nombre reservado con nombre reservado
- Fecha
- 10 de mayo de 2022
- Sala
- Primera
- Resultado
- Rechazada
- Cita
- Corte de Apelaciones de Rancagua, Rol N° 102-2022, sentencia de 10 de mayo de 2022
Resumen
Se acoge el recurso de protección y se ordena reponer el suministro eléctrico, por constituir el corte unilateral de los recurridos un acto de autotutela que vulnera el imperio del derecho, sin perjuicio de que el recurrente repare los defectos de la instalación.
Texto íntegro
Rancagua, diez de mayo de dos mil veintidós.
Vistos:
Con fecha 19 de enero de 2022, comparece don nombre reservado, cédula de identidad Nº RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en contra de don nombre reservado, cédula de identidad número RUT reservado y de don nombre reservado, cédula de identidad número RUT reservado.
Funda su acción señalando que es dueño de una porción ascendente a dos novenos de la propiedad raíz ubicada en domicilio reservado, la que compró a través de su empresa nombre reservado E.I.R.L.
Puntualiza que estos derechos no los pudo inscribir pues la propiedad posee gravámenes que se están alzando en el juicio particional, V 2096-2020 del Primer Juzgado Civil de Rancagua.
Indica que el mismo porcentaje de la propiedad lo arrendaba desde hace 7 años a la sucesión y, desde el primer día de arriendo, los recurridos no han pagado los servicios de electricidad y del mismo modo un tercero explota un establecimiento de comida rápida, arrendado por los recurridos, y hoy, aparte de las actividades industriales, desarrolla un comercio al menudeo de artículos de aseo y alimentos, siendo él, quien pagaba y paga los servicios de electricidad.
Sostiene que inició un juicio ordinario de mayor cuantía, a fin de que los recurridos le paguen lo que le adeuden, causa Rol C-5169-2021, del Segundo Juzgado Civil de Rancagua, caratulado nombre reservado con nombre reservado, con la suma de $ 36.000.000.
Manifiesta que los recurridos, al recibir la notificación de la demanda, procedieron a soldar y cortar el suministro eléctrico, generándole un daño económico cercano a los $ 3.000.000 diarios, impidiendo el trabajo de más de 10 personas y cumplir oportunamente con sus compromisos contractuales.
Afirma que el recurrido lo ha privado del uso de la electricidad manifestándole “.. . que retire la demanda y me dan luz..”, lo que obviamente, constituye un acto abusivo que perturba el uso y goce legitimo del servicio eléctrico que él paga.
Manifiesta que dicho acto ilegal y arbitrario ha afectado, perturbado y amenazado el legítimo ejercicio de la garantía fundamental establecido en los números 16 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, estas son, la libertad de trabajo y el derecho de propiedad, por lo que solicita se decrete la adopción de todas las medidas destinadas y necesarias para restablecer el imperio del derecho y, especialmente, se proceda a dar de inmediato la energía eléctrica industrial, con expresa condena en costas.
Acompaña documentación que se agrega al expediente.
Con fecha 4 de febrero de 2022 evacuan informe los recurridos señalando que es efectivo que don nombre reservado es poseedor no inscrito de una porción equivalente a dos novenos de la propiedad raíz ubicada en O’Higgins número 229, Rancagua.
Expresan que el recurrente a pesar de tener dicho porcentaje de derechos, ocupa el 60 % del terreno de que es propietario la sucesión y hasta el día de hoy, tienen que proveerle de energía eléctrica, pero él no cuenta con medidor eléctrico y nada de eso, por ende, entrar a prorratear el uso y gasto que cada cual le da a la energía es imposible de determinar.
Exponen que, sin perjuicio de lo anterior, el uso que hacen de la energía eléctrica, es ínfimo en comparación al uso que el recurrente hace de la misma, dado que son acopiadores de chatarra metálica, la que venden a una empresa.
