Protección contra Superintendencia de Seguridad Social y Compin por el rechazo de su licencia médi

Rancagua, once de julio de dos mil veinticinco.

Vistos:

Con fecha 22 de enero de 2025, comparece don nombre reservado, chileno, soltero, trabajador dependiente, cédula nacional de identidad número RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado quien interpone recurso de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social y Compin por el rechazo de su licencia médica N°110090035-8 extendida por un total de 30 días a contar del 14 de noviembre de 2024.

Refiere que comenzó atención psiquiátrica el día 15 de marzo de 2024, fecha a partir de la cual se le ha prescrito reposo médico mediante licencias sucesivas, las que le han sido rechazadas. Sin embargo, reclama únicamente respecto de licencia médica N°110090035-8.

Expone que esta situación le ha dificultado continuar con su tratamiento médico y farmacológico, ya que durante este período ha tenido que conseguir dinero para cubrir el costo de sus consultas psiquiátricas y psicológicas. A lo anterior se suma la creciente preocupación por la falta de pago de sus licencias médicas, lo que ha repercutido negativamente en su estado emocional y en su estabilidad personal.

Por lo anterior, solicita a la Iltma. Corte de Apelaciones que acoja el recurso de protección interpuesto, con el objeto de que se ordene el pago de la licencia médicas referida.

A folio N°4, consta informe solicitado a la Comisión de Medina Preventiva e Invalidez.

Señala que, según sus registros, consta que el recurrente durante el año 2023 presentó 4 licencias médicas, por un total de 41 días de reposo médico, todas autorizadas.

En el año 2024, presentó un total de 12 licencias médicas, de las cuales sólo se autorizaron 3 por un total de 82 días de reposo y las 9 restantes, por un total de 104 días, fueron rechazadas por no encontrarse justificado el reposo prescrito.

Añade que los antecedentes evaluados describen sistemas moderados, no evalúan funcionalidad global, sin examen mental, sin GAF evolutivo, estimándose que el reposo autorizado es suficiente para la recuperación del cuadro clínico.

Finalmente, precisa, que el recurrente apeló a la SUSESO, entidad que ratificó lo obrado por COMPIN.

A folio 8, comparece la Superintendencia de Seguridad Social, evacuó informe la Superintendencia de Seguridad Social, representada por su abogado don Sebastián de la Puente Hervé, solicitando en primer término se declare la improcedencia del recurso de protección interpuesto por don nombre reservado, por cuanto la materia discutida se refiere al derecho a la seguridad social, consagrado en el artículo 19 N° 18 de la Constitución Política de la República, el cual no se encuentra amparado por la acción cautelar prevista en el artículo 20 del mismo cuerpo normativo. En subsidio, informó sobre el fondo del asunto, señalando que, según consta en el expediente administrativo PAE código R-199698-2024, el recurrente dedujo reclamo el 5 de diciembre de 2024, en contra de la resolución dictada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (nombre reservado) de la Región de O’Higgins, que rechazó la licencia médica N° 110090035-8, extendida por 30 días a contar del 14 de noviembre de 2024.

Mediante Resolución Exenta N° R-01-UNRA-197541-2024, de fecha 23 de diciembre de 2024, y previa revisión de los antecedentes clínicos y administrativos, la Superintendencia confirmó el rechazo, señalando que el reposo prescrito no se encontraba médicamente justificado. Expresó que el informe médico de fecha 20 de noviembre de 2024, suscrito por el Dr. nombre reservado —profesional que no registra especialidad en psiquiatría ante el Registro Nacional de Prestadores de Salud—, no acreditaba síntomas incapacitantes ni evidencia de tratamiento psicoterapéutico o de seguimiento especializado, exigencias establecidas en el artículo 4° del Decreto Supremo N° 7, de 2013, del Ministerio de Salud, relativo a las guías clínicas referenciales para patologías mentales. Indicó, además, que el recurrente ya había sido beneficiario de 112 días de licencia por la misma patología (trastorno mixto de ansiedad y depresión, CIE F41.2), superando el umbral de 60 días prorrogables hasta 180 días, lo que exige intervención de un médico psiquiatra, conforme a la referida normativa reglamentaria.

En cuanto al marco normativo aplicable, precisó que el otorgamiento, rechazo y revisión de licencias médicas se encuentra regulado por el artículo 149 del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, el Decreto Supremo N° 3, de 1984, del mismo Ministerio, y el Decreto con Fuerza de Ley N° 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, en cuanto al subsidio por incapacidad laboral. Asimismo, explicó que la SUSESO actuó dentro de sus facultades legales, conforme a lo previsto en los artículos 2°, 3°, 27, 38 letras d) y e) de su Ley Orgánica N° 16.395, ejerciendo su rol de autoridad técnica de fiscalización y control de las instituciones de previsión, sin incurrir en ilegalidad o arbitrariedad. Finalmente, afirmó que no existe vulneración ni amenaza a las garantías del artículo 19 N°s 1, 9 ni 24 de la Carta Fundamental, toda vez que el eventual derecho al subsidio por incapacidad laboral no puede reputarse incorporado al patrimonio del trabajador sin la previa autorización de la licencia médica respectiva, y que el recurrente ha mantenido acceso a atención médica conforme a la cobertura de salud vigente, sin impedimento alguno por parte de la recurrida.

Se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

1.- Que, el recurso de protección establecido en el artículo 20 de nuestra Carta Fundamental, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben estimar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, dificulte o amague ese ejercicio.

2.- Que, el presente recurso se dirige en contra de la Resolución Exenta N°R-01-UNRA-197541-2024, de fecha 23 de diciembre de 2024, dictada por la Superintendencia de Seguridad Social, que rechazó, por injustificado, el reposo prescrito en virtud de la licencia médica N°110090035-8, extendida por un total de 30 días, a contar del 14 de noviembre de 2024.

