RECURRENTE: OSCAR ANTONIO CACERES DIAZ. RECURRIDO: ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A.

SEQ CHAPTER \h \r 1Rancagua, siete de junio del año dos mil dieciséis.

Vistos:

A fojas 31, con fecha 5 de mayo del año en curso, comparece Oscar Antonio Cáceres Díaz, abogado, domiciliado en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A. o AFP PROVIDA, sociedad del giro de su denominación, representada en Santiago por nombre reservado, Gerente General, domiciliado en domicilio reservado, y representada en Rancagua por doña nombre reservado, jefa de la agencia de Rancagua, domiciliada en domicilio reservado.

Señala que en el mes de febrero del año 2015 fue demandado por doña nombre reservado, por nulidad de despido y cobro de prestaciones laborales, lo que dio origen a la causa Rit M-104-2015, del Juzgado de Letras del Trabajo de Rancagua, en la que con fecha 17 de marzo del año 2015, se llevó a efecto audiencia en la que las partes arribaron a una conciliación, estableciendo que la parte demandada, con el sólo ánimo de poner término al juicio, ofrece pagar a la demandante la suma única y total de $280.000, en dos cuotas iguales de $140.000 mediante cheque nominativo, otorgándose el más amplio, completo y total finiquito respecto de la acción deducida, declarando que nada se adeudan con la excepción del cumplimiento de la conciliación.

No obstante que en dicha conciliación no se reconoció la existencia de la relación laboral, desde abril de este año la empresa de cobranza Orpro le ha enviado correos electrónicos señalando que adeuda una suma aproximada de $412.000 por concepto de cotizaciones previsionales.

Indica que se acercó a la AFP PROVIDA a explicar que nada adeudaba pero continuaron hostigándolo para que pagara la deuda, enviando la recurrida la información al Boletín Comercial lo que le ha generado diversos inconvenientes como el rechazo de un cheque y la apertura de una cuenta corriente, la empresa a la que le presta servicios, con fecha 3 de mayo del año 2016, le comunicó que no podrán seguir contando con sus servicios al tener deuda laboral y defenderlos a ellos en causas laborales.

Ante esta situación, el 15 de abril del año 2016 presentó un escrito ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Rancagua, con la finalidad que oficiara a AFP PROVIDA, para que ésta hiciera las gestiones para sacarlo de DICOM, al no tener deudas laborales, sin embargo, a la fecha aún se encuentra en DICOM.

Finalmente indica que los hechos descritos constituyen vulneración de sus garantías constitucionales reconocidas en el artículo 19 N°3, inciso 1°, artículo 19 N°4, artículo 19 N°16 inciso 1°, artículo 19 N°23 inciso 1°, artículo 19 N°24, inciso 1°, 2° y 3°, de nuestra Constitución, a saber, derecho a igualdad, protección ante la Ley, derecho y protección a la honra, derecho protección a la salud, derecho a la libertad de trabajo y su protección, derecho a desarrollar cualquier actividad económica, derecho para adquirir el dominio de cualquier clase de bienes y el derecho de propiedad, esto último porque ha sufrido un desmedro en su patrimonio ya que lo recibido de la empresa Manchega constituye un gran porcentaje de sus ingresos, los que destina a su tratamiento por insuficiencia renal; solicitando en definitiva la eliminación inmediata del Boletín Comercial de la Cámara de Comercio DICOM y cualquier otro registro existente, ya que nada adeuda por ningún concepto a AFP PROVIDA, con costas del recurso.

A fojas 52 la recurrida evacua el informe, solicitando el rechazo del recurso, con costas. Señala que el Juzgado de Letras del Trabajo de Rancagua, en la causa Rit M-104-2015, ordenó se le notificara a su parte el inicio de un proceso judicial por parte de la afiliada doña nombre reservado, en contra del empleador Oscar Cáceres Díaz, ya que ella estaba demandando entre otras prestaciones, sus cotizaciones previsionales, desde junio a diciembre del año 2014.

En dicha causa el tribunal aprobó la conciliación arribada entre las partes en todo lo que en derecho fuere procedente, por lo que en virtud de las normas del artículo 19 del Decreto Ley 3.500, Ley 19.322 y el compendio de normas del sistema de pensiones, iniciaron el cobro judicial correspondiente, encargándolo a la empresa ORPRO.

