SALCAB CONSTRUCCIONES SPA con CAMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO A.G.

C.A. de Rancagua Rancagua, treinta de septiembre de dos mil veintiséis.

VISTOS:

Con fecha 19 de enero del año en curso, comparece don nombre reservado, en representación de Salcab Inversiones SpA, antes Salcab Construcciones SpA, quien deduce recurso de protección en contra de la Cámara de Comercio de Santiago A.G., en su calidad de administradora del Boletín Comercial y de la base de datos de morosidad financiero/comercial INFOCOM, denunciando como vulneradas las garantías contempladas en los numerales 4° y 21° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que el 11 de enero de 2026, la recurrente solicitó un informe empresarial a EQUIFAX, constatando que figuraban publicadas como morosas ocho facturas emitidas por PACHIMAQ SpA, números 347, 352, 363, 373, 385, 408, 417 y 423, por un monto total de $212.944.703. Sostiene que nunca otorgó su consentimiento o autorización expresa para la publicación de tales obligaciones, por lo que estima que su incorporación a los registros de morosidad contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley N°19.628.

Señala que el 13 de enero de 2026, formuló reclamo ante EQUIFAX solicitando la eliminación de las anotaciones, entidad que respondió el 15 de enero siguiente que la información cuestionada provenía de una base de datos perteneciente a la Cámara de Comercio de Santiago, por lo que debía dirigir su requerimiento a dicha institución. Añade que EQUIFAX recondujo la reclamación al Boletín Comercial y que, el 16 de enero de 2026, la Cámara de Comercio respondió que las facturas indicadas no figuraban en sus bases de datos.

Afirma que, no obstante lo anterior, ese mismo día obtuvo un Certificado Oficial de Antecedentes Comerciales emitido por la propia Cámara de Comercio de Santiago, en el cual sí aparecían registradas las ocho facturas cuestionadas como obligaciones vencidas y no pagadas en la base de datos INFOCOM. Por ello, sostiene que la recurrida habría entregado una respuesta contradictoria respecto de la existencia de tales anotaciones.

Agrega que la Cámara de Comercio habría actuado ilegalmente al publicar dichos antecedentes sin contar previamente con un documento que acreditara el consentimiento o voluntad de la recurrente para ello, exigencia que, a su juicio, deriva del inciso segundo del artículo 17 de la Ley N°19.628. Refiere, asimismo, que en una reunión sostenida con un agente zonal de la recurrida se le indicó que la Ley N°21.719 no ampararía a las personas jurídicas, posición que controvierte señalando que dicho cuerpo legal aún no se encontraba vigente y que la normativa aplicable era la Ley N°19.628.

Sostiene, además, que las anotaciones recaen sobre obligaciones que se encontrarían extinguidas por pago o solución total, o que serían inoponibles a la recurrente, de modo que su mantención en los registros de morosidad vulneraría su honra y prestigio comercial. En tal sentido, denuncia afectación de la garantía prevista en el artículo 19 N°4 de la Constitución Política de la República.

En cuanto al artículo 19 N°21 de la Carta Fundamental, afirma que la publicación de tales antecedentes afecta directamente el prestigio comercial de la sociedad y perturba el desarrollo de su actividad económica. Agrega que, tratándose de facturas que no revestirían las calidades previstas en el inciso primero del artículo 17 de la Ley N°19.628, su comunicación e incorporación a las bases de datos requeriría el consentimiento expreso del obligado al pago, autorización que sostiene no haber otorgado, invocando al efecto jurisprudencia de la Corte Suprema.

Finalmente, solicita que se acoja el recurso, con costas, y se ordene a la Cámara de Comercio de Santiago realizar las gestiones necesarias para eliminar de los registros de morosidad del Boletín Comercial e INFOCOM las ocho facturas individualizadas, debiendo informar a la recurrente y a la Corte el resultado de dicha gestión dentro del plazo de cinco días, todo ello, con costas.

A folio 9, comparece doña Paulina Sepúlveda Guerrero, abogada, en representación de la Cámara de Comercio de Santiago A.G., quien evacúa el informe requerido, solicitando el rechazo del recurso, con costas.

Expone que la Cámara de Comercio de Santiago no administra la base de datos DICOM, vinculada a EQUIFAX, y precisa que las publicaciones cuestionadas en INFOCOM fueron informadas a su representada por Foxtrot Innovaciones SpA, conocida comercialmente como CobranzaOnline.com, en virtud de un contrato celebrado entre ambas entidades.

