Protección contra Superintendencia de Seguridad Social

C.A. de Rancagua Rancagua, seis de enero de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio 1 comparece el abogado Tomás Ignacio Aravena Flores en favor de doña nombre reservado, quien interpuso acción de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, por la dictación de la resolución Exenta N° NUM000 de fecha 04 de junio de 2025, que constituye una vulneración de sus derechos contemplados en el artículo 19 N° 1, 2 y 24 de nuestra Constitución Política de la República, al rechazar sus licencias médicas N° NUM001, NUM002, NUM003, NUM004, NUM005, NUM006, NUM007, NUM008, y NUM002, por 240 días a contar del 9 de septiembre de 2024, por estimar que no se han acompañado antecedentes suficientes para acreditar que sus funciones se cumplen bajo subordinación y dependencia.

Explica que la recurrente se encuentra diagnosticada con un tumor maligno de las meninges cerebrales, quien no puede valerse por sí misma y necesita acompañamiento para poder movilizarse, sin embargo, la Compin rechazó las licencias médicas reclamadas en autos porque, de acuerdo a los antecedentes y la fiscalización realizada con fecha 3 de enero de 2024, en la empresa de extintores “SETEX” donde labora, su representante legal no contaba con documentos que acreditaran las labores administrativas que realizaba la beneficiaria en la empresa, indicando que se le realizó un contrato para “ayudarla”. En razón de lo anterior, estimó que no se pudo acreditar el vínculo de subordinación y dependencia ni continuidad de los servicios prestados.

Afirma que no deja de llamar poderosamente la atención el exigente criterio de fiscalización en contra de una persona que se encuentra diagnosticada con un tumor maligno de las meninges cerebrales, quien no puede valerse por sí misma, cuando es un hecho público y notorio la situación actual del otorgamiento de los subsidios de las licencias médicas, en donde se han detectado más de 25.078 funcionarios públicos que usaron de manera fraudulenta dichos subsidios del estado al cruzar los datos entre registros migratorios con bases de la Superintendencia de Seguida Social. También le llama la atención el criterio en donde se exigen “huellas materiales” de las labores realizadas no siendo suficiente la declaración de cotizaciones, contratos de trabajo, liquidaciones, pago de remuneraciones, si no, “actos materiales” comprobables, en el contexto de que la persona se encuentra en reposo, dejando a la actora en una situación de incertidumbre y angustia por no poder hacer uso del legítimo subsidio que le corresponde desde septiembre de 2024, en circunstancias de que cuenta con certificado de cotizaciones, declaraciones juradas de clientes de la empresa, certificado laboral, firmado por el mismo representante legal nombre reservado

Baltra, contrato de trabajo, recibos de remuneraciones, y liquidaciones de sueldo.

Argumenta que, en el caso de autos, la resolución recurrida carece de una motivación suficiente y razonable que justifique el rechazo de las licencias, en los términos del artículo 11 de la Ley 19.880, ya que desconoce medios probatorios lícitos, como cotizaciones, contrato de trabajo y certificados, exige un estándar probatorio excesivo (“huellas materiales”), no contemplado en la normativa y genera contradicción interna, al declarar que no son suficientes los documentos acompañados, pero luego deja abierta la posibilidad de agregar más antecedentes, sin precisar cuáles sí serían suficientes.

Afirma que lo anterior configura una decisión arbitraria e ilegal, que infringe también los artículos 5, 16, 17 y 41 de la Ley 19.880, al carecer de razonabilidad, coherencia y adecuada motivación.

Sostiene que se afecta el derecho a la vida y la integridad física y psíquica de la recurrente, que es una persona con un diagnóstico de salud complejo, un tumor maligno de las meninges cerebrales, encontrándose actualmente en situación de reposo médico prolongado. La negativa de la SUSESO a reconocer el derecho al pago de sus licencias médicas y, con ello, impedirle el acceso al subsidio por incapacidad laboral, ha generado una situación de inseguridad económica, incertidumbre y desprotección total, que repercute gravemente en su salud física y emocional.

Agrega que se afecta su derecho a la igualdad ante la ley, en la medida que exige a la recurrente un estándar de prueba excesivo, injustificado y discriminatorio, al rechazar documentos laborales plenamente válidos -como el contrato de trabajo, certificado del empleador, cotizaciones previsionales, liquidaciones y recibos de remuneraciones-, bajo la exigencia de “huellas materiales” adicionales que no están contempladas en la normativa vigente. Tal actuación refleja un trato desigual, que recae injustamente sobre una persona que no puede valerse por sí misma, enferma y con limitaciones físicas, exigiéndole más de lo que se exige a otros trabajadores en iguales circunstancias, afectando con ello el principio de legalidad y de no discriminación.