3.- Que, en el informe evacuado por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (nombre reservado), se indica que el recurrente presentó durante el año 2023 un total de cuatro licencias médicas, todas ellas autorizadas, correspondientes a 41 días de reposo médico. En el transcurso del año 2024, el recurrente presentó doce licencias médicas, de las cuales solo tres fueron autorizadas, por un total de 82 días, siendo rechazadas las nueve restantes —equivalentes a 104 días— por estimarse no justificado el reposo prescrito, concluyéndose que el reposo ya autorizado resultaba suficiente para la recuperación del cuadro clínico, decisión que fue confirmada por la Superintendencia de Seguridad Social.

4.- Que, por su parte, la Superintendencia de Seguridad Social, al evacuar su informe, sostuvo que el recurso de protección resulta improcedente por versar sobre materias propias del derecho a la seguridad social, que no se encuentran amparadas por el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Sin perjuicio de dicha alegación, informó sobre el fondo del asunto, señalando que mediante Resolución Exenta N°R-01-UNRA-197541-2024 confirmó el rechazo de la licencia médica N° 110090035-8, extendida por 30 días, al concluir que el reposo no se encontraba médicamente justificado, toda vez que el informe del médico tratante no acreditaba síntomas incapacitantes ni tratamiento especializado, y que dicho profesional no contaba con la especialidad de psiquiatría conforme al Registro Nacional de Prestadores de Salud, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 4° del D.S. N° 7, de 2013, del Ministerio de Salud.

Agrega que, conforme a lo dispuesto en los artículos 2°, 3°, 27 y 38 de la Ley N°16.395, la Superintendencia actuó dentro del ámbito de sus atribuciones legales y técnicas de fiscalización en materia de seguridad social, sin incurrir en ilegalidad ni arbitrariedad, en tanto su decisión se fundó en antecedentes clínicos concretos y en la normativa vigente, entre ellos, el D.F.L. N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud; el D.S. N° 3, de 1984, del mismo Ministerio; y el D.F.L. N° 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, descartándose asimismo la existencia de afectación a las garantías constitucionales invocadas por el recurrente, particularmente los derechos a la vida, a la integridad física y psíquica, a la protección de la salud y a la propiedad, por cuanto no existía un derecho indubitado que requiriera tutela cautelar.

5.- Que, en relación con la improcedencia del recurso alegada por la Superintendencia de Seguridad Social, por tratarse de materias referidas a la seguridad social, ésta será rechazada dado que dentro de las garantías invocadas y que fundan el recurso se encuentran los derechos a la integridad física y psíquica y el de propiedad, todos ellos protegidos por la acción cautelar de autos.

6.- Que, en cuanto al fondo, cabe señalar que la conducta materia de esta acción no puede calificarse de ilegal, toda vez que el artículo 16° del Decreto Supremo 3/84 del Ministerio de Salud, establece que corresponde a la COMPIN, a la Unidad de Licencias Médicas o a la ISAPRE, en su caso, rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia.

7.- Que, en consecuencia, las decisiones que se impugnan se enmarcan dentro de las facultades de supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social; y de la autoridad técnica de fiscalización de las instituciones de previsión y en especial de la COMPIN y la SUSESO, conforme a lo dispuesto en los artículos 2, 3 y 27 de la Ley N° 16.395 y sus modificaciones, y el uso correcto de la licencia médica y la protección del cotizante y beneficiario conforme a lo dispuesto en la Ley N° 20.585.

8.- Que, en cuanto a la arbitrariedad, entendida ésta como la falta de justificación y razonabilidad en la decisión adoptada, debe señalarse que el propio artículo 16 antes citado, contempla la necesidad de justificar la decisión que se adopte, al disponer que deberá dejarse constancia de los fundamentos que se han tenido en consideración para adoptar alguna de las medidas que la norma contempla.

En este sentido, la resolución objeto del recurso funda su confirmación al rechazo de la licencia médica del actor en base al siguiente argumento: “(…) que los antecedentes evaluados entre los que se encuentra el maestro histórico de licencias médicas y el informe del médico tratante, no permiten establecer incapacidad temporal más allá del periodo ya autorizado, el cual alcanza a 112 días por la misma patología. El informe médico de fecha 20 de noviembre de 2024 no describe adecuadamente el compromiso funcional de los síntomas, su evolución ni los ajustes en el tratamiento que podrían justificar un rol terapéutico del reposo.”.

9.- Que, por lo antes señalado, al encontrarse suficientemente motivado el acto administrativo recurrido por parte de la Superintendencia de Seguridad Social, quien en su rol de autoridad técnica ha analizado los antecedentes médicos que constan en el expediente administrativo, decidió no dar curso a la licencia médica, todo lo cual se enmarca dentro de las facultades legales que posee, por lo que no ha cometido acto ilegal o arbitrario que vulnere garantías constitucionales, debiendo en consecuencia rechazarse el recurso de protección.

10.- Que, a mayor abundamiento, tampoco en la especie se cumplió con las exigencias que la ley impone para otorgar una licencia psiquiátrica, esto es, que sea emitida por un médico psiquiatra, puesto que la Superintendencia informó que quien le dio la licencia recurrida al actor, no tiene dicha especialidad, lo que resulta suficiente para su objeción por parte del ente fiscalizador.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado Sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales de la Excma. Corte Suprema, se resuelve:

I.- Que, se rechaza la alegación de improcedencia de la acción, alegada por la recurrida.

II.- Que se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, y en contra de la Superintendencia de Seguridad Social y Compin.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol Corte 105-2025. Protección.