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Derecho público chileno

ProtecciónRol N° 1142-20239 ago 2023

nombre reservado con CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR DE LOS ANDES

Fecha
9 de agosto de 2023
Corte
Corte de Apelaciones de Rancagua
Sala
Segunda
Resultado
Acogida
Cita
Corte de Apelaciones de Rancagua, Rol N° 1142-2023, sentencia de 9 de agosto de 2023

Resumen

Se acoge la protección y se ordena a la Caja cesar los descuentos y restituirlos, por ser arbitrario e injustificado aplicar el artículo 22 de la Ley N° 18.833 tras acelerar el crédito por demanda ejecutiva.

Texto íntegro

C.A. de Rancagua Rancagua nueve de agosto de dos mil veintitrés VISTOS:

Con fecha 10 de abril del año 2023, comparece don Mario Espinosa Valderrama, abogado en representación de don nombre reservado, trabajador dependiente, cédula de identidad número RUT reservado, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, y viene en deducir recurso de protección en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, R.U.T RUT reservado, representada legalmente por don nombre reservado, desconoce profesión u oficio, con domicilio en domicilio reservado, en virtud de los fundamentos de hecho y derecho que en su presentación expuso.

Señala que con fecha 2 de junio del año 2020, suscribió pagaré Nº 011CON102794957, a favor de la recurrida, por la suma de $4.142.314, por concepto de capital, más los intereses correspondientes, que sería pagado en 48 cuotas mensuales, iguales y sucesivas de $132.928, venciendo la primera de ellas el 31 de agosto de 2020. Asimismo, en el referido pagaré se estipuló que, el simple retardo en el pago íntegro y oportuno de todo o parte de una de las cuotas en la época pactada para ello, permitiría exigir la solución íntegra de la suma debida, considerándose la obligación de plazo vencido, capitalizando los intereses devengados y no pagados. Igualmente, pactó la facultad al empleador de aquel momento o empleadores futuros, entidades pagadoras de pensión y pagadoras de subsidio de incapacidad laboral, para descontar del pago de emolumentos mensuales o subsidios de cesantía, los dividendos correspondientes al referido crédito.

Señala que es del caso que su representado perdió su única fuente de ingresos, terminando la relación laboral con su empleador, y al quedar sin trabajo vio enormemente perjudicada su situación económica, cayendo en mora respecto del referido pagaré a partir de la cuota con vencimiento de fecha 31 de agosto de 2020. Es en razón de lo anteriormente señalado que la recurrida demando ejecutivamente, específicamente el 31 de marzo de 2022, iniciándose la causa Rol C-1273-2022, tramitada ante el 2° Juzgado Civil de Rancagua, causa que se encuentra notificada y actualmente archivada.

Agrega que en el mes de diciembre del año 2022 el recurrente logró obtener un empleo bajo la dependencia de Massai Agricutural Services S.A., es así como comenzó a trabajar con la legítima expectativa de percibir sus remuneraciones de manera íntegra y previsible, de acuerdo a lo pactado con su nuevo empleador. No obstante, existir una demanda ejecutiva en curso, al momento de recibir su liquidación de sueldo correspondiente al mes de marzo de 2023, se percató que esta es considerablemente menor. Al analizar el detalle de la misma, constató que existe un cobro a favor de La Caja de Compensación Los Andes, por la suma total de $172.592, por concepto “Crédito Social Caja Andes”, tal como indica el documento aparejado en el otrosí de su presentación.

Afirma que a fin de determinar desde cuándo le estaban efectuando estos descuentos, decide solicitar su liquidación de febrero de 2023, percatándose en aquella oportunidad que la recurrida también había efectuado descuentos por planilla por el mismo monto, dineros que fueron injusta y arbitrariamente descontados de su sueldo y sin mediar aviso alguno.

