RECURRENTE: VIÑA VIK LIMITADA. RECURRIDO: INSPECCION COMUNAL DEL TRABAJO DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA

Rancagua, primero de junio de dos mil dieciséis.

Vistos:

A fs. 15 compareció don Pedro Veas Paredes, abogado en representación de la empresa Viña Vik Limitada, ambos con domiciliado para estos efectos en domicilio reservado, quien recurre de protección en contra de la Dirección del Trabajo, Inspección Comunal del Trabajo de San Vicente de Tagua Tagua, representada por su Inspector Comunal, doña nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado.

Funda su acción en que mediante reconsideración administrativa presentada con fecha 31 de marzo de los corrientes conforme a los artículos 511 y 512 del Código del Trabajo, se solicitó reconsiderar y dejar sin efecto la multa N° 8344/2016/5, cursada por la fiscalizadora, reconsideración que se desestimó mediante Ordinario N° 226 de 13 de abril último, dictada por el Inspector Comunal de la recurrida, en el cual se informa que no se dio curso a la reconsideración de multa, por haberse presentado fuera de plazo legal de 30 días corridos, contados desde su notificación, esto es, del 29 de febrero de 2016, manteniéndose en definitiva la multa aplicada, pese a que fue deducida dentro de plazo, lo que constituye una actuación arbitraria e ilegal.

Manifiesta que la reconsideración fue interpuesta dentro del plazo, dado que con fecha 22 de febrero de 2016, la Inspección, dio por notificada la resolución de multa según consta en correo electrónico enviado por la propia recurrida. Además es indiscutida dado que consta en la propia resolución recurrida. Añade que para la notificación de dicha resolución, su parte se entendió notificada el 29 de febrero de 2016, por lo que conforme al artículo 508 y 512 del Código del Trabajo, el plazo para solicitar la reconsideración administrativa vencía el 12 de abril de 2016 por expresa remisión del artículo 25 de la ley 19.880 y la reconsideración se dedujo el día 31 de marzo de 2016, es decir, dentro del plazo de treinta días hábiles constados desde la notificación que fue practicada el 29 de febrero de 2016.

Refiere que en el año 2015, presentó un recurso de protección por los mismos hechos y que fue acogido por esta Corte.

Señala que se trata de un recurso de reconsideración presentado en la etapa administrativa, de manera que por no existir norma expresa que establezca lo contrario en el Código del Trabajo, debe aplicarse el artículo 25 de la ley 19.880, que se refiere al cómputo de los plazos del procedimiento administrativo, disposición que señala que estos son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos, toda vez que al existir un plazo especial, como es el contenido en la ley 19.880 respecto a los procedimientos administrativos, éste prima por sobre las normas de carácter general comprendidas en el Código Civil.

En consecuencia, la actuación de la recurrida constituye un acto ilegal, desde que se negó a dar tramitación a un recurso contemplado en la propia ley y que fue presentado dentro de plazo legal, afectando con ello la garantía de igualdad ante la ley contemplada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República.

Por lo expuesto, y luego de citar variada jurisprudencia, requiere se acoja el presente recurso y se deje sin efecto el Ordinario N° 226 de 13 de abril de 2016 dictada por la recurrida, que se le ordene a la recurrida conocer y resolver acerca de la reconsideración de multa administrativa N° 8344.2016.5 presentada y se dejen sin efecto los demás actos y resoluciones que puedan derivarse respecto del ordinario N° 226, con costas.

Acompaña documentación que se agrega al expediente.

A fs. 61 evacuó informe la recurrida, solicitando el rechazo en todas sus partes del recurso. Indica que con fecha 18 de febrero de 2016, se realizó una fiscalización a la empresa recurrente, constatándose una infracción a la legislación laboral, la cual derivó en la resolución de multa N° 8344/2016/5-1, notificada personalmente el 22 de febrero de 2016, y no por correo certificado como indica el actor. Luego, con fecha 31 de marzo, la recurrente dedujo recurso de reconsideración administrativa respecto de dicha multa.

Manifiesta que con fecha 13 de abril de 2016, mediante ordinario N° 226, se resolvió rechazar el recurso administrativo presentado por le empleadora, basado en que se presentó después de 30 días corridos a la notificación de la multa impuesta.

