nombre reservado con BANCO DE CHILE

Rancagua, veinte de noviembre de dos mil veinte.

Vistos:

Con fecha 21 de septiembre de 2020, JORGE ANDRÉS CORREA FUENTES, abogado, en representación de don nombre reservado, ambos domiciliados, para estos efectos, en domicilio reservado dedujo recurso de protección en contra de BANCO DE CHILE, representado legalmente por don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado.

Refiere que el día 25 de agosto del presente año, no pudo acceder a los fondos de su cuenta bancaria, informándole dicha entidad que, producto de la liquidación concursal a que estaba sujeto, sus productos habían sido bloqueados y sus fondos retenidos.

Indica que efectivamente con fecha 12 de agosto pasado se declaró la liquidación de sus bienes, pero sostiene que esos dineros son inembargables, de acuerdo a lo regulado en la Ley 20.720, Código de Procedimiento Civil y Código del Trabajo, asimismo, el retiro de fondos de pensiones autorizados recientemente tiene ese mismo carácter, dicho monto, en su caso, alcanza $2.503.087.

Agrega que solicitó la liberación de los fondos, a lo cual el tribunal que conoce su causa resolvió que ese inconveniente debía resolverse directamente con el banco.

Finaliza indicando que esta actuación vulnera su derecho de propiedad, por lo que solicita que se cautelen sus garantías fundamentales ordenando a la recurrida alzar la retención de sus dineros y el bloqueo de la cuenta corriente de que es titular.

Con fecha 16 de octubre del presente año, la institución recurrida informó, que el cierre de la cuenta del recurrente, retención de fondos y disposición de los mismos se justifica en la declaración de liquidación del actor, que el total de los mismos asciende a $3.148.845.

Añade que, de acuerdo con el artículo 130 de la Ley 20.720, el recurrente perdió la administración de sus viene, la que pasó a manos de la liquidadora designada en el procedimiento concursal. Por su parte, el artículo 611 del Código de Comercio dispone que la cuenta corriente concluye por la quiebra. Todo lo cual demuestra que el banco actuó de forma legal y justificada.

Por último, pide el rechazo de la acción con costas.

Con fecha 5 de noviembre pasado, doña nombre reservado, liquidadora concursal, evacuó informe al tenor de los hechos de la causa, indicando que en relación al monto de $617.077, que corresponde a la remuneración del recurrente, no le corresponde efectuar administración, lo que igualmente ocurre respecto de los dineros relacionados con el retiro de fondos previsionales, pues en ambos casos, la regulación aplicable dispone la intangibilidad de los mismos.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio. Surge de lo transcrito, que es requisito sine qua non, para que pueda prosperar la mentada acción cautelar, que exista un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o bien arbitrario, entendiéndose por tal aquél que es fruto del mero capricho de quien lo ejecuta o incurre en él, acto u omisión que debe provocar, además, alguna de las situaciones ya indicadas y que afecte una o más de las garantías constitucionales protegidas.

SEGUNDO: Que en relación al bloqueo de la cuenta corriente del actor, cuestión que ha sido confirmada por la institución financiera recurrida, conviene tener en vista que el artículo 611 del Código de Comercio dispone que la cuenta corriente se concluye, entre otros motivos, por la dictación de la resolución de liquidación o cualquier otro suceso legal que prive a alguno de los contratantes de la libre disposición de sus bienes, razón por la cual habiéndose acreditado que, en este caso, existe una sentencia de liquidación concursal que afecta a la parte recurrente, el banco ha dado cumplimiento a la normativa y, en consecuencia, ha actuado dentro de los márgenes legales.

TERCERO: Que, es un hecho no controvertido, que el recurrente se encuentra enfrentando un procedimiento de liquidación voluntaria. Ello, conlleva la revisión, en primer lugar, de la regulación especial sobre la materia, en este sentido, el artículo 130 N°1 de la Ley de Insolvencia expresa que: “Administración de bienes. Desde la dictación de la Resolución de Liquidación se producirán los siguientes efectos en relación al Deudor y a sus bienes:

1)Quedará inhibido de pleno derecho de la administración de todos sus bienes presentes, esto es, aquellos sujetos al Procedimiento Concursal de Liquidación y existentes en su patrimonio a la época de la dictación de esta resolución, excluidos aquellos que la ley declare inembargables. Su administración pasará de pleno derecho al Liquidador.”

Luego, el artículo 276 de la Ley 20.720 dispone que: “Inembargabilidad. Sin perjuicio de lo dispuesto en el número 2º del artículo 445 del Código de Procedimiento Civil, sólo podrá embargarse la remuneración de la Persona Deudora hasta por tres meses después de dictada la resolución de liquidación de los bienes de la Persona Deudora.” La norma del artículo 445, por su parte, se refiere a los bienes que no son embargables, indicando entre ellos, las remuneraciones de los empleados y obreros.

