidez, dependiente del Servicio de Registro Civil e Identificación.

Adicionalmente en este mismo expediente, con fecha 28 de abril de 2022, se concedió a su representado la curaduría provisoria de bienes según el artículo 18 bis de la Ley 18.600.

Consta asimismo en informe de la ODAM de San Fernando, realizado en la causa RIT F-1250-2021, que actualmente doña nombre reservado necesita una serie de cuidados debido a su enfermedad, entre estos técnicos en enfermería que viven en el domicilio de manera permanente y con jornadas alternadas y extendidas, remedios, controles médicos, pañales, asesora del hogar permanente, a lo que se suma los costos de vivienda, comida, cuentas básicas, mantención del hogar, etc.

Hace presente que los fondos que hoy restan a nombre de la Sociedad Comercial La Paloma se encuentran en depósitos a plazo en el Banco de Chile y todos fueron realizados por don nombre reservado y doña Marta Castillo, mientras mantenían sus poderes de administración. Por último, consta asimismo en el informe de la ODAM que actualmente es su representado quien se encuentra cubriendo todos estos gastos con fondos propios, recurriendo a préstamos formales en el sistema bancario e informales de amigos e incluso llegando a vender su auto, para poder sustentar esta situación, la que sin embargo cada día se torna más insostenible.

Explica que doña nombre reservado, es socia de la Sociedad “Comercial La Paloma”, sociedad de responsabilidad limitada, los socios de esta sociedad corresponden a doña nombre reservado con un 90 % de los derechos sociales, don nombre reservado con 5%, y su representado, don nombre reservado, con un 5% de los derechos sociales restantes. Esta sociedad según sus estatutos vigentes debe ser administrada por don nombre reservado y por doña nombre reservado.

Hace presente que don nombre reservado falleció con fecha 27 de septiembre del año 2016, cuya posesión efectiva se encuentra detenida por razones ajenas a su voluntad y que dicen relación con la aparición de un hijo póstumo no matrimonial del que se desconoce su actual paradero.

Por su parte, la Sociedad Comercial La Paloma Limitada mantiene actualmente todo su capital en depósitos a plazo, a su nombre, en el Banco de Chile. En razón de lo anterior, y siendo necesario poder administrar durante este periodo los bienes de doña nombre reservado, a fin de brindarle los cuidados necesarios que le permitan continuar con una vida digna y, un adecuado y oportuno tratamiento médico, es que su representado solicitó al 2º Juzgado Civil de San Fernando su interdicción y asimismo, acogiéndose al artículo 18 bis de la Ley 18.600, que se le inscribiera como curador provisorio de sus bienes.

Prosigue su relato indicando que una vez que fue inscrita esta curaduría, se solicitó al Banco de Chile proceder a inscribir a nombre reservado como apoderado y representante legal en lo que respecta a su tía como persona natural y respecto de la Sociedad Comercial La Paloma Limitada, de la cual doña nombre reservado detenta su administración y es socia mayoritaria.

Destaca que el banco accedió a realizar la respectiva inscripción respecto a su persona, pero se ha negado sistemáticamente a hacer el trámite en torno a la inscripción de los poderes para el caso de Sociedad Comercial la Paloma Limitada, y con ello poder administrar el dinero y los productos bancarios que mantiene con el banco esta sociedad.

En efecto, lo anterior se ha requerido al banco con fechas 17 de mayo, 14 de junio, 20 de julio, 29 de julio, 2 de agosto, 10 de agosto y 12 de agosto. Recibiendo siempre evasivas, junto con la solicitud de nuevos documentos, entre ellos, con fecha 2 de agosto de “actualizar estatutos y/o acompañar mandato para actuar en representación de la sociedad”, lo anterior a fin de acreditar la aquiescencia del resto de los socios.