Sostiene que el plazo para solicitar la reconsideración administrativa vencía el 23 de marzo de 2016, que corresponde al plazo de 30 días corridos, por lo que el presentado lo fue fuera de plazo. Aquello conforme a la interpretación que debe darse al artículo 512 del Código del Trabajo, interpretación que ha sido la adoptada por distintos fallos de Cortes de Apelaciones, y por la jurisprudencia de la Contraloría General de la República, la cual le es vinculante.

Además alega la inexistencia de un derecho indubitado, que requerirá de un juicio de lato conocimiento, con etapas de discusión, prueba y recursos judiciales y sostiene que no ha sido transgredida ninguna garantía constitucional de la recurrida.

Termina señalando, que el servicio, ha considerado que se trata de un plazo de días corridos, fundado en criterios jurídicos y técnicos, y en el ejercicio de las facultades legales, por lo que no se trata de un acto arbitrario ni ilegal, requisitos básicos para la procedencia del recurso, por lo que solicita se declare inadmisible o se le rechace en todas sus partes, con costas.

Acompaña documentación que se agrega al expediente.

A fs. 53 se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

1° Que la recurrente por la presente acción requiere se deje sin efecto el Ordinario N° 226 de 13 de abril de 2016 dictada por la recurrida, que desestimó un recurso de reconsideración administrativa de multa, por haberse interpuesto fuera del plazo establecido en el artículo 512 del Código del Trabajo, lo que a su entender vulnera la garantía de igualdad ante la ley contemplada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, dado que el mismo fue presentado dentro del plazo del plazo legal, el que indica es de días hábiles y no corridos.

2° Que la entidad recurrida sostiene que el plazo para solicitar la reconsideración es de 30 días corridos, por lo que el presentado lo fue fuera de plazo. Aquello conforme a la interpretación que debe darse al referido artículo, interpretación que ha sido la adoptada por distintos fallos de Cortes de Apelaciones, y por la jurisprudencia de la Contraloría General de la República, la cual le es vinculante.

3º Que, tal como ha sido resuelto por esta Corte, para determinar la norma aplicable, ha de determinarse el procedimiento en que en que fue presentado el recurso de que se trata. En este caso, del texto de los artículos 511 a 513 resulta claro que se trata de un procedimiento de naturaleza administrativa, pues éste se sigue ante el Director del Trabajo y lo que se pretende es la modificación de una resolución dictada en uso de sus facultades fiscalizadoras y sancionadoras. En razón de ello, la norma aplicable para el cómputo del plazo, necesariamente debe ser aquella establecida respecto de los procedimientos administrativos.

4° Que, al respecto, el artículo 1° de la Ley 19.880 establece la aplicación supletoria a los procedimientos administrativos especiales, dentro de los que se encuentra aquel de autos. Además, el artículo 25 de dicha normativa, señala que el cómputo de los plazos es de días hábiles, entendiéndose como días inhábiles los sábados, domingos y festivos.

5° Que conforme a lo expuesto, el recurso de reconsideración interpuesto el día 31 de marzo de los corrientes, lo fue dentro del plazo de treinta días hábiles luego de la notificación de la resolución, realizada el 22 de febrero de 2016, acorde a lo exigido en el artículo 512 del Código del Trabajo, por lo que la negativa a darle curso, por parte de la Inspección del Trabajo de San Vicente, habiéndose deducido dentro de plazo, es ilegal y atenta contra la garantía constitucional de igualdad ante la ley, dado que constituye un trato arbitrario hacia el actor, como lo es la exigencia del cumplimiento de un plazo de días corridos no exigido en la ley, que no puede ser admisible.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE ACOGE el recurso de protección deducido a fojas 15, sólo en cuanto se deja sin efecto el Ordinario N° 226 de 13 de abril del año en curso, debiendo la recurrida admitir a tramitación el recurso de reconsideración planteado por el recurrente respecto de la Resolución de Multa 8344/2016/5-1 de 22 de febrero de 2016 Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol I. Corte 1119-2016-Protección.

Pronunciada por la Primera Sala de esta Corte de Apelaciones, integrada por los Ministros señores Emilio Elgueta Torres, Michel González Carvajal y Fiscal Judicial señor nombre reservado.

Hernán González Muñoz Secretario En Rancagua, a uno de junio de dos mil dieciséis, notifiqué por el estado diario la sentencia que antecede.