Explica que la Cámara administra tanto el Boletín de Informaciones Comerciales como el Sistema de Morosidad Consolidada INFOCOM, este último destinado a consolidar información relativa a deudas o cuotas morosas de los sectores financiero y comercial. Añade que, conforme al contrato suscrito con Foxtrot, corresponde a esta última comunicar las deudas morosas de sus clientes y verificar que la información provenga de una fuente lícita, se encuentre vigente, no haya sido objeto de repactación, renegociación o novación y no haya transcurrido el plazo de cinco años desde su exigibilidad. Asimismo, Foxtrot debe informar cualquier circunstancia extintiva de la obligación, siendo responsable de que la información aportada sea actual, íntegra, exacta y conforme a la legislación vigente.

Sostiene que la controversia relativa a la existencia, vigencia o extinción de las obligaciones deriva de una relación comercial existente entre Salcab Construcciones SpA, Pachimaq SpA y Foxtrot Innovaciones SpA, de la cual la Cámara de Comercio no es parte, por lo que no le correspondería pronunciarse sobre el fondo de dicha relación.

En cuanto a la procedencia de la acción, afirma que no existe un acto ilegal o arbitrario atribuible a su representada. Alega, especialmente, que la Ley N°19.628 no resulta aplicable a la recurrente, por tratarse de una persona jurídica, desde que dicho cuerpo legal regula el tratamiento de datos personales relativos a personas naturales identificadas o identificables. Invoca al efecto jurisprudencia de la Corte Suprema que, según sostiene, ha reconocido expresamente que dicha normativa no ampara a personas jurídicas.

Añade que, tampoco existiría relación causal entre la afectación de garantías denunciada y una conducta de la Cámara de Comercio, puesto que las morosidades fueron comunicadas por Pachimaq SpA a través de Foxtrot, siendo esta última quien las informó a la recurrida para su publicación en INFOCOM.

Alega, además, la improcedencia del recurso atendida la existencia de otras vías jurisdiccionales para resolver la controversia. Señala que la discusión acerca de la existencia o extinción de las obligaciones requiere un procedimiento de lato conocimiento y que, aun si se estimara aplicable la Ley N°19.628, su artículo 16 contempla una acción especial destinada precisamente a discutir la procedencia de modificar, cancelar o bloquear datos, con posibilidad de rendir prueba y desarrollar un contradictorio.

Finalmente, sostiene que las ocho facturas se encontrarían irrevocablemente aceptadas en los términos de la Ley N°19.983, sin que hubieran sido reclamadas oportunamente, reiterando que no existe actuación ilegal o arbitraria ni afectación de las garantías constitucionales invocadas, por lo que solicita el rechazo íntegro de la acción, con costas.

En el primer otrosí, hace presente que, sin perjuicio de lo anterior, si la Corte lo estima necesario, accederá al bloqueo de las publicaciones hasta que se acredite fehacientemente el pago de las obligaciones o que la institución respectiva informe que las facturas han sido aclaradas.

A folio 11, comparece don Diego Vergara Infante, abogado, en representación de Foxtrot Innovaciones SPA, sociedad propietaria y administradora de la plataforma de gestión de cobranza extrajudicial denominada CobranzaOnline, quien evacúa el informe requerido.

Señala que CobranzaOnline presta servicios de cobranza extrajudicial a MiPyMes, realizando procesos automatizados de cobro, mediación entre acreedores y deudores, recepción de reclamos y, entre otras gestiones, la intermediación para la publicación de documentos morosos en boletines y bases de datos del sistema comercial y financiero, por cuenta de sus clientes.

Explica que, para utilizar la plataforma, los usuarios deben registrarse y aceptar expresamente sus términos y condiciones, asumiendo, entre otras obligaciones, la de proporcionar información verídica y cargar únicamente facturas que no hayan sido rechazadas. Agrega que, una vez ingresada una factura, ésta es validada mediante una interfaz conectada al Servicio de Impuestos Internos, verificándose su existencia, monto, fecha de emisión, vencimiento y que no haya sido rechazada.

En cuanto al caso concreto, refiere que Pachimaq SpA se registró en la plataforma el 27 de noviembre de 2024 y que, el 2 de enero de 2026, mandató a Foxtrot para gestionar el cobro de las facturas N°352, 363, 373, 385, 408 y 423, emitidas a Salcab Inversiones SpA, por un monto total de $196.612.752. Añade que ese mismo día también fueron ingresadas a cobranza las facturas N°347 y 417, las cuales fueron posteriormente pagadas los días 9 y 10 de marzo de 2026, respectivamente.

