nombre reservado con CARABINEROS DE CHILE

Rancagua, diez de enero de dos mil veintitrés.

Vistos:

Con fecha 15 de julio de 2022, comparece nombre reservado, ex Cabo 2do de Carabineros, por si y en favor de nombre reservado y nombre reservado, todos con domicilio en domicilio reservado, región de Ñuble y deduce recurso de protección contra de la VI ZONA DE CARABINEROS, representada por su Jefe de Zona, General de Carabineros nombre reservado, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado. Cuevas número 670, ciudad de Rancagua, en virtud de los siguientes antecedentes:

Explica que, en la noche del 16 de julio del año 2019, fecha en la que se desempeñaba como funcionario de Carabineros de la Tercera Comisaría de Rancagua Oriente, fue de la jornada laboral y vestido de civil, concurrió junto a tres colegas a un establecimiento comercial, entre ellos los dos recurrentes, señores Leal y Muñoz.

Relata que a las 2:30 horas 17 de julio de 2019 se retiraron en el vehículo del capitán nombre reservado, quien les facilitó transporte para su regreso. Agrega que no consumió alcohol y debido a su poca experiencia en la conducción de vehículos automáticos, en una intersección frenó bruscamente a la orilla y con un fin preventivo fue por ayuda en la conducción o traslado del móvil, porque sus acompañantes no estaban en condiciones de conducir. Contactó un vehículo de transporte de pasajeros, Uber, que lo fue a buscar, dejando el automóvil y sus dos ocupantes con las llaves en su poder, las que fueron llevados a la unidad policial con el vehículo. Añade que al día siguiente concurrió a la comisaría, lo retuvieron, los sometieron a prueba respiratoria con equipo “intoxilyzer” y por ser sus superiores quienes lo reprimieron amenazando con una sanción administrativa, no se pudo resistir a un procedimiento denominado “sumario breve”, esto es un examen corporal de parte de otros funcionarios de grado superior para revisar su estado de salud y de temperancia, sin ser médicos y sin estar sometido a una fiscalización de tránsito en el momento. Indica que la prueba respiratoria arrojó 0.00 g/l de alcohol.

Menciona que lo mismo aconteció respecto de los otros actores, e indica que estas acciones, además de ser ilegales y arbitrarias y vulnerar garantías constitucionales, constituyen el delito de apremios ilegítimos del Código Penal, porque se inició, sin haber hecho grave, causal legal o reglamentaria, sumario bajo la Orden N°1470/1 de la misma fecha y le aplican la medida condicional de baja de las filas de la institución mediante una Resolución Exenta N° 81 de la misma fecha, de la Prefectura de Carabineros Cachapoal.

Explica el procedimiento administrativo en todo momento fue parcial, en la contestación de cargos de 13 de mayo de 2020 ofreció diligencias, entre ellas la declaración un testigo (conductor de Uber), que exculpa y destruye la mentira que levantó la administración para adoptar esas medidas de baja, pues fue la persona que concurre a buscarlo al cruce esa noche. También acompañó un pliego de preguntas, pero el 26 de febrero de 2021 la administración, invalida unilateralmente la instancia procesal que contenía la prueba ofrecida, sin ponderar o rechazarla en forma fundada, a pesar de la oposición de los intervinientes.

Menciona que la hipótesis de la administración aludía un supuesto accidente, por el cual se habría dado a la fuga, lo que habría sido observado por funcionarios de servicio que lo habrían alumbrado con linternas y ello no es efectivo. Además Carabineros de Rancagua dio cuenta al Juzgado respectivo de un supuesto abandono de un vehículo en la vía pública, pese a que en ese vehículo se encontraban sus dos pasajeros, los señores Leal y Muñoz, con las llaves en su poder; por lo que tal abandono no existe, al igual que el accidente del tránsito, el que es falso y que se utiliza a fin de sustentar un sumario improcedente y sanciones que se aplican.

Da cuenta de la existencia de un recurso de protección tramitado ante esta Corte, Rol N°12875-2021, en cuya virtud los recurridos se vieron obligados a dictaminar, sólo para aplicar una sanción de expulsión a los interesados.