Afirma que hasta que hoy 12 de agosto de 2022, don nombre reservado, en su calidad de abogado del Banco de Chile ha enviado un último correo señalando lo siguiente:

“Hemos sido bastante claros al indicar que no es posible que el curador de quien tiene el cargo de Administrador social, ejerza a su vez la administración de la sociedad. La jurisprudencia invocada es sólo aplicable al caso particular. Si hemos solicitado documentos, es para ofrecer al cliente las opciones que nosotros vemos para regularizar la situación de la sociedad. Si el cliente o su abogado tienen otra opción alternativa, la podemos considerar, pero insistimos, el curador NO puede representar a una interdicta en la representación de una sociedad en la cual ejerce la administración.”

Plantea que en virtud de lo anterior es posible afirmar que el Banco de Chile está conculcando groseramente las garantías constitucionales de igualdad ante la ley y el derecho de propiedad, garantizadas en los Nº 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, según será desarrollado a continuación.

Argumenta que la Sociedad Comercial La Paloma Limitada, cuya representación la recurrente reclama ante el Banco de Chile, es una sociedad de responsabilidad limitada, que se rige por lo previsto en la Ley 3.918, sobre sociedades de responsabilidad limitada. Conforme al artículo 4 de la citada ley, en lo no dispuesto en dicho cuerpo normativo o en la escritura social, esas sociedades se regirán por las reglas establecidas para las sociedades colectivas, y les serán también aplicables las disposiciones del artículo 2104 del Código Civil y de los artículos 455 y 456 del Código de Comercio.

La Ley 3.918 no tiene ninguna disposición que se refiera a la incapacidad sobreviniente de uno de los socios. A su vez, la cláusula décimo segunda de los estatutos sociales, solamente se refiere al supuesto del fallecimiento de alguno de los socios, señalándose que se podrá continuar la sociedad con los socios sobrevivientes y con los herederos del socio fallecido; pero no tiene disposición alguna que se refiera a la incapacidad sobreviniente de alguno de los socios.

A falta de una disposición para el caso de la incapacidad sobreviniente de uno de los socios en la Ley 3.918 y en los estatutos sociales, cobra plena vigencia las normas del Código Civil que regulan la sociedad colectiva.

En tal sentido, el inciso 1º del artículo 2065 del Código Civil dispone: “No expresándose plazo o condición para que tenga principio la sociedad, se entenderá que principia a la fecha del mismo contrato; y no expresándose plazo o condición para que tenga fin, se entenderá contraída por toda la vida de los asociados, salvo el derecho de renuncia”. Por su parte, los estatutos sociales señalan que la sociedad tendrá una duración de cinco años contados desde el 11 de diciembre de 1990, renovándose por períodos iguales y sucesivos si ninguno de los socios manifestare su voluntad de ponerle término al final del periodo que estuviere en curso. De las disposiciones citadas, se puede desprender la intención de los socios de tener una vigencia, renovable, que en la práctica ha resultado ser de una duración indefinida, salvo que alguno de los socios manifieste su voluntad en contrario, cuestión que no ha sucedido hasta hoy. Y más importante aún, los socios no pusieron como condición el término de la sociedad en el supuesto que uno de los socios cayere en una incapacidad sobreviniente, sino que su voluntad ha sido mantener la vigencia de la sociedad.

Es importante tener las consideraciones expresadas, para interpretar la norma del artículo 2106 del Código Civil, que señala en su inciso 1º: “Expira asimismo la sociedad por la incapacidad sobreviniente o la insolvencia de uno de los socios”. Sin embargo, la misma norma en su inciso 2º dispone: “Podrá, con todo, continuar la sociedad con el incapaz o el fallido, y en tal caso el curador o los acreedores ejercerán sus derechos en las operaciones sociales”. Es decir, la ley permite que la sociedad pueda continuar aun con la incapacidad de uno de los socios, estableciendo una exigencia para este supuesto, y es que en este caso el curador ejercerá sus derechos en las operaciones sociales.

