Protección contra Liceo Bicentenario nombre reservado

C.A. de Rancagua Rancagua, siete de julio de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio 1 comparece doña nombre reservado en favor de su hijo nombre reservado, quien interpuso acción de protección en contra del Liceo Bicentenario nombre reservado, por el acto consistente en la expulsión del alumno, lo que vulneraría su derecho a la educación.

Expone que el estudiante recibió acoso y hostigamiento por parte del profesor de educación física, nombre reservado, por ejemplo, al no querer hacer educación física por no tener las zapatillas adecuadas en ese momento, tuvo que hacer la clase en calcetas. En otra oportunidad, al estar cansado y con dolor de pecho, el profesor le indicó a viva voz que por su culpa se tendrían que ir todos a la sala de clases, agregando que le pondría una anotación negativa, lo que finalmente no hizo, además, lo chantajeaba señalándole que conoce a su madre, lo cual no es efectivo, pero que su familia es muy conocida en la comuna. En dicho contexto, el alumno habló con el inspector para dar a conocer dicha situación, quien no le dio la importancia suficiente a lo que estaba sucediendo, sintiendo que se le negaba la ayuda por los profesionales del área de convivencia.

Agrega que el día 27 de marzo del año en curso llevaba un polerón gorro y el profesor le gritó tres veces que se lo sacara, a lo que el alumno no accedió y llamó a su madre para contarle lo ocurrido. Por lo anterior recibió una anotación negativa. Continúa señalando que al término de la jornada escolar llegó la hermana del adolescente, quien es su apoderada suplente, quien no fue atendida por el inspector, atendido el horario.

Explica que ante la situación anterior el estudiante se descontroló, alcanzando una desregulación emocional y psicológica, no considerando el establecimiento su diagnóstico de trastorno de déficit atencional con hiperactividad y que a esa hora el efecto de su medicación ya era bajo. Tampoco recibió apoyo en forma oportuna, el establecimiento lo suspendió sin fundamentar la medida y sin asegurar la entrega de material educativo. Reprocha que nunca se aplicó el protocolo por desregulación emocional y tampoco fue notificada por el colegio de los hechos ocurridos el 27 de marzo pasado y de la crisis sufrida por el alumno.

A folio 8 informó la Superintendencia de Educación, quien luego de señalar sus facultades y la normativa aplicable, indicó que con fecha 14 de mayo de 2026, el recurrido ingresó el expediente de expulsión del recurrente, procediéndose a su revisión y derivación a la Unidad de Fiscalización, encontrándose para agendamiento de fiscalización a fin de verificar si existen hechos infraccionales. Puntualiza que dicho procedimiento no puede exceder de dos años y que, de confirmarse algún cargo que vulnere la normativa educacional, el Servicio sólo se encuentra facultado para aplicar alguna de las sanciones establecidas en el artículo 73 de la Ley 20.529, pero no tiene facultades para dejar sin efecto la decisión del director del establecimiento educacional, ni reubicar al estudiante.

A folio 13 informó el establecimiento educacional recurrido que el día 27 de marzo de 2026, minutos antes de concluir la jornada de clases, el alumno recurrente hizo abandono de la clase de educación física, sin autorización, dirigiéndose a Inspectoría General, manifestando de forma ofuscada una animadversión hacia el docente de la asignatura, don nombre reservado, alegando persecución por el uso de un polerón negro, señalándosele que si era anotado por dicha circunstancia, al ser una prenda permitida, la anotación sería anulada y que, para conversar la situación con mayor profundidad se citaría a su apoderada para el lunes siguiente, debido a que estaba por concluir la jornada. Agrega que tuvo que solicitarse la presencia del psicólogo del equipo de convivencia educativa liceo, pues el alumno comenzó a presentar desregulación y conducta crecientemente hostil, elevando la voz, profiriendo insultos vulgares, golpeando violentamente los muros y realizando ademanes intimidatorios contra el pecho del inspector general (chispear los dedos).

Comenta que, durante el procedimiento de contención, el alumno hizo caso omiso a las instrucciones de la autoridad, persistiendo en el desacato y utilizando un lenguaje soez. En dicho acto, al visualizar que el docente de educación física se disponía a hacer abandono del recinto, el estudiante aumentó su agresividad, profiriéndole amenazas explícitas de agresiones físicas, señalando que “lo esperaría afuera para pegarle”, por lo que tuvo que resguardarse en la sala de profesores, mientras otros funcionarios y la apoderada suplente intentaban que el recurrente se retirara a su casa, persistiendo el actor en su negativa a irse del lugar.

Puntualiza que, con el objeto de mitigar la crisis, se atendió a la apoderada suplente, y se le indicó que igualmente se reunirían el lunes siguiente para abordar la situación del estudiante y las acciones a seguir.

Finalmente, al hacer abandono del establecimiento, el estudiante se negó a retirarse del lugar junto a su apoderada, apostándose en la reja perimetral exterior con el objeto de concretar su amenaza, profiriendo insultos degradantes contra el docente, quien tuvo que mantenerse resguardado dentro del liceo por aproximadamente 30 minutos más, hasta que el alumno pudo ser encaminado a su domicilio por funcionarios del colegio.