Precisa que se tomaron vías de hecho en su contra y pretenden sostener con mentiras sus procesos, emitiendo al efecto el Dictamen N°12470/5 de fecha 03 de mayo de 2022, con mismos fundamentos no comprobados, que transcribe en su presentación y que rechaza el escrito de contestación de cargos que se presentó y confirma “la medida disciplinaria de baja de las filas de la institución por conducta mala y con efectos inmediatos”.

Destaca en su recurso que este dictamen le fue notificado el 16 de junio de este año, que el capitán nombre reservado presentó querella por falsificación ideológica de instrumento público y prevaricación administrativa en contra del recurrido ante el Juzgado de Garantía de esta ciudad y querella por delitos de injurias y calumnias y también la materia fue objeto de una acción de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago.

Conforme lo expuesto y dado los abusos que se generaron, desproporcionalidad al resolver la materia, sin arreglo a derecho, estima elevado el castigo, en cuanto queda sin empleo. Lo anterior porque hubo un trato distinto en comparación al que se daría cualquier otro administrado, transgrediendo también la Igualdad ante la ley y el debido proceso.

En cuanto a sus argumentos de derecho cita la LOC 18575, la Ley 19880, en sus artículos 3, 11, 41, en lo relativo al deber de fundar las resoluciones que se dicten, el respeto al principio de proporcionalidad y razonabilidad y señala que se han infringido los numerales 2, 3, 4 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República Pide como medida para el restablecimiento del imperio del derecho que se deje sin efecto el Dictamen N°12470/5 de 3 de mayo de 2022, ordenar su reintegro a las filas de la institución; el subsidio, disponer cualquier otra medida que estime necesaria la corte a la luz de los antecedentes expresado, con costas.

En un escrito posterior, de folio 5, y respecto de los otros dos recurrentes en cuyo favor comparece, aclaró que ellos jamás participaron en un accidente de tránsito, eran pasajeros del vehículo que conducía y también fueron sometidos a tratos denigrantes por parte de funcionarios de mayor jerarquía, por lo que también hubo conductas constitutivas de apremios ilegítimos, de ahí que recurre por ellos en la presente causa, y para tal efecto, transcribe en su presentación las sanciones disciplinarias aplicadas a su respecto.

La recurrida al evacuar su informe con fecha 12 de octubre del 2022, folio 22, luego de exponer los antecedentes del recurso, se refirió a la normativa aplicable al caso, que está contenida en la reglamentación que regula la tramitación de los sumarios administrativos se encuentra consagrada en el Reglamento N°15 sobre Procedimientos Disciplinarios, el que se establece en su artículo 5, las causales para instruir sumario, entre ellas, aquella contenida en el literal c), que guarda relación con la determinación del grado de responsabilidad en las faltas disciplinarias graves en que aparezcan involucrado el personal, siempre y cuando su culpabilidad y participación no esté estable sida por otros medios. También cita el Reglamento de Disciplina N°11, artículo 25 N°7, que establece las sanciones y su aplicación. También cita la Circular N° 1777 de 29 de abril de 2015 de la Subdirección General de Carabineros, que establece modificaciones al Reglamento de Disciplina y Reglamento de Sumarios Administrativo. En su numeral sexto se regulan las normas sobre los recursos, plazos y presentación.

Menciona la Orden General N° 1598 de 28 de septiembre de 2004, de la Subdirección General de Carabineros, que imparte instrucciones sobre faltas por intemperancia alcohólica, en actos de servicio o fuera de éste y consumo de alcohol al interior de los cuarteles, en su numeral 1 letra c) N°2, que establece la instrucción de un sumario breve.

En cuanto al sumario administrativo, menciona que se instruyó por la Fiscalía Administrativa de la Prefectura Cachapoal N°11 en el mes de febrero del año 2021, consta de tres tomos compuesto de 1316 hojas y un cuadernillo anexo de invalidación desde fojas 278 a 472. Expresa que, luego de una revisión por la Asesoría Jurídica del Mando Zonal de la época, dispuso invalidar ciertas piezas del expediente sumarial, lo que se materializó a través de la Resolución N°123 de 19 de febrero de 2021, que fue debidamente notificada.

