nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES

Rancagua dieciséis de diciembre de dos mil veinticinco Vistos:

Con fecha 25 de junio del año 2025, comparece don nombre reservado, trabajador dependiente, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, domiciliado para estos efectos en domicilio reservado y viene en deducir recurso de protección en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar de la Araucana, RUT RUT reservado, representada legalmente por doña nombre reservado, abogada, con domicilio en domicilio reservado, y en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, RUT RUT reservado, representada legalmente por don nombre reservado, ingeniero comercial, con domicilio en domicilio reservado, en virtud de los fundamentos de hecho y derecho que en su presentación expuso.

Relata que, con fecha 14 de agosto de 2019, suscribió un pagaré a favor de la recurrida Caja de Compensación Los Andes, obligación que posteriormente fue reprogramada el 10 de febrero de 2023, pactándose un nuevo calendario de pagos. Indica que, por dificultades económicas, incurrió en mora a partir de la segunda cuota, motivo por el cual dicha recurrida dedujo en su contra demanda ejecutiva de cobro de pagaré, seguida ante el Primer Juzgado Civil de Rancagua en los autos Rol C-8141-2023.

Señala que en dicho juicio ejecutivo opuso oportunamente la excepción de prescripción de la acción ejecutiva, la cual fue declarada admisible, encontrándose actualmente en estado de dictarse sentencia. No obstante ello, afirma que, de manera paralela a la tramitación judicial del cobro, comenzaron a practicarse descuentos por planilla de remuneraciones, a contar del mes de marzo de 2025, efectuados por la otra recurrida, Caja de Compensación La Araucana, bajo el ítem “créditos” y a través del denominado sistema de interconexión inter-cajas, sin notificación ni información previa.

Aduce que dichos descuentos, que han significado una disminución efectiva y reiterada de su remuneración mensual, constituyen un ejercicio de autotutela, carente de fundamento legal, arbitrario e improcedente, especialmente considerando que el acreedor optó previamente por la vía judicial para el cobro íntegro de la deuda, encontrándose dicha acción aún pendiente de resolución. Sostiene que ello importaría un doble cobro, vulnerando su legítima expectativa de percibir íntegramente sus remuneraciones.

Funda su pretensión en una interpretación restrictiva del artículo 22 de la ley N°18.833, invocando jurisprudencia de esta Corte y de la Corte Suprema, que ha calificado como arbitraria la reanudación o mantención de descuentos por planilla cuando la Caja ha optado por judicializar el cobro del crédito, especialmente sin aviso previo y tras un lapso prolongado desde la exigibilidad de la obligación.

En mérito de lo anterior, solicita que se acoja el recurso de protección, ordenando a las recurridas cesar los descuentos, restituir las sumas ya retenidas y condenarlas al pago de las costas del recurso.

Con fecha 8 de julio del año 2025, comparece la Caja de Compensación La Araucana evacuando el informe que le fuere requerido.

Expone que, conforme a sus registros internos, el recurrente no mantiene créditos vigentes con dicha Caja, ni figura como deudor respecto de otra entidad en sus sistemas. Sin perjuicio de ello, indica que, revisado el sistema intercajas, se constató que efectuó remesas a la Caja de Compensación Los Andes, precisando que dichos montos se encuentran actualmente incorporados al patrimonio de esta última.

En cuanto a los fundamentos de fondo, desarrolla que, según el artículo 1 de la Ley N°18.833, las Cajas de Compensación son corporaciones de derecho privado sin fines de lucro, cuya finalidad es administrar prestaciones de seguridad social, dentro de las cuales se incluyen los créditos sociales. Añade que, de acuerdo con el Compendio de Normas de 2023 de la Superintendencia de Seguridad Social, el crédito social se concibe como una prestación de bienestar social consistente en préstamos de dinero orientados a satisfacer necesidades del trabajador o pensionado afiliado y sus causantes.

