INMOBILIARIA E INVERSIONES AZUL CORDILLERA SPA con MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS

Rancagua, veinticuatro de noviembre del dos mil veintidós.

VISTOS:

Comparece con fecha 9 de julio don nombre reservado, R.U.N N° RUT reservado en representación de la Inmobiliaria e Inversiones Azul Cordillera SpA, persona jurídica de su denominación, RUT N° RUT reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, y para estos efectos en domicilio reservado, deduciendo recurso de protección en contra de la Directora de Obras de la Municipalidad de Las Cabras, doña nombre reservado, arquitecto, Run N°RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, Región del Libertador Bernardo O'Higgins, y en contra de la Ilustre Municipalidad De Las Cabras, persona jurídica de Derecho Público, RUT N° RUT reservado, representada legalmente por su Alcalde don Juan Pablo Flores Astorga, profesor, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, Región del Libertador Bernardo O´Higgins Funda el recurso, señalando que con fecha 09 de junio de 2022, se les notifico por escrito una “paralización de obra”, en la cual se lee como supuesto motivo, según OGUC 5.1.21, el de paralizar la obra de “construcción” que se estaría realizando en Las Quiscas S/N Rol 134-103: “sin permiso de obras de urbanización”.

Señala que es dueña del predio denominado Reserva Cora Número Tres del Proyecto de Parcelación El Tabón, ubicado en la comuna de Las Cabras, Provincia de Cachapoal Sexta Región, reserva que está constituida por cerros de aptitud forestal de una superficie aproximada de 308 hectáreas físicas. Este inmueble se encuentra inscrito a su nombre a fojas 422, número 510, en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Peumo correspondiente al año 2021, y tiene asignado el rol de avalúo Nº139-103 de la comuna de Las Cabras.

Menciona que el predio indicado, tenía la calificación de forestal, pues existe en él una plantación de eucaliptos que data de hace más de 50 años, y que cada 10 años, aproximadamente, se explotaba, con los planes de manejo respectivo de la CONAF, que además existe una red de caminos forestales interiores de la misma época de la plantación, que se usaron para plantar y luego para la explotación del eucalipto.

Expresa que dicho predio se subdividió en parcelas agrícolas y que, en el diseño de la subdivisión, se usaron los mismos caminos existentes. Que los trabajos que se desarrollan y que fueron paralizados, se refieren al ensanche de dichos caminos y la aplicación de una capa de maicillo que se extrae de allí mismo.

Explica que una vez que fue aprobada la subdivisión por parte del Servicio Agrícola Ganadero (SAG) de conformidad al Decreto Ley N° 3.516, se solicitó y se autorizó con posterioridad por parte de la Corporación Nacional forestal (CONAF), la desafectación del predio preferentemente forestal, comenzando solo después de aquello a realizar los ensanches indicados, aplicación de maicillo y las alcantarillas para las pasadas de aguas lluvia que antes no existían.

Expresa que, los trabajos de ensanche de los caminos existentes y la aplicación de maicillo, en ningún caso constituye una obra de construcción y menos de urbanización que requiera permiso municipal, siendo cuidadosos en cumplir con toda la legislación y normativa en su proyecto, por lo que la paralización notificada no tiene fundamento técnico ni legal, no sustentándose en resolución, decreto o acto administrativo formal alguno, dejando de esta forma sin trabajo a unas 15 personas habitantes de la comuna de Las Cabras.

Recalca que la actuación de la Directora de Obras Municipales (DOM) de Las Cabras, consistente en la entrega de una notificación no constituye una resolución propiamente tal, ya que resulta ser, como su nombre lo dice, una simple notificación, un simple acto de comunicación o conocimiento, es decir, una diligencia procesal adjetiva, pero no un acto administrativo formal que disponga o resuelva una cuestión de fondo, el que no existe, con lo cual lo obrado por la DOM de Las Cabras es una acción carente de causa y objeto, que, por no existir legal ni jurídicamente, afecta a su representada ya que le resulta imposible poder conocer y evaluar algún fundamento o razón que motivó la paralización de algo que tampoco existe.