Menciona que las conductas descritas configuran inequívocamente una infracción al artículo 105 N° 9 (página 80) del Reglamento Interno, constituyendo una falta gravísima, debido a la afectación de la integridad psicológica y la seguridad de los docentes del establecimiento.

Explica que ante los hechos descritos se inició un procedimiento sancionatorio, notificándose el mismo a la apoderada titular y suplente el 1 de abril de 2026, explicándose las etapas del mismo y sus derechos, así como la medida de suspensión durante su tramitación, desde una perspectiva de resguardo. Dicha medida fue cumplida por las apoderadas.

El lunes 6 de abril pasado, tanto la apoderada como el alumno emitieron sus descargos y el 14 de abril se les comunicó la primera resolución de expulsión.

Posteriormente, el 21 de abril del mismo año, dando cumplimiento a lo señalado en las dos entrevistas previas, la apoderada y estudiante presentaron una reconsideración de la medida y, con fecha 7 de mayo de 2026, previa consulta al consejo de profesores, se comunicó a la apoderada la resolución final de expulsión, la que no fue firmada por la recurrente, señalando que acudiría a otras instancias.

Aclara que no tuvo conocimiento de algún antecedente previo de hostigamiento por parte del profesor nombre reservado hacia el alumno como se menciona en el recurso, puesto que éste nada señaló el 12 de mayo de 2026, ni el 6 de abril en entrevista con el psicólogo. Sin embargo, el inspector general le indicó que ante lo que le señalara el alumno, y consultado el profesor, este le comentó que el recurrente es irrespetuoso en su trato y que cuando se le dio instrucciones no respondió de la mejor manera, por lo que le señaló que si no obedecía lo iba a notar o se devolverían todos a la sala de clases, por lo que inspectoría no adoptó el protocolo, por ser situaciones que se dan en la cotidianeidad de las relaciones en el establecimiento. Por ende, no existió mérito para instruir un procedimiento previo contra el docente, toda vez que el primer acto de relevancia fue el ocurrido el 27 de marzo del año en curso.

Afirma que no existió vulneración alguna al debido proceso, toda vez que los recurrentes pudieron ejercer oportunamente sus descargos y pedir reconsideración de la sanción adoptada, estando en conocimiento de las etapas del proceso, y siendo respetados sus plazos por el liceo.

Expone que, si bien no se escrituró literalmente la medida cautelar de suspensión en la notificación de inicio del procedimiento sancionatorio, ello fue saneado y no produjo indefensión, toda vez que en la entrevista que se realizó con la apoderada para comunicar el inicio del procedimiento, se le explicó la medida cautelar verbalmente, de lo que se dejó constancia en el acta de entrevista, que fue debidamente firmada. Prueba de lo anterior, es que aquélla fue debidamente respetada por los recurrentes.

También comenta que de los hechos descritos se realizó la respectiva denuncia ante la Fiscalía por el delito de amenazas contra el docente.

Asevera que no es efectivo que el colegio no entregara el medicamento que debía administrarse al alumno recurrente, constando que el 27 de marzo el actor ingresó a la enfermería escolar a las 8:10 horas, le administró correcta y supervisadamente el medicamento, registrando su salida del lugar a las 8:15 horas, por lo que la crisis que presentó posteriormente obedeció a factores conductuales desregulados y no a un “abandono institucional”.

Asevera que el día de los hechos se dispuso la contención y acompañamiento inmediato del alumno por un psicólogo del establecimiento, para atenderlo de forma personalizada y que incluso no se llamó a Carabineros, para evitar una descompensación mayor.

También niega no a ver prestado apoyo pedagógico al recurrente durante el procedimiento sancionatorio, toda vez que se le enviaron las actividades a través de la plataforma “Classroom”, de manera de continuar con su proceso pedagógico, lo que se acreditaría con las capturas de pantalla y con la copia del expediente sancionatorio que acompaña.

Finalizó señalando que el procedimiento sancionatorio seguido contra el recurrente se ajustó rigurosamente a las garantías de un justo y debido proceso, no existiendo medida arbitraria alguna en la decisión final del mismo.

Acompañaron las partes los documentos que se encuentran agregados a la causa.