Sin embargo, el Banco de Chile finalmente inventa una condición no establecida en la ley para que el curador pueda ejercer su labor de tal, esto es, la aquiescencia de los socios. Es decir, para ejercer la representación legal -otorgada por el legislador- del demente, se necesita un requisito no establecido en la ley, que despoja de todo fundamento a la curaduría y la representación de los intereses del incapaz, vaciando en la práctica de todo contenido a esta institución, dejándola en absoluta inutilidad.

Pareciera que los abogados del banco olvidan que conforme al artículo 565 del Código Civil los bienes también consisten en derechos, como los derechos sociales de una sociedad de responsabilidad limitada, cuyo es el caso. La curaduría se extiende a la representación legal del interdicto y a la administración de todos sus bienes, incluyendo los derechos sociales. Como consecuencia de esta representación y administración, el curador debe administrar todos los bienes que deriven de estos derechos sociales, como los productos contratados con el Banco de Chile, que en este caso es la cuenta corriente y sus derivados.

Así las cosas, el actuar del Banco Chile, frente a la negativa de no inscribir los poderes como apoderado y curador de nombre reservado, en representación legal de su tía nombre reservado, es arbitraria e ilegal. Es arbitraria, pues obedece a un mero capricho del Banco, y no a una norma legal en la que se base su decisión. Y es ilegal, pues infringe las normas de los artículos 43, 338, 390 y 456, todos del Código Civil, artículo 4 de la Ley 3.918, y, especialmente el artículo 2106 del Código Civil.

Previas citas legales solicita se acoja el presente recurso de protección, declarando que se debe restablecer el imperio del derecho, ordenando inscribir al curador nombre reservado, como apoderado y representante legal de su tía nombre reservado, con poderes suficientes en el Banco de Chile, para así poder administrar el dinero de la sociedad y los productos bancarios contratados con el banco por la sociedad Comercial La Paloma limitada, con costas.

Con fecha 13 de septiembre del año en curso, compareció el banco recurrido y procedió a evacuar el respectivo informe indicando que luego de haber analizado la situación planteada por el recurrente desde el punto de vista jurídico y de los hechos respondió al requerimiento del recurrente negándole lugar, básicamente, por las siguientes razones:

1) El curador puede administrar la participación social de la pupila en la Sociedad en calidad de socio, pero no de apoderado de la misma Sociedad;

2) La Sociedad eligió a la socia sometido a curatela como administradora de la sociedad y no a la curadora;

3) Es necesario entonces que la Sociedad otorgue facultades de administración al curador de manera expresa de acuerdo a sus estatutos.

De esta forma, y sin perjuicio que al menos se ha tomado conocimiento de la existencia de tres procedimientos diversos de interdicción, el Banco recurrido no ha desconocido la calidad de curador del recurrente, la discusión consiste en la negativa de reconocerle que puede ejercer la administración de la sociedad como curador de la Sra. nombre reservado.

Plantea que el primer sustento jurídico de la posición del Banco de Chile, es que la “Sociedad Comercial La Paloma Limitada”, es una sociedad de personas, es decir, un contrato “intuito personae”, que fue celebrado en consideración a las personas que la integran, de forma tal, que sin la intervención de esas personas el contrato de sociedad no se habría celebrado.

De conformidad con ello, la “affectio societatis” se encuentra definida por la RAE como la voluntad de unión y, por consiguiente, de creación de una entidad -la sociedad- con vocación de permanencia, o en su caso, como:

“El espíritu y propósito de colaboración entre socios, ya sea, como un elemento esencial del contrato de sociedad, como lo entiende una parte de la doctrina y la jurisprudencia, especialmente la francesa o, como una forma de interpretación del contrato de sociedad, al ser un criterio de aplicación necesario para interpretar el contrato y desentrañar la intención de los contratantes como lo establece el artículo 1560 del Código Civil, no puede estar ausente en este tipo de sociedades. El afecto o ánimo societario ha de consistir en una disposición de la voluntad tan manifiesta entre los contratantes, como que denote de tal forma el propósito asociativo, que represente el ánimo de subordinar el interés individual y personal de cada uno de los socios al interés general o social; de suerte que prime el esfuerzo en dirección al cumplimiento del objetivo social, lo anterior debe llevar a los socios a un imperativo de conducta que es el de cumplir el fin social, siendo este propósito el sentido más genuino en un contrato de esta especie, ello de conformidad a lo dispuesto en los artículos 1546, 1563 y 1564 del Código Civil.” Excelentísima Corte Suprema Fallo N° 7.574-08. 12 de julio de 2010.

