Protección contra Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez

C.A. Rancagua Rancagua, diez de febrero de dos mil veintiséis.

Vistos:

Con fecha 10 de julio de 2025 comparece la abogada Claudia Lemarie Acosta, en representación de nombre reservado, quien deduce recurso de protección en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) y de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), denunciando como ilegal y arbitrario el rechazo de la licencia médica N°NUM000, por 21 días desde el 7 de mayo de 2025, y la consecuente negativa al pago del subsidio por incapacidad laboral, lo que, a su juicio, vulnera las garantías consagradas en el artículo 19 N°1, 2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que la recurrente padece trastorno de ansiedad generalizada, cuadro que se habría visto agravado con posterioridad a una cirugía por obstrucción intestinal practicada en julio de 2024, debiendo reincorporarse a una jornada laboral altamente exigente como conductora de camiones, con extensos horarios, escaso descanso y elevada carga de estrés. Señala que, a partir de febrero de 2025, comenzó a presentar sintomatología física y psíquica progresiva -cefaleas intensas, dolor abdominal, insomnio, crisis de pánico, alteraciones de la concentración y del ánimo- lo que motivó atención médica de urgencia, tratamiento farmacológico y la indicación de reposo laboral.

Indica que, con fecha 7 de mayo de 2025, se le extendió la licencia médica N°NUM000, por 21 días de reposo continuo, la que fue rechazada por COMPIN el 12 de mayo de 2025, bajo la causal de falta de justificación médica del reposo. Contra dicha decisión se reclamó ante la SUSESO, la que, mediante Resolución Exenta N°NUM001, de 13 de junio de 2025, confirmó el rechazo, fundándolo en la supuesta insuficiencia de los antecedentes médicos acompañados y en la ausencia de informes especializados adicionales.

Sostiene la recurrente que ambas decisiones carecen de una fundamentación suficiente y específica, omitiendo ponderar el informe del médico tratante que detalla una sintomatología grave con compromiso funcional relevante, y desconociendo, además, las limitaciones reales de acceso oportuno a atención especializada en el sistema público de salud.

Afirma que la negativa de las recurridas se sustenta en consideraciones genéricas y estandarizadas, sin explicar de qué manera los antecedentes médicos resultan insuficientes para justificar el reposo prescrito.

Alega que dicho proceder infringe el deber de fundamentación de los actos administrativos consagrado en el artículo 16 del Decreto Supremo N°3 de 1984 y en el artículo 41 de la Ley N°19.880, configurando un actuar arbitrario e ilegal. Añade que el rechazo de la licencia médica vulnera su derecho a la integridad física y psíquica, a la igualdad ante la ley y a la propiedad, en cuanto priva del subsidio legal asociado a la incapacidad laboral.

Finalmente, invoca la Ley N°21.331, sobre reconocimiento y protección de los derechos de las personas en la atención de salud mental, sosteniendo que la decisión impugnada desconoce el derecho a recibir un tratamiento adecuado, continuo y no discriminatorio, al desatender las indicaciones del equipo de salud tratante y forzar un eventual reintegro laboral en un contexto de inestabilidad clínica.

Solicita, en definitiva, que se acoja el recurso, se declare la ilegalidad y arbitrariedad de los actos recurridos, se ordene aprobar la licencia médica cuestionada y se disponga el pago del correspondiente subsidio por incapacidad laboral.

Con fecha 5 de agosto de 2025 comparece el abogado Tomás Garro Gómez, en representación de la Superintendencia de Seguridad Social, evacuando el informe requerido.

Como cuestión previa, alega la extemporaneidad del recurso, sosteniendo que la actora tuvo conocimiento cierto del rechazo, a más tardar, el 8 de junio de 2025, fecha en que reclamó ante la SUSESO contra lo decidido por COMPIN, iniciándose desde entonces el plazo fatal de 30 días corridos previsto en el Auto Acordado sobre tramitación del recurso de protección, el que se encontraba vencido al momento de interponerse la presente acción. Añade que la declaración de admisibilidad no impide que se declare dicha falta de oportunidad con los antecedentes aportados por esa parte. Cita, en apoyo, jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema -en particular, fallo de 26 de febrero de 2025, dictado en recurso Rol 4796-2024-, en que se contabiliza el plazo desde el conocimiento efectivo del acto impugnado.

En subsidio, informa sobre el fondo, distinguiendo entre el rol de COMPIN, como organismo administrador competente para autorizar, modificar o rechazar licencias médicas de cotizantes FONASA conforme al DFL N°1 de 2005 y al DS N°3 de 1984, y el de la SUSESO, como organismo técnico fiscalizador que conoce los reclamos deducidos contra lo resuelto por aquella, en virtud de la Ley N°16.395.

Señala que, para resolver el reclamo administrativo, SUSESO recabó antecedentes remitidos por la COMPIN, incluyendo historial y cartola médica, y que, previo análisis por profesionales médicos, concluyó que el reposo prescrito en la licencia médica N°NUM000 no se encontraba justificado, considerando, entre otros elementos, el tiempo de reposo ya autorizado y la insuficiencia de informes complementarios que permitieran acreditar un compromiso funcional de entidad, razón por la cual confirmó el rechazo mediante la resolución impugnada.

Sostiene que no existe ilegalidad ni arbitrariedad en la actuación de su representada, por haberse pronunciado dentro de su competencia y sobre la base de los antecedentes médicos disponibles, agregando que, al no contar la actora con una licencia médica autorizada, no nace el derecho al subsidio por incapacidad laboral, por lo que no existiría derecho indubitado susceptible de cautela vía protección, ni afectación de garantías constitucionales. Añade, además, que la materia se inserta en el ámbito de la seguridad social, la que no se encuentra amparada por la enumeración taxativa del artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Concluye solicitando el rechazo del recurso, con costas, tanto por su extemporaneidad como, en subsidio, por carecer de fundamento.

