Protección contra Servicio Nacional de Migraciones

C.A. de Rancagua Rancagua, diez de diciembre de dos mil veinticinco. Vistos: Con fecha 14 de julio del año 2025, comparece el abogado Sebastián Troya González, en favor de nombre reservado, cédula de identidad para extranjeros N°NUM000, de nacionalidad venezolana, domiciliada en domicilio reservado, deduciendo recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, representado por nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, por la tardanza en la resolución de su solicitud de condición de refugiado. Expone, que la recurrente reside en Chile junto a su hijo, quien cuenta con permanencia definitiva. Agrega que, actualmente, cuenta con trabajo estable, lo que le permite solventar sus gastos en nuestro país.

Alega, que la actora efectuó una solicitud de Reconocimiento de la Condición de Refugiado el 7 de diciembre de 2020, la que aún se encuentra pendiente de resolución, entregándole solo residencia temporaria cada 8 meses. Arguye que, habiendo transcurrido más de seis meses, plazo fijado por Ley para resolver los actos administrativos, a la fecha de la presentación de esta solicitud, la entidad recurrida ha mantenido un clima de incertidumbre para con la recurrente. Cita jurisprudencia, señala que, en la especie, no procede el silencio administrativo y caso fortuito o fuerza mayor, menciona lo establecido en los artículos 3, 4, 7, 11, 16, 17, 27 y 41 de la Ley N°19.880. Indica que se han vulnerado las garantías establecidas en los numerales 2 y 3 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Finaliza solicitando que se acoja la presente acción de protección y se ordene al Servicio Nacional de Migraciones que resuelva sin más demora la solicitud de Reconocimiento de la Condición de Refugiado de la recurrente, y se adopten las medidas que se consideren más pertinentes. Acompaña documentos que indican. A folio 8, comparece el Servicio recurrido y solicitó el rechazo del recurso en todas sus partes, ya que no se configuran los presupuestos constitucionales ni legales para su interposición, debiendo ser considerada como improcedente al no existir acto u omisión de la autoridad que pueda ser calificado de arbitrario o ilegal y que atente en contra de alguna de las garantías consagradas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República. Menciona el historial migratorio de la actora y aclara que, con fecha 14 de diciembre de 2020, la Sección de Refugio y Reasentamiento procedió a formalizar su solicitud, dando así inicio a su procedimiento para el reconocimiento de la condición de refugiado, conforme lo establece el artículo 26 de la ley N°20.430 en relación al artículo 36 bis del Decreto N°837, que Aprueba Reglamento de la Ley N°20.430, que Establece Disposiciones sobre Protección de Refugiados; Reglamento de la Ley de Refugio. Explica que, en la especie, a la actora se le otorgaron a la extranjera visación de residencia temporaria como solicitante de reconocimiento de la condición de refugiado, por el plazo de ocho meses prorrogables por períodos iguales hasta que la autoridad administrativa resolviera su caso, conforme lo establece el artículo 32 de la Ley N° 20.430; y que, a la fecha del informe, es titular de residencia temporal de refugio por el plazo de 8 meses, vigente desde el 11 de marzo de 2025 hasta el 11 de noviembre de 2025, por lo que se encuentra actualmente en condición migratorio regular y continuaran siendo otorgadas dichas residencias temporales mientras penda en trámite su solicitud. Expone sobre el régimen de ingreso al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado y etapas del procedimiento establecido en la Ley N° 20.430 y el Decreto Supremo N° 837 de 2011, Reglamento de la ley de Refugio. Aclara que se trata de un procedimiento complejo que requiere de la intervención de varias instituciones y autoridades, lo que evidentemente tarda en su tramitación, por lo cual la Ley ha custodiado todo el período respectivo que tarde la solicitud con el otorgamiento de visas temporales que mantienen en condición plenamente regular a los solicitantes, no vulnerando en ningún caso los derechos del extranjero. Indica que el término del procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado se materializa mediante el acto administrativo respectivo, dictado por el Subsecretario del Interior, lo que se contempla en el artículo 31 de Decreto N°837, Reglamento de la Ley de Refugio. Finalmente, arguye que no existe acto u omisión arbitrario o ilegal por parte de esa autoridad que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de alguno de los derechos tutelados por la acción constitucional de protección intentada por la extranjera recurrente, no siendo procedente que esa parte sea condenada en costas. Se trajeron los autos en relación. CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO: 1° Que, el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, dificulte o perturbe ese ejercicio. 2° Que, el hecho que motiva la interposición de la presente acción constitucional de protección es el retardo en la resolución, por parte de la autoridad recurrida, respecto de su solicitud de reconocimiento de su condición de refugiado, la que ingresó el día 7 de diciembre de 2020, acto que, según la recurrente, vulnera la garantía consagrada en el artículo 19 número 2 de la Constitución Política de la República. 3° Que, al comparecer, el Servicio recurrido señaló que con fecha 14 de diciembre de 2020, la Sección de Refugio y Reasentamiento formalizó la solicitud de la actora, iniciando el procedimiento para el reconocimiento de la condición de refugiado y que, durante el tiempo de tramitación de su solicitud, le ha entregado a la extranjera visación de residencia temporaria como solicitante de reconocimiento de la condición de refugiado, por el plazo de ocho meses prorrogables por períodos iguales, hasta que la autoridad administrativa resuelva su caso. 4° Que, es necesario hacer presente que, para resolver el asunto en examen, se debe acudir a lo establecido en la Ley N°19.880. En este sentido resulta útil destacar el principio de celeridad, previsto en su artículo 7°, conforme al cual la autoridad debe impulsar de oficio, en todos sus trámites, el procedimiento administrativo, debiendo actuar por propia iniciativa, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir la solicitud migratoria y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión. Lo anterior resulta congruente con el principio conclusivo, consagrado en el artículo 8°, que establece la necesidad de término del procedimiento con un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo, así como con el principio de economía procedimental, del artículo 9°, que manda a la Administración responder con eficacia, evitando trámites dilatorios.

