nombre reservado con AFP MODELO

Rancagua dos de diciembre de dos mil veintiséis.

VISTOS:

Con fecha 6 de julio del año 2025, comparece doña nombre reservado, cédula de identidad para extranjeros N°RUT reservado, abogada, por sí y en representación de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, soltero, empleado, cédula de identidad para extranjeros N°RUT reservado, domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, y viene en deducir recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., Rut NºRUT reservado, persona jurídica de derecho privado, representada por su gerente general, don nombre reservado, ignora profesión u oficio, o quien haga sus veces o le suceda o reemplace, ambas con domicilio en domicilio reservado, en virtud de los fundamentos de hecho y derecho que en su presentación expuso.

Indica que su representado, de nacionalidad venezolana, con residencia definitiva en este país, ha prestado servicios profesionales en diferentes empresas, y durante el curso de la prestación de sus servicios y de manera sistemática, se le ha descontado parte de su sueldo y enterado sus cotizaciones de AFP, Salud y Cesantía en los Servicios respectivos, habiendo suscrito en cada uno de sus contratos clausulas previsionales donde manifiesta expresamente su voluntad de acogerse al artículo 1 de la Ley 18.156.

Afirma que es por ello, y de acuerdo a la exención establecida en la mencionada ley 18.156, ingresa solicitud de manera presencial en fecha 9 de junio de 2025, ante la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo, S.A., a fin de solicitar el retiro y/o devolución de fondos previsionales de acuerdo con lo establecido de la ley N°18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten.

Relata que seguidamente con fecha de 12 de Junio de 2025, recibe correo electrónico de la recurrida donde indica que su solicitud ha sido rechazada alegando como motivo lo siguiente: … la Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, no cumple con los requisitos de la normativa vigente, ya que, no es un certificado de afiliación, no señala las prestaciones por las cuales usted se encuentra cubierto y, además, no está firmado por quien lo emite ni encuentra apostillado o legalizado, según corresponda.

Por su parte, la declaración jurada de fecha 09 de junio de 2025, tampoco cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente, toda vez que no es un certificado emitido por la entidad de seguridad social fuera de Chile y tampoco es un documento emitido por la Embajada o Consulado correspondiente (...)”

Relata que al tenor de lo anterior ingresa reclamo ante la Superintendencia de Pensiones, el cual fue respondido con fecha 25 de junio indicando de manera copulativa cuáles son los requisitos para la obtención de esta devolución, hace referencia al cierre de la oficina consular de Venezuela en Chile e indica que otra de las formas es a través de la apostilla, convenio de la haya suscrito por ambos países. Ahora bien, es un hecho público y notorio ocurrido a raíz de los resultados de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio en Venezuela, la Embajada de Venezuela en Chile anunció la suspensión indefinida de todos sus trámites, deteniendo el procesamiento de nuevas solicitudes, en ese sentido la legalización ante la oficina consular de cualquier documento entre ellos este es imposible de realizar. Asimismo, el 31 de julio, el gobierno chileno informó sobre la salida del personal diplomático de Chile en Venezuela y la suspensión de atención al público en el Consulado chileno en Caracas hasta nuevo aviso, además de lo anterior en Venezuela no existe un procedimiento que permita apostillar este documento, por cuanto puede ser verificado a través de la página gubernamental creada para estos efectos.

Afirma que, así las cosas, efectivamente la ley 18.156 ordena que el solicitante se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, y que le otorgue prestaciones, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, tal y como se evidencia de la afiliación del seguro social que acompaña el recurrente en su solicitud.

Plantea que la recurrida ha realizado una interpretación formalista de la norma, desatendiendo a la finalidad del legislador, esto es, disponer de sus ahorros previsionales, entendiendo que los documentos presentados cuentan con la validez necesaria de procedencia, y puede ser verificados.

Y así se desprende de la página del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S), donde se puede constatar la afiliación del solicitante, con solo digitar la cedula de identidad venezolana la cual aparece en la respectiva constancia del recurrente, signada bajo el N° V-RUT reservado, lo que permite verificar validez.

Indica que lo anterior, lo podemos ejemplificar con la constancia de afiliación electrónica, que acompaño el recurrente en la solicitud realizada, y en esta puede observarse, un código alfanumérico el cual puede ser verificable en la web. El código de verificación se encuentra en la parte inferior de la constancia, que señala textualmente “La validez de este certificado electrónico de cotizaciones, puede comprobarse a través del portal web del I.V.S.S. http://www.ivss.gob.ve, con el código de verificación N° a31b13034-2025409, dando click en la opción verificación constancia, al final de la página.

Arguye que, de acuerdo a lo evidenciado, dicha constancia electrónica, emana de un organismo público y como se ha expuesto, es verificable en la web oficial de la institución previsional venezolana y vigente al momento de la solicitud. Por lo que es forzoso concluir que la recurrente efectivamente se encuentra afiliado a la seguridad social de su país de origen, siendo el actuar de la recurrida, arbitrario e ilegal, vulnerando así el derecho de propiedad del recurrente.

Previas citas legales solicita tener por interpuesto recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos Modelo S.A, ordenando que se reconozca como válida la documentación acompañada, procediendo a seguir con la tramitación de su solicitud, y dentro de un plazo razonable efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados por la recurrente; y en general adoptando las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho.

Con fecha 15 de septiembre de 2025, y atendido el tiempo transcurrido, se prescindió del informe requerido en autos a la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A.

