nombre reservado con nombre reservado

Rancagua, dieciséis de agosto de dos mil veintitrés.

VISTOS:

Con fecha 3 de abril del año 2023, compareció don nombre reservado, empleado, domiciliado en domicilio reservado, deduciendo recurso de protección en contra de nombre reservado, domiciliada en las Garzas sin número, comuna de Marchigüe.

Refiere ser dueño de una propiedad de destino agrícola, denominada como Lote número Dos-Dos, correspondiente al resto de un inmueble ubicado en las Garzas, comuna de Marchigue, de una superficie aproximada de 5.905 metros cuadrados, cuyos deslindes y datos registrales indica, agregando que desde que adquirió dicha propiedad, estuvo preocupado de mantener la materialidad de sus deslindes, sin haber tenido jamás problemas con sus vecinos, situación que se mantuvo hasta finales del año 2022, cuando fue alertado por terceros de la intención de la recurrida de alterar los deslindes del tramo suroriente de la propiedad.

Expone, que con fecha 11 de marzo del año en curso, la recurrida nuevamente ingresó a su propiedad, por el mismo sector suroriente, logrando esta vez cumplir su objetivo pues, dañando los deslindes, se apoderó de una parte indeterminada de superficie de su inmueble, todo ello con el objeto de regularizar dicho retazo ante la Secretaria Regional Ministerial de Bienes Nacionales, mediante la gestión de la Sociedad Geolex Limitada, misma que solicitó ante el SII la asignación de rol para la propiedad, lo que fue rechazado por dicho Servicio como se advierte del Oficio N°481 del Servicio de Impuestos Internos.

Indica, que mediante estos actos de autotutela la recurrida ha derribado los deslindes de su inmueble, lo que constituye una perturbación, amenaza y privación del derecho de dominio que tiene respecto de su bien raíz, atentando de esta forma en contra del derecho constitucional reconocido y amparado en el artículo 19 N° 24 de nuestra Constitución Política de la República, denotando además con su actuar una profunda mala fe, al haber ingresado el 22 de marzo del año en curso una solicitud de regularización de bien raíz, bajo el procedimiento establecido en el Decreto Ley 2695, lo que determinó que decidiera ingresar una carta ante la autoridad ministerial, para dar cuenta de la situación que lo afecta, sin que hasta la fecha de interposición del recurso recibiese respuesta alguna, tanto respecto de su carta como de su posterior comparecencia personal, conducta que califica como falta de servicio por parte del Ministerio de Bienes Nacionales, ya que aun cuando ha sido informado de los hechos en que se basa el presunto dominio de la recurrida, y que se erigen en la realidad como una infracción a las disposiciones del mencionado Decreto Ley, no ha realizado control o examen de la verdadera situación que afecta la posesión del inmueble sub lite.

Finaliza, indicando que además de la afectación a su derecho de propiedad, la conducta desplegada por la recurrida determina la vulneración a la garantía fundamental contenida en el artículo 19 N°3 inciso 5° de la Constitución Política de la República, pues mediante sus actos de autotutela, ha actuado como una comisión especial, por lo que solicita que se acoja su recurso y en definitiva se declare que los actos descritos han sido ilegales y arbitrarios, y se toman por esta Corte todas las medidas conducentes a reestablecer el imperio del derecho, ordenando a la recurrida reponer los deslindes dañados, absteniéndose de ingresar nuevamente a la propiedad, de dañar los deslindes y de seguir inscribiendo la propiedad a través del Decreto Ley 2695.

Al declarar admisible el recurso, esta Corte ordenó oficiar a la Secretaria Regional Ministerial de Bienes Nacionales de esta Región, para determinar la efectividad de lo aseverado por el actor en cuanto a mantener la recurrida vigente un procedimiento de regularización respecto de parte de su propiedad, trámite que fue cumplido a folio 10, oportunidad en que dicha autoridad remitió copia del expediente N° 649976, correspondiente a la regularización requerida por Geolex, en favor de la recurrida de autos.

En dicho expediente, se advierte que la tramitación de la solicitud de regularización de la recurrida se inició el 31 de agosto del año 2021, respecto de un inmueble ubicado en domicilio reservado, en la comuna de Marchigue, el que tiene asignado el rol 137-41, de una superficie de 700 metros cuadrados, el que refiere habita hace 24 años. Aquella solicitud, aparece fue aceptada, como se verifica del tenor de la Resolución Exenta N°457, de 29 de junio del año 2022, oportunidad en que se ordenó a la recurrida proceder con las publicaciones establecidas, lo que no consta se haya realizado, así como tampoco consta la existencia de la carta que el recurrente refiere haber ingresado a dicha repartición, para dar cuenta de la situación que mediante el presente recurso se denuncia.

Posteriormente, con fecha 27 de abril del año en curso, a folio N°13, comparece el abogado Alejandro Zarongas Muñoz, evacuando el informe solicitado a la recurrida y pidiendo el rechazo del recurso, con expresa condena en costas.