Así las cosas, en este caso en particular, se ha efectuado una interpretación contractual del contrato de sociedad fundada en el artículo 1563 del Código Civil, que dispone que en aquellos casos en que no apareciere voluntad contraria, deberá estarse a la interpretación que mejor cuadre con la naturaleza del contrato.

De acuerdo con ello, la interpretación que se ha efectuado respecto del alcance de las facultades del curador, es de carácter restrictivo, en cuanto se refiere a su poder para representar a la sociedad misma, que por lo demás es una persona jurídica distinta de los socios que la componen y en consecuencia de su pupila, la Sra. nombre reservado.

Bajo el pretexto de interpretar las facultades del curador en términos amplios, esta podría afectar los derechos de terceros, tales como la propia sociedad o los herederos del socio fallecido nombre reservado, respecto del cual, el propio recurrente reconoce no se ha terminado el trámite de la posesión efectiva, por la aparición de un “hijo póstumo no matrimonial”, respecto del cual señala, desconoce su paradero.

Todas estas personas podrían accionar en contra del Banco de Chile, por permitir que un tercero, distinto de los establecidos como administradores en los estatutos dispongan de los bienes sociales sin encontrarse facultados para ello.

Por otra parte, plantea que no debe olvidarse el hecho que doña nombre reservado ejercía la representación y administración de la sociedad por mandato que le fue conferido, junto al otro socio en forma indistinta, en la respectiva escritura de constitución de la misma sociedad, mandato que también es intuito personae.

Como lo que se trata de dilucidar es si, una vez que la Sra. nombre reservado fue declarada interdicta, su mandato de representación y administración para actuar por la sociedad puede ser ejercido por su curador, en la especie el Banco tampoco se ha podido abstraer de la aplicación de lo preceptuado en el artículo 2163 N° 7 del Código Civil, que dispone que, entre otras causales, el mandato termina por la interdicción del mandatario.

De este modo, la sola declaración de interdicción de la Sra. nombre reservado, inhibe a su curador a ejercer cualquier mandato que a éste se le hubiere conferido por un tercero, incluida obviamente la sociedad en que participa.

Por último, conforme a lo señalado en el punto anterior, no es posible aplicar en la especie lo dispuesto en el inc. 2° del artículo 2106 el Código Civil, en lo que respecta a la administración de la sociedad, como se pretende por el recurrente. En efecto, si bien de acuerdo a esta disposición, es posible que la sociedad continúe, a pesar de la incapacidad sobreviniente de uno de sus socios, y que los curadores pueden ejercer sus derechos en las operaciones sociales, tales derechos estarán restringidos a su condición de socio, pero no al ejercicio de su administración pues, por expresa disposición legal el mandato otorgado originalmente por la sociedad a su pupila ha expirado.

De acuerdo a todo lo expuesto, no puede considerarse arbitraria o ilegal la actuación del Banco de Chile, si, por el contrario, existen normas legales expresas que fundamentan su decisión, la cual, por lo demás, se ha tomado, precisamente, con la intención de no afectar otros derechos de terceros que puedan verse afectados por una interpretación errada del alcance de las facultades que pueda ejercer el recurrente, pues ya no es en representación de su pupila, sino que de la sociedad en que éste tiene participación.