Señala que el 18 de abril del año 2016, el Juzgado de Letras del Trabajo de esta ciudad les informó que en dichos autos, no se había dictado ninguna sentencia que reconociera la existencia de la relación laboral entre las partes, por lo que instruyeron a la Dirección del Trabajo para que eliminara al recurrente del Boletín de empleadores morosos de cotizaciones previsionales. Asimismo, se instruyó al estudio jurídico encargado de la cobranza judicial que cesara con ella.

Refiere que por mandato constitucional, debe iniciar las acciones de cobros de las cotizaciones previsionales, pidiendo en definitiva el rechazo del recurso por cuanto no existe una vulneración de las garantías constitucionales, sino más bien, un estricto cumplimiento a la normativa que rige la protección de los derechos previsionales.

A fojas 48 acompaña información obtenida con fecha 23 de mayo de 2016 de Equifax, donde consta que el recurrente de autos no registra deuda en boletín vigente.

A fs. 55 se trajeron los autos en relación.

Considerando:

1° Que la actuación arbitraria e ilegal que se atribuye a la recurrida, consiste en que ésta inició el cobro de cotizaciones previsionales por el periodo junio a diciembre del año 2014, respecto de su afiliada nombre reservado, sin que en el juicio seguido en causa Rit M-104-2015, ante el Juzgado de Letras del Trabajo de esta ciudad, se reconociera la existencia de la relación laboral alegada, arribándose a una conciliación con el único fin de poner término al juicio. Este cobro que señala resulta improcedente, por lo que vulneraría su derecho a la igual protección ante la ley, derecho y protección a la honra, derecho protección a la salud, derecho a la libertad de trabajo y su protección, derecho a desarrollar cualquier actividad económica, derecho para adquirir el dominio de cualquier clase de bienes y el derecho de propiedad.

2° Que al informar la recurrida, ésta sostiene que la actuación se justifica en el estricto cumplimiento a la normativa que les rige en protección de los derechos previsionales de sus afiliados.

3°.- Que se debe tener presente que el recurso de protección tiene por objeto restablecer la vigencia del derecho, ante una situación anormal y evidente, que conculque alguna de las garantías que especialmente protege nuestra Carta Fundamental y que provenga de un acto ilegal o arbitrario que precisamente vulnere un derecho vigente e indiscutido, a fin de que se tutele el bien jurídico amenazado con la debida premura.

4º.- Que de los antecedentes aportados por las partes se aprecia que efectivamente en la causa seguida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de esta ciudad, se notificó a la ahora recurrida de acuerdo a lo previsto en el inciso quinto del artículo 446 del Código del Trabajo, y que recién con fecha 19 de abril del año 2016, el Juzgado de Letras del Trabajo de Rancagua, le informó que en dicha causa no existen deudas previsionales que cobrar.

5° Que dichos elementos dan cuenta que la recurrida inició las acciones de cobro que por mandato legal le corresponden, por lo que su actuación, no puede ser considerada arbitraria o ilegal, además, una vez que tomó conocimiento de lo ordenado por el Juzgado de Letras del Trabajo de esta ciudad, ofició a la Dirección del Trabajo para eliminar al recurrente del Boletín de empleadores morosos de cotizaciones previsionales, lo que se ha acreditado con el informe laboral previsional obtenido con fecha 23 de mayo del año 2015 y que rola a fojas 48 de estos autos, en el que se indica que el recurrente no registra deuda en el boletín vigente, por lo que actualmente lo pretendido por el recurrente ya se obtuvo no existiendo ninguna situación que constituya una privación, perturbación o amenaza a los derechos invocados en su recurso, motivos por los cuales el mismo será desestimado.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se resuelve:

Que se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido a fojas 31.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol I. Corte 1047-2016 Prot.

Pronunciada por la Primera Sala de esta Corte de Apelaciones, integrada por los Ministros señores Emilio Elgueta Torres, Carlos Farías Pino y Fiscal Judicial señor nombre reservado.

Hernán González Muñoz Secretario En Rancagua, a siete de junio de dos mil dieciséis, notifiqué por el estado diario la sentencia que antecede.