Señala que, pese a las validaciones efectuadas, la plataforma contempla un período de ocho días hábiles antes de publicar las facturas en los bancos de datos y burós de crédito, durante el cual se envían notificaciones al deudor y se le permite formular reclamos a través de un sistema de resolución de controversias en línea. Sostiene que la recurrente no formuló reclamo alguno por esa vía dentro de dicho plazo, razón por la cual se procedió a la publicación y difusión de las facturas informadas, con el objeto de obtener el pago de lo adeudado a Pachimaq.

Agrega que Salcab efectuó posteriormente un reclamo ante EQUIFAX, el cual fue derivado a la Cámara de Comercio de Santiago y luego a Foxtrot, oportunidad en que se solicitaron al acreedor los antecedentes relativos a la prestación de los servicios y los registros de aceptación o reclamo de las facturas ante el Servicio de Impuestos Internos. Afirma que, cada vez que la recurrente ha formulado reclamaciones por los canales dispuestos, el acreedor ha sostenido y acreditado la correcta emisión de los documentos y la prestación de los servicios que les sirven de fundamento.

En relación con la Cámara de Comercio de Santiago, explica que existe un contrato en cuya virtud Foxtrot puede comunicar, a través de INFOCOM, las deudas morosas ingresadas en su plataforma, siempre que no exista repactación, renegociación o novación; que la información provenga de una fuente lícita; que los datos no se encuentren caducos; y que no hayan transcurrido cinco años desde que la obligación se hizo exigible. Sostiene que las morosidades fueron informadas conforme a tales condiciones y a las instrucciones del acreedor.

En cuanto a la legalidad de las publicaciones, afirma que las facturas corresponden a obligaciones líquidas, vencidas y actualmente exigibles, provenientes de servicios efectivamente prestados y no objetados dentro de la oportunidad prevista en el artículo 3° de la Ley N°19.983. Controvierte, además, la aplicación de la Ley N°19.628 invocada por la recurrente, sosteniendo que dicha normativa protege datos personales de personas naturales y no resulta aplicable a personas jurídicas como Salcab. Invoca jurisprudencia de la Corte Suprema en apoyo de esa interpretación y concluye que, al no existir una norma que prohíba la publicación de morosidades comerciales de personas jurídicas, la comunicación de las facturas impagas sería lícita.

A folio 15, comparece don nombre reservado, en representación de Pachimaq SpA, quien evacúa el informe requerido.

Señala que, con fecha 2 de enero de 2026, contrató los servicios de Foxtrot Innovaciones SpA, CobranzaOnline, atendido que Salcab Construcciones SpA mantenía una deuda derivada de facturas impagas por un total de $212.943.703. Individualiza las facturas N°352, 363, 373, 385, 408, 423, 347 y 417, precisando que respecto de estas dos últimas existía un saldo de $16.330.951, posteriormente pagado el 9 de marzo de 2026, manteniéndose, según afirma, una deuda de $196.612.752.

Señala, que las facturas fueron emitidas por servicios de maquinaria correspondientes a seis excavadoras, solicitadas por el jefe de obra de Salcab, para trabajos de limpieza de canales y construcción de paredes de hormigón ejecutados en distintos proyectos ubicados, entre otros lugares, en Las Cabras, Machalí, Linares, Nancagua y Santa Cruz, facturándose dichas labores de manera quincenal.

Finalmente, solicita tener por evacuado el informe, haciendo presente que los antecedentes expuestos sirvieron de fundamento a la solicitud de publicación de la morosidad y que, a su juicio, ésta se encuentra plenamente justificada.

En su oportunidad, se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

1° Que, el recurso de protección establecido en el artículo 20 de nuestra Carta Fundamental, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben estimar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, dificulte o amague ese ejercicio.

2° Que, la recurrente funda su acción en la publicación, en los registros de morosidad administrados por la Cámara de Comercio de Santiago, de ocho facturas emitidas por Pachimaq SpA, por un monto total de $212.944.703, sosteniendo que no prestó consentimiento para su incorporación a dichas bases de datos y que las obligaciones se encontrarían extinguidas por pago o solución total, o serían inoponibles a su respecto. Añade que, pese a que la recurrida le informó que las facturas no figuraban en sus registros, obtuvo un certificado emitido por la misma entidad en que sí aparecían incorporadas en INFOCOM, estimando que ello constituye un actuar ilegal y arbitrario que vulnera las garantías previstas en los numerales 4° y 21° del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Solicita, en consecuencia, que se ordene la eliminación de dichas anotaciones.

