Protección contra Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez y la Superintendencia de Seguridad S

C.A. de Rancagua Rancagua, catorce de enero de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio 1 comparece don nombre reservado, quien interpuso acción de protección en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez y la Superintendencia de Seguridad Social, por el acto arbitrario e ilegal consistente en el rechazo de sus licencias médicas, las que, a su juicio, se encuentran válidamente emitidas, lo que vulnera su derecho establecido en el N° 1 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que tuvo un accidente en su hogar en el que resultó totalmente roto el tendón de su hombro derecho, por lo que se le extendió licencia médica, quedando en lista de espera para cirugía en el sistema público de salud desde el mes de mayo de 2022, ya que no cuenta con el dinero para pagarla de forma particular.

Comenta que es el sostenedor de su familia, con dos hijas y dos padres que dependen de él y, además, ha acumulado numerosas deudas, como consecuencia del no pago de sus licencias médicas, e incluso ha debido trasladarse a vivir en calidad de allegado, por no poder pagar la casa que arrendaba.

Afirma que ambas instituciones recurridas le han rechazado las licencias reclamadas por estimar que su enfermedad es irrecuperable, porque totalizan más de 180 días, puntualizando que no es efectiva la irrecuperabilidad, por cuanto se le indicó que, luego de la cirugía y 5 meses de rehabilitación puede volver a trabajar. En cuanto al tiempo transcurrido, señala que no se debe a su culpa, ya que es el estado quien lo mantiene en lista de espera para operarse y quien, paradójicamente, le extiende las licencias médicas, para luego rechazárselas.

Indica que solicitó reiteradamente al hospital terapia kinesiológica, la que recién le fue otorgada el 3 de julio de 2025.

Sostiene que no puede volver a su trabajo que mantiene hace más de 11 años con la lesión que sufre, atendido que trabaja en un supermercado, descargando cajas, para lo cual se requiere fuerza, temiendo que ser despedido si vuelve a trabajar, sin poder realizar las labores para las cuales fue contratado, lo que afecta gravemente su salud mental y física.

A folio 4 informó la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región Metropolitana que confirmó el rechazo de las licencias médicas N° NUM000, NUM001, NUM002, extendidas por un total de 180 días a contar del 9 de enero de 2025, por reposo no justificado, en atención a que el paciente que mantiene síndrome del manguito rotador está en lista de espera de 2022, y cuenta informe médico muy insuficiente. El reposo médico, aunque puede ser necesario en fases agudas de la enfermedad, no debe extenderse indefinidamente sin un plan claro de reintegro laboral o una evaluación periódica que justifique la necesidad de seguir en reposo. La licencia médica debe ser curativa y transitoria, y en este caso, ha perdido esa característica, ya que no se han presentado cambios significativos en el tratamiento ni se han realizado ajustes terapéuticos o kinésicos. Además, no se menciona un plan de reincorporación progresiva al trabajo, lo cual es crucial para evaluar si el trabajador está en condiciones de retomar sus funciones. No se especifica si ha habido un empeoramiento funcional o si el dolor sigue siendo incapacitante. Es importante que se detalle si existen factores médicos que impidan el reintegro laboral, y si los tratamientos actuales están siendo eficaces o si el paciente sigue en espera de intervención quirúrgica sin mejoras clínicas evidentes. Dado que el informe no aporta información suficiente ni justifica la necesidad de seguir con la licencia más allá del período previamente autorizado, no corresponde seguir extendiendo la licencia médica.

Agrega que el usuario presentó recurso de reposición, manteniéndose el rechazo, ya que aporta los mismos antecedentes médicos y clínicos previamente evaluados y; por otro lado, la Superintendencia de Seguridad Social, con fecha 7 de julio de 2025, rechazó el reclamo por parte del usuario, confirmando nuevamente el rechazo de las licencias médicas.

Sostiene que las actuaciones realizadas por la Compin RM, al decidir si aprobar o rechazar una licencia médica, se enmarcan en los parámetros objetivos que se han dispuesto por la ley, y la normativa vigente. Todo esto, en la búsqueda de asegurar que el uso de las licencias médicas cumpla verdaderamente su finalidad terapéutica y de carácter transitorio mientras el trabajador recupera su salud para volver a ejercer sus funciones laborales.

A folio 7 informó la Superintendencia de Seguridad Social la que, en primer lugar, alegó la improcedencia de la presente acción, por cuanto la materia sobre la que realmente versa, dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos.

En subsidio de lo anterior, informó respecto del fondo del recurso, solicitando su rechazo, con costas.

