SOCIEDAD ROCK DRILL LIMITADA con SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITADA

C.A Rancagua.

Rancagua, tres de septiembre de dos mil veintiuno.

VISTOS:

Con fecha 11 de junio de 2021, comparece Roberto Arias Acuña, abogado, en representación judicial de la SOCIEDAD ROCK DRILL LIMITADA, del giro de su denominación, representada legalmente por don nombre reservado, empresario, todos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en contra de VECTORIAL MINERIA SpA, representada por nombre reservado, ignoro profesión, ambos con domicilio en domicilio reservado, Región Metropolitana de Santiago, y/o Los Abedules Nº805, La Serena, y en contra de DICOM EQUIFAX LTDA., representada por nombre reservado, ignoro profesión u oficio, ambos con domicilio en domicilio reservado.

Señala que el 31 de mayo de 2021 se solicitó a EQUIFAX el denominado Informe Empresarial 360°, donde aparecía informada con morosidad la factura electrónica N°3, emitida por Vectorial Minería SpA, con fecha 9 de noviembre de 2018, por la suma de $ 56.723.350.- IVA incluido, por concepto de Arriendo Jumbo Autónomo Mine Master meses de agosto, septiembre y octubre y proporcional mes de noviembre hasta el 30/11.

Indica que es efectivo que arrendó entre los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2018 a la recurrida la maquinaria y que se emitió la factura N° 3, procediendo la parte a informar esa deuda el 16 de abril de 202, siendo incluida en el sistema de predictor empresarial, con mala calificación. Dicha factura está pagada, nada se le debe, de hecho nunca ha sido demandada, y pese a ello quedó como deudora en el boletín.

Refiere que su parte no ha dado autorización alguna para que se publiquen sus datos por la empresa Dicom de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la ley 19.628, sobre tratamiento de datos personales, por ende dicha publicación es ilegal, tal como lo ha sostenido la Corte Suprema en el Rol 961-2018. Además, la información publicada de acuerdo al artículo 9 de la ley 19.628, debe ser veraz y cierta, lo que no acontece en este caso.

Finaliza señalando que esta situación ha provocado la vulneración de las garantías constitucionales establecidas en los numerales 3 inciso quinto y 21 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, correspondientes al derecho a no ser juzgado por comisiones especiales, ya que es un tribunal el que debe decidir si el dinero se debe o no, no así la empresa administradora de datos personales, y el derecho a desarrollar cualquier actividad económica, ya que con esta anotación se ha visto impedida de acceder a distintos beneficios.

Pide que se disponga su retiro inmediato de la base de datos de la recurrida, como empresa morosa, restableciendo así el imperio de derecho quebrantado.

Acompaña certificado de Equifax, la factura objeto del recurso emitida el 9 de noviembre de 2018, fallo Corte Suprema.

Con fecha 8 de julio de 2021 evacúa informe nombre reservado en representación, por Servicios Equifax Chile Limitada, quien pide el rechazo del recurso, con costas.

Indica que el aportante es el único responsable de la exactitud de la información proporcionada, quien además debe informar a Equifax, en el instante que ello ocurra, los pagos y regularizaciones de los registros, utilizando el portal BED, liberando a su parte de responsabilidad derivada del ingreso de datos inexactos, inexistentes, incompletos, erróneos o caducos.

Sin perjuicio de lo anterior, su parte procedió a requerir la información de respaldo al aportante responsable de la publicación nombre reservado, quien envió la documentación, y realizada su revisión se constata, al menos formalmente, que son suficientes para mantener la publicación vigente ya que tienen fundamento legítimo. Esos antecedentes corresponden a la factura y registro de aceptación o reclamo de un DTE del Servicio de Impuestos Internos, factura que no fue reclamada dentro del plazo legal de 8 días establecido en la Ley 19.983, por lo que se encuentra irrevocablemente aceptada. Respecto al pago indicado por la recurrente, no se acompaña antecedente alguno que acredite dicha circunstancia y efectuadas las consultas correspondientes, el aportante indicó que el documento publicado aún se encuentra pendiente de pago, tal como se puede apreciar en la respuesta que se adjunta.

Refiere que Equifax no está obligada a realizar un análisis previo de los antecedentes comerciales que publica, como un examen de razonabilidad de la deuda, pues esta obligación no recae en quien la publica sino en quien la informa para que sea Publicada, así lo ha resuelto la jurisprudencia. Además la Ley 19.628 sobre Protección de la Vida Privada es inaplicable a personas jurídicas al tenor de lo dispuesto en el artículo segundo de la Ley 19.628, literal f), define Datos de Carácter Personal como “los relativos a cualquier información concerniente a personas naturales, identificadas o identificables”.

Finaliza señalando que no existe un derecho indubitado ya que efectivamente existe una deuda entre las partes, no habiendo acreditado el recurrente de forma fehaciente su cumplimiento o extinción, por lo que su parte ha actuado conforme a la normativa, sin que exista ninguna actuación ilegal o arbitraria de su parte.

Acompaña informe Equifax actualizado y copia de respaldos enviados por el aportante de la publicación, en el que señala que la factura está pendiente de pago.

Con fecha 24 de agosto de 2021 evacúa el informe nombre reservado, en representación de nombre reservado. Señala que el 9 de noviembre de 2018 se emitió la Factura N°3 a la Sociedad Rock Drill Ltda., por arriendo de jumbo autónomo marca Mine Master, de los meses de agosto, septiembre, octubre y proporcional de noviembre, por $56.723.350, el impuesto correspondiente está cancelado, no registrando ante el servicio de impuestos internos eventos de aceptación o reclamo, no siendo reclamada por el receptor dentro del plazo de 8 días, por lo que de acuerdo a la Ley 19.983, se entiende que ha sido irrevocablemente aceptada, presumiéndose que los servicios han sido prestados.

Acompaña la factura, el pago de impuestos del mes de noviembre de 2018 y el certificado del Servicio de Impuestos Internos.

Se trajeron los autos en relación.

Considerando:

PRIMERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposiciones enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbare ese ejercicio. Surge de lo transcrito, que es requisito sine qua non para que pueda prosperar la mentada acción cautelar que exista un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o bien, arbitrario, entendiéndose por tal aquél que es fruto del mero capricho de quien lo ejecuta o incurre en él, acto u omisión que debe provocar, además, alguna de las situaciones ya indicadas y que afecte una o más de las garantías constitucionales protegidas.

SEGUNDO: Que en la especie, la recurrente denuncia que se procedió a informar en el boletín comercial una morosidad derivada de la factura electrónica N°3, emitida por Vectorial Minería SpA, con fecha 9 de noviembre de 2018, por la suma de $ 56.723.350, documento que se encontraría pagado. Por su parte, la empresa recurrida nombre reservado, en un correo electrónico enviado a Equifax señala que la misma no se encuentra solucionada, sino pendiente de pago, y en el informe señala que el impuesto correspondiente está cancelado, no registrando ante el servicio de impuestos internos eventos de aceptación o reclamo, no siendo reclamada por el receptor dentro del plazo de 8 días, por lo que de acuerdo a la Ley 19.983, se entiende que ha sido irrevocablemente aceptada, presumiéndose que los servicios han sido prestados.

Equifax, por su parte, señala que el aportante es el único responsable de la exactitud de la información proporcionada, quien además debe informar a su parte en el instante que ello ocurra, los pagos y regularizaciones de los registros, utilizando el portal BED, liberando a su parte de responsabilidad derivada del ingreso de datos inexactos, inexistentes, incompletos, erróneos o caducos.

TERCERO: Que, puede señalarse que de las presentaciones de la parte recurrente y recurridas de autos, es dable concluir que los hechos que motivan la presente acción y cuya protección se reclama no tienen el carácter de indubitados, ya que -como se dijo- la recurrida negó enfáticamente que la acción que se le atribuye sea ilegal y arbitraria, pues afirma que la publicación en el boletín comercial se debió a que la recurrente no cumplió con el pago de la obligación adeudada a su representada derivada de una factura impaga, por lo que la presente acción carece de un requisito esencial para prosperar, ya que la situación fáctica invocada por la recurrente no aparece determinada como un hecho preexistente y libre de controversia, sino que negada y discutida por la recurrida, no siendo esta acción cautelar una instancia para aclarar, constituir o declarar derechos, sino que para proteger derechos no discutidos, cuestión que en la especie no ocurre, teniendo presente, además, que existe un procedimiento especial contemplado en la Ley 19.628 para reclamar de las anotaciones injustificadas o inexistentes.

Cuarto: Que, además, no puede tampoco ordenarse a Equifax eliminar toda registro o publicación de la deuda que mantiene el recurrido, dado que esta empresa sólo ha dado cumplimiento a la legislación vigente, cuestiones todas por lo que la presente acción debe ser necesariamente desestimada.

Y visto lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso de protección deducido, sin costas.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol Ingreso Corte N° 11.338-2021. Protección.