Sin perjuicio de lo anterior, y de conformidad a lo dispuesto en el N°5 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema Sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se solicitó informe a la Superintendencia de Pensiones, al tenor del recurso.

Esta diligencia se cumplió con fecha 29 de septiembre del año en curso, donde la Superintendencia de Pensiones informó que para que la AFP pueda verificar que cumple con los requisitos establecidos en la ley N° 18.156, los documentos emitidos por las entidades competentes deben estar "apostillados" o legalizados, según corresponda, legibles y "vigentes" a la fecha de su solicitud.

Señala que, dado que actualmente está en vigor el Convenio de la Apostilla tanto en Chile como Venezuela, la apostilla es la forma de acreditar la certificación previsional cuando proviene directamente de la autoridad competente venezolana. Sin embargo, en los casos en que dicha certificación haya sido emitida por una delegación consular extranjera, en representación de la autoridad previsional competente, el documento debe contar además con la legalización correspondiente del Ministerio de Relaciones de Chile.

Plantea que, no obstante, acerca de la circunstancia del cierre de la Embajada de Venezuela en Chile, esta Superintendencia informó a las Administradoras que las Constancia de Afiliación al IVVS, gestionadas por la delegación consular venezolana ante el Ministerio de Relaciones Exteriores hasta el 26 de julio de 2024, fueron validados y legalizados entre el 29 de julio y hasta el 3 de agosto de 2024. Así como también, en caso de presentar dudas sobre el documento y habiendo sido este legalizado en ese Ministerio, la AFP podrá verificar su autenticidad en horario de 09:00 a 14:00 horas, exhibiendo el documento original.

A su vez, los documentos de origen venezolano que no fueron legalizados con este procedimiento y en caso de presentar solo firma manual de los funcionarios consulares, de igual forma están siendo legalizados por el mencionado Ministerio. Por lo expuesto, la aprobación de la solicitud de devolución de fondos prevista por la Ley N°18.156, requiere acreditar que el trabajador se encuentra afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, mediante la certificación de la institución de seguridad social correspondiente; y que cuente con las validaciones pertinentes ya descritas.

Plantea sobre el particular, que esta Superintendencia ha explicado reiteradamente, a través de diversos oficios emitidos sobre esta materia que el procedimiento de la apostilla es la forma que reconoce la ley chilena para que la documentación extendida en Venezuela o en otro Estado Parte de la Convención de la Haya tenga validez en nuestro país.

Finalmente, indica que la documentación aportada no cumple con los requisitos señalados y además no se encuentra apostillado, por lo que si no cuenta con la constancia de afiliación o un certificado de afiliación emitido por la Institución de Seguridad Social que le otorgue un régimen de previsión o seguridad social en el extranjero, debidamente legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile o apostillado, según corresponda, que acredite que se contó con cobertura durante toda la relación laboral, y a todo evento, a lo menos en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, no es factible tener por acreditado debidamente el requisito de cobertura previsional en el extranjero prevista en la letra a) del artículo 1 de la ley N°18.156.

Se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección establecido en el artículo 20 de nuestra Carta Fundamental, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben estimar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, dificulte o amague ese ejercicio.

SEGUNDO: Que se recurre en contra de la decisión comunicada al recurrente el 12 de junio del año pasado, por medio de la que se informó la negativa de la AFP recurrida a devolver al actor los fondos cotizados, por no haber acompañado el certificado de afiliación en el extranjero, debidamente legalizado o apostillado. Sin embargo, considera el recurrente que tal requisito es imposible de cumplir, toda vez que Venezuela no mantiene representación diplomática ni consular en Chile que permita la apostilla o legalización de documentos oficiales.

Por su parte la recurrida, no informó dentro de plazo.

TERCERO: Que, para resolver la controversia de autos cabe tener presente que el artículo 7° de la Ley 18.156 establece que: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”.

A su vez, el artículo 1° de la citada ley, señala: “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.

La exención que establece el inciso anterior no comprenderá los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previstos en la ley 16.744”.

Además, la Circular N°553 de 28 de octubre de 1988, dictada por la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones, actual Superintendencia de Pensiones, dispuso que lo relativo a la afiliación en el extranjero: “debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.”.

CUARTO: Que, al respecto, y con el objeto de dar cumplimiento a las exigencias antes señaladas, el recurrente acompañó a su recurso -entre otros antecedentes- una constancia electrónica de cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de Seguros Sociales. Sin embargo, dicho documento no se encuentra debidamente legalizado ni apostillado, tal como lo sostiene la recurrida, razón por la cual, no resulta idóneo para satisfacer las exigencias legales. En efecto, la certificación relativa a la cobertura previsional en el extranjero debe emanar de la autoridad previsional competente del país respectivo y, además, encontrarse debidamente apostillada o legalizada, circunstancia que, a la luz de los antecedentes acompañados, no ha sido acreditada.

QUINTO: Que, como se viene razonando, el documento denominado “constancia electrónica de cotizaciones” no ha sido firmado, apostillado ni legalizado, no siendo posible -en definitiva- establecer la legitimidad del documento en cuestión, lo que impide tener por establecido que el recurrente cumplió con los requisitos que impone la ley que permitieran determinar que la negativa de la AFP en cuestión es arbitraria o ilegal, lo que lleva al rechazo de esta acción.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y lo previsto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol I. Corte 1096-2025 Protección.

Se deja constancia que esta sentencia no reúne los presupuestos del Acta 44-2022 de la Excma. Corte Suprema para ser anonimizada.