Protección contra Instituto nombre reservado

C.A. de Rancagua Rancagua, veinticuatro de junio de dos mil veintiséis.

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Con fecha 9 de mayo de 2026, comparece nombre reservado don nombre reservado, quien interpone recurso de protección en contra del Instituto nombre reservado, representado por su rector don nombre reservado, por el acto que califica de ilegal y arbitrario consistente en impedirle el ingreso al establecimiento educacional donde estudia su hijo nombre reservado, alumno de primero básico.

Expone que desde el 20 de abril de 2026 funcionarios de portería, por instrucciones del rector, le habrían prohibido el acceso al establecimiento, situación que atribuye a una condena penal dictada en su contra por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santa Cruz. Señala que dicha medida le ha impedido participar en actividades escolares, reuniones de apoderados, ceremonias y otras instancias vinculadas a la vida escolar de su hijo, afectando tanto al niño como a su persona.

Agrega que anteriormente suscribió un documento mediante el cual se restringía su asistencia a determinadas actividades durante el año 2025, pero que dicha limitación no se extendería al año 2026. Refiere además que incluso se le habría impedido ingresar al establecimiento para entregar materiales escolares a su hijo.

Sostiene que la actuación del establecimiento vulnera las garantías consagradas en los numerales 1, 2, 4 y 10 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, relativas a la integridad psíquica, igualdad ante la ley, respeto y protección de la vida privada y honra, y derecho a la educación. Argumenta que no existe resolución judicial que le prohíba acercarse al establecimiento o participar en actividades relacionadas con su hijo, por lo que estima que la medida adoptada por el colegio carece de fundamento legal y constituye una discriminación arbitraria.

Solicita, en definitiva, que se acoja el recurso, se ordene a la recurrida cesar los actos denunciados, permitiéndole ingresar normalmente al establecimiento para dejar y retirar a su hijo, así como asistir a reuniones, ceremonias y demás actividades escolares relacionadas con éste, con costas.

A folio 7 comparece don nombre reservado don nombre reservado

nombre reservado, en representación de la Fundación Educacional nombre reservado, sostenedora del establecimiento educacional del mismo nombre, quien evacúa el informe requerido.

En primer término, alega la extemporaneidad del recurso. Señala que las medidas cuestionadas no fueron adoptadas en abril de 2026, sino que derivan de una resolución interna de fecha 30 de mayo de 2025, mediante la cual se comunicó al recurrente una serie de restricciones fundadas en su inclusión en el Registro de Inhabilidades para Trabajar con Menores de Edad, documento que habría sido recibido y firmado por éste en señal de conocimiento. Afirma que, atendido que el recurso fue deducido casi un año después de adoptadas dichas medidas, el plazo de treinta días previsto en el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección se encontraba ampliamente vencido.

En subsidio, sostiene que las medidas adoptadas no son ilegales ni arbitrarias. Explica que el recurrente fue condenado por un delito de abuso sexual cometido en contra de una menor de edad y que, producto de dicha condena, se encuentra sujeto a una inhabilitación absoluta perpetua para desempeñar cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con menores de edad. Agrega que la decisión fue adoptada luego de recibir inquietudes de diversos apoderados y tras verificar la situación del recurrente en el registro correspondiente.

Indica que las restricciones impuestas se limitaron a impedir que el recurrente ejerciera cargos de representación de apoderados, participara en la organización de actividades o eventos que involucraran alumnos y asistiera a ceremonias o celebraciones que comprendieran la presencia de menores de edad. Precisa que, en todo caso, siempre se resguardó el ejercicio de sus derechos y deberes como apoderado, permitiéndole retirar a su hijo al término de la jornada escolar, solicitar entrevistas y acceder a información académica en los mismos términos que cualquier otro apoderado.

Asimismo, niega que se le haya impedido arbitrariamente el acceso al establecimiento para entregar materiales escolares a su hijo, señalando que existe una regla general aplicable a todos los apoderados conforme a la cual los objetos deben ser entregados en portería para su posterior distribución, sin que se permita el libre ingreso de adultos durante la jornada escolar.

Concluye que no ha existido vulneración de las garantías constitucionales invocadas, por cuanto las medidas adoptadas obedecen al deber del establecimiento de resguardar la seguridad y protección de los menores bajo su cuidado, solicitando, en consecuencia, el rechazo íntegro de la acción constitucional, con expresa condena en costas.

