Protección contra Corporación Administrativa del Poder Judicial

C.A. de Rancagua Rancagua, treinta de diciembre de dos mil veinticinco.

VISTOS:

Compareció nombre reservado, quien dedujo recurso de protección en contra de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (en adelante también CAPJ), por el acto ilegal y arbitrario de excluirla del pago del bono por cumplimiento de metas de gestión para el año 2024, particularmente en los incrementos por desempeño institucional y colectivo, bajo pretexto de no haber prestado servicios por seis meses durante dicho año, vulnerando con ello la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad.

Explicó que es funcionaria del Poder judicial, encargada de sala del Tribunal de Juicio Oral de San Fernando. Durante el año 2024 afirma que se vio obligada a ausentarse de sus labores debido a un diagnóstico de cáncer, que implicó hacer uso de sucesivas licencias médicas durante 277 días, equivalente a cerca de 6 meses, quedando solo 89 días trabajados en el año. La situación fue grave e involuntaria, y las licencias se encuentran debidamente autorizadas.

Luego, relató que como parte de las remuneraciones variables del sector judicial existe un bono de modernización y metas de gestión que incluye un componente base, pagado mensualmente, y dos incrementos variables de desempeño institucional y colectivo de hasta 6% y 7% respectivamente pagados en marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año. La normativa aplicable establece que no tendrán derecho a percibir esos incrementos los funcionarios que durante el año anterior al pago no hayan prestado servicios efectivos a lo menos seis meses, con excepción del caso de licencias médicas por accidentes del trabajo y maternidad.

En dicho contexto, la recurrente acusa que mediante oficio NUM000 de 5 de junio de 2025 la CAPJ informó oficialmente que se denegaría el pago de los incrementos del periodo de 2024, fundado en que no alcanzó a completar los seis meses efectivos de trabajo en dicho año. Lo anterior, a pesar de que su prolongada ausencia se debió a una enfermedad grave.

Ante la ausencia del pago en los primeros meses del año 2025, el 27 de mayo del año en curso presentó una solicitud formal de regularización del bono, exponiendo su situación, y que la exclusión vulnera lo resuelto por el Tribunal Constitucional en situaciones similares, citando el precedente del ministro Mario Gómez. Como respuesta a esta gestión recibió el acto administrativo y referido, donde se señala el incumplimiento de los requisitos del bono.

Sostuvo que el acto es ilegal porque se sustenta en la aplicación normativa contraria a principios y garantías constitucionales que rigen sobre la ley, y arbitrario porque carece de fundamentación razonable, efectuando distinciones discriminatorias. Acusó una vulneración a la igualdad ante la ley, al fundarse la decisión en una norma que distingue enfermedades laborales y por maternidad de problemas de salud común, estableciendo una discriminación carente de justificación. Citó jurisprudencia en este sentido, agregando que el problema ya fue analizado por el Tribunal Constitucional, a solicitud de la Corte de Valparaíso, declarando la inaplicabilidad por inconstitucionalidad de la frase del artículo 4° de la Ley 19.531 que limita la excepción únicamente a las licencias médicas por accidentes del trabajo o maternidad.

Alegó también una vulneración al derecho de propiedad, ya que según sostuvo, una vez que el trabajador cumple con las condiciones legales, nace a su favor un derecho patrimonial, incorporado a su patrimonio y protegido por el derecho de propiedad. En su caso, tal derecho fue afectado al reducir sus ingresos en comparación al resto de funcionarios judiciales que percibieron el bono completo. Dio cuenta de jurisprudencia de la Contraloría General de la República en este sentido.

Reiteró que la decisión se apoya en una normativa cuya aplicación resulta contraria a la Constitución, y carente de sustento válido. Conforme a lo expuesto solicitó que se ordene a la recurrida dejar sin efecto la exclusión y se pague a la recurrente los incrementos correspondientes a los bonos del año 2024 del que fue indebidamente excluida, condenando en costas a la contraria en caso de oposición infundada.

El 21 de julio de 2025 la recurrida CAPJ evacuó su informe.

Expuso que efectivamente la recurrente se desempeña como encargada de sala del TOP de San Fernando, y que durante el 2024 trabajó efectivamente solo 89 días en el año. Ante la consulta dirigida por parte de la funcionaria respecto al no pago del bono de desempeño, se respondió mediante oficio NUM000 de 5 de junio de 2025, en el que se informó que no tendrían derecho a percibir los incrementos los funcionarios que no hayan prestado servicios efectivos a lo menos 6 meses, con excepción de licencias médicas por accidente del trabajo o maternidad. Revisado el sistema informático, se detectó que la recurrente registró 14 licencias médicas por 277 días de ausentismo, por lo que no alcanzó a contabilizar el mínimo de 6 meses efectivamente trabajados.

Sobre el asunto, afirma que el artículo 4° de la Ley 19.531 establece los requisitos para percibir el bono referido. Luego, para determinar el tiempo trabajado se restan las ausencias registradas por el funcionario, con excepción de las establecidas en la normativa. Por ello, se debió rechazar la solicitud de la recurrente al no cumplir con el tiempo mínimo legal.

Dio cuenta de la normativa aplicable, consistente en la referida Ley 19.531 y el auto acordado que establece normas para su aplicación, que consta en el acta 134-2015 del pleno de la Corte Suprema, la que en su artículo 64 señala, en su literal c) el mismo requisito de 6 meses efectivos trabajados.

Afirmó haber actuado de acuerdo con lo establecido en la ley y lo regulado por el pleno de la Corte Suprema no existiendo en consecuencia un acto u omisión respecto del cual sea necesario el restablecimiento del imperio del derecho. Sostuvo que la apreciación de la recurrente se debe meramente a una expectativa respecto de la obtención del incremento por desempeño del año 2024, aun contra texto legal expreso. La recurrente reconoce la existencia de una ley y entiende la razón por la cual no percibe el bono, y de hecho el fundamento de su recurso es la supuesta inconstitucionalidad de la norma, por una sentencia del Tribunal Constitucional del año 2011.

Sobre ello, sostiene que en el marco del recurso de protección rol 4719-2024 seguido ante la ICA de Valparaíso, por no pago de bono de desempeño por licencias médicas producto de cáncer, se interpuso un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, rol 15.713- 2024, cuya sentencia rechazó el requerimiento, señalando que acoger la solicitud implicaría entregar beneficios que la ley no contempla. Lo anterior llevó al rechazo del recurso en la Corte de Valparaíso, confirmada por la Corte Suprema.

En cuanto a las garantías vulneradas, negó la existencia de discriminación al hacer aplicación irrestricta de la ley y los preceptos que regulan los requisitos para el pago del incremento por desempeño. En cuanto al derecho de propiedad, aseguro que solo una vez que cumple las condiciones legales nace el derecho de carácter patrimonial, lo que en la especie no ocurre. Lo que se reclama es una mera expectativa de pago de los bonos y no un derecho.

Conforme a lo expuesto, solicitó el rechazo de la acción.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO 1° Que el recurso de protección ha sido instituido por el constituyente como una acción de urgencia destinada a evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de acciones u omisiones arbitrarias o ilegales, que produzcan privación, perturbación o amenaza de alguna o algunas garantías constitucionales expresamente señaladas en la Constitución Política de la República, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección a quien pueda resultar afectado. 2° Que, la recurrente denuncia la ilegalidad y arbitrariedad del oficio NUM000 de 5 de junio de 2025 emitido por la CAPJ, mediante el cual se le comunicó la exclusión del bono de desempeño para el año 2024, por no cumplir el requisito de trabajar al menos 6 meses durante el año. La actora afirmó que dicha decisión constituye un trato discriminatorio, ya que se excluye a la actora pese a haber presentado licencia médica por cáncer, estableciendo una diferencia respecto a las licencias médicas por accidente del trabajo o maternidad. 3° Que, al informar la recurrida explicó que el requisito de 6 meses mínimos de prestación efectiva de servicios se encuentra establecido en el artículo 4° de la Ley 19.531, y en el auto acordado que regula la aplicación de dicha ley, emitido por el pleno de la Corte Suprema. Con ello, aseguró que solo se ha dado cumplimiento a los requisitos legales para el otorgamiento del beneficio, no existiendo derechos vulnerados, al existir solo una expectativa de pago hasta cumplir con los requisitos legales. 4° Que el artículo 4 de la Ley 19.531 establece en su inciso 4° lo siguiente: “No tendrán derecho a percibir los incrementos a que se refieren los literales b) y c) precedentes, los funcionarios que sean calificados en lista condicional o deficiente, ni aquellos que, durante el año anterior al pago del mismo, no hayan prestado servicios efectivos en el Poder Judicial, en la Academia Judicial o en la Corporación Administrativa del Poder Judicial durante a lo menos seis meses, con la sola excepción de los períodos correspondientes a licencias médicas por accidentes del trabajo a que se refiere la ley Nº 16.744, incluidos los descansos previstos en los artículos 195 y 196, así como el permiso postnatal parental del artículo 197 bis, todos del Código del Trabajo”. 5° Que, como se ve, la exclusión efectuada por la recurrida es el resultado de la aplicación de una norma de rango legal, y que por tanto resulta obligatoria, no pudiendo decidir en contrario de ella, con lo que se descarta la existencia de un acto arbitrario o ilegal, dado que la CAPJ ha actuado en el ejercicio de sus funciones, siguiendo los criterios legales establecidos y que regulan la materia, sin que exista alguna actuación carente de justificación, ni tampoco que implique una discriminación para con la recurrente, puesto que en situaciones de las mismas características el criterio decisor aplicado ha sido el mismo. 6° Que, en este mismo sentido, resulta pertinente tener presente que las principales alegaciones vertidas por la recurrente dicen relación con la eventual inaplicabilidad por inconstitucionalidad de la norma aludida, debate que excede la materia a discutir en una acción cautelar como lo es el recurso de protección, debiendo en consecuencia entablarse la acción respectiva ante el tribunal correspondiente, para que se pronuncie acerca de la constitucionalidad de la norma cuya inaplicabilidad se pretende.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado Sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales de la Excma. Corte Suprema, se resuelve que se rechaza el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, en contra de la Corporación Administrativa del Poder Judicial.

Se previene que la abogada integrante Paloma Valenzuela Berríos concurre al rechazo de la acción sólo por considerar que el acto no es ilegal ni arbitrario, estimando pertinente plantear una cuestión de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional para la revisión de eventuales vicios de inconstitucionalidad en la aplicación del artículo 4 de la Ley 19.531 al caso concreto.

Rol I. Corte 1092-2025- Protección Se deja constancia que esta sentencia reúne los presupuestos del Acta 44-2022 de la Excma. Corte Suprema para ser anonimizada totalmente.