Finalmente indica que con el obrar de los funcionarios de la Municipalidad de Las Cabras y de la directora de Obras Municipales ha afecta en grado las garantías constitucionales de la sociedad Inmobiliaria e Inversiones Azul Cordillera SpA, consagrada en los numerales 2, 3 y 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental.

Pide restablecer el imperio del derecho, adoptándose como medida directa, inmediata y urgente, el declarar ilegal y arbitraria el acto realizado, consistente en la “notificación” de fecha 09 de junio de 2022, en donde se les ordenaba la paralización de obra, a fin de restablecer el derecho quebrantado y conculcado en calidad de privación, con costas.

Con fecha 22 de agosto del presente, evacua el informe don PABLO FRANCISCO SAN MARTÍN CORNEJO, abogado, en representación de las recurridas Ilustre Municipalidad de Las Cabras y doña nombre reservado, Directora de Obras Municipales de la Ilustre Municipalidad de Las Cabras, solicitando su rechazo en todas sus partes por no configurarse los presupuestos constitucionales ni legales para su interposición, debiendo ser considerada como improcedente al no existir acto u omisión de la autoridad que pueda ser calificado de arbitrario o ilegal que atente en contra de alguna de las garantías consagradas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Señala en primer término que la acción constitucional de protección se encuentra dirigida incorrectamente en contra de la I. Municipalidad de Las Cabra, toda vez la potestad pública de emitir resoluciones por parte de la Directora de Obras Municipales en materia de paralización de obras tiene su fundamento autónomo y especialísimo en el artículo 146 de la Ley General de Urbanismo y Construcción, el cual prescribe que “el Director de Obras Municipales, mediante resolución fundada podrá ordenar la paralización de cualquier obra en los casos que hubiere lugar a ella”. Por tanto, dicha potestad pública tiene un amparo legal eminentemente técnico y distinto a los instrumentos señalados en el artículo 12 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, por lo que la acción constitucional de protección debió dirigirse exclusivamente en contra de la Directora de Obras Municipales y no en contra de la corporación edilicia.

En cuanto al fondo expresa que, la acción constitucional de protección se encuentra dirigida al acto que inicia el procedimiento administrativo mediante el denominado por la contraria “escrito de paralización de obra” de fecha 9 de junio de 2022, el cual tiene como motivo según OGUC 5.1.21 el de paralizar la obra de “construcción” que se estaría realizando en Las Quiscas S/N Rol Nº 134-103, sin permiso de urbanización.

Indica que, el recurrente nada dice del acto terminal del procedimiento administrativo, contenido en la Resolución Nº 4 de la Dirección de Obras Municipales, fechado el 19 de Julio de 2022, y notificado a la interesada mediante el procedimiento establecido en el 46 de la Ley Nº 19.880 sobre procedimiento administrativo, el cual se encuentra fundado en el Informe Técnico Nº 52, de fecha 9 de junio de 2022, el cual tuvo su origen justamente en la fiscalización realizada con igual fecha al predio de los recurridos.

Expresa que dicho acto terminal señala, que ha podido constatar, en visita de inspección realizada el día 9 de junio del 2022, la existencia de una serie de irregularidades e infracciones cometidas a la normativa urbanística en el Proyecto Inmobiliario de propiedad de la Inmobiliaria e Inversiones Azul Cordillera Spa, las que dicen relación con la ejecución de obras de construcción y urbanización sin contar con los permisos de edificación o urbanización que la Ley exige, y sin haberse constatado que dichos permisos hayan sido solicitados por su propietario y/o representantes, según lo exige la Ley.

Agrega que, el proyecto contempla procesos de subdivisión, urbanización y edificación en predios rústicos con fines residenciales y/o inmobiliarios, los que contemplan usos de suelo distintos a los que naturalmente corresponde a los predios en que se emplazan, y con ejecución de obras cuya regulación queda necesariamente sujeta a las disposiciones de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, y Normativa Urbanística en general, haciendo presente y transcribiendo lo establecido en los artículos 55 65, 116 y 134 de la LGUC.

Señala que, las obras de construcción y urbanización detectadas se han venido ejecutando en predios que son el resultado de aquel proceso de división que regla el artículo 1° del Decreto Ley N° 3.516, quedando en este sentido portanto, sujetos a las obligaciones que señala el artículo 55 de la ley en comento, en el evento que se verifiquen los supuestos que señala dicha norma, y quedando sujetos por ende, al régimen de permisos y autorizaciones que en él se señala.