Luego de ello, se notificó la vista fiscal, sus ampliaciones, y los involucrados ejercieron su derecho a contestar los cargos. El referido sumario fue dictaminado por el Jefe de Zona, en base a los elementos contenidos en las piezas sumariales, previo estudio y análisis de las contestaciones de cargo de los involucrados. De este modo, se resolvió en dicha instancia administrativa, mantener la separación del servicio al oficial subalterno involucrado y la baja a los PNI, entre otras medidas y se encuentran en instancia de apelación ante los superiores de la Jefatura de Zona.

En cuanto las alegaciones del recurso indica que carecen de análisis legal y reglamentario, puesto que no se menciona cual es la infracción que aconsejaría dejar sin efecto el dictamen y sólo se limita a dar cuenta de una relación de hechos que se repiten variadas presentaciones judiciales y administrativas, las que corresponden más bien a apreciaciones personales del recurrente, carentes de sustento fáctico y documental.

Destaca que la motivación del acto recurrido y la debida ponderación de las pruebas se encuentra contemplado en el considerando N°30 del respectivo dictamen, puntos 30.39 al 30.57. Agrega respecto del sumario breve, conforme la Orden General antes indicada , consiste “en el testimonio escrito del -2 testigos, del verdadero estado de intemperancia o temperancia en que es o ha sido sorprendida el inculpado y si se hallaba en actos de servicio fuera de este” y constituye una obligación de mando, por lo que en ningún caso puede ser considerado como un hecho vulneratorio de derechos, ni delito de apremios ilegítimos, además se trata de un acto administrativo conocido por todos los miembros de institución.

Considera que la acción de protección debe ser rechazada puesto que es el mismo recurrente el que en su ampliación de recurso reconoce que esta no es una instancia relativo a los procesos de los actos administrativo y, precisa que el verdadero motivo del presente recurso es una insatisfacción sobre la tramitación reglamentaria y sanciones propuestas que han sido producto del análisis de los medios de prueba incorporados en el sumario administrativo fundado en apreciaciones personales carentes de sustento En un acápite posterior y con relación a las garantías constitucionales, señala que no se logra evidenciar de qué modo el proceso y acto administrativos recurridos pueden generar afectación, puesto que los mismos han sido fundadamente emitidos, conforme a las normas vigentes al respecto y con estricto apego a las pruebas incorporadas y con respeto al debido proceso.

Particularmente destaca el hecho de estar separado del servicio y/o de baja de las filas de la institución, no es una privación del derecho de propiedad toda vez que conforme se desprende de lo establecido en el artículo 127 del Reglamento de Selección y Ascensos del Personal de Carabineros, la medida dispuesta tiene un evidente carácter condicional, pues queda sujeta al resultado del sumario administrativo respectivo. Por ello, no se trata de un castigo, sino que, de una hipótesis de separación condicional de la institución, en la que el derecho a percibir la remuneración cesa también condicionalmente. De otro modo, carecería de causa su pago que no es más que la retribución por el trabajo que el funcionario efectivamente realiza.

En este contexto, el ser separado de la institución como ocurre en el caso de autos, la medida disciplinaria aplicada produce la desvinculación inmediata de sus labores y se produce el cese condicional o la suspensión del pago de esa remuneración, la que, en caso que el sumario que se instruye no disponga o confirme la medida, restituye el funcionario en sus derechos y en el goce retroactivo de esas remuneraciones, de manera que la decisión de privar al recurrente de las mismas como consecuencia de la medida disciplinaria aparece revestida de fundamento legal y reglamentario.

Conforme el anterior concluye que no es posible atribuir a su parte un actuar ilegal o arbitrario puesto que los actos administrativos, junto con la disposición de sumario, se ejecutaron con estricta sujeción a lo dispuesto en la normativa antes citada, y en definitiva, los hechos que busca impugnar el recurrente no corresponden a verdaderos actos arbitrarios e legales, sino que más bien a un descontento respecto de las medidas administrativas adoptadas, careciendo así de sustento la presente acción constitucional; por lo que pide el recurso del recurso de protección con costas.