A la alegación de extemporaneidad se confiere traslado, el cual fue evacuado por la recurrente con fecha 13 de agosto de 2025.

En lo específico, señala que el recurso se dirige contra la Resolución Exenta N°NUM001, de 13 de junio de 2025, dictada por la Superintendencia de Seguridad Social, que confirmó el rechazo de la licencia médica por reposo no justificado, y que la acción fue interpuesta el 10 de julio de 2025, motivo por el cual concluye que se encuentra deducida dentro del plazo de 30 días contemplado en el Auto Acordado que regula la tramitación del recurso de protección.

En mérito de lo anterior, solicita rechazar la alegación de extemporaneidad y tener por evacuado el traslado conferido.

Acompañaron las partes los documentos que se encuentran agregados a la causa.

En su oportunidad, se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando: 1.- Que, el recurso de protección ha sido instituido por el constituyente como una acción de urgencia destinada a evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de acciones u omisiones arbitrarias o ilegales, que produzcan privación, perturbación o amenaza de alguna o algunas garantías constitucionales expresamente señaladas en la Constitución Política de la República, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección a quien pueda resultar afectado. 2.- Que, el acto ilegal y arbitrario que la actora reprocha de las instituciones recurridas es la resolución de rechazo adoptada por éstas respecto de la licencia médica N°NUM000, extendida por 21 días de reposo, a contar del 7 de mayo de 2025, fundada en la causal de reposo no justificado, decisión que, en su concepto, produce una grave vulneración a sus derechos consagrados en la Constitución Política de la República. 3.- Que, primeramente, y en referencia a la excepción de extemporaneidad de la acción, sin perjuicio de lo señalado por la Superintendencia recurrida, lo cierto es que el acto cuestionado por medio de la presente acción cautelar es el emitido el 28 de junio de 2025, por lo que habiéndose interpuesto la presente acción el día 10 de julio del año 2025, ésta se dedujo dentro del plazo establecido por el Auto Acordado que rige esta materia, lo que determina la improcedencia de la excepción incoada. 4.- Que, en cuanto al fondo, se ha de señalar que la conducta materia de esta acción no puede calificarse de ilegal, toda vez que el artículo 16° del Decreto Supremo 3/84 del Ministerio de Salud, establece que corresponde a la COMPIN, a la Unidad de Licencias Médicas o a la Isapre, en su caso, rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia.

Luego, el organismo recurrido dispone de la facultad legal de resolver acerca de la autorización de una licencia médica, por lo que sólo resta revisar, para los efectos de la presente acción, si existe arbitrariedad en la actuación reclamada. 5.- Que, en cuanto a la arbitrariedad, entendida ésta como la falta de justificación y razonabilidad en la decisión adoptada, debe señalarse que el propio artículo 16 antes citado, contempla la necesidad de justificar la decisión que se adopte, al disponer que deberá dejarse constancia de los fundamentos que se han tenido en consideración para adoptar alguna de las medidas que la norma contempla. 6.- Que, del análisis de la resolución impugnada, se constata que la Superintendencia recurrida determinó que el reposo no se encontraba justificado, conclusión a la que arribó basándose en que los antecedentes médicos y administrativos que se tuvieron a la vista no permiten establecer incapacidad laboral temporal más allá del periodo de reposo ya autorizado, el cual alcanzaba a 133 días, lo que en ausencia de elementos psicopatológicos de gravedad, se considera suficiente para la resolución del cuadro clínico y reintegro laboral.

Además, la resolución impugnada destaca que “la parte reclamante no aporta informe amplio y fundado emitido por psiquiatra inscrito en el Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud, que indique evolución cronológica del cuadro clínico y sintomatología que origine alto grado de compromiso funcional, detalle de ajustes realizados al plan de tratamiento durante el periodo de reposo cursado, evolución de escala de funcionalidad, pronóstico y plan de reintegro laboral; o informe médico amplio y fundado emitido por médico tratante, acompañado de copia de interconsulta a especialidad o certificado de lista de espera para hora de evaluación en la Red de Salud Pública.

Asimismo, no se acompaña informe de psicólogo (a) que dé cuenta acerca del número de sesiones efectuadas y detalle de las medidas psicoterapéuticas aplicadas o pendientes de ejecutar, durante el periodo de reposo laboral reclamado.” 7.- Que, así las cosas, se observa que la decisión adoptada no se sustenta en meras fórmulas genéricas o estandarizadas, sino que explicita de manera concreta los antecedentes clínicos considerados insuficientes y los elementos médicos que habrían resultado necesarios para justificar la extensión del reposo laboral, máxime si la licencia médica recurrida no fue emitida por un médico psiquiatra, especialidad directamente vinculada al diagnóstico de ansiedad generalizada invocado por la recurrente, ni se acompañó informe especializado que diera cuenta de la evolución cronológica del cuadro, grado de compromiso funcional, ajustes terapéuticos realizados, pronóstico y plan de reintegro laboral, circunstancia que fue debidamente ponderada por la autoridad recurrida al momento de resolver, motivo por el cual no se configura la arbitrariedad alegada. 8.- Que, en consecuencia, no se advierte que la COMPIN ni la Superintendencia hayan incurrido en una actuación u omisión ilegal o arbitraria, debiendo necesariamente rechazarse la acción impetrada.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve:

I.- Que, se rechaza, la excepción de extemporaneidad incoada por la Superintendencia recurrida.

II.- Que, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de doña nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol Ingreso Corte 1123-2025 Protección.