Expone, en primer lugar, que el actor no ha utilizado los medios de impugnación contenidos en el mismo Decreto Ley 2695 para alegar la improcedencia de la regularización intentada por su parte, utilizando en su reemplazo esta acción cautelar de urgencia, sin que se entienda si recurre respecto de la eventual alteración de deslindes, o en relación con el trámite de regularización iniciado por su representada.

Agrega, que su parte se encuentra en posesión de dos terrenos de 1.000 metros cuadrados cada uno, de los cuales uno de ellos lo adquirió por compraventa inscrita en el Conservador de Bienes Raíces y el otro mediante declaración notarial del dueño suscrita con fecha 30 de enero de 1997, encontrándose unidas ambas propiedades, respecto de las cuales su parte ha realizado en forma continua actos de ocupación, como plantaciones, construcciones, cercos, corrales de animales, bodegas, trazado de electrificación y agua, limpieza de quebradas, entre otras.

Finaliza, haciendo presente que la posesión que detenta su representada proviene al menos desde el año 1997, por lo que el recurrente tiene conocimiento de ello al menos desde que adquirió su propiedad en el año 2014.

A folio 16, consta el informe evacuado por la Tenencia de Carabineros de Muchigüe, antecedente suscrito por el Sargento Segundo de Carabineros, nombre reservado, quien refirió que la recurrida habita domicilio reservado, ruta 90, KM 97 de la comuna de Muchigüe, adjuntando fijación fotográfica del lugar.

Finalmente, mediante presentación incorporada a folio 18, el abogado de la recurrida indicó que su representada cumplió con las publicaciones legales a que se refiere el artículo 11 del D.L. 2.695, dictándose la correspondiente certificación de no oposición, encontrándose actualmente vencido el plazo para ello.

En su oportunidad, se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

1° Que, el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, dificulte o perturbe ese ejercicio.

2° Que, la actuación arbitraria e ilegal que se atribuye a la recurrida consiste en la destrucción del deslinde suroriente de la propiedad del recurrente; la apropiación de parte de aquél y, además, la intención de la recurrida de regularizar a su nombre y mediante el procedimiento realizado ante el Ministerio de Bienes Nacionales, parte del inmueble del actor.

3° Que, por su parte la recurrida en su informe controvirtió los hechos afirmados por la recurrente y solicitó el rechazo de la presente acción fundado en que se ha limitado a realizar los procedimientos necesarios para regularizar la posesión de un inmueble que adquirió en el año 1997, dando cumplimiento a cada uno de los requisitos establecidos para ello en el Decreto Ley 2695, sin que en dicho procedimiento la actora haya hecho valer oposición alguna.

4° Que, de lo relacionado en la parte expositiva de esta sentencia, y del estudio de la documentación aportada por las partes, en particular, el expediente administrativo de Rol N° 649976, de la Secretaria Regional Ministerial de Bienes Nacionales, se desprende que respecto de la regularización de la posesión iniciada por la recurrida, nos encontramos en presencia de un procedimiento que se ha encuadrado dentro de los márgenes de la legalidad, pues ha sido tramitado ante la autoridad competente y respetando las etapas establecidas en el Decreto Ley 2695, careciendo entonces de la ilegalidad y arbitrariedad denunciadas.

A mayor abundamiento, no puede olvidarse que aun cuando se encuentre certificado en el expediente administrativo de regularización que el recurrente no se opuso a la misma, a éste le asiste el derecho de impugnar la regularización solicitada por la actora, de conformidad con lo establecido en el artículo 26 del Decreto Ley 2.695, así como también puede deducir la acción indemnizatoria contemplada en el artículo 28 de la misma norma, sin perjuicio de las demás acciones de lato conocimiento que pudieren ser procedentes.

En estas circunstancias, no existe ninguna medida de urgencia cautelar que esta Corte pudiera adoptar al respecto.

5° Que, en cuanto a la alegación relativa a la modificación de los deslindes, de lo expuesto por las partes se advierte que no es posible aseverar que el hecho denunciado haya determinado la afectación de un derecho indubitado, toda vez que ello –precisamente- es lo que se encuentra controvertido.

En consecuencia, no se trata de algún derecho indubitado susceptible de ser resguardado a través de este recurso, por cuanto la situación indicada indefectiblemente debe ser resuelta en un procedimiento de lato conocimiento, en el que las partes puedan acompañar todos los antecedentes necesarios para su resolución, no siendo ésta la vía idónea para resolver sobre aquello.

6° Que, por lo anterior, y considerando que no concurren en la especie los requisitos de procedencia de la acción de protección, la misma será desestimada, como se dirá en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y Auto acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso deducido en favor de nombre reservado y en contra de nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol Ingreso Corte N° 1061-2023 Protección.

“Se deja constancia que esta sentencia no reúne los presupuestos para ser anonimizada de acuerdo a lo dispuesto en el Acta 44-2020 de la Excma. Corte Suprema”.