A folio 9, el recurrente evacúa el traslado conferido a la alegación de extemporaneidad.

Señala que la recurrida omite considerar que los hechos denunciados no se agotan en las restricciones impuestas durante el año 2025, las que únicamente habrían tenido por objeto limitar su participación en determinadas actividades escolares durante dicho año.

Afirma que tales restricciones no contemplaban el año 2026 y que las vulneraciones denunciadas se han mantenido en el tiempo hasta la actualidad.

Agrega que el acto que motivó directamente la interposición de la acción constitucional ocurrió el 20 de abril de 2026, fecha en que se le habría impedido ingresar al establecimiento educacional, circunstancia que estima constituye la vulneración actual de sus garantías fundamentales. Sostiene, además, que dicha afectación persiste hasta el día de hoy.

Concluye que el recurso fue presentado con fecha 9 de mayo de 2026, esto es, dentro del plazo de treinta días contado desde la ocurrencia del acto denunciado, por lo que solicita desestimar la alegación de extemporaneidad.

En su oportunidad, se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando: 1.- Que, el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, dificulte o perturbe ese ejercicio. 2.- Que, el recurrente funda la presente acción en que desde el mes de abril de 2026 se le habría impedido el ingreso al Instituto nombre reservado, establecimiento educacional donde estudia su hijo, por instrucciones de su rector, circunstancia que le habría impedido participar en actividades escolares, reuniones de apoderados y demás instancias vinculadas a la vida escolar del niño.

Sostiene que dichas restricciones carecen de fundamento legal, por cuanto no existe resolución judicial que le prohíba acceder al establecimiento o relacionarse con su hijo en dicho contexto, estimando vulneradas las garantías consagradas en los numerales 1, 2, 4 y 10 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. En consecuencia, solicita que se disponga el cese de tales restricciones y se le permita participar normalmente en las actividades escolares relacionadas con su hijo. 3.- Que, al evacuar el informe solicitado, la recurrida solicita el rechazo del recurso. En primer término, opone su extemporaneidad, argumentando que las medidas cuestionadas fueron adoptadas mediante Resolución NUM000, de fecha 30 de mayo de 2025, la cual fue debidamente notificada y recibida por el recurrente, estableciendo restricciones a su participación en determinadas actividades escolares atendida su inclusión en el Registro de Inhabilidades para Trabajar con Menores de Edad.

Agrega que dicha resolución no fijó plazo de vigencia alguno, por lo que las limitaciones cuestionadas se mantienen desde entonces, habiendo transcurrido con exceso el plazo de treinta días previsto para la interposición de esta acción cautelar.

En subsidio, sostiene que las medidas adoptadas no son ilegales ni arbitrarias, pues responden al deber del establecimiento de resguardar la seguridad de los alumnos y no impiden al recurrente ejercer sus derechos y deberes como apoderado de su hijo. 4.- Que, en cuanto a la alegación de extemporaneidad, cabe tener presente que de los antecedentes acompañados aparece que mediante Resolución NUM000, de fecha 30 de mayo de 2025, el establecimiento recurrido comunicó formalmente al actor una serie de restricciones relativas a su participación en actividades escolares, ceremonias y funciones de representación de apoderados, resolución que fue recibida y firmada por éste en señal de conocimiento.

Asimismo, del tenor de dicho documento no se advierte limitación temporal alguna que circunscriba su vigencia exclusivamente al año escolar 2025, ni contempla fecha de expiración o revisión de las medidas adoptadas.

En estas circunstancias, el acto que el recurrente estima vulneratorio de sus garantías constitucionales quedó plenamente determinado y conocido por él desde la referida fecha, de modo que la negativa de ingreso denunciada en abril de 2026 no constituye sino una manifestación o aplicación de una decisión previamente adoptada y notificada con fecha 30 de mayo de 2025. 5.- Que, por consiguiente, habiéndose deducido el recurso con fecha 9 de mayo de 2026, esto es, transcurrido con exceso el plazo de treinta días contemplado en el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, la presente acción resulta extemporánea, lo que conduce necesariamente a su rechazo.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, por extemporáneo, el recurso de protección deducido por don nombre reservado, en contra del Instituto nombre reservado.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Rol Corte 1147-2026 Protección.

Se deja constancia que esta sentencia debe ser anonimizada en cumplimiento a lo dispuesto en el Acta 44-2022 de la Excma. Corte Suprema.