Luego de señalar el marco jurídico-normativo que regula la materia de la presente acción de protección y definir el derecho a licencia médica, indica que respecto de incapacidades laborales temporales, es decir, aquellas que suspenden transitoriamente la capacidad de ganancia del trabajador, existe el beneficio denominado licencia médica, regulado en el citado D.F.L. N° 1, del año 2005, y en el D.S. N° 3, del año 1984, ambos del Ministerio de Salud, la que una vez autorizada por el organismo competente, esto es, una Compin o Isapre, puede dar derecho, de cumplirse los requisitos legales, al pago de subsidio por incapacidad laboral (regulado en el D.F.L. N° 44, del año 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social), o al pago de la remuneración en el caso de los trabajadores afectos a estatutos especiales, entre ellos, los pertenecientes al sector público y municipal.

En estas situaciones de suspensión transitoria de la capacidad de ganancia, el trabajador debe hacer uso de licencia médica, esto es, reposo, el que, unido en la mayoría de los casos a un tratamiento médico farmacológico o de otro tipo, debe conducir a que el trabajador recupere su salud y quede en condiciones de reintegrarse a su trabajo. Es decir que, para hacer uso de una licencia médica es necesario que el trabajador se encuentre impedido de trabajar por razones de salud en forma temporal, existiendo la posibilidad real y cierta de que recuperará la capacidad de trabajo y quedará en condiciones de reincorporarse a la vida laboral.

Refiere que el actor reclamó mediante presentación de fecha 28 de marzo de 2025, apelando en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Región Metropolitana, que rechazó las licencias médicas N° NUM000, NUM001 y NUM002, extendidas por un total de 180 días, a contar del 9 de enero de 2025, por reposo no justificado. En razón de lo anterior, la Superintendencia, previo estudio de los antecedentes y con su mérito, concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas reclamadas no se encontraba justificado.

Continúa señalando que esta conclusión se basa en que, según los antecedentes médicos y administrativos analizados, no es posible acreditar la existencia de incapacidad laboral temporal durante el periodo de reposo reclamado, por cuando su patología ha sido declarada irrecuperable. Que, cabe agregar que el trámite de invalidez ejecutoriado con fecha 22 de junio de 2024 concluyó en un porcentaje de menoscabo de su capacidad de trabajo igual a 25 %, el que si bien, reconoce la presencia de lesiones crónicas e irreversibles, estas no son suficientes para acceder a una pensión de invalidez, en los términos señalados en el D.L. N° 3.500, de 1980, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, por lo que no se justifica la prolongación del reposo más allá del período previamente autorizado de más de 3 años 2 meses. Lo anterior según consta en la Resolución Exenta N° NUM003, de 7 de julio de 2025. A mayor abundamiento, la resolución impugnada señala los antecedentes que sirvieron de base para la decisión adoptada y los necesarios para la justificación del reposo.

Hace presente que, el Sr. nombre reservado, en virtud de lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 19.880, sobre Bases del Procedimiento Administrativo, pudo interponer recurso de reposición ante la Superintendencia, situación que no ocurrió. En consecuencia, lo resuelto por la Superintendencia de Seguridad Social, en el sentido de confirmar el rechazo de las licencias médicas de la parte recurrente, se encuentra médico-administrativamente justificada, según lo indicado precedentemente, debido a que los antecedentes médicos tenidos a la vista no permiten justificar el reposo prescrito y el rol terapéutico que este debe cumplir.

Concluye que la actuación de la Superintendencia se ajusta rigurosamente a las normas constitucionales, legales y reglamentarias que establecen sus atribuciones y facultades fiscalizadoras de supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social. Lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso cuarto del numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República y que la pretensión del recurrente, en orden a que se le autoricen las licencias médicas y se le pague el subsidio por incapacidad laboral, fuera de no tener fundamento legal, de acuerdo con los antecedentes y preceptos legales aplicables, ciertamente, desborda claramente los límites de aplicación de la acción de protección, la que fue pensada por el constituyente como una herramienta de protección de derechos indubitados y preexistentes. En el caso de la recurrente claramente su derecho a licencia médica y consecuentemente al subsidio por incapacidad laboral, no reúnen la condición de un derecho preexistente, indubitado, cuyo ejercicio resulte legítimo, por el contrario, tras las sucesivas revisiones de la Compin y de la Superintendencia, se llegó a la conclusión que no era procedente la autorización de sus licencias médicas.