Reitera que las normas sobre División de Predios Rústicos que autoriza el Decreto Ley N° 3.516 se agotan justamente en ello, esto es, en la división de los predios, que, por lo tanto, la ejecución de obras de construcción y/o urbanización en los predios resultantes, máxime cuando estas contemplan fines diversos al agrícola, ganadero y forestal, deberán hacerse bajo los supuestos excepcionales a que autoriza el artículo 55 en comento quedando sometidas al régimen de permisos y autorizaciones que son incluso más gravosos, por la naturaleza del suelo, lo que en la especie no acontece.

Expresa que en cuanto a lo constatado en terreno durante la visita de inspección realizada el día 9 de junio del 2022, no estamos ante una simple división de predios rústicos por el Decreto Ley N° 3.516, ni de la sola construcción de viviendas por parte de sus propietarios como podría argüirse, sino más bien se trata de la ejecución de obras de urbanización, emplazadas fuera del límite urbano, con fines manifiestamente residenciales y al margen de la planificación territorial, con oferta de una infraestructura completamente ajena a aquella que es necesaria para el desarrollo de actividades agrícolas, forestales o ganaderas, todo esto además, sin dar cumplimiento a los requisitos que, la Ley exige para tales efectos.

Adiciona que, se ha evidenciado la realización de Obras Urbanización referidas a la apertura de caminos interiores, mejoramiento y ensanche de caminos interiores, movimientos y escarpes de terreno, aperturas de acceso a parcelas resultantes de la subdivisión por Decreto Ley N° 3.516, acceso principal al proyecto inmobiliario, canalización de aguas lluvias en quebradas, intervención de quebradas, pozos profundos de agua potable, tala de especies nativas y, además, obras de construcción de viviendas, todo ello sin que conste haberse otorgado o solicitado permiso alguno a la Dirección de Obras Municipales. Todo lo cual fue plasmado en el informe Técnico Nº52, el que es fundamento del acto terminal del procedimiento administrativo, contenido en la Resolución Nº 4 del 19 de Julio de 2022, emitido por la Directora de Obras Municipales de la Ilute. Municipalidad de Las Cabras, y con el cual se concluye con el procedimiento iniciado en la visita de inspección realizada el 9 de junio de 2022, cuya notificación como acto inicial ha sido impugnada por la recurrente mediante el ejercicio de esta acción constitucional de protección, motivo por el cual el recurso debe ser rechazado.

Con fecha 13 de septiembre del 2022, la recurrida acompaña documentos consistentes en: a).- Informe técnico N° 52, de la Directora de Obras Municipales de la I. Municipalidad de Las Cabras, del 9 de Junio de 2022; b).- Resolución N° 4 del 19 de Julio de 2022, de la Directora de Obras Municipales de la I. Municipalidad de Las Cabras; c).- Boleta N° 3792, de citación al Juzgado de Policía Local del 19 de Julio de 2022; d).- Estampado de devolución de Correos de Chile, de carta certificada enviada a la recurrente; e).- Acta de notificación y entrega de la resolución e informe señalados en las letras a), b) y c) al representante legal de la recurrida; f).- Comprobante de envío por correo electrónico, de la Directora de Obras Municipales, del 21 de Julio de 2022; g).- Comprobante de recepción de la Resolución N° 4 del 19 de Julio de 2022, de la Directora de Obras Municipales de la I. Municipalidad de Las Cabras, a otras instituciones (SAG, Gobierno Regional, MINVU, CONAF, Dirección General de Aguas y Consejo de Defensa del Estado)

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección tiene por objeto el restablecimiento del imperio del derecho de quien se vea privado, perturbado o amenazado en el ejercicio legítimo de alguna de las garantías contempladas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y es constitutivo de un instrumento cautelar destinado a resguardar de un modo urgente aquellas que estén amagadas para restablecer así el imperio del derecho.