3° Que, al informar, la Cámara de Comercio de Santiago A.G. solicita el rechazo de la acción, señalando que las publicaciones cuestionadas fueron comunicadas por Foxtrot Innovaciones SpA, en virtud del contrato existente entre ambas entidades, correspondiendo a esta última verificar la licitud, vigencia y exactitud de la información aportada. Sostiene que la controversia acerca de la existencia o extinción de las obligaciones deriva de relaciones comerciales en las que no ha sido parte y que, además, la Ley N°19.628 no resulta aplicable a la recurrente por tratarse de una persona jurídica. Agrega que no existiría relación causal entre su actuación y la afectación denunciada y que la controversia debe ser ventilada en un procedimiento de lato conocimiento, reiterando que las facturas se encontrarían irrevocablemente aceptadas conforme a la Ley N°19.983.

4° Que, Foxtrot Innovaciones SpA, administradora de CobranzaOnline, informa que Pachimaq SpA le encomendó el cobro de las facturas cuestionadas, las que fueron sometidas a validaciones mediante información proveniente del Servicio de Impuestos Internos y, posteriormente, comunicadas a INFOCOM, una vez transcurrido el plazo dispuesto para que el deudor formulara reparos. Afirma que las facturas corresponden a obligaciones líquidas, vencidas y actualmente exigibles, derivadas de servicios efectivamente prestados y no objetados oportunamente, y sostiene, asimismo, que la Ley N°19.628 no resulta aplicable a personas jurídicas, por lo que estima lícita su publicación.

5° Que, por su parte, Pachimaq SpA informa que contrató los servicios de CobranzaOnline debido al incumplimiento de pago de Salcab Construcciones SpA respecto de las ocho facturas materia del recurso. Precisa que las facturas corresponden a servicios de maquinaria prestados mediante seis excavadoras en diversos proyectos ejecutados para la recurrente, sin que se pagaran los servicios, pese a diversas gestiones realizadas al efecto, por lo que estima plenamente justificada la solicitud de publicación de la morosidad.

6° Que, en cuanto a la infracción de la Ley N°19.628 invocada por el recurrente, cabe tener presente que la publicación cuestionada se encuentra referida a una persona jurídica, en circunstancias que el señalado cuerpo normativo, al definir los datos de carácter personal y al titular de éstos, los vincula expresamente a personas naturales. Tal circunstancia, que ha dado lugar a una interpretación jurisprudencial que excluye a las personas jurídicas del ámbito de protección establecido por dicho estatuto, impide tener por manifiesta, en esta sede cautelar, la ilegalidad que los recurrentes pretenden derivar de la sola falta de consentimiento, según lo dispuesto en el artículo 17 del mencionado cuerpo legal.

En todo caso, en estos autos no resulta necesario resolver en términos generales acerca del exacto alcance de dicha normativa respecto de las personas jurídicas, desde que los antecedentes de autos revelan la existencia de una controversia sustantiva acerca del origen, vigencia y exigibilidad de la obligación informada.

En efecto, la propia recurrente sostiene que las anotaciones cuestionadas recaerían sobre obligaciones extinguidas por pago o solución total, o que serían inoponibles a su respecto, mientras que los antecedentes aportados por quienes informaron en estos autos dan cuenta de una controversia sustancial precisamente acerca de la existencia, vigencia y exigibilidad de tales obligaciones.

7° De este modo, la controversia planteada no se reduce a constatar la mera existencia de una anotación comercial, sino que exige determinar si las obligaciones consignadas en las facturas existen actualmente, si fueron total o parcialmente satisfechas, si resultan oponibles a la recurrente y, en definitiva, si subsiste el crédito cuyo incumplimiento dio lugar a su publicación. Tales cuestiones aparecen directamente controvertidas por los antecedentes allegados al proceso y requieren un debate probatorio de mayor amplitud que aquel que permite la naturaleza cautelar, breve y sumaria de esta acción constitucional.

En estas condiciones, no resulta posible establecer en esta sede, con el grado de certeza exigible, que la recurrente sea titular de un derecho indubitado a obtener la eliminación de las publicaciones cuestionadas, pues ello supondría resolver previamente la controversia existente acerca de la subsistencia y exigibilidad de las obligaciones, materia propia de un procedimiento declarativo en que las partes puedan ejercer plenamente sus derechos de alegación y prueba, por lo que no queda más que rechazar el presente arbitrio.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección de garantías constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por Salcab Inversiones SpA, antes Salcab Construcciones SpA, en contra de la Cámara de Comercio de Santiago A.G.

Regístrese, notifíquese y archívese.

Rol Corte 112-2026 Protección.

Se deja constancia que esta sentencia no reúne los presupuestos para ser anonimizada de acuerdo a lo dispuesto en el Acta 44-2022 de la Excma. Corte Suprema.