nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL

Rancagua, veintisiete de julio de dos mil diecisiete.

Vistos:

Con fecha 27 de abril del año en curso, comparece Judith González Arenas, abogada, en representación de doña nombre reservado, empleada, domiciliada en domicilio reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la resolución N°13213 de fecha 17 de marzo de 2017, notificada por carta certificada el día 29 del mismo mes y año, dictada por la Superintendencia de Seguridad Social, representada por su intendenta doña nombre reservado, y en contra de la Asociación Chilena de Seguridad, oficina San Fernando, representada para estos efectos por doña nombre reservado y/o don nombre reservado, o por quien ejerza labores de jefatura o dirección en dicho lugar, todos con domicilio en domicilio reservado, por haber calificado como común un accidente laboral que sufrió el día 13 de diciembre de 2016, mientras ejercía sus labores de auxiliar de aseo de la Corporación Municipal de Educación de San Fernando, específicamente en el Liceo Eduardo Charme de dicha comuna.

Refiere que el día 13 de diciembre de 2016, habiéndosele encomendado cambiar las cortinas de las salas de clases del establecimiento educacional, la trabajadora resbala al sacar una cortina, estando a una altura superior a los 2 metros, para evitar una caída brusca, alcanza a sacar su brazo fuera de la ventana, donde recibe todo el peso de su cuerpo entre su hombro y su brazo derecho, comenzando de inmediato con un dolor agudo. Agrega que a los minutos dio cuenta de este siniestro al señor nombre reservado, Inspector General y Jefe de Personal del referido establecimiento educacional.

Cuenta que al día siguiente, 14 de diciembre de 2016, producto de los constantes dolores que experimentaba, la trabajadora es enviada desde el establecimiento educacional donde trabaja a la Asociación Chilena de Seguridad, San Fernando. Ese mismo día, el médico que atendió a doña nombre reservado, le informa que su patología no se encuentra cubierta por la Ley 16.744 y “que no requiere reposo laboral por lo que no se le otorga licencia médica”.

Sin embargo, como los dolores eran constantes e iban en aumento, su representada el mismo día 14 de diciembre de 2016, concurre en forma particular a la consulta del médico traumatólogo nombre reservado, quien le ordenó la realización de una ecotomografía en su hombro derecho y radiografías en sus piernas, concluyendo dicho informe lo siguiente: Sinovitis en tendón largo del bíceps, rotura completa de tendón supraespinoso, pinzamiento subacromial, tendinosis moderada en tendón suescapular, en definitiva, su tendón supraespinoso se encuentra completamente roto.

Sostiene que la trabajadora manifestó su malestar a la ACHS por el hecho de haber sido dada de alta a sabiendas de que tenía el tendón de su hombro derecho cortado y que requería de una intervención quirúrgica, de acuerdo a lo prescrito por el médico particular, misma que no puede costear. Producto de esta negativa recurrió a la Superintendencia de Seguridad Social, quien por resolución N° 13213 de 17 de marzo de 2017, informa que aprueba lo obrado en la especie por la citada Mutualidad y rechaza su reclamo.

Ambas recurridas basan su negativa en que no coinciden las fechas del accidente de trabajo que sufrió.

En conclusión, sostiene que su representada sufrió un accidente de trabajo el día 13 de diciembre de 2016 donde resultó con su tendón del hombro derecho completamente cortado, se presentó ante la Asociación Chilena de Seguridad el día 14 de diciembre de 2016, es decir, al día siguiente del accidente; señalándole la recurrida que dicho suceso no era constitutivo de accidente laboral, y la da de alta; a su turno la Superintendencia de Seguridad Social, avala el actuar de la ACHS, rechazando el reclamo.

Denuncia que la Superintendencia al dictar la resolución recurrida sólo tuvo en consideración los antecedentes aportados por la Asociación Chilena de Seguridad, sin solicitar ningún antecedente a su empleador o a ella.

En razón de estos hechos, a la fecha la trabajadora se encuentra con licencia médica, sin posibilidad de volver a trabajar siendo su única alternativa una intervención quirúrgica que debe realizar la ACHS.

Señala que el actuar de las recurridas es arbitrario e ilegal, vulnerando los derechos consagrados en el artículo 19 N°1, 2, 9 y 18 de la Constitución Política de la República, esto último en relación con los artículo 583 del Código Civil y artículo 5, 29 y 30 de la Constitución Política de la República.

Solicita se ordene a la Asociación Chilena de Seguridad, oficina San Fernando, realizar en favor de su representada una pronta atención quirúrgica, hospitalización si fuere necesario, a juicio del facultativo tratante, medicamentos y productos farmacéuticos, prótesis y aparatos ortopédicos y su reparación, rehabilitación física y reeducación profesional, gastos de traslado y cualquier otro que sea necesario para el otorgamiento de estas prestaciones, así como también un subsidio por incapacidad temporal, hasta el completo restablecimiento de la salud de su representada.