Por resolución de fecha 15 de diciembre de 2022, folio 38, se dispuso como trámite ofíciese a la VI Zona de Carabineros de Chile a fin de que informe –dentro del plazo de cinco días- respecto del estado procesal de los recursos deducidos en el sumario administrativo seguidos respecto de los recurrentes de autos, a saber, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado.

Consta el cumplimiento del trámite en el folio 40. La recurrida indicó que el estado procesal de los recursos deducidos en el sumario administrativo, corresponde a la etapa de revisión por parte de la Dirección Nacional de Orden y Seguridad de Carabineros, a fin de conocer y resolver la instancia administrativa, ante recurso jerárquico que fue presentado por los recurrentes.

En su oportunidad, se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

1° Que el recurso de protección tiene por objeto el restablecimiento del imperio del derecho de quien se vea privado, perturbado o amenazado en el ejercicio legítimo de alguna de las garantías contempladas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y es constitutivo de un instrumento cautelar destinado a resguardar de un modo urgente aquellas que estén amagadas para restablecer así el imperio del derecho.

2° Que, el acto impugnado por el recurrente consiste en el Dictamen N°12470/5 de fecha 3 de mayo de 2022, de la VI Zona de Carabineros de Rancagua, suscrito por nombre reservado, General de Carabineros, que aprueba la vista de fiscal, no da lugar al escrito de contestación de cargos del recurrente, confirma la medida disciplinaria de baja de las filas de la institución con efectos inmediatos y aplica las demás determinaciones que se indican en su parte resolutiva.

3° Que, tal como consta a folio 40, los recurrentes dedujeron recursos administrativos en contra del dictamen antes señalado, encontrándose pendiente de resolución el recurso jerárquico presentado ante la Dirección Nacional de Orden y Seguridad, a quien se le remitió con fecha 29 de octubre de 2022.

4° Que, para la correcta resolución del conflicto, y atendido el estado en que se halla el procedimiento administrativo materia de la presente acción, se debe tener presente que si bien la Excma. Corte Suprema ha sostenido que: “el recurso de protección resulta totalmente compatible con el ejercicio de cualquiera otra acción, jurisdiccional o administrativa, dirigida a enervar los efectos nocivos de un acto ilegal o arbitrario, compatibilidad que por su establecimiento de carácter constitucional prevalece respecto de cualquier intento legislativo que pretenda coartar el ejercicio de esta acción”, por lo que el artículo 54 de la Ley Nº 19.880 no impide que el afectado por la decisión impugnada pueda impetrar la protección constitucional, lo cierto es que si se ha interpuesto por el afectado un recurso administrativo en contra del acto impugnado y este se encuentra pendiente de resolución, el dictamen objeto d este recurso no tiene el carácter de acto terminal del procedimiento administrativo.

Por consiguiente, si bien la presente acción no es incompatible con el derecho a recurrir en instancias administrativas, tal como lo ha sostenido el máximo tribunal, por ejemplo en el Rol 5.123-2022, “si se ejercita la vía administrativa, debe esperarse el agotamiento de tal vía”.

5° Que, en consecuencia, no cabe sino concluir que la acción impetrada no puede prosperar desde que la actuación reprochada a la autoridad recurrida no se trata de un acto terminal que permita actualmente valorar, en el marco del control jurisdiccional de esta acción contenciosa administrativa, respecto de un acto firme de la administración, la concurrencia de alguna de las hipótesis de arbitrariedad o ilegalidad constitutiva de vulneración de garantía constitucional alegadas por el actor, razón por la cual corresponde desestimar el recurso interpuesto.

Por las anteriores consideraciones y lo dispuesto en las normas citadas, el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que rige la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado, por sí y en favor de nombre reservado y nombre reservado, en contra de la VI ZONA DE CARABINEROS, representada por su Jefe de Zona, General de Carabineros nombre reservado.

Regístrese, notifíquese, y archívese en su oportunidad.

Rol 11.141-2022 Protección.

Se deja constancia que esta sentencia no reúne los presupuestos para ser anonimizada, de acuerdo a lo dispuesto en el Acta 44-2020 de la Excma. Corte Suprema.