nombre reservado con DEPARTAMENTO DE EXTRANJERÍA Y MIGRACIÓN DEL MINISTERIO SUBSECRETARIA DE INT

C.A. de Rancagua Rancagua, veintisiete de abril de dos mil veintidós.

Vistos:

Con fecha 20 de enero del año en curso, comparecen los abogados Pablo Daniel Peñaloza Parra y Joaquín Andrés Contreras Roa, en favor de nombre reservado, empleada, de nacionalidad venezolana, cédula de identidad para extranjeros N° RUT reservado, domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, quienes interponen recurso de protección en contra del Departamento de Extranjería y Migración dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, representado a la época por don nombre reservado, Ingeniero Civil Industrial, con domicilio en domicilio reservado, por haber dictado la Notificación Código de Trámite N°14489980, de fecha 10 de enero de 2022, que da por concluida la tramitación de la solicitud de permanencia definitiva, por considerar que la solicitante no subsanó la falta de los documentos requeridos por la autoridad migratoria, al presentar el certificado de antecedentes penales del país de origen sin su apostilla, y el certificado de vigencia de contrato sin legalización notarial.

Refiere que con ocasión del vencimiento de su visa temporaria la recurrente, con fecha 13 de enero de 2020, solicitó el beneficio de permanencia definitiva, siendo esta acogida a trámite, sin embargo, el 14 de noviembre de 2020, le informan que no avanza a la siguiente etapa debido a que “la imagen escaneada de hoja de identificación de pasaporte no se encuentra vigente de acuerdo con los plazos estipulados, el certificado de antecedentes del país de origen se encuentra sin legalización o apostilla, mientras que el certificado de vigencia de contrato se encuentra sin legalización notarial”, pero le otorgan el plazo de 5 días hábiles para subsanar lo observado, instrucción con la que cumplió el 20 de noviembre de 2020.

Expresan que el 10 de enero del año en curso, la recurrente recibe la Notificación Código de Trámite N°14489980, mediante la que se declara desistida la solicitud de permanencia definitiva, por no haber subsanado los documentos dentro del plazo otorgado. En este punto, los recurrentes indican que la solicitante envió toda la documentación dentro del plazo otorgado para la subsanación, sin embargo, se vio impedida de enviar la totalidad de los documentos solicitados, pues el certificado de antecedentes del país de origen se encontraba sin legalización o apostilla, considerando que se requiere más de 10 días sólo a los fines de gestionar la apostilla en referencia.

Por lo anterior, considera que era imposible que se cumpliera con lo solicitado en el plazo otorgado, más aún si el certificado de antecedentes penales en Venezuela, sólo puede ser requerido en días específicos según el número de cédula de identidad del peticionario, en el caso de la recurrente, sólo lo puede solicitar los días viernes, cuestión que hacía imposible cumplir con el trámite, por cuanto fue notificada un día sábado y los 5 días hábiles se cumplieron el día viernes 20 de noviembre de 2021, mismo día en que realizó la solicitud de certificado, el que obtuvo y acompaña en este recurso.

Luego, señalan, debía apostillar el documento, trámite que según su cédula de identidad, sólo podía realizar durante los días lunes y sábado y que demora aproximadamente 10 días hábiles.

Arguye que la actuación del recurrido vulnera el derecho consagrado en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, por cuanto se ha dado a la recurrente un trato desigual con respecto a otros solicitantes, que encontrándose en iguales circunstancias, se les ha dado un plazo para subsanar su solicitud de permanencia definitiva de hasta 30 días.

Cita jurisprudencia y solicita en definitiva se deje sin efecto la resolución recurrida, otorgando un plazo razonable a fin que la recurrente pueda dar cumplimiento con lo requerido, y no permitir que quede en situación de irregularidad migratoria, para finalmente acordar sin más trámite, dar continuidad a su solicitud de permanencia definitiva, y de esta manera establecer el imperio del derecho.

Con fecha 17 de marzo del año en curso, en atención al tiempo transcurrido, se resuelve prescindir del informe solicitado al recurrido.

Sin perjuicio de lo anterior, con fecha 26 de abril del año en curso, el recurrido hace presente que cuando se solicitó a la recurrente que subsanara los documentos, se le indicó que no cumplía dentro del plazo de cinco días se tendría por desistida de la solicitud, lo que ocurrió, toda vez que el certificado de vigencia del contrato de trabajo que acompañó no se encuentra legalizado ante notario, y porque el certificado de antecedentes del país de origen se encuentra sin legalización o apostillado.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

1°) Que el recurso de protección de garantías constitucionales, contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposiciones enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbare ese ejercicio. Surge de lo transcrito, que es requisito sine qua non para que pueda prosperar la mentada acción cautelar que exista un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o bien, arbitrario, entendiéndose por tal aquél que es fruto del mero capricho de quien lo ejecuta o incurre en él, acto u omisión que debe provocar, además, alguna de las situaciones ya indicadas y que afecte una o más de las garantías constitucionales protegidas.

2°) Que, el recurrente presenta esta acción en contra de la resolución que tuvo por desistida a la actora de la solicitud de visa de permanencia definitiva por no cumplir con subsanar los documentos requeridos, dentro del plazo que se le concedió al efecto, plazo que considera exiguo para la obtención de los antecedentes requeridos.

Se prescindió del informe del recurrido, en atención al tiempo transcurrido.

3°) Que como ha razonado la Excma. Corte Suprema en los autos Rol 96.199-2021, la aplicación e interpretación del artículo 31 de la Ley N° 19.880, debe hacerse de una manera sistemática y finalista, de manera de propender a la plena satisfacción de los derechos fundamentales de las personas, en atención al principio de servicialidad estatal y dignidad de la persona humana establecidos en el artículo 1° de la Constitución Política de la República, aplicación que no se verifica en la especie por cuanto aparece que el plazo de cinco días hábiles otorgado al recurrente resulta ilusorio para obtener certificados como los requeridos, emitidos por otro estado, con su debida apostilla, lo que en los hechos ha dejado a la recurrente en la imposibilidad de poder dar curso a la tramitación de su solicitud afectando sus derecho a la igualdad ante la ley, puesto que se ha configurado una discriminación en perjuicio de la recurrente, en relación con el trato dispensado a otras personas que, en situación jurídica equivalente, han visto tramitadas sus solicitudes a la administración sin entorpecimientos ni dilaciones como la de este caso.

Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y Auto acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, se acoge, sin costas, la acción constitucional intentada en favor del ciudadana venezolana, doña nombre reservado en contra del Departamento de Extranjería y Migración dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile, sólo en cuanto se deja sin efecto la Resolución código de trámite N°14489980, de fecha 10 de enero de 2022, y en su lugar se dispone que el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior deberá continuar con la tramitación de la solicitud de la recurrente, otorgando un plazo prudencial para la incorporación de los documentos requeridos a su respectiva postulación, el que no podrá ser inferior a treinta días contados desde que la presente sentencia se encuentre firme y ejecutoriada.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol Corte 116-2022 Protección.