Por último, expresa que se afecta el derecho de propiedad de la actora, por cuanto el subsidio por incapacidad laboral, al cual la recurrente tiene derecho por el solo hecho de haber trabajado y efectuado las cotizaciones legales respectivas, constituye una expectativa patrimonial legítima, protegida como derecho incorporal por el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución. La decisión de SUSESO, al rechazar el pago del subsidio sin una debida y proporcional fundamentación, priva a la recurrente de un derecho adquirido vinculado al régimen de seguridad social, afectando su derecho de propiedad sobre el mismo.

Destaca que, en la especie, se han cumplido todas las exigencias legales en el otorgamiento de las licencias médicas que arbitraria y sistemáticamente le han rechazado a la recurrente. En efecto, se ha usado el formulado aprobado por el Ministerio de Salud, se completó íntegramente por el profesional idóneo, fue presentado dentro de plazo a las instituciones correspondientes, y a juicio del profesional competente, la actora se encontraba incapacitada temporalmente para trabajar en los períodos por el cual se emitieron las correspondientes licencias médicas.

Finalizó solicitando a esta Corte que, acogiendo el presente recurso, se ordene a las recurridas que autoricen el derecho al subsidio y procedan al pago de las licencias médicas de la recurrente N° NUM001, NUM002, NUM003, NUM004, NUM005, NUM006, NUM007, NUM008, debiendo informar la recurrida el cumplimiento de aquello dentro del término de 10 días, contados desde la fecha de ejecutoria de la sentencia, como asimismo de adopte cualquier otra medida que esta Corte considere necesaria para restablecer el imperio del derecho y asegurar el debido resguardo y respeto a las garantías fundamentales de la recurrente, con costas.

A folio 4 informó la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la región de O’Higgins que las licencias médicas reclamadas en autos se encuentran autorizadas médicamente, sin embargo, sin derecho al pago del subsidio de incapacidad laboral, ya que en la fiscalización de huella laboral no fue posible acreditar huellas materiales y concretas que demuestren vínculo de subordinación entre el empleador y la trabajadora, necesario en una relación laboral.

Aclara que las gestiones de fiscalización tienen por objetivo comprobar la relación laboral entre el empleador y trabajador y evitar el pago indebido de un subsidio de incapacidad laboral, debido al uso de una licencia médica, a quien no demuestre realmente la calidad de trabajador, puntualizando que no basta con que el trabajador cumpla con la documentación requerida legalmente, como contrato de trabajo vigente, comprobante de remuneraciones, cotizaciones, registro de asistencia, etcétera, sino que junto con ello, también es necesario que acredite el desarrollo efectivo de las labores para las que fue contratado, a través de huellas laborales formales y concretas, como por ejemplo, instrucciones recibidas de su jefatura y cumplimiento de las mismas, respaldo de gestiones realizadas, documentos que comprueben la ejecución de tareas asignadas, etc.

Indica que realizó una fiscalización al lugar de trabajo de la recurrente el 3 de enero de 2025 y que el acta de la misma, en lo pertinente, señala que se le dio acceso al contrato de trabajo, liquidaciones de sueldo y se les informa que la trabajadora no firmaba el libro de asistencia. Se les comentó que la actora realizaba funciones de aseo, recepción, compras, depósitos bancarios, entre otras labores; que el sueldo se pagaba de manera mixta -en transferencias y efectivo-, que ella no manejaba correo electrónico y se les permitió ver el puesto de trabajo.

Refiere que el empleador le indicó que conoce a los padres de la recurrente, por lo que realizó su contrato de trabajo, ya que necesitaba ayuda, refiriendo que desconocía la enfermedad, pero que en diciembre de 2024 supo que fue operada de la cabeza en varias oportunidades.

Sostiene que, al no existir registros que demuestren que efectivamente la trabajadora realizó las labores señaladas al momento de la fiscalización, no corresponde constatar la acreditación de huellas materiales y concretas, por lo tanto, no se comprobó el vínculo laboral.

A folio 8 informó la Superintendencia de Seguridad Social solicitando el rechazo del recurso, con costas.