Con fecha 22 de mayo del año en curso, don Sebastián de la Puente Hervé, abogado, en representación de la Superintendencia de Seguridad Social informa el recurso, alegando en lo principal la extemporaneidad de la acción de protección; en subsidio, la improcedencia de la acción de protección en materias de seguridad social; y en subsidio de todo lo anterior, informa en cuanto al fondo.

En cuanto a la extemporaneidad señala que la recurrente mediante presentación de fecha 18 de enero de 2017 reclamó ante su representada en contra de la Asociación Chilena de Seguridad, que calificó como de origen común el accidente, institución que mediante ORD. N° 5591 de 2 de febrero de 2017 informó que la trabajadora ingresó a sus dependencias recién el día 22 de diciembre de 2016 arguyendo que había sufrido un accidente laboral el día 14 de ese mismo mes. Señala que la ACHS estimó que no correspondía acoger el siniestro dentro de la cobertura de la Ley 16.744, pues no fue posible establecer de manera fehaciente las circunstancias en que la trabajadora sufrió el accidente, ya que no se aportó más antecedentes que la propia declaración de la empleada y que ésta tampoco dio aviso oportuno al empleador. En esas circunstancias, mediante ORD 13213 de 17 de marzo de 2017, se dictaminó que el accidente no podía ser calificado como del trabajo, por la existencia de versiones contradictorias en las declaraciones, lo que impedía formar convicción acerca de la efectividad del mismo, aprobando lo obrado por la ACHS. Arguye que la recurrente interpone la acción recién el día 27 de abril de 2017, cuando el plazo para su ejercicio estaba vencido ya que la trabajadora tenía conocimiento de los hechos a lo menos desde el día 18 de enero de 2017, cuando recurre en contra de la resolución de la ACHS, plazo que incluso había expirado considerando la fecha de la resolución de la Superintendencia, de 17 de marzo de 2017.

En el primer otrosí y en subsidio de lo anterior alega la improcedencia de la acción de protección en materias de seguridad social, al no estar amparado el numeral 18 del artículo 19 de la Carta Fundamental por la acción cautelar que motiva este recurso.

Sostiene que la calificación de un accidente como de etiología común o laboral, corresponde al procedimiento de reclamos y apelaciones establecido en los artículos 77 y 77 Bis de la Ley 16.744, materias que pertenecen al campo de la seguridad social, y por lo tanto, se encuentran expresamente excluidas por el constituyente del ámbito de la acción de protección, por lo que solicita el rechazo de la acción, con costas.

En el segundo otrosí y en subsidio de todo lo anterior, informa en cuanto al fondo. Tras referir de manera pormenorizada las facultades de fiscalización y control superior del funcionamiento del Sistema de Seguridad Social que corresponden a su representada de acuerdo a la Ley N° 16.395, arguye que la recurrente no indica de qué forma el actuar de la Superintendencia es ilegal, no señala norma infringida, ello porque en la realidad no se ha actuado en contrario a ninguna disposición legal o reglamentaria que regule la materia, simplemente lo que su defendida ha hecho es calificar un accidente como de etiología no laboral con las consecuencias que de ello se deriva.

En consecuencia, existe un dictamen emanado de la Superintendencia dentro del ámbito de su competencia, encontrándose dentro de éstas, la de fijar en última instancia el sentido y alcance que debe dársele a una norma de seguridad social, en este caso al artículo 5° de la Ley 16.744. Descarta asimismo cualquier actuar arbitrario por parte de su defendida, ya que en el dictamen aludido se exponen detalladamente las razones por las cuales se llegó a la conclusión que se ha indicado.

Por otra parte, refiere que la calificación de origen laboral o común de un accidente no reúne la calidad de derecho preexistente e indubitado, por lo que no puede ser amparado por esta vía cautelar.

Reitera que la actuación de la Superintendencia de Seguridad Social, se ajusta rigurosamente a las normas constitucionales y legales que establecen sus atribuciones en cuanto a la interpretación de la normas previsionales y de seguridad social, por lo que su actuar no es ilegal ni arbitrario, y tampoco ha vulnerado los derechos señalados por la recurrente.

Con fecha 17 de julio de 2017 la recurrida Asociación Chilena de Seguridad evacua el informe solicitado, señala que de los antecedentes obtenidos y de la investigación realizada, estimó que no correspondía acoger a la Sra. nombre reservado a la cobertura de la Ley 16.744, toda vez que no fue posible establecer de manera fehaciente e indubitada, como lo exige la ley, las reales circunstancias en que se habría accidentado, existiendo como único antecedente el testimonio de la afectada, quien no dio aviso oportuno del accidente a su empleador, lo que quedó de manifiesto con el testimonio prestado por su jefatura directa señor nombre reservado, Inspector General del Colegio, quien manifestó que el siniestro ocurrió el 14 de diciembre de 2016, pero que fue informado del mismo días después. Agrega que la recurrente en su recurso manifestó haberse accidentado el día 13 de diciembre de 2016, no obstante, en la DIAT se afirma que el siniestro se habría producido el día 14 de diciembre de 2016, presentándose en la Asociación Chilena de Seguridad el día 22 de diciembre de 2016, por lo que no fue posible establecer la relación de causalidad entre las lesiones sufridas y las labores desempeñadas por la víctima, en los términos establecidos en el inciso 1° del artículo 5° de la Ley 16.744. Por lo que solicita se rechace el recurso interpuesto en su contra.