Arguye que una exigencia básica para que pueda tener lugar la acción de protección es que no exista controversia sobre el derecho cuya cautela se pide o que la situación jurídica del afectado esté indubitada, pues de lo contrario se hace necesario un espacio procesal para poder dirimir la veracidad de las circunstancias que sustentan el derecho reclamado, lo que no se aviene ni con la naturaleza, ni con el procedimiento breve de este recurso extraordinario. Lo que alega el recurrente, es absolutamente discutible y ello ha quedado demostrado desde el momento en que se ha visto obligado a fundamentar latamente en derecho su posición jurídica para intentar convencer a esta Corte, que el alcance del ejercicio de su curatela alcanza incluso para administrar la sociedad a que pertenece su pupila, en su nombre y representación. El Banco, por su parte, controvierte la conclusión a que arriba el recurrente, fundado en las disposiciones legales que señala y que permite dejar establecido que el mandato de representación y administración de su pupila para actuar por la sociedad ha expirado por la casual legal invocada, que no es otra que, precisamente, su declaración de interdicción.

No se verifica en la especie entonces, la preexistencia de un derecho que se estime afectado y que tenga la condición de indubitado, como lo ha exigido reiteradamente nuestra Excma. Corte Suprema para estimar procedente un recurso de esta naturaleza. Por el contrario, se trata de un derecho absolutamente controvertido, que, en consecuencia, debe ser fehacientemente acreditado por vía de un proceso y que cuente con las instancias correspondientes.

Se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido por el constituyente como una acción de urgencia destinada a evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de acciones u omisiones arbitrarias o ilegales, que produzcan privación, perturbación o amenaza de alguna o algunas garantías constitucionales expresamente señaladas en la Constitución Política de la República, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección a quien pueda resultar afectado.

SEGUNDO: Que, el acto ilegal y arbitrario que el actor reprocha del banco recurrido, estaría dado por la negativa de este último a inscribirlo como apoderado y representante legal de su tía nombre reservado respecto de la Sociedad Comercial La Paloma Limitada, impidiéndole así administrar el dinero y los productos bancarios que ésta mantiene con dicha institución, todo lo cual produce una grave vulneración de su derecho a la igualdad ante la ley y de su derecho de propiedad consagrados en el artículo 19 N° 2 y 24 de la Constitución Política de la Republica.

TERCERO: Que, compareciendo el banco recurrido justificó su actuar arguyendo en síntesis que la interpretación que se ha efectuado respecto del alcance de las facultades del curador, es de carácter restrictivo, en cuanto se refiere a su poder para representar a la sociedad misma, que constituye una persona jurídica distinta de los socios que la componen y en consecuencia de su pupila, la Sra. nombre reservado, puesto que bajo el pretexto de interpretar las facultades del curador en términos amplios, se podrían afectar los derechos de terceros, tales como la propia sociedad o los herederos del socio fallecido nombre reservado, respecto del cual, el propio recurrente reconoce no se ha terminado el trámite de la posesión efectiva, por la aparición de un “hijo póstumo no matrimonial”, respecto del cual señala, desconoce su paradero.

CUARTO: Que, en consecuencia y del atento estudio del informe evacuado por el banco recurrido, es posible concluir que todos y cada uno de los argumentos que ventila el recurso fueron controvertidos, tanto de forma como de fondo.

De esto se sigue que el presente recurso no puede ser resuelto mediante la presente acción, atendido el evidente carácter contradictorio de las pretensiones de las partes, ya que la acción constitucional de protección supone que la titularidad del derecho del recurrente sea indubitada, situación que no ocurre en autos al estar cuestionados todos y cada uno de sus fundamentos, más aún cuando en este caso se ha empleado el presente arbitrio para poner en tela de juicio la procedencia de inscribir poderes de representación del recurrente como curador respecto de una sociedad comercial distinta de su pupila, junto con el establecimiento de la continuidad o supervivencia de los mandatos de administración otorgados por dicha sociedad a su pupila pese a haber sido declarada interdicta, entre otras alegaciones, pretensiones que sin duda desborda ampliamente los márgenes de la protección, ya que se trata de cuestiones complejas, y una labor que resulta ajena a este procedimiento cautelar, el cual constituye una medida de tutela urgente para dar remedio pronto y eficaz a los atropellos que sufra el ciudadano en sus derechos constitucionales producto de una acción u omisión que a todas luces sea ilegal y arbitraria, cuestión que justifica una intervención jurisdiccional rápida que ampare suficientemente el derecho amagado, lo que deberá ser de conocimiento de los tribunales ordinarios de justicia mediante las respectivas acciones ordinarias que las partes estimen procedentes.