Alegó, en primer término, la improcedencia del recurso, por cuanto la materia sobre la que realmente versa, dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos, dado que la materia respecto de la cual se esgrime la presente acción incide en un aspecto especifico del derecho a la seguridad social, reconocido y garantizado a todas las personas en el numeral 18 del artículo 19 de nuestra Carta Magna, que no está contemplado en la numeración taxativa que realiza el artículo 20, y por lo tanto, no está amparado por esta especial acción cautelar.

En subsidio de lo anterior y, en cuanto al fondo del recurso, señala que la decisión de no pagar el subsidio por incapacidad laboral derivado de las licencias médicas reclamadas en autos fue adoptada en su oportunidad por la Compin, de tal forma que resulta del todo necesario distinguir entre las actuaciones de la Suseso, y aquellas en que tuvo participación la referida Compin. En efecto, la citada Compin, en el caso de la recurrente, actuó como organismo administrador del derecho denominado Licencia Médica, ejerciendo la facultad legal de fiscalizar el legítimo ejercicio del derecho de seguridad social denominado licencia médica y el subsidio por incapacidad laboral, que viene a reemplazar la remuneración o renta, según el caso, de los trabajadores cotizantes del Fondo Nacional de Salud, de acuerdo con lo prescrito en el DFL. N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud y el D.S. N° 3, de 1984, de la misma Cartera de Gobierno, que contiene el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas.

En cuanto a la actuación de la Superintendencia en este caso, refiere que, como consta en el expediente administrativo que acompaña, la actora recurrió a la Suseso, reclamando contra la Compin de esta región por haber negado el pago del subsidio de las licencias médicas N° NUM001, NUM002, NUM003, NUM004, NUM005, NUM006, NUM007 y NUM008, por 240 días, a contar del 9 de septiembre de 2024. Pues bien, analizados los antecedentes del caso, y considerando que la interesada, en esta oportunidad, no ha acompañado antecedentes suficientes que acrediten las funciones que cumple bajo dependencia y subordinación en la citada entidad empleadora, máxime acorde a lo señalado por quien sería su empleador al ser fiscalizado por la citada Compin, no es posible remitir sus antecedentes a la Compin para que efectúe una nueva revisión del vínculo laboral.

Por lo anterior, mediante Resolución Exenta N° NUM000 de fecha 4 de julio de 2025, se confirmó lo resuelto por la citada Compin. Sin perjuicio de lo anterior, se hace presente a la interesada que, sí dispone de documentación que permitan desvirtuar lo concluido por la Compin, deberá acompañarla directamente a dicha Comisión, por ser la entidad que tratándose de verificar la existencia de vínculo laboral y, por ende, establecer el derecho a licencia médica, tiene competencia sobre la materia.

Aclara que, durante la fiscalización, el empleador Sr. nombre reservado, manifestó que la contratación de la interesada obedeció a una relación de conocimiento personal con su familia, más que al desarrollo efectivo de funciones laborales, reconociendo, además, que no cuenta con documentación que respalde las supuestas labores administrativas que habría desempeñado la Sra. nombre reservado en la empresa. De igual forma, la fiscalizadora consignó que no fue posible verificar presencia física ni participación funcional de la interesada en el giro de la empresa, concluyendo que no existirían indicios materiales que permitieran constatar la ejecución efectiva de labores ni el ejercicio de funciones bajo subordinación y dependencia.

Sobre este punto, destaca que, conforme a lo sostenido reiteradamente por la Superintendencia, la existencia de una relación laboral no se acredita únicamente mediante instrumentos formales (como contratos, liquidaciones o cotizaciones), sino que requiere la verificación de huellas laborales materiales y verificables tales como controles de asistencia, evidencias de tareas desarrolladas, testimonios concordantes, registros operacionales, entre otros, que reflejen el ejercicio efectivo del vínculo de subordinación.

Afirma que, en virtud de lo anterior, la Compin rechazó fundadamente el otorgamiento del subsidio por incapacidad laboral, al no haberse acreditado la existencia de un vínculo laboral real, la continuidad de los servicios prestados, ni gestiones que demuestren participación activa de la interesada en la dinámica de la empresa. Por ende, al no cumplirse los requisitos básicos para acceder a las prestaciones derivadas de una licencia médica, conforme el D.S. N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud, resulta improcedente el pago del subsidio reclamado.

Expone que la única intervención de la Superintendencia en el caso de la Sra. nombre reservado, responde al mandato legal de pronunciarse respecto de la reconsideración que presentó a la referida Subcomisión de Medicina Preventiva e Invalidez, por observar un impedimento, que dice relación con no lograr acreditar huellas laborales, por lo que la actuación de la Superintendencia se ajusta rigurosamente a las normas constitucionales, legales y reglamentarias que establecen sus atribuciones y facultades fiscalizadoras.