En el mismo sentido, en artículo 129 N°6 de la Ley 20720 prescribe que: “Resolución de Liquidación. La Resolución de Liquidación contendrá, además de lo establecido en los artículos 169 y 170 del Código de Procedimiento Civil, lo siguiente:

6) La advertencia al público que no pague ni entregue mercaderías al Deudor, bajo pena de nulidad de los pagos y entregas, y la orden a las personas que tengan bienes o documentos pertenecientes al Deudor para que los pongan, dentro de tercero día, a disposición del Liquidador.

Asimismo, debe considerarse lo dispuesto en el artículo 8° de la Ley 20.720, que señala: “Exigibilidad. Las normas contenidas en leyes especiales prevalecerán sobre las disposiciones de esta ley.” Razón por la cual debe, entonces, recurrirse a lo preceptuado en el artículo 57 del Código del Trabajo, que refiere que las remuneraciones pueden embargarse en lo que excede a 56 unidades de fomento.

TERCERO: Que, dicho lo anterior, el recurrente plantea que el dinero que se encuentra depositado en la cuenta bancaria que mantenía con la parte recurrida, corresponde en parte a remuneración y en parte al retiro de fondos previsionales autorizado excepcionalmente, aspectos sobre los cuales el banco recurrido discute tanto su monto como su origen. Sobre la cuantía de los dineros, el recurrente adjuntó a su recurso la liquidación de pago de la remuneración del mes de agosto de 2020, la cual señala como líquido a pagar la suma de $617.077 y, por su parte, adjuntó comprobante de la AFP en relación al monto de retiro de fondos previsionales el que asciende a $2.503.087, antecedentes que demuestran que el monto de los dineros asciende a $3.148.845, que corresponde al monto informado por el banco recurrido como retenido y, también, que estos tienen su origen en la remuneración de la actora del mes de agosto del presente año y a el retiro del 10% de las cotizaciones previsionales de la misma.

CUARTO: Que, finalmente, se cuenta con el informe de la liquidadora concursal, quien indica, que esos dineros no son administrados por ella, en virtud del estatuto legal que los rige.

QUINTO: Que, en consideración a lo expuesto, cabe concluir que establecida la naturaleza de las sumas depositadas en la cuenta bancaria del actor, por un lado, remuneración que no excede a 56 UF, y por otro, ahorros previsionales provenientes del retiro autorizado por la Ley 21.248, es posible sostener que, pese a que el recurrente se encuentra atravesando un procedimiento concursal, no ha perdido la administración de esos dineros, razón por la cual la retención efectuada por la institución financiera se torna ilegal, en cuanto contraviene las disposiciones enunciadas en el motivo segundo, provocando una afectación del derecho de propiedad del actor, lo que justifica otorgar cautela constitucional a la situación constatada, por lo que la presente acción será acogida en los términos que se indicarán.

En efecto, según lo dispone el artículo 276 de la Ley 20.720, sólo son embargables las tres primeras remuneraciones de los trabajadores desde la dictación de la resolución de liquidación; sin perjuicio de ello, y en concordancia con lo establecido en el artículo 445 N°2 del Código de Procedimiento Civil y, a su vez, con el artículo 57 del Código del Trabajo, las remuneraciones sólo son embargables en aquella parte que superan las 56 UF, lo que en el presente caso no ocurre, por lo que no cabe más que concluir que la remuneración de que se trata es inembargable, y entonces, conforme lo dispone el artículo 130 de la Ley de insolvencia, el deudor no pierde la administración de aquellos bienes que la ley declara inembargables.

Asimismo, y en lo que se refiere al monto del ahorro previsional retirado por la recurrente y retenido por el banco recurrido, conforme dispone el artículo único de la Ley 21.248, “Los fondos retirados se considerarán extraordinariamente intangibles para todo efecto legal, y no serán objeto de retención, descuento, compensación legal o contractual, embargo o cualquier forma de afectación judicial o administrativa, ni podrá rebajarse del monto ya decretado de la compensación económica en el juicio de divorcio, sin perjuicio de las deudas originadas por obligaciones alimentarias.”, por lo que, igualmente, resultan inembargables y quedan también dentro de la administración del deudor sujeto a liquidación concursal.

SEXTO: Que, atendido lo señalado precedentemente y, teniendo en especial consideración lo que dispone el artículo 8° de la Ley 20.720, en cuanto las normas contenidas en leyes especiales prevalecen a ese cuerpo normativo, no cabe más que acoger la presente acción constitucional, por haberse acreditado que los fondos retenidos por el banco recurrido corresponden a bienes inembargables que permanecen bajo la administración del deudor.

Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se acoge el recurso intentado por nombre reservado, en consecuencia, BANCO DE CHILE, en coordinación con la Liquidadora concursal titular, doña nombre reservado, deberá hacer entrega de los dineros retenidos al recurrente, que ascienden a la suma de $3.148.845, sin costas por no haberse solicitado y por haber litigado el recurrido con motivo plausible.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol Corte N° 11449-2020 Protección.-