QUINTO: Que, a mayor abundamiento, a decir del propio recurrente de autos, la sociedad comercial cuya administración pretende, se encuentra conformada por 3 socios, uno de los cuales falleció, encontrándose pendiente la determinación de su posesión efectiva, por cuanto éste dejó un hijo póstumo no matrimonial, respecto del cual se desconoce su paradero, tercero que no ha sido emplazado en juicio y que correspondiéndole derechos sobre la sociedad podría oponerse válidamente a la administración exclusiva que por esta vía se pretende, especialmente cuando de los estatutos de la sociedad en cuestión se establece que la administración de la misma debe ser realizada indistintamente por doña nombre reservado, como por el fallecido don nombre reservado, según emana de los documentos conservatorios incorporados como medida para mejor resolver a folio 46.

SEXTO: Que, la administración y representación de una sociedad de responsabilidad limitada se inspira en la “teoría del mandato” que siguió el Código Civil francés y que hicieron suya, los códigos Civil y Comercial chilenos. De esta manera, la administración y representación de una sociedad son funciones unificadas cuya razón legal emana de los artículos 2075, 2076, 2077 del Código Civil y 387 y 402 del Código de Comercio, adoptando de esta manera, la doctrina del mandato, asimilando al administrador social a un mandatario legal, con poderes necesarios para realizar los actos y contratos conducentes a la obtención del objeto social perseguido por la sociedad. (Tratado de las Sociedades, nombre reservado, Edit. Jurídica, año 1995, páginas131 y 132).

A su vez, el artículo 2163 del Código Civil al tratar las causales del término del mandato, en su numeral séptimo, indica como cese, la interdicción del mandate o del mandatario, situación esta última que haría improcedente que el curador provisional administre y represente a la sociedad, sin perjuicio de actuar como mandatario de doña nombre reservado en su calidad de socia, lo que descarta la ilegalidad denunciada, ni menos la arbitrariedad de la decisión adoptada por el recurrido.

SEPTIMO: Que, por último, la segunda medida para mejor resolver era tener a la vista el e-book del proceso voluntario V-33-2022 ventilado ante el Segundo Juzgado de Letras de San Fernando que busca la declaración de interdicción por demencia de doña nombre reservado, por parte del recurrente, en procedimiento voluntario, del cual se desprende que este mutó en contencioso por la oposición de otro pariente de la interdicta, don nombre reservado, según sentencia de fecha 9 de enero de 2023, a folio 72, debiendo don nombre reservado deducir la correspondiente demanda en la sede que corresponda, todo lo cual torna justificado arribar al rechazo del presente arbitrio.

OCTAVO: Que, como consecuencia lógica de lo concluido, resulta improcedente el análisis de las garantías que la acción arguye vulneradas, desde que, la naturaleza técnica y por cierto controvertida del asunto objeto de análisis, necesariamente excluye la competencia de este Tribunal de alzada mediante el presente recurso.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso deducido por don nombre reservado, en contra de Banco de Chile.

Redacción del Abogado Integrante José A. Irazabal Herrera.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol I. Corte 11686-2022 Protección.

Se deja constancia que, por no reunirse los presupuestos previstos en el Acta 44-2022 de la Excma. Corte Suprema, la presente sentencia no debe ser anonimizada.