En este contexto, afirma que el artículo 22 inciso primero de la ley N°18.833, en relación con el D.S. N°91 de 1978 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y con la ley N°17.322, establece el deber de deducir, retener y remesar a la Caja acreedora lo adeudado por concepto de crédito social, bajo un régimen similar al de las cotizaciones previsionales, agregando que ello se armoniza con el artículo 58 del Código del Trabajo, que impone al empleador la deducción de ciertas obligaciones de seguridad social y previsionales.

A su vez, invoca los artículos 1545 y 1546 del Código Civil, sosteniendo que los contratos obligan a las partes y deben ejecutarse de buena fe, de modo que la deuda subsiste y puede ser exigida mientras no opere un modo legal de extinguir las obligaciones o no exista una declaración judicial de prescripción, cuya alegación corresponde al interesado y no puede ser declarada de oficio. En apoyo de lo anterior, cita un pronunciamiento de la Superintendencia de Seguridad Social (Dictamen 2659-2020, de 12 de agosto de 2020), en cuanto sostiene que, mientras no exista declaración judicial de prescripción de las acciones emanadas del crédito social y del pagaré respectivo, deben continuarse practicando los descuentos.

Sobre dicha base, concluye que no ha incurrido en acto ilegal ni arbitrario que prive, perturbe o amenace garantías constitucionales del actor, afirmando que la operativa de descuentos se funda en normativa vigente orientada a asegurar el pago efectivo de créditos sociales, por lo que no existiría afectación del derecho de propiedad. En definitiva, solicita se rechace la acción deducida en contra de su representada, por estimar que no se configuran los presupuestos constitucionales del recurso y en atención a que no existe sentencia que declare extinguidas las obligaciones cuya cobranza se cuestiona.

Con fecha 9 de julio del año 2025, comparece la Caja de Compensación Los Andes evacuando el informe ordenado.

Expone que concedió al recurrente, con fecha 14 de agosto de 2019, el crédito social código 066CON101660154 por la suma de $4.813.269, pactado a una tasa de interés y con cuotas mensuales determinadas. Indica que entre octubre de 2019 y agosto de 2020 se pagaron regularmente las primeras cuotas, con una excepción por diferimiento asociado a licencia médica, y que, a partir de entonces, la obligación fue objeto de sucesivas reprogramaciones (en octubre de 2020, marzo de 2022 y febrero de 2023) en atención a saldos de capital e intereses devengados, manteniéndose el crédito en un esquema de pago a 60 meses, con cuotas y tasas reajustadas conforme a cada reprogramación.

Agrega que se registraron abonos posteriores, en particular, pagos recibidos el 29 de junio de 2023 y el 13 de mayo de 2025, los que se imputaron a la primera cuota y parcialmente a la segunda, con intereses penales, sin embargo, sostiene que las cuotas comprendidas entre mayo de 2023 y mayo de 2025 se encuentran en mora, manteniéndose vencimientos pendientes con proyección hasta marzo de 2028. Sobre esa base, afirma que se trata de un crédito vigente, exigible y no prescrito, por lo que su recaudación mediante el mecanismo legal de descuento por remuneración sería procedente.

Reconoce que se inició un juicio ejecutivo en contra del recurrente, indicando que ello no obedeció a un “capricho”, sino al cumplimiento de instrucciones contenidas en el Compendio de Normas de la Superintendencia de Seguridad Social aplicable a las Cajas de Compensación, que impondría el deber de iniciar cobranza judicial dentro de un plazo determinado desde la morosidad, especialmente tratándose de deudas superiores a cierto umbral.

Desarrolla el carácter social de los créditos otorgados por las Cajas de Compensación y describe su marco normativo, señalando que tales entidades, reguladas por la ley N°18.833, administran prestaciones de seguridad social, entre ellas los créditos sociales. Enfatiza que el financiamiento de las prestaciones se vincula al fondo social y a un patrimonio afecto a fines específicos, razón por la cual el legislador habría establecido garantías de recupero. En ese contexto, invoca el artículo 22 de la ley N°18.833 para sostener que el descuento por planilla constituye un mecanismo especial y obligatorio de pago, asimilado al régimen de cobro de cotizaciones previsionales, cuya ejecución recae principalmente en el empleador, y que no dependería de la voluntad del acreedor.