Arguye que su representado jamás fue informado previamente por ningún medio respecto de la decisión unilateral de la recurrida de ejecutar el abusivo e inoportuno descuento que finalmente ordenó a su empleador. Es por esta razón que nunca tuvo elementos, ni información de ninguna clase o especie que le permitieran prever una afectación de tal magnitud en su remuneración mensual. Lo anterior, especialmente considerando que la Caja de Compensación Los Andes, por voluntad propia, había judicializado el cobro de la deuda con anterioridad al descuento que por este acto se alega.

Concluye indicando que como se desprende de lo anteriormente señalado, el actuar de la recurrida es un acto arbitrario, antojadizo e ilegal, que carece de fundamento alguno, tanto en su realización como en el monto que ordenó retener al empleador del recurrente y reviste un abuso de los preceptos legales que regulan el funcionamiento de estas entidades respecto al cobro oportuno de los créditos sociales, descontando una proporción estructural de su remuneración liquida, de manera absolutamente forzada, intempestiva y en contra de su voluntad, sin entregar ninguna información previa al recurrente ni a su empleador.

Previas citas legales solicita tener por interpuesto recurso de protección acogerlo y, en definitiva, lo acoja adoptando las medidas necesarias para el restablecimiento del imperio del derecho, ordenando:

I. Cesar todo tipo de retención o descuento en la remuneración del recurrente.

II. Restituir al recurrente los descuentos efectuados, así como también los que puedan llevar a efectuarse durante la tramitación de la presente acción.

III. Condenar en costas a la recurrida Por su parte y con fecha 26 de abril del año 2023, comparece la recurrida y procedió a evacuar el respectivo informe indicando que con fecha 2 de junio 2020, otorgó al recurrente la operación de crédito código N° 011CON102794957 por un capital inicial de $4.142.314.-, a una tasa de Interés de 1.79%, pagadero en un plazo de 48 meses, con una cuota mensual de $132.928, cuyo primer vencimiento correspondió al 31 de agosto 2020. Las cuotas de los meses de agosto y septiembre 2020, fueron pagadas correctamente en los plazos establecidos. Las cuotas de los meses de octubre a diciembre 2020, fueron diferidas a posterior de la última cuota pactada. Las cuotas de los meses de enero abril 2021, fueron pagadas correctamente dentro de los plazos establecidos. Las cuotas de los meses de mayo a julio 2021, fueron diferidas a posterior de la última cuota pactada. Las cuotas de los meses de agosto y septiembre 2021, fueron pagadas con atraso con fecha 10 de marzo y 10 de abril 2023. A la fecha, la presente operación de crédito se encuentra en cobranza judicial, manteniendo en estado moroso las cuotas de los meses de octubre 2021 a febrero 2023. La causa se encuentra archivada.

Afirma que en la especie se está frente a un crédito plenamente vigente, actualmente exigible y cuya acción de cobro no se encuentra prescrita, por lo que su recaudación de acuerdo al mecanismo establecido en el artículo 22 de la Ley N°18.833 es pertinente y oportuno.

Argumenta que los créditos otorgados por las Cajas de Compensación revisten un carácter social por expreso mandato del legislador, pues a diferencia de otros préstamos de dinero que pueden obtenerse en el sistema financiero, son otorgados por entidades de previsión social. Su carácter social no está dado por la finalidad que el deudor le otorga al dinero entregado, o el tipo de instrumento que hayan suscrito las partes, sino deriva de la naturaleza de la entidad que lo otorga, asi y en esta línea de razonamiento, el hecho que haya entablado una acción ejecutiva para el cobro del pagaré que garantiza el mutuo otorgado al recurrente, no la libera ni a su empleador, de la obligación legal de efectuar el descuento para el pago de las cuotas adeudadas, ello en atención al carácter imperativo del artículo 22 de la Ley 18.833.

A mayor abundamiento, afirma que el inicio de acciones judiciales para perseguir el cobro de lo adeudado no obedece a un mero capricho de la institución, ni mucho menos tiene que ver con un supuesto actuar de mala fe orientado a perseguir un doble cobro, sino que únicamente se debe al cabal cumplimiento de la normativa legal y administrativa vigente, la cual se orienta al resguardo del Fondo Social, a partir del cual se financian los regímenes de prestaciones otorgadas por las Cajas de Compensación de Asignación Familiar. Por ende, mal puede la recurrente pretender evadir el pago las obligaciones que mantiene para con mi representada a través del ejercicio de una acción constitucional en circunstancias de que ni siquiera posee un derecho indubitado que obste su exigibilidad, el cual, en todo caso, debe ser discutido y declarado en la sede jurisdiccional correspondiente, en un juicio de lato conocimiento Concluye que esta sólo cometería un acto arbitrario e ilegal si informara deducciones a partir de créditos sociales en que se ha declarado la prescripción tanto de la acción cambiaria como aquella que emana del mutuo, acciones que son distintas e independientes y que tienen plazos de prescripción diversos, y que no se han sido declaradas en favor del recurrente de marras.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido por el constituyente como una acción de urgencia destinada a evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de acciones u omisiones arbitrarias o ilegales, que produzcan privación, perturbación o amenaza de alguna o algunas garantías constitucionales expresamente señaladas en la Constitución Política de la República, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección a quien pueda resultar afectado.

SEGUNDO: Que se dedujo recurso de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, atribuyéndole a ésta, como acto ilegal y arbitrario, el haber ordenado el descuento de cuotas de un crédito social de la remuneración del recurrente en el mes de marzo de 2023, en pago de cuotas atrasadas de un mutuo contratado por éste con la Caja en el mes de junio del año 2020, obligación respecto de la cual se presentó demanda de cobro ejecutivo ante el 2º Juzgado Civil de Rancagua.

TERCERO: Que en su informe la recurrida reconoció lo señalado por la parte recurrente, tanto respecto de haber efectuado el descuento cuestionado por la recurrente, esgrimiendo que tal conducta fue ejecutada utilizando un mecanismo autorizado por el artículo 22 de la Ley Nº 18.833, como haber iniciado la causa ejecutiva, la que en todo caso se encontraba archivada.

CUARTO: Que de los antecedentes y de la revisión virtual de la causa Rol C-1273-2022 Civil, del 2º Juzgado Civil de Rancagua, se desprende que la recurrida, con fecha 21 de marzo de 2022, dedujo demanda ejecutiva para el cobro del saldo insoluto de la deuda del recurrente, oportunidad en la cual ejerció su derecho de hacer caducar los plazos pendientes, optando por el cobro total de su crédito, mediante la aceleración de éste, por lo que no cabe si no concluir que han desaparecido las cuotas originalmente pactadas, mismas que ahora pretende hacer efectivas, contraviniendo sus propios actos, usando así indebidamente el procedimiento especialísimo y de excepción contenido en la Ley Nº 18.833.

QUINTO: Que, en tal orden de ideas, es posible concluir que el acto cuestionado resulta caprichoso e injustificado, al revivir y forzar de manera unilateral un beneficio que el artículo 22 de la Ley Nº 18.833 concede a las Cajas de Compensación para cobrar oportunamente los créditos sociales que otorgan, toda vez que en la especie resultaba improcedente, considerando la acción ejecutiva iniciada por la recurrida para cobrar el crédito discutido a través de esta acción, de manera previa al descuento alegado por el recurrente.

SEXTO: Que, por todo lo anterior, dado que la actuación arbitraria e ilegal de la recurrida ha afectado el derecho de propiedad del recurrente respecto de sus remuneraciones sobre las cuales recaen los descuentos indebidos, corresponde acoger el recurso de protección para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

Y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se acoge el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado, cédula de identidad número RUT reservado, en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, ordenándose a esta última cesar los descuentos efectuados sobre la remuneración del recurrente, y efectuar la restitución del dinero que eventualmente se hubiere descontado, dentro de quinto día de ejecutoriado el presente fallo, sin costas.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol I. Corte 1142-2023 Protección.

Se deja constancia que esta sentencia no reúne los presupuestos del Acta 44-2022 de la Excma. Corte Suprema para ser anonimizada.