Por último, el artículo 14° define el principio de inexcusabilidad señalando que la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla, cualquiera que sea su forma de iniciación. 5° Que, de acuerdo a lo informado por la Institución recurrida, queda en evidencia el incumplimiento de la normativa que regula la actividad de la Administración, toda vez que la autoridad respectiva ha desconocido la aplicación de los principios de celeridad, conclusivo, de economía procedimental e inexcusabilidad, en tanto ha dilatado la decisión respecto de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, excediendo el plazo establecido en el artículo 27 de la mencionada Ley N°19.880 (SCS Rol N°24.827-2020, Rol N°250.598- 2023).

Debe considerarse además que, sin perjuicio de que existe pronunciamiento respecto de que el plazo establecido en el citado artículo 27 de la Ley N°19.880 no es fatal, la recurrida informó que a la actora, durante el tiempo de tramitación de su solicitud, le ha otorgado visación de residencia temporaria cada 8 meses, venciendo la última el 11 de noviembre de 2025, lo que unido al tiempo transcurrido desde la fecha de presentación de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, ocurrida en el mes de diciembre de 2020, no pueden sino considerarse como una infracción al principio de celeridad, lo que constituye otro antecedente para acoger el presente recurso, en la forma que se expresará en lo resolutivo. 6° Que, por tanto, la dilación de la recurrida en el pronunciamiento sobre la antes indicada solicitud, en este caso particular, debe ser calificada de ilegal y arbitraria porque vulnera la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N°2 de la Carta Fundamental, en tanto importa una discriminación en contra de la recurrente en relación con el trato dispensado a otros interesados que, en situación jurídica equivalente, han podido tramitar debidamente sus solicitudes, obteniendo una respuesta formal y oportuna en la que se contengan las razones conforme a las cuales la autoridad ha adoptado la decisión terminal pertinente. Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y nombre reservado de la Excelentísima Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido a favor de nombre reservado, cédula de identidad para extranjeros N°NUM000, de nacionalidad venezolana, en contra del Servicio Nacional de Migraciones, sólo en cuanto se dispone que éste último deberá emitir el pronunciamiento que en derecho corresponda respecto de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, dentro del plazo de sesenta días corridos, contados desde que la presente sentencia se encuentre ejecutoriada. Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol I. Corte 1156-2025 Protección. Se deja constancia que esta sentencia debe ser anonimizada en cumplimiento a lo dispuesto en el Acta 44-2020 de la Excma. Corte Suprema.