Refieren que trabajan en metales menores, y no hacen el gasto que señala el recurrente en la causa C-5169-2021 del Segundo Juzgado Civil de Rancagua, caratulada “nombre reservado con nombre reservado”, por el que le deberían $36.000.000.
Afirman que no han celebrado con el recurrente un contrato de arrendamiento.
Exponen que la energía que usan es industrial, la que ha sido contratada por ellos, tiene un medidor y no tienen la obligación legal de proveer de energía industrial al predio del recurrente, más aún que él gasta una cantidad enorme KW/hora, siendo el propio recurrente quien por años no ha querido regularizar este tema, ya que al ser poseedor de derechos no inscritos la Distribuidora CGE no lo autoriza para tener luz propia.
Indican que siendo peligroso proveer al recurrente de energía industrial, estarían vulnerando normas de seguridad legal establecidas en el “código eléctrico”, que no han sido ni siquiera chequeadas por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, por lo que no es posible proveer de energía eléctrica a través de mecanismos casi artesanales, que no cuentan con el visto bueno de la SEC.
Afirman que el problema se produce por el hecho que cerca del predio se instaló una Distribuidora de Combustible Copec, la que comenzó a funcionar hace dos semanas, bajo estrictas normas de seguridad, colindando con un local de comida rápida y viendo todos los riesgos que ello conlleva, le hicieron ver a don nombre reservado, que apurara el tema de su luz propia, o de lo contrario no iban a poder seguir ayudándolo con la entrega de energía eléctrica, ya que arriesgan multas altísimas por un eventual incendio al estar en una estación de combustibles colindante que podría dejar nefastas consecuencias.
Agrega que ante ello, don nombre reservado les señala que el tema iba lento por el COVID y que había que alzar en Santiago estos embargos, a lo que señaló que no se iban a arriesgar a una millonaria multa y eventual clausura del local, dándole a saber que le deben un mes para que saneara el tema con la Distribuidora CGE, ya que tendrían que dejar de proveerle de manera ilegal de energía industrial a su predio en cuestión.
Refieren que por ello, a la semana siguiente, les presenta una demanda de cobro de electricidad por la suma de $36.000.000, en la causa Rol C-5169-2021 del Segundo Juzgado Civil de esta ciudad, como una medida de presión para evitar que cortaran la luz. Agrega que, además de ser infundada dicha demanda, el recurrente sigue trabajando con luz propia, con generadores y un cable desde su hogar a la faena.
Alega que no puede existir una vulneración del statu quo, cuando la situación que lo ampara es una irregularidad e ilegalidad que pone en peligro la vida, más si se considera que el Servicentro COPEC es de grandes dimensiones y funcionarios de la SEC con quienes consultó, hace tiempo les señalan que es una situación irregular, y que además aumenta el riesgo por la existencia de materiales combustibles.
Por ello, no pueden esperar a que la SEC les curse un sumario administrativo y les aplique una cuantiosa multa.
Arguyen que al recurrente se le han dado todas las facilidades y se le ha esperado por años, para que contrate a un profesional para la extensión de energía eléctrica y cuente con los permisos y autorizaciones correspondientes y se ponga un medidor adecuado, así no se vulneraría algún derecho vigente, ni sería una fuente de riesgo atendida la estación de combustible señalada.
Con fecha 4 de abril último, se oficia a la SEC a fin de que se constituya en el domicilio del recurrente ubicado en domicilio reservado y evacúe un informe respecto de la factibilidad técnica y riesgos asociados a la instalación de energía eléctrica en dicho lugar.