En el segundo otrosí, se adhiere a lo señalado por la Superintendencia en cuanto a la extemporaneidad del recurso.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

1°.- Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, encaminada y destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

2°.- Que en estos autos ha acudido a sede jurisdiccional a través de esta vía doña nombre reservado en contra de la Asociación Chilena de Seguridad de San Fernando y de Superintendencia de Seguridad Social, por haber tales reparticiones calificado como común un accidente del trabajo que habría sufrido el día 13 de diciembre de 2016 con ocasión del desempeño de sus labores de aseo en el Liceo Eduardo Charme de la comuna de San Fernando, por el que resultó con el tendón de su hombro derecho completamente cortado, requiriendo de una intervención quirúrgica que no puede costear, al quedar desprovista de la cobertura de la Ley 16.744.

3°.- Que, el primer asunto a resolver consiste en la alegación de los recurridos en orden a obtener la declaración de extemporaneidad de la acción constitucional deducida. En este sentido, cabe destacar que, tal como lo aclara la propia Superintendencia, la resolución final que consolidó el rechazo de la pretensión de la recurrente fue dictada el 17 de marzo del presente, respecto de la cual la actora indica tomó conocimiento el día 29 de marzo del año en curso, circunstancia esta última que no fue controvertida por las recurridas por lo que, habiéndose presentado el recurso el 27 de abril último, éste se ha incoado dentro del plazo de 30 días contemplado en el Auto Acordado respectivo, por lo que tal pretensión debe ser rechazada.

4°.- Que, en segundo orden, tocante a la petición de la recurrida a fin de que se declare la improcedencia de la acción constitucional de protección en materias de seguridad social, al no estar tal derecho garantizado en el catálogo del artículo 20 de la Carta Fundamental, cabe señalar que si bien resulta cierto lo expuesto por la recurrida en ese punto, el hecho denunciado a través de esta vía posee implicancia directa, sea por vía de amenaza, perturbación o afectación, respecto de otros derechos constitucionales que sí se encuentran garantizados en el referido catálogo, tal como la vida e integridad física, lo que habilita a la actora para requerir la protección que por esta vía se solicita.

5°.- Que en cuanto al fondo, para establecer la concurrencia de un acto u omisión arbitrario o ilegal que haya provocado un resultado consistente en la amenaza de algunos de los derechos o garantías amparados a través de esta vía, se debe tener presente que el acto administrativo cuestionado, esto es, el ORD. N° 13213 emanado de la Superintendencia de Seguridad Social, fundamenta su decisión en que existen versiones contradictorias que impiden establecer de manera indubitable que la trabajadora haya sufrido un siniestro que pueda ser calificado como accidente del trabajo, ello por cuanto: a) mientras la trabajadora expresa en su presentación que sufrió el accidente el día 13 de diciembre de 2016 -misma fecha indicada por nombre reservado, Inspector General en carta de 29 de diciembre de 2016- la DIAT suscrita por nombre reservado y la formulada por la trabajadora consigna como fecha del siniestro el 14 de diciembre de 2016; b) mientras la trabajadora señala que informó inmediatamente del accidente al Inspector General, Sr. nombre reservado, éste declaró ante la Mutualidad que “fue informado del suceso días después”.

6°.- Que esta Corte no advierte ningún vicio de ilegalidad en las decisiones administrativas adoptadas por las recurridas, que calificaron como común el siniestro denunciado con fecha 22 de diciembre de 2016, toda vez que conforme al artículo 2 letra a) de la Ley 16.395 a la Superintendencia de Seguridad Social corresponde fijar la interpretación de las normas legales y reglamentarias de seguridad social, encontrándose entre éstas la dispuesta en el artículo 5 de la Ley 16.744, que define lo que debe entenderse por accidente del trabajo.

7°.- Que tampoco se aprecia arbitrariedad en las decisiones adoptadas por cuanto, tanto aquélla emanada de la Asociación Chilena de Seguridad como la dictada por la Superintendencia de Seguridad Social, conociendo del recurso de reconsideración deducido por la trabajadora, aparecen debidamente fundadas sobre la base de los antecedentes recabados durante el proceso de investigación correspondiente, que dan cuenta que no se encuentra establecido de un modo indubitado que el accidente denunciado haya ocurrido con ocasión del desempeño laboral de la recurrente, dadas las muchas inconsistencias existentes entre las declaraciones realizadas en el proceso y los documentos tenidos a la vista, en cuanto al lugar y fecha de ocurrencia del accidente, razones todas por la que la presente acción cautelar no puede prosperar.

Por estas consideraciones, y atendido lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara que se rechaza el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, y de la Asociación Chilena de Seguridad, oficina San Fernando.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol I. Corte 1085-2017 Protección.