Argumenta que la prescripción no opera de pleno derecho, debiendo ser alegada y declarada judicialmente, conforme a los artículos 2492 y siguientes del Código Civil, citando además el Dictamen N°2659-2020 de la Superintendencia de Seguridad Social, en cuanto afirma que, mientras no exista declaración judicial de prescripción, deben continuar practicándose los descuentos. Añade que la acción de protección no sería la vía idónea para discutir la exigibilidad del crédito o la eventual extinción de la obligación, materia que, a su juicio, debe resolverse en la sede jurisdiccional correspondiente.

Respecto de la alegada vulneración del derecho de propiedad, sostiene que no existiría traspaso ilegítimo de dominio ni privación arbitraria, pues la deducción se encontraría expresamente autorizada por la normativa especial aplicable a los créditos sociales, precisando que la arbitrariedad sólo podría configurarse en el evento de descontarse cuotas respecto de créditos cuyas acciones se encontraran judicialmente prescritas, lo que no ocurriría en la especie.

Finalmente, invoca jurisprudencia de Cortes de Apelaciones y de la Corte Suprema que, según indica, confirmaría la legalidad del descuento por planilla y la improcedencia de calificarlo como doble cobro, concluyendo que no se verifica acto ilegal o arbitrario y solicita, en definitiva, el rechazo del recurso de protección.

Se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

1° Que el recurso de protección ha sido instituido por el constituyente como una acción de urgencia destinada a evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de acciones u omisiones arbitrarias o ilegales, que produzcan privación, perturbación o amenaza de alguna o algunas garantías constitucionales expresamente señaladas en la Constitución Política de la República, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección a quien pueda resultar afectado.

2° Que a través de la presente acción cautelar el recurrente pretende obtener el cese de los descuentos efectuados en su liquidación de remuneraciones por la Caja de Asignación Familiar La Araucana en el mes de marzo de 2025 y los que se devenguen durante la tramitación del recurso, derivadas de las cuotas impagas de un crédito otorgado por la Caja de Asignación Familiar Los Andes en el año 2019, reprogramado en el año 2023, y pagadero en un plazo de 60 meses, en razón de que actualmente existe un juicio ejecutivo tramitado en causa Rol C-8141-20230 del 1° Juzgado Civil de Rancagua en la cual se pretende el cobro de dicha deuda.

3° Que, por su parte, la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, al evacuar su informe, señala que el recurrente no mantiene créditos vigentes con dicha entidad ni figura como deudor en sus registros, precisando que su participación se limitó a efectuar remesas a la Caja de Compensación Los Andes a través del sistema intercajas, montos que habrían ingresado al patrimonio de esta última. Sostiene que su actuación se enmarca en la normativa vigente que regula los créditos sociales, particularmente el artículo 22 de la Ley N°18.833, el D.S. N°91 de 1978 y la Ley N°17.322, normas que imponen el deber de deducir y remesar las sumas adeudadas bajo un régimen asimilado al de las cotizaciones previsionales.

4° Que, a su turno, la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes expone que el crédito social otorgado al recurrente se encuentra vigente, exigible y no prescrito, habiendo sido objeto de diversas reprogramaciones y registrando abonos parciales hasta mayo de 2025, manteniéndose cuotas vencidas y por vencer hasta el año 2028. Reconoce el inicio de un juicio ejecutivo, indicando que ello responde al cumplimiento de instrucciones impartidas por la Superintendencia de Seguridad Social, que imponen la obligación de iniciar la cobranza judicial dentro de determinados plazos frente a la morosidad.

En este contexto, sostiene que el descuento por planilla constituye un mecanismo legal, obligatorio y especial de pago de los créditos sociales, previsto expresamente en el artículo 22 de la Ley N°18.833, cuya ejecución no depende de la voluntad del acreedor.