En su oportunidad, se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO: 1° Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbare ese ejercicio. 2° Que, el acto que se reprocha como ilegal y arbitrario por la recurrente, corresponde a la expulsión de su hijo del establecimiento educacional recurrido, medida que estima no se ajusta a derecho y resulta además desproporcionada, por cuanto nombre reservado, quien cursa segundo año medio, mantiene un diagnóstico de salud mental que no ha sido debidamente considerado por el colegio, así como tampoco el haber sufrido acoso y hostigamiento por parte de un profesor, todo lo cual afecta su derecho a la educación. 3° Que, informando el establecimiento educacional recurrido, señaló que la expulsión del alumno por quien se recurre se adoptó en la forma prescrita en la ley y el Reglamento de Convivencia Escolar, luego de un debido proceso que fue originado en la causal grave que ameritan dicha sanción y adoptando los resguardos necesarios al respecto. 4° Que, cabe tener presente que el artículo 6 letra d) del D.F.L. N° 2 de 1998 del Ministerio de Educación, modificado por la Ley Aula Segura N°21.128 de 27 de diciembre de 2018, regula la aplicación de la medida de expulsión o cancelación de matrícula, precisando que ésta sólo puede adoptarse en base a las causales claramente descritas en el reglamento, - las que, en general, deben afectar gravemente la convivencia escolar- y mediante un procedimiento previo, racional y justo que deber estar contemplado en el reglamento interno del establecimiento, garantizando el derecho del estudiante afectado y, o del padre, madre o apoderado a realizar sus descargos y a solicitar la reconsideración de la medida. 5° Que, resulta relevante destacar que el establecimiento recurrido cuenta con un Reglamento Interno, en el cual se regulan diversos aspectos de la convivencia escolar, dentro de los cuales se encuentra la tipificación de conductas que constituyen faltas, estableciéndose además las sanciones que resultan pertinentes a cada una de ellas y el procedimiento a seguir cuando se requiera su aplicación. 6° Que, en el caso de autos, aparece que las normas antes mencionadas fueron seguidas por el establecimiento educacional, pues resultó establecido que el alumno alteró gravemente la convivencia escolar, infringiendo su reglamento interno, que trata detalladamente la medida de expulsión, aplicando la sanción cuestionada, la que se encuentra dentro de la normativa señalada.

En tal sentido, la ley sobre aula segura indica en lo pertinente que “Siempre se entenderá que afectan gravemente la convivencia escolar los actos cometidos por cualquier miembro de la comunidad educativa, tales como profesores, padres y apoderados, alumnos, asistentes de la educación, entre otros, de un establecimiento educacional, que causen daño a la integridad física o síquica de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa o de terceros que se encuentren en las dependencias de los establecimientos, tales como agresiones de carácter sexual, agresiones físicas que produzcan lesiones, uso, porte, posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios, así como también los actos que atenten contra la infraestructura esencial para la prestación del servicio educativo por parte del establecimiento”, hipótesis que se dan en la especie conforme a los antecedentes que se acompañaron a la causa, siendo particularmente relevante, el haberse verificado un hecho que incluso pudiese ser constitutivo de delito. 7° Que, a lo anterior se agrega, que la apoderada recurrente tuvo acceso al procedimiento sancionatorio, en el que fue oída en el marco de la aplicación de la sanción, teniendo incluso la oportunidad de recurrir de ella a la autoridad máxima del establecimiento. 8° Que, a su vez, en relación con la arbitrariedad, resulta necesario destacar que, de los antecedentes aportados en el informe, aparece que la decisión impugnada obedeció al comportamiento grave del alumno, como fue incurrir en amenazas de agresión contra un profesor, intentando concretarla de manera activa, al negarse al retiro a su domicilio, persistiendo en esperar al docente para golpearlo, lo que ocurrió por un periodo aproximado de más de media hora, razón por la cual dicha decisión resulta razonable y proporcional a la falta imputada al estudiante, demostrando un incumplimiento de la normativa escolar que afectó de manera importante a un profesor del colegio. 9° Que, por último, se estima que, si bien el alumno señaló haber sido acosado y hostigado por el profesor de educación física a quien amenazó con agredirlo, indicó en su recurso que dicho hostigamiento consistía en que el docente le señaló que conocía a su madre y su familia, que le pidió que retirara la capucha o jockey de su cabeza durante la clase, y que siguiera las instrucciones que se le entregaban, esto es, conductas que no pueden ser calificadas como hostigamiento en el contexto educativo.

Por último, en relación con la alegación consistente en que el colegio le habría negado la entrega del medicamento que el recurrente debía tomar para su trastorno de déficit atencional con hiperactividad, resultó acreditado con el registro de enfermería escolar acompañado por el establecimiento, que el día 27 de marzo de 2026 sí le fue entregado supervisadamente, así como en los días anteriores.

Por estas consideraciones y lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de esta Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por doña nombre reservado en favor de su hijo nombre reservado, en contra del Liceo Bicentenario nombre reservado.

Sin perjuicio de lo anterior, ofíciese a la Secretaría Regional Ministerial de Educación a fin de que dé cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo 18° del artículo 6° letra d) del DFL N° 2 de 1998 del Ministerio de Educación, en cuanto dispone que dicha repartición “velará por la reubicación del estudiante sancionado, en establecimientos que cuenten con profesionales que presten apoyo psicosocial, y adoptará las medidas para su adecuada inserción en la comunidad escolar”.

Cúmplase el oficio ordenado por la Sra. Secretaria de esta Corte, al cual deberá adjuntarse el e-book de la presente causa.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol I. Corte 1159-2026 Protección.

Se deja constancia que esta sentencia reúne los presupuestos del Acta 44-2022 de la Excma. Corte Suprema para ser anonimizada.