Afirma que, tal como no existe acto ilegal o arbitrario de parte de la Superintendencia de Seguridad Social, pues como ya se indicó, ésta se limitó a resolver la situación del Sr. nombre reservado, dentro del ámbito de su competencias; tampoco ha existido vulneración y ni siquiera amenaza del derecho a la vida, a la integridad física y psíquica y a la protección de la salud, ni se ha vulnerado el derecho de propiedad del recurrente, reconocido a todas las personas en el numeral 24 del artículo 19 de nuestra Constitución Política, y en este caso respecto de un eventual derecho al subsidio por incapacidad laboral, como tampoco ningún otro derecho garantizado por nuestra Carta Fundamental. Con todo, se descarta cualquier actuar arbitrario e ilegal por parte de la Superintendencia del ramo, ya que en los dictámenes aludidos se exponen las razones por las cuales se llegó a la conclusión que se ha indicado. No se trata pues, de un acto carente de un fundamento racional o nacido del sólo capricho irracional de la autoridad técnica, sino que del estudio y ponderación de los elementos que se han señalado, en concordancia con criterios normativos y jurisprudenciales vigentes en el Organismo de Control.

Finalizó reiterando su solicitud de rechazo del recurso, con costas.

A folio 9 comparece el recurrente señalando que, de acuerdo a lo señalado por su médico tratante, su patología sólo tiene recuperabilidad a través de cirugía y que cualquier otro tratamiento de kinesiología sólo tiene por objeto ayudar con el dolor y evitar que el músculo se atrofie.

Agrega que los documentos que la Superintendencia reprocha como faltantes, fueron entregados al recurso de reposición que sí presentó, haciendo presente que sí mantiene un plan y fecha para volver a su trabajo.

A folio 12 el recurrente señaló que la Superintendencia recurrida declaró extemporáneo su recurso de reposición, lo cual no es efectivo, porque lo realizó el 14 de julio de 2025, sin perjuicio de que fuera ingresado por la recurrida administrativamente 3 días después, de lo que desprende que existió un error humano por parte de la recurrida, que ha agravado la vulneración de sus derechos. Añade que ha vuelto a trabajar, pero no ha podido percibir aún su remuneración, ya que debe autorizarlo el liquidador, atendido a que se encuentra en situación de insolvencia.

A folio 17 consta ampliación de informe de la Superintendencia de Seguridad Social señalando que no acogió la presentación del Sr. nombre reservado, debido a que, la parte recurrente interpuso un recurso de reposición, fuera del plazo legal. En efecto, el Sr. nombre reservado se presentó con fecha 17 de julio de 2025, solicitando la reconsideración de la Resolución Exenta N° NUM003, de fecha 7 de julio de 2025, en circunstancias que el artículo 59 de la Ley 19.880 otorga a quien tenga legitimación activa, la posibilidad de recurrir en contra de los actos administrativos, por intermedio del recurso de reposición, el que debe interponerse dentro del plazo de 5 días ante el mismo órgano que dictó el acto que se impugna. Además, el artículo 25 de la referida ley señala que se entiende como días inhábiles los días sábados, domingos y los festivos. En la especie, la notificación de la resolución recurrida se realizó el día 7 de julio de 2025, por lo que el actor tuvo plazo hasta el día 14 de julio de 2025, para deducir el recurso de reposición ante la entidad fiscalizadora. En consecuencia, habiendo sido notificado electrónicamente -según lo autorizado previamente por el usuario-, con fecha 7 de julio de 2025, el plazo establecido en el artículo 59 de la citada Ley de Bases del Procedimiento Administrativo, venció con fecha 14 de julio de 2025.

Por último, a folio 19, el recurrente señaló que con fecha 18 de diciembre de 2025, en conversación con don nombre reservado, encargado de ingresar las solicitudes de los usuarios, admitió el error en la fecha de su recurso de reposición, señalándole que lo ingresaría bien nuevamente.

Acompañaron las partes los documentos que se encuentran agregados a la causa.

En su oportunidad, se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO: 1.- Que, el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, dificulte o amague ese ejercicio. 2.- Que, en cuanto a la alegación de improcedencia de la acción planteada por la Superintendencia de Seguridad Social por tratarse de materias referidas a la seguridad social, dicha alegación se rechazará dado que, dentro de las garantías invocadas y que fundan el recurso, se encuentran los derechos a la integridad física y psíquica y el de propiedad, todos ellos protegidos por la acción cautelar de autos. 3.- Que, en cuanto al fondo, el acto que el recurrente considera conculca sus garantías constitucionales, corresponde a la confirmación del rechazo de sus licencias médicas N° NUM000, NUM001, NUM002, situación que se materializa con la dictación de la Resolución Exenta NUM003, de 7 de julio de 2025, por parte de la Superintendencia de Seguridad Social. 4.- Que, cabe señalar que la conducta materia de esta acción no puede calificarse de ilegal, toda vez que el artículo 16 del Decreto Supremo 3/84 del Ministerio de Salud, establece que corresponde a la Compin, a la Unidad de Licencias Médicas o a la Isapre, en su caso, rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia.