Puntualiza en cuanto al pago del subsidio, que el otorgamiento de una licencia médica por parte de un facultativo de la salud no implica el nacimiento de ningún derecho en relación con un eventual subsidio por incapacidad laboral o remuneración según sea el caso. En efecto, de acuerdo con lo dispuesto en el D.S. N° 3, de 1984 y DFL. N° 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, para tener derecho al subsidio por incapacidad laboral se requiere cumplir con los requisitos, entre los que se encuentra, el contar con una licencia médica autorizada por la entidad correspondiente, lo que no ocurre en este caso. En este punto, en el caso de la recurrente, no existe un legítimo ejercicio de algún derecho que deba ser objeto de tutela constitucional, por cuanto no existen licencias médicas autorizadas, sino que, rechazadas sin generar, por lo tanto, derechos.

Concluye que se descarta cualquier actuar arbitrario e ilegal por parte de la Superintendencia, ya que, en el dictamen aludido, se exponen detalladamente las razones por las cuales se llegó a la conclusión que se ha indicado. No se trata pues, de un acto carente de un fundamento racional o nacido del sólo capricho irracional de la autoridad técnica, sino que del estudio y ponderación de los elementos que se han señalado, en concordancia con criterios normativos y jurisprudenciales vigentes en el Organismo de Control.

Finalizó reiterando su solicitud de rechazo del recurso, con costas.

Acompañaron las partes los documentos que se encuentran agregados a la causa.

En su oportunidad, se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO: 1.- Que, el recurso de protección ha sido instituido por el constituyente como una acción de urgencia destinada a evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de acciones u omisiones arbitrarias o ilegales, que produzcan privación, perturbación o amenaza de alguna o algunas garantías constitucionales expresamente señaladas en la Constitución Política de la República, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección a quien pueda resultar afectado. 2.- Que, primeramente, y en cuanto a la alegación de improcedencia de la acción protección en materias de seguridad social planteada por la recurrida Superintendencia de Seguridad Social, ésta será rechazada, dado que la garantía eventualmente vulnerada no es aquella del numeral 19 N° 18 de la Constitución Política como indica la recurrida, sino la comprendida en el número 24, el derecho de propiedad, número 2, igualdad ante la ley, y la del número 1, esta es, el derecho a la vida y la integridad física y psíquica. 3.- Que, en cuanto al fondo, el acto ilegal y arbitrario que el actor reprocha de las recurridas estaría dado por el rechazo de las licencias médicas N° NUM001, NUM002, NUM003, NUM004, NUM005, NUM006, NUM007 y NUM008, extendidas por un total de 240 días a contar del 9 de septiembre del año 2024, por no acreditar huella laboral, todo lo cual produce una grave vulneración a su derecho de propiedad, igualdad ante la ley, y a la vida y la integridad física y psíquica, de conformidad artículo 19 N° 1, 2 y 24 de la Constitución Política de la República. 4.- Que las recurridas, en cuanto al fondo, solicitaron el rechazo de la acción deducida en su contra, alegando que no pudieron formarse convicción en lo que respecta a la calidad de trabajadora dependiente de la accionante con el empleador que se indicaba en las licencias médicas, motivo por el cual se adoptó la decisión recurrida en el marco de su competencia y potestad fiscalizadora, al tenor del artículo 1º de la Ley 16.395, por lo que no existe acto ilegal o arbitrario de su parte que amenace o vulnere derecho alguno de la recurrente. 5.- Que, en cuanto al núcleo del asunto, cabe señalar que la conducta materia de esta acción no puede calificarse de ilegal, dado que los artículos 11 y siguientes del Decreto Supremo N° 3 de 1984 del Ministerio de Salud, reglamenta la autorización de licencias médicas y establece que corresponde a la Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se debe dejar constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida.

A su turno, las resoluciones dictadas por la Compin son reclamables ante la SUSESO, cuyo es el caso, atento que la Superintendencia de Seguridad Social tiene por función supervigilar el correcto ejercicio del derecho a la seguridad social, materia a la que pertenece la forma de aprobar una licencia médica, a la luz de lo dispuesto en los artículos 2 letra c) y 3 de la Ley 20.691.