5° Que, de este modo, el asunto materia de esta acción se circunscribe a determinar si la práctica de descuentos por planilla de remuneraciones, efectuados en el marco de un crédito social cuya cobranza se encuentra judicializada y respecto del cual se ha alegado prescripción en sede ejecutiva, configura o no un acto ilegal o arbitrario susceptible de ser corregido por esta vía cautelar, y si dicha actuación importa una afectación actual o inminente de alguna de las garantías constitucionales invocadas por el recurrente, en particular, su derecho de propiedad.

6° Que, de los antecedentes y la revisión digital de la causa Rol C-8141-2023 del 1° Juzgado Civil de Rancagua, se desprende que el 14 de agosto de 2019, la recurrida Caja de Asignación Familiar Los Andes otorgó al actor un crédito por medio de un pagaré por la suma de $ 4.813.269.-, pagadero en 60 cuotas mensuales de $148.172.-, reprogramado el 10 de febrero de 2023 quedando un saldo pendiente de $4.844.232.-, pagadero en igual número de cuotas mensuales y sucesivas de $135.912.-. Dicha obligación fue cobrada mediante juicio ejecutivo Rol C-8141-2023 ya citado, el que se encuentra terminado por sentencia firme y ejecutoriada de 17 de julio del presente año que acogió la excepción de prescripción opuesta por el recurrente y rechazó la demanda ejecutiva en todas sus partes.

Además, según los informado por las recurridas, dicho crédito fue descontado a contar de la remuneración del mes de marzo de 2025 del actor, por la Caja de Asignación Familiar La Araucana, en atención a un convenio existente entre las instituciones.

7° Que, de lo consignado precedentemente, es posible afirmar que las recurridas han utilizado el mecanismo de cobro previsto en el artículo 22, de la Ley 18.833 de manera ilegal y arbitraria.

En efecto, si bien las Cajas de Compensación cuentan con la facultad legal de solicitar el descuento, con cargo a las remuneraciones de los afiliados, de los créditos sociales otorgados, tal beneficio sólo se prevé por la ley para el cobro oportuno de lo adeudado por cuotas de esta clase de créditos, situación que no se da en la especie desde que con la demanda ejecutiva presentada el 5 de octubre de 2023, la recurrida Caja de Compensación Los Andes aceleró la totalidad del crédito, el que desde ese momento dejó de estar representado en cuotas. De este modo, al tiempo de efectuarse por la recurrida Caja de Compensación La Araucana el descuento en la remuneración del mes de marzo de 2025, ya no existían plazos pendientes respecto de la obligación que pudieran cobrarse a través del mecanismo en comento, lo que torna ilegal dicho proceder, dando cuenta de este modo, de un uso abusivo de una modalidad de pago que había quedado sin efecto por la expresa manifestación de voluntad del acreedor al interponer su demanda.

8° Que, en consecuencia, es dable concluir que las recurridas no sólo actuaron de manera ilegal, sino también injustificada, en cuanto utilizaron un mecanismo especial de cobro que no es aplicable en la especie, desconociendo además sus actuaciones propias y los efectos que aquellas tuvieron en relación con la exigibilidad del crédito, máxime si la referida obligación se encuentra prescrita por sentencia firme.

9° Que, por todo lo anterior, dado que la actuación arbitraria e ilegal de las recurridas han afectado, o al menos amenazado el derecho de propiedad de la recurrente respecto de sus remuneraciones sobre las cuales recaen los descuentos indebidos, corresponde acoger el recurso de protección para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

Y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se acoge el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado, en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes y Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, ordenándose a esta última cesar los descuentos efectuados sobre la remuneración del recurrente, y efectuar la restitución del dinero que eventualmente se hubiere descontado, dentro de quinto día de ejecutoriado el presente fallo, sin costas.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol I. Corte 1027-2025-Protección.

Se deja constancia que esta sentencia no reúne los presupuestos para ser anonimizada, de acuerdo a lo dispuesto en el Acta 44-2020 de la Excma. Corte Suprema.