Luego, el organismo recurrido dispone de la facultad legal de resolver acerca de la autorización de una licencia médica, por lo que sólo resta revisar, para los efectos de la presente acción, si existe arbitrariedad en la actuación reclamada. 5.- Que, en cuanto a la arbitrariedad, entendida ésta como la falta de justificación y razonabilidad en la decisión adoptada, debe señalarse que el propio artículo 16 antes citado, contempla la necesidad de justificar la decisión que se adopte, al disponer que deberá dejarse constancia de los fundamentos que se han tenido en consideración para adoptar alguna de las medidas que la norma contempla.

A su vez, el artículo 21 del Decreto Supremo N° 3 que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las Compin e Instituciones de Salud Previsional, en lo pertinente, preceptúa: “Para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las licencias, la COMPIN, la Unidad de Licencias Médicas o la ISAPRE correspondiente, podrán disponer de acuerdo con sus medios, alguna de las siguientes medidas: a) Practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas; b) Disponer que se visite al trabajador en su domicilio o lugar de reposo indicado en el formulario de licencia, por el funcionario que se designe; c) Solicitar al empleador el envío de informes o antecedentes complementarios de carácter administrativo, laboral o previsional del trabajador; d) Solicitar al profesional que haya expedido la licencia médica que informe sobre los antecedentes clínicos complementarios que obren en su conocimiento, relativos a la salud del trabajador; e) Disponer cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución de la licencia médica”. 6.- Que, en la especie, la resolución de la Superintendencia de Seguridad Social que confirma el rechazo de las licencias médicas, sólo se funda en las opiniones de sus profesionales médicos, teniendo a la vista los antecedentes aportados por el propio reclamante, sin realizar un peritaje o evaluación al paciente que permita determinar si su reposo se encuentra o no justificado. 7.- Que, conforme a lo anterior, es posible establecer que la decisión adoptada por la recurrida no se apoya en elementos suficientes de convicción que la avalen, carencias que la privan de contenido, conforme lo exige el artículo 11 de la Ley 19.880 y la normativa sectorial antes señalada, sin que sea dable discernir que aquélla se basta a sí misma si no ofrece los elementos de juicio necesarios que permitan comprenderla y entender la razón por la cual el compareciente no necesitaba más días de recuperación que los ya otorgados. 8.- Que, en consecuencia, la conducta del organismo recurrido se torna arbitraria al desestimar un permiso médico concedido por facultativos sin ningún antecedente adicional, simplemente sobre la base de la ponderación de los ya tenidos a la vista, esto es, sin un elemento de juicio complementario de contraste para disipar, frente al paciente, cualquier duda, en relación a la procedencia del reposo, lo que en el presente caso resulta esencial, puesto que se le pretende privar del subsidio de incapacidad laboral sin que su situación fuera esclarecida con un informe acabado sobre el estado de salud y la causa de las dolencias del recurrente, lo que, como se dijo, no se cumplió en autos. 9.- Que, en estas circunstancias, el actuar de la recurrida evidentemente amenaza el derecho de propiedad del actor, protegido en el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, pues dice directa relación con su patrimonio, el que se ve mermado al no percibir el subsidio por incapacidad laboral que le corresponde por las licencias médicas rechazadas producto de la decisión del órgano administrativo.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que rige la materia, se resuelve:

I.- Que, se rechaza la alegación de improcedencia de la acción, alegada por la recurrida Superintendencia de Seguridad Social.

II.- Que, se acoge, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región Metropolitana y la Superintendencia de Seguridad Social, sólo en cuanto se deja sin efecto la Resolución Exenta NUM003, de 7 de julio de 2025, dictada por la Superintendencia recurrida, que confirma el rechazo de las licencias médicas N° NUM000, NUM001 y NUM002, con la única finalidad de que se efectúen las gestiones administrativas necesarias para someter al recurrente a un peritaje médico, para luego determinar la pertinencia o impertinencia del reposo de que dan cuenta las licencias médicas señaladas.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol I. Corte 1158-2025 Protección.

Se deja constancia que esta sentencia reúne los presupuestos del Acta 44-2022 de la Excma. Corte Suprema para ser anonimizada.