Luego, el organismo recurrido dispone de la facultad legal de resolver las reclamaciones acerca de las decisiones de la Compin en orden a la autorización de una licencia médica sin derecho a subsidio por lo que, despejada la legalidad del acto, sólo resta revisar, para los efectos de la presente acción, si existe arbitrariedad en la actuación reclamada. 6.- Que, en cuanto a la arbitrariedad, entendida ésta como la falta de justificación y razonabilidad en la decisión adoptada, se debe señalar que el artículo 16 del Decreto Supremo N° 3 de 1984 del Ministerio de Salud, contempla la necesidad de justificar la decisión que se adopte, al disponer que deberá dejarse constancia de los fundamentos que se han tenido en consideración para adoptar alguna de las medidas que la norma contempla.

Al respecto, de los antecedentes acompañados por las partes, consta que la decisión adoptada por la Superintendencia recurrida se encuentra debidamente justificada, ya que la Resolución Exenta N° NUM000 de fecha 4 de julio de 2025, indica con claridad los motivos que tuvo en consideración para rechazar la reclamación en contra de la Compin Región de O’Higgins que no autorizó el pago de las licencias médicas de la accionante reclamadas en esta causa, conclusión a la que se llegó por estimar que la recurrente no pudo acreditar su calidad de trabajadora, dejando constancia de la visita de fiscalización por parte de una funcionaria de la Compin que no pudo acreditar huella laboral, decisión que, por consiguiente, en modo alguno refleja un capricho o ausencia de motivación.

En este sentido, cabe precisar, tal como queda de manifiesto en la resolución recurrida, que la razón por la cual se negó el pago de subsidio de las licencias consiste en no haberse acreditado un vínculo laboral en el periodo que comprenden las licencias médicas. En efecto, el vínculo laboral entre empleador y trabajador, necesario en toda relación laboral, debe comprobarse mediante la existencia de huellas laborales materiales y concretas que den cuenta del desarrollo de las labores. En este caso, la recurrente si bien acompañó a la Compin un contrato de trabajo de fecha 1 de junio del año 2024, suscrito entre ésta y Setex SpA., así como recibos de dinero, liquidaciones de sueldo, certificado laboral, y certificado de afiliación y de cotizaciones previsionales, documentos que, sin embargo, no permiten acreditar la existencia de la relación laboral durante el periodo comprendido en las licencias médicas, esto por cuanto no basta con que el trabajador acompañe documentación meramente formal, también es necesario que se acredite o demuestre un desarrollo efectivo de las labores para las que fue contratado, constando en la fiscalización realizada que por una parte en el lugar de trabajo, entrevistado el empleador, éste manifestó que la contratación de la interesada obedeció a una relación de conocimiento personal con su familia, más que al desarrollo efectivo de funciones laborales, reconociendo, además, que no cuenta con documentación que respalde las supuestas labores administrativas que habría desempeñado la Sra. nombre reservado en la empresa. De igual forma, la fiscalizadora consignó que no fue posible verificar presencia física ni participación funcional de la interesada en el giro de la empresa. Estas circunstancias anotadas no se condicen con la obligación esencial de un contrato de trabajo, cual es, que mes a mes se retribuya al trabajador la contraprestación por sus servicios personales. 7.- Que, a mayor abundamiento, lo que procura la recurrente a través de la presente acción cautelar, es que esta Corte dé por acreditada, conforme a las reglas de la sana crítica, la existencia de la huella o vínculo laboral entre éste y su empleador, cuestión que, sin embargo, parece exceder la finalidad propia del recurso de protección, en la medida que dicho presupuesto de toda licencia médica ha sido expresamente controvertido por las recurridas, en ejercicio de sus facultades fiscalizadoras.

En este sentido, cabe precisar que el derecho cuya protección se pretenda debe encontrarse indubitado, o al menos deben existir indicios suficientes que permitan sostener que estamos frente al ejercicio legítimo de un derecho, todo lo cual no se cumple en la especie. 8.- Que, por no concurrir los presupuestos de la acción constitucional, el recurso de protección debe ser necesariamente rechazado.

Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República; y en las normas pertinentes del Auto Acordado de la Corte Suprema que rige la materia, se resuelve:

I.- Que se rechaza la excepción de improcedencia de la acción incoada por la Superintendencia de Seguridad Social.

II.- Que se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de doña nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol I. Corte 1091-2025 Protección.

Se deja constancia que esta sentencia reúne los presupuestos del Acta 44-2022 de la Excma. Corte Suprema para ser anonimizada.