Con fecha 20 de abril de 2022, informa la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, señalando que con fecha 12 de abril de 2022, personal técnico de la Dirección Regional del Libertador Bernardo O´Higgins se constituyó en la propiedad del recurrente para inspeccionar el estado de las instalaciones eléctricas, constatando lo siguiente: i. La propiedad cuenta con un empalme trifásico en baja tensión; ii. La instalación interior se encuentra en mal estado, con cajas abiertas, conductores sin canalizaciones y a la intemperie; iii. Estructuras metálicas no aterrizadas; iv. Tableros de control y comando abiertos, desordenados y expuestos al polvo, viento y lluvia; v. La instalación eléctrica no cuenta con protecciones de sobre corriente adecuadas ni con interruptores diferenciales. Por lo anterior, es posible concluir que las instalaciones eléctricas de la propiedad indicada representan un alto riesgo para las personas que allí trabajan, así como para las instalaciones propiamente tales. Por su parte, es posible la instalación de otro empalme en la misma propiedad, dado que la S/E de la empresa se encuentra al frente de la referida propiedad. Naturalmente, se requeriría normalizar las instalaciones interiores y cumplir con los requisitos establecidos en la normativa técnica correspondiente.
En su oportunidad, se trajeron los autos en relación.
CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, dificulte o amague ese ejercicio.
SEGUNDO: Que, en la especie, el recurrente don nombre reservado, interpone recurso de protección en contra de don nombre reservado, y de don nombre reservado, fundado en la vulneración a sus derechos constitucionales contemplados en los números 16 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por haber procedido los recurridos a suspender el servicio de energía eléctrica de la propiedad que él ocupa.
TERCERO: Que, por su parte, los recurridos solicitaron el rechazo del recurso, por las razones señaladas en lo expositivo, precisando que suspendieron el servicio de energía eléctrica al recurrente, por cuanto las instalaciones son artesanales, no cuentan con autorización de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles y generan riesgos tanto para ellos como para una propiedad vecina, a lo que agregan que no tienen obligación alguna de proporcionarle electricidad al actor, afirmando que la demanda de cobro de electricidad por la suma de $36.000.000, deducida por el recurrente en la causa Rol C-5169-2021 del Segundo Juzgado Civil de esta ciudad, es una medida de presión para evitar que cortaran la luz.
CUARTO: Que el corte de la energía eléctrica a la propiedad que ocupa el recurrente, hecho que fundamenta el presente recurso y que fue reconocido por los propios recurridos, constituye un verdadero acto de auto tutela que vulnera el artículo 76 de la Constitución Política, toda vez que los reclamados, han adoptado unilateralmente dicha decisión, transformándose de este modo en una verdadera comisión especial que alteró el status quo vigente, razones que desde ya justifican acoger el presente recurso.
QUINTO: Que, a mayor abundamiento, el actuar denunciado, obedece a una vía de hecho que contraría el orden jurídico, pues se trata de una medida de compulsión arbitraria que afecta situaciones preexistentes, por lo que debe restablecerse el imperio del derecho que se ha visto afectado en relación a la garantía del artículo 19 N° 3 inciso 5° y N° 24 de la Constitución Política de la República y, en tal sentido, se acogerá el presente recurso en los términos que se expondrán en lo resolutivo del presente fallo.
SEXTO: Que, por último, en cuanto a los riesgos de las instalaciones eléctricas de la propiedad que ocupa el recurrente, si bien éstos fueron constatados por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, la que informó que aquéllas representan un alto riesgo para las personas que allí trabajan, así como para las instalaciones propiamente tales, en ningún caso justifican que los recurridos unilateralmente suspendan el suministro eléctrico del actor, dado que dichas facultades son de exclusiva competencia de los órganos encargados de la fiscalización y, en todo caso, tales falencias en la instalación pueden ser corregidas sin necesidad de interrumpir el servicio en forma permanente.
Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido deducido por don nombre reservado y en contra de don nombre reservado y don nombre reservado, sólo en cuanto se ordena a los recurridos reponer el suministro de energía eléctrica en su propiedad, sin perjuicio de la obligación del recurrente de reparar los defectos observados en la instalación eléctrica.
Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.
Rol Ingreso Corte 102-2022.- Protección.