SEGUNDO: Que el acto que el recurrente considera arbitrario e ilegal, consiste en la notificación que le fuera efectuada con fecha 9 de junio del presente año, del acto de igual fecha que da inicio al procedimiento administrativo titulado “notificación de paralización de obra”, por medio de la cual, la Dirección de obras Municipales de la Ilustre Municipalidad de Las Cabras les ordena la paralización de las obras de construcción, que se estarían realizando en Las Quiscas S/N Rol 134-103, comuna de Las Cabras y cuyo fundamento sería el de no contar con permiso de obras de urbanización.

TERCERO: Que, por su parte el recurrido indica que ha actuado dentro del marco de sus atribuciones no vislumbrando una vulneración de garantías constitucionales, por las razones indicadas en la parte expositiva de esta sentencia.

CUARTO: Que, por consiguiente, resulta requisito indispensable de la acción de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil, o arbitrario, o sea, producto del mero capricho de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías preexistentes protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

QUINTO: Que el acto ilegal y arbitrario que se le atribuye a la recurrida consiste esencialmente en que ésta los habría notificado con fecha 9 de junio del presente año, de la paralización de las obras de construcción que se estarían realizando en Las Quiscas S/N de la localidad de Las Cabras y cuyo motivo sería el no contar con los permisos de obras de urbanización, sin embargo el artículo 146 de la Ley General de Urbanismo y Construcción contempla expresamente tal posibilidad, de manera que no constituye un actuar ilegal, además, supone que tal medida es el acto inicial del procedimiento y, la misma queda supeditada al resultado definitivo del mismo, es decir, la paralización de la obra decretada constituye un acto intermedio o de trámite, inmerso en un proceso administrativo y que apunta a que se pueda dictar a la postre el acto final o de término de dicho proceso administrativo.

SEXTO: Que de esta manera, al no tratarse de un acto final, el recurso de protección no puede prosperar teniendo presente además que a la fecha en que informó la recurrida ya se había dictado la Resolución N°4 de fecha 19 de julio del 2022, que constituye el acto terminal el que no ha sido objeto del presente recurso.

SEPTIMO: Que por otra parte, y sin perjuicio de lo ya dicho, de los antecedentes acompañados, especialmente de la documental aportada, queda claro que efectivamente se realizó una visita de inspección con fecha 9 de junio del 2022, por parte de la Dirección de Obras Municipales en el marco de las funciones que la Ley encomienda a las Municipalidades, como son las de velar por el cumplimiento de la Ley General de Urbanismo y Construcción y toda la normativa que dice relación con la planificación urbana, en donde se constató la existencia de irregularidades e infracciones cometidas a la normativa urbanística en el predio de propiedad de los recurrentes, y que consisten en la ejecución de obras y construcción sin contar con los permisos de edificación o urbanización que se exigen, las que devinieron en el acto terminal de fecha 19 de Julio de 2022, mediante Resolución N° 4, la que resuelve la paralización total de las obras de urbanización y construcción asociadas al proyecto inmobiliario que desarrolla la Inmobiliaria e Inversiones Azul Cordillera S.P.A ubicado en camino Las Quiscas S/N de comuna de Las Cabras.

OCTAVO: Que como puede verse no existe actuar ilegal de la recurrida menos aun en este caso en que la propia empresa dueña del predio en cuestión, reconoce no contar con los permisos, desde el momento que solo menciona en su acción, mas no acompaña, lo referente a la autorización obtenida por parte del SAG, de la subdivisión en parcelas agrícolas y la obtención de desafectación del predio preferentemente forestal por parte de CONAF, reconociendo haber ejecutado las obras de ensanche de caminos, aplicación de maicillo, y obras de alcantarillado para las pasadas de aguas lluvia que antes no existían.

NOVENO: Que, conforme a lo anterior, el presente recurso debe ser rechazado, al no reunirse los presupuestos de la presente acción constitucional.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado, en representación de la Inmobiliaria e Inversiones Azul Cordillera SpA y en contra de la Directora de Obras de la Municipalidad de Las Cabras doña nombre reservado, y en contra de la Ilustre Municipalidad De Las Cabras.

Regístrese y comuníquese Rol IC 11037-2022 Protección.

“Se deja constancia que esta sentencia no reúne los presupuestos para ser anonimizada de acuerdo a lo dispuesto en el Acta 44-